Isaias Bautista Luciano

Expediente 259/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
259/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
08/04/2022

Partes del expediente

  • Isaias Bautista Luciano

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de abril de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual, acusa recibo del juicio de amparo 259/2022-V-B, de este índice y sus anexos; asimismo, comunica que aceptó la competencia declinada en el presente sumario. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como, el diverso 8.1.2, numeral 10 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardos, ambos del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un cuadernillo de antecedentes relativo a una incompetencia que carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Agréguese el escrito signado por el quejoso **a través del cual desahoga la prevención formulada en proveído de siete de marzo de dos mil veintidós; atento a ello, téngase por satisfecho el requerimiento de que fue objeto. ACTO RECLAMADO En ese sentido, es dable precisar que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, lo siguiente: La resolución de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el Toca Penal 520/2021, del índice de la responsable, que ordenó la reposición total del procedimiento del juicio oral en la causa 67/2019, de la estadística del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. INCOMPETENCIA En ese contexto, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con las consideraciones que a continuación se exponen. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". El artículo Constitucional en comento, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.". Conforme a tales preceptos, este órgano federal se declara legalmente incompetente por territorio, para conocer de la demanda de amparo, pues ésta se surte a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en Turno. Lo anterior es así, ya que de las propias manifestaciones del quejoso, se advierte que éste se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México. En tales condiciones, en el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en los términos siguientes: a) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Las dos primeras reglas, son relativas a los actos reclamados que tienen ejecución material en la jurisdicción de uno o de varios jueces de Distrito, la marcada con el inciso a) se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción; la marcada con el inciso b) se refiere a la ejecución en dos jurisdicciones diferentes al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla marcada con el inciso c) prevé el caso, en el que el acto o resolución reclamada no requiera ejecución material, lo que da competencia al juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de Distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. En tales condiciones, para poder establecer cuándo una resolución jurisdiccional conlleva un principio de ejecución, es pertinente tomar en consideración que por ejecución se ha entendido aquella actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación judicial; es decir, la actividad del órgano jurisdiccional tendente a dejar las cosas en el sitio en que se encontrarían de no haber existido incumplimiento. En otras palabras, la fuerza ejecutiva constituye la posibilidad que tiene un juez de poner en marcha un aparato coactivo capaz de llevar a efecto los términos de sus resoluciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. En efecto, respecto del asunto en estudio, de una lectura integral del escrito de demanda se advierte que el promovente en esencia se duele de la resolución de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el Toca Penal 520/2021, del índice de la responsable, que ordenó la reposición total del procedimiento del juicio oral en la causa 67/2019, de la estadística del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. Entonces, se puede concluir que el promovente señala como acto reclamado uno que requiere ejecución material, la cual se traduce en que el promovente continúe privado de su libertad en tanto se resuelve su situación jurídica dentro de la causa penal 67/2019. Luego, si el quejoso se encuentra privado de su libertad en un centro de reclusión en Tlalnepantla, Estado de México, resulta indudable que conforme a la primera regla de competencia aludida en líneas precedentes, dicho acto se seguirá ejecutando en ese lugar, con lo que resulta inconcuso que el órgano de control constitucional competente para conocer de la demanda promovida, es un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, pues es en su jurisdicción donde se encuentra el centro penitenciario en que radica el peticionario del amparo. En este orden de ideas, es evidente que este órgano de control constitucional, resulta legalmente incompetente para conocer de la controversia que se le plantea y estima competente el Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, pues es dentro de su jurisdicción donde se seguirán ejecutando los actos reclamados. Por tanto, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y remítase el presente juicio de amparo con sus anexos al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, a fin de que se pronuncie en términos de ley; solicitando el acuse correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. NOTIFICACIÓN POR EXHORTO Ahora, a fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso Isaías Bautista Luciano, con fundamento en el artículo 27 fracción II de la legislación aplicable, líbrese exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en Turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien sus funciones ataña y con las formalidades de ley, realice la notificación del presente acuerdo al mencionado impetrante en el lugar donde se encuentra recluido, es decir, en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México, debiendo entregar copia de la presente determinación. Para lograr el cometido de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial de esa adscripción para que realice la notificación en horas y días inhábiles. La comunicación oficial derivada del presente pronunciamiento, así como sus anexos deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, facultando al Secretario de Juzgado, encargado del trámite del presente juicio, para que firme electrónicamente el exhorto respectivo. Debido a lo anterior, se solicita al Juez federal al que corresponda el exhorto en cita, de no existir algún impedimento legal, devuelva la referida comunicación a través de la misma vía. Notifíquese vía exhorto al quejoso. