Isabel Patricia Ruiz Bastien
Expediente 53/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 53/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 30/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Isabel Patricia Ruiz Bastien
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tienen por recibidos los oficios remitidos por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante los cuales en atención al requerimiento formulado en autos, refiere que pese a que en el acuse de recibo del comunicado 5796, se aprecie se asentó que fue recibido un tomo de pruebas, ello no fue así, ya que en el acuerdo que recayó a dicho comunicado, no se hace mérito a que se haya recibido el tomo de pruebas referido. En consecuencia, se ordena remitir el tomo de pruebas que obra en autos a la autoridad responsable en cita, por considerar innecesaria su retención ya que el presente asunto se encuentra totalmente concluido. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese sin mayor pronunciamiento oficio que remite el Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado; lo anterior, toda vez que mediante audiencia constitucional de veintiocho de febrero del año en curso, se resolvió el asunto en que se actúa. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.ERR
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cuarenta minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 53/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con las documentales ofrecidas por la quejosa y por la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas por razón de su propia y especial naturaleza las documentales exhibidas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes de admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que ninguna de las partes formuló alegatos. En relación con lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, Isabel Patricia Ruiz Bastien, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 8°, 14, 16, 17, 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; órgano jurisdiccional que la registró en el libro de gobierno con el número de expediente 53/2022; en auto de veintisiete de enero de dos mil veintidós -previo cumplimiento a prevención- la admitió; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada; y, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Tercero. Por no señaladas como responsables. En proveído de uno de febrero de dos mil veintidós, se tuvieron por no señalas como responsables al "Director de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán" y al "Jefe de la Unidad de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán". Cuarto. Ampliación de demanda improcedente. Mediante escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil veintidós, Julio Patesi Guedea Téllez, autorizado en términos amplios de la quejosa, solicitó la ampliación de su demanda respecto de la orden de reincorporación de Edgar Fernando Ruiz Bastien al domicilio ubicado en calle Justo Mendoza número 2 esquina Antonio Alzate, Morelia, Michoacán; sin embargo, en proveído de dos de febrero siguiente se determinó que no era procedente acordar de conformidad, ya que al ser autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, carecía de legitimación para hacerlo y únicamente podría realizarlo directamente la parte quejosa; sin que con posterioridad la quejos hubiese promovido dicha ampliación. Finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, con el resultado consignado en el acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes: CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados se pretenden ejecutar en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción, según sostuvo la quejosa. Segundo. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención además a los criterios señalados, los actos reclamados por la parte quejosa, son: A los jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo de Primera Instancias en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán: La orden de desalojo y/o de desahucio de su domicilio ubicado en calle Justo Mendoza número 2 esquina Antonio Alzate, Morelia, Michoacán. Del Secretario, Subsecretario y Director de Seguridad Pública, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán: La ejecución de la referida orden de desalojo y/o de desahucio. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Los jueces Primero, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo de Primera Instancias en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán así como el Secretario, Subsecretario y Director de Seguridad Pública, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán, al rendir sus respectivos informes justificados negaron los actos atribuidos por la quejosa. Por otra parte, la Jueza Segunda de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, adujo que en el juzgado a su cargo se tramita la orden de protección por violencia familiar promovida por Isabel Patricia Ruiz Bastien frente a Edgar Fernando, Bertha Yvonne y Carlos Alberto de apellidos Ruiz Bastien, por lo que con base en dicha petición se fijaron diversas medidas de protección, pero que no había decretado las órdenes de desalojo y desahucio de las que se dolía la quejosa, sino que lo único que estaba pendiente de verificarse era la diligencia de reincorporación al domicilio del presunto agresor Edgar Fernando Ruiz Bastien, lo que se ordenó al haber concluido la vigencia de las referidas medidas de protección. Esto es, al igual que las otras autoridades, negó la existencia de los actos reclamados por la quejosa, consistentes en la orden de desalojo y/o desahucio. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión del acto reclamado, así como su ejecución, son de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por la autoridad responsable, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que lo hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. Por otra parte, este juzgado no consideró necesario dar vista a la quejosa para que manifestara si ampliaba su demanda respecto del proveído dictado el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, por la Jueza Segunda de Primera Instancias en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en el que determinó que habían cesado los efectos de las medidas decretadas el catorce de octubre y como consecuencia de ello, fijó hora y fecha para que el personal del juzgado se constituyera en compañía de Edgar Fernando Ruiz Bastien en el domicilio ubicado en calle Justo Mendoza número 2 esquina Antonio Alzate, Morelia, Michoacán, para que se le reincorporara al mismo. Ello, porque de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que, mediante escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil veintidós, Julio Patesi Guedea Téllez, autorizado en términos amplios de la quejosa, solicitó la ampliación de su demanda precisamente respecto de la orden de reincorporación Edgar Fernando Ruiz Bastien al domicilio ubicado en calle Justo Mendoza número 2 esquina Antonio Alzate, Morelia, Michoacán; y si bien en proveído de dos de febrero siguiente se determinó que no era procedente acordar de conformidad, porque al ser autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, carecía de legitimación para ampliar la demanda de amparo y únicamente podría realizarlo directa la parte quejosa; y la quejosa ya no insistió en la ampliación del libelo constitucional con relación a la orden de reincorporación. En esas condiciones, ante la inexistencia del acto reclamado, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No pasa inadvertido por este juzgador que la quejosa solicitó la suplencia de la queja; sin embargo, no existe nada sobre lo que haya que suplir. En efecto, la suplencia de la queja deficiente consiste esencialmente en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, o mejorar aquellos planteados de manera incompleta, pero ello no implica el estudio de actos no señalados como reclamados. Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 74, 76, 217 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Isabel Patricia Ruiz Bastien, respecto de los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo y en términos del considerando tercero de esta determinación. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, diez de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguense a los autos los oficios que remite la Jueza Quinta de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, de esta ciudad, por medio de los cuales pretende rendir informe previo, sin que haya lugar a tenerla por rindiendo, en virtud de que en audiencia incidental de tres de los corrientes se resolvió el presente incidente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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