Isaias Antonio Sánchez Escutia
Expediente 533/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 533/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 26/08/2015
Partes del expediente
- Isaias Antonio Sánchez Escutia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por remisión expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México, mediante el cual acusa recibo del oficio 24140, de este índice, por el que se devolvieron las constancias que adjuntó a su informe; circunstancia de la cual queda enterado este órgano de control constitucional.
- Principal
Visto lo asentado en la cuenta que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera la sentencia de seis de mayo de dos mil quince, en la cual se sobreseyó en el presente juicio; con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Glósese el cuaderno relativo al original del incidente de suspensión. Se ordena el archivo del presente juicio por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Devuélvanse al Juez Primero Familiar de Toluca, Estado de México, las copias certificadas y discos versátiles digitales, así como disco óptico que allegó al presente juicio, de los cuales deberá acusar el recibo correspondiente; apercibido que de ser omiso se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en esta ciudad, con fundamento en el artículo 237, fracción I y 238 de la legislación de la materia. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseido. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada. d) Transcurrido el término de tres años, deberán transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, junto con el original del incidente de suspensión. f) Empero el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo; en consecuencia, resguárdese para los fines descritos. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se colige que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido la resolución dictada en el presente asunto; con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Realícese las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósense a los autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y, por lo que hace al duplicado, resguárdese hasta en tanto transcurran seis meses a partir del presente proveído. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseído. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, último párrafo, del punto vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de depuración, pues se negó y se concedió la medida cautelar solicitada. d) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva, así como, las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, así como las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar, las cuales deberán ser digitalizadas. f) Empero el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de depuración y destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.
- Principal
Toluca, Estado de México; seis de mayo de dos mil quince. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniere sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo por la autoridad responsable; en tal virtud, se procede a resolver sobre el mismo con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad. En atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que refiere: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." ( S.J.F y su Gaceta, 9ª Época, Tomo XI, marzo 2000, página 243) Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: Mediante sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil trece (fojas 137 a 147), emitida por este órgano jurisdiccional en el sumario constitucional en que se actúa, se concedió el amparo y protección de la justicia Federal para el efecto siguiente: ". que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado (resolución de 13.12.2012) y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte otra en la que provea lo conducente al pago de la pensión en atención al contenido del oficio CP/2557/2009 de 08.07.2009, considerando que se otorgó al quejoso un monto diario de $339.09 (trescientos nueve pesos 09/100 moneda nacional, así como el incremento anual que corresponda." Posteriormente, en acuerdo de dieciséis de julio de dos mil trece (fojas 163 y 164), se declaró que la sentencia supracitada causó ejecutoria, toda vez que el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente feneció, sin que alguna de las partes la recurriera; en consecuencia, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Así, mediante proveídos de diecinueve y veintisiete de agosto, trece de septiembre, cuatro y veinticuatro de octubre, diez y diecinueve de diciembre, todos de dos mil trece; veintiséis de febrero, siete de marzo, dieciséis y veintiséis de mayo, diecisiete de junio, ocho y veinticuatro de julio, ocho de agosto, todos de dos mil catorce (fojas 186, 206, 219, 233, 266, 319 a 313, 328, 384, 392, 419 y 420, 436, 455 y 456, 491, 529 y 539), respectivamente, se requirió a la autoridad responsable en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, a afecto de que diera cabal cumplimiento al fallo protector. Atento a lo anterior, mediante oficios números TCA-SGA/7810/2013; TCA-SGA/8627/2013, TCA-SGA/9088/2013, TCA-SGA/10210/2013, TCA-SGA/11416/2013, TCA-SGA/12397/2013, TCA-SGA/15385/2013, TCA-SGA/338/2014, TCA-SGA/3081/2014, TCA-SGA/3604/2014, TCA-SGA/7628/2014, TCA-SGA/8271/2014, TCA-SGA/9656/2014, TCA-SGA/10829/2014, presentados el ocho y veintiséis de agosto, tres y veintitrés de septiembre, diez y treinta y uno de octubre, dieciocho de diciembre, todos de dos mil trece; catorce de enero, seis y catorce de marzo, veintitrés de mayo, dos y veinticuatro de junio y once de julio, todos de dos mil catorce (fojas 181, 192 a 204, 213, 225 a 227, 240 a 250, 272 a 279, 326, 335 a 364, 389 a 391, 395 y 396, 425, 439 a 442, 473 a 483, 493 a 509), respectivamente, en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, la Secretaria General de Acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, comunicó las gestiones tendientes a efecto de dar cumplimiento a la sentencia dicta en el presente sumario constitucional, y remitió entre otras, copias certificadas de las resoluciones de veintitrés de agosto, treinta de octubre, dieciocho de diciembre y cuatro de julio, todas de dos mil trece, con lo cual dicha autoridad refiere dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Luego, en proveído de ocho de agosto de dos mil catorce (foja 539), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniere en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector. Razón por la cual, y en atención al análisis de las constancias de este juicio, se permite concluir que la autoridad responsable cumplió con los aspectos establecidos y satisfizo los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, pues el veintitrés de agosto de dos mil trece, dejó insubsistente la sentencia de trece de diciembre de dos mil doce y en su lugar con plenitud de jurisdicción, dictó diversas en las que proveyó lo conducente, a efecto de lograr el pago de la pensión al aquí quejoso, en atención al contenido del oficio CP/2557/2009, considerando los montos correspondientes, lo cual acredita con lo resuelto en las siguientes: 1 La resolución de veintitrés de agosto de dos mil trece, mediante la cual deja insubsistente la sentencia de trece de diciembre de dos mil doce, en el cumplimiento de sentencia 8/2012, respecto del recurso de revisión número 1421/2010, derivado del juicio administrativo 162/2010 (fojas 193 a 204), en la que resolvió: "PRIMERO. No se tiene por cumplida la sentencia de fecha treinta y uno de marzo de dos mil once, dictada en el recurso de revisión 1421/2010, por lo que se continúa con el procedimiento de cumplimiento de sentencia 8/2012 solicitando a las autoridades demandadas a que en términos del artículo 276 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, realicen los trámites legales necesarios para que den total cumplimiento a la ejecutoria, debiendo acreditar que sobre la cantidad de $339.09 (trescientos treinta y nueve pesos 09/100 moneda nacional) monto diario para el año 2009, ya hayan considerado los incrementos adecuados para los años 2010, 2011 y 2012 y así haber determinado la pensión por jubilación que corresponde al actor para cada año específico y sobre esto haber determinado la gratificación anual que corresponde por los mismos años, de no haberlo hecho así, debe cubrir a Salvador Alpizar Albiter el retroactivo que resulte tanto de pensión por jubilación, como de aguinaldo, por cada año específico, ello en términos de los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1.8 fracción VII del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Hecho lo anterior, deben de hacerlo del conocimiento de Salvador Alpizar Albiter, en términos de lo que establecen los artículos 25 y 26 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Lo anterior, deben realizarlo las autoridades demandadas en un término de cinco días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación de esta sentencia y en un diverso plazo de tres días informen a esta Primera Sección de la Sala Superior, respecto al cumplimiento de la sentencia." 2 La resolución de treinta de octubre de dos mil trece, dictada en el cumplimiento de sentencia 8/2012, respecto del recurso de revisión número 1421/2010, derivado del juicio administrativo 162/2010 (fojas 273 a 278), en la que se determinó: "PRIMERO. Se tiene por totalmente cumplida la sentencia definitiva de fecha veintitrés de agosto de dos mil trece, respecto del recurso de revisión 1421/2010, en términos del Amparo Indirecto 124/2013-V y en consecuencia se tiene por concluido el expediente de cumplimiento de sentencia 8/2012 y se ordena el archivo del recurso de revisión 1421/2010, y del juicio administrativo 162/2010." 3 La resolución de dieciocho de diciembre de dos mil trece, dictada en el cumplimiento de sentencia 8/2012, respecto del recurso de revisión número 1421/2010, derivado del juicio administrativo 162/2010 (fojas 336 a 364) en la que se decidió: "PRIMERO. Se determina no tener por cumplida la condena impuesta al Presidente y Comité de Pensiones ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por las consideraciones expuestas en el cuerpo de la presente resolución. SEGUNDO. Se condena al Presidente y Comité de Pensiones ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios a realizar el pago de las cantidades consistentes en $165.85 (ciento sesenta y cinco pesos 85/100 M.N.) por concepto de diferencia pendiente por pagar del monto diario de pensión del actor, que comprende del dieciséis al treinta de abril de dos mil doce y $1,278 (sic) (mil doscientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.) por el periodo del primero al quince de agosto de dos mil trece, por los razonamientos aquí vertidos. TERCERO. Se apercibe al Presidente y Comité de Pensiones ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, a dar cumplimiento a la condena impuesta en los términos establecidos por este Órgano Colegiado, para el caso de no llegar a hacerlo se dará vista a su superior jerárquico para que conmine a los servidores públicos al cumplimiento de ésta y se le impondrá una multa de hasta 200 días de salario mínimo general vigente en esta zona geográfica, lo anterior en términos del artículo 280 del Código Adjetivo Administrativo. CUARTO. Se solicita al Magistrado de la Séptima Sala Regional del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, emita un acuerdo respectivamente, en el que informe que los expedientes juicios administrativos 162/2010 y 854/2010 se encuentran en un estado de reserva, en etapa de ejecución de sentencia y se requiera el cumplimiento de la sentencia, sin que ello signifique el archivo definitivo del asunto." QUINTO. Se solicita así también al Magistrado de la Sala Regional, no ordenar el archivo del presente asunto como total y plenamente cumplido, hasta en tanto, las autoridades demandadas no acrediten de manera fehaciente haber realizado el pago al actor, por concepto de pensión, incremento y aguinaldo hasta el momento en que éste tenga a bien tener por cumplida la sentencia. 4 La resolución de cuatro de julio de dos mil trece, dictada en el cumplimiento de sentencia 8/2012, respecto del recurso de revisión número 1421/2010, derivado del juicio administrativo 162/2010 (fojas 498 a 509), en la que resolvió: "PRIMERO. Se tiene por cumplida la sentencia definitiva de dieciocho de diciembre de dos mil trece, dictada en estricto apego a los lineamientos marcados por el acuerdo de fecha diez de diciembre de dos mil trece, remitido a esta Primera Sección de Sala Superior mediante el oficio signado por el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, en el amparo indirecto número 124/2013-V, en relación a la diversa de fecha treinta y uno de marzo de dos mil once, dictada en el recurso de revisión 1421/2010. SEGUNDO. Se ordena al Magistrado de la de la Séptima Sala Regional del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, emita un acuerdo respectivamente, en el que informe que los expedientes juicios administrativos 162/2010 y 854/2010 se encuentran en un estado de reserva, en etapa de ejecución de sentencia y se requiera el cumplimiento de la sentencia, sin que ello signifique el archivo definitivo del asunto. TERCERO. Se solicita así también al Magistrado de la Sala Regional, no ordenar el archivo del presente asunto como total y plenamente cumplido, hasta en tanto, las autoridades demandadas no acrediten de manera fehaciente haber realizado el pago al actor, por concepto de pensión, incremento y aguinaldo hasta el momento en que éste tenga a bien tener por cumplida la sentencia." Tal y como lo acredita con las constancias certificadas que adjuntó; sin embargo, para lo anterior, es necesario interpretar los alcances del fallo protector emitido en el presente juicio, en el cual, entre otras cosas, se estableció: "En este tenor, es dable considerar que la materia del cumplimiento del juicio de origen no solo se limita a verificar que se pague una pensión al quejoso, sino que además se impone la obligación de verificar que ésta corresponda a la determinada en el oficio CP/2557/2009, el cual, para un mejor entendimiento, cabe destacar que señala: - - - ." (Página 16 de la sentencia) "Así pues, la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, contrario a lo señalado en su resolución debió ocuparse no solo de que se le pagara la pensión al quejoso, sino además de que se pagara en términos de lo establecido en el oficio por el que se le otorgó, es decir, de acuerdo a lo establecido en el oficio CP/2557/2009, emitido por el Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. - - - En consecuencia, resulta incorrecta la apreciación de la responsable, que emitió en el sentido de que no fue materia de la litis el monto que debía percibir el quejoso por concepto de pensión, pues si bien es cierto ello no fue determinado y cuantificado por la sentencia a cumplimentar, no menos lo es que sí se condenó a que se pagara la pensión en términos del oficio CP/2557/2009, el cual como ya se dijo, determinó un monto diario de $339.09 (trescientos treinta y nueve pesos 09/100 moneda nacional). - - - Asimismo, es preciso señalar que, tal y como lo sostuvo la propia responsable al resolver la revisión 984/2011, el numerario de la pensión no debe entenderse de manera restrictiva a la cantidad que se refiere el párrafo anterior, pues el pago relativo debe atender tanto a los incrementos anuales respectivos, como a la gratificación anual correspondiente." (Página 18 de la sentencia) Lo que se robustece, con lo siguiente: Mediante oficio sin número, presentado el once de noviembre de dos mil trece, en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, la Jefa del Departamento Contencioso Administrativo de la Unidad Jurídica y Consultiva del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (fojas 290 a 293), comunicó: "Mediante promoción de fecha 18 de junio del año dos mil doce, con número de control 4010, se exhibieron copias constatadas del oficio 203F 42203/dp/2633/2012 de fecha catorce de junio del año dos mil doce, a la cual se adjuntó en copias constatadas el pago efectuado al actor por la cantidad de $124,802.26 (ciento veinticuatro mil ochocientos dos pesos 26/100 M.N.), de los cuales $119,394.86 (ciento diecinueve mil trescientos noventa y cuatro pesos 86/100 M.N.) correspondientes al pago de diferencias de pensión y gratificación anual, así como que mediante oficio número 203F 42203/dp/3085/2013, se advierte que el pago restante por los conceptos mencionados que ascienden a la cantidad de $129,730.78 (ciento veintinueve mil setecientos treinta pesos 78/100 M.N.) queda a favor del actor a partir del 25 de septiembre del año en curso, cantidad con la que se cubre de manera completa el paga de las referidas diferencias." De igual manera, por oficio sin número, enviado por la representante legal del Presidente del Comité de Pensiones y Consejo Directivo, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, el veintitrés de mayo de dos mil catorce, la autoridad manifestó: "1. Por cuanto hace a las diferencias de pensión y aguinaldo proporcional desde octubre de 2013, a la fecha se realizó el pago por medio de la nómina de pensionados y pensionistas en la segunda quincena del mes de marzo de dos mil catorce; con un monto diario de pensión por la cantidad de $429.29. 2. Actualmente el monto diario de pensión lo es por la cantidad de $448.81." Y adjuntó copias certificadas de las constancias que acreditan su dicho (fojas 426 a 435). Por otra parte, mediante diverso sin número, presentado el veintitrés de junio de dos mil catorce, en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, la representante legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, hizo del conocimiento lo que a continuación se transcribe: ".a la fecha