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del secretario José Gildardo Gutiérrez Bravo, que da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 40/2022 (orden 51/2022-V-B), de este índice. Sin que sea necesario generar el acuse por su recibo, dada la naturaleza de la comunicación oficial. Háganse las anotaciones respectivas. Téngase al quejoso por legalmente notificado del proveído de siete de marzo de dos mil veintidós, para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, siete de marzo de dos mil veintidós. RADICACIÓN Intégrese el oficio de cuenta, por medio del cual el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Penal del Segundo Circuito, remite el proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, emitido en el amparo directo 56/2022, de su índice, en el que dicho órgano colegiado se declaró incompetente para conocer la demanda de amparo promovida por Isaías Bautista Luciano, por conducto de su defensor particular; así como, un disco óptico que contiene el toca 520/2021, del índice del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal del Estado de México; causa de juicio oral 672/2019 y tres discos ópticos, de la estadística del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México; carpeta administrativa 1128/2018 y dos discos ópticos, del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla Estado de México. Atento a ello, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 259/2022-V-B. Acúsese recibo de estilo y dada la voluminosidad de las constancias recibidas, para un mejor manejo de las mismas, fórmese el anexo correspondiente. SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO Y ADMISIÓN En esas condiciones, en términos del artículo 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento de la citada demanda de garantías. PREVENCIÓN Ahora, con base en lo previsto por los artículos 107 y 108, en relación con el numeral 114, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: Ajuste su demanda de amparo acorde a los requisitos que prevé el artículo 108 de la Ley de Amparo, relativo al amparo indirecto. Requerimiento que se efectúa, debido a que como está planteada la demanda no se está en condiciones de determinar la procedencia para estudiar el acto que tilda de inconstitucional. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte quejosa que, en caso de no desahogar los requerimientos respectivos, en el plazo concedido, atento a lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de cuenta. EXHIBICIÓN DE COPIAS Con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, se le hace saber a la parte quejosa que del escrito en que dé cumplimiento a la presente determinación, deberá exhibir el número de copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes. DOMICILIO Por otra parte, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el 2491700@pjedomex.gob.mx, no ha lugar de proveer favorable, ya que debe de contar con un usuario registrado ante este órgano jurisdiccional; en términos del artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo. En tal sentido, al no haber señalado algún otro sitio como domicilio procesal, aunado a que el quejoso se encuentra interno en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México, el cual reside fuera de la jurisdicción de este juzgado federal; por tanto, conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, la lista que se publica en los estrados de este juzgado y Portal Consejo. NOTIFICACIÓN POR EXHORTO Ahora, no obstante a lo anterior, a fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso Isaías Bautista Luciano, al ser la primera notificación del presente asunto; con fundamento en el artículo 27 fracción II de la legislación aplicable, líbrese exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en Turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien sus funciones ataña y con las formalidades de ley, realice la notificación del presente acuerdo a la mencionada impetrante en el lugar donde se encuentra recluidos, es decir, en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México, debiendo entregar copia de la presente determinación. Para lograr el cometido de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial de esa adscripción para que realice la notificación en horas y días inhábiles. La comunicación oficial derivada del presente pronunciamiento, así como sus anexos deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, facultando al Secretario de Juzgado, encargado del trámite del presente juicio, para que firme electrónicamente el exhorto respectivo. Debido a lo anterior, se solicita al Juez federal al que corresponda el exhorto en cita, de no existir algún impedimento legal, devuelva la referida comunicación a través de la misma vía. CORREO ELECTRÓNICO En ese orden, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2002 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como "medio de comunicación alterno" (no procesal), el correo electrónico proporcionado por la promovente. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos del Acuerdo General 20/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el uno de mayo de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 1/2022. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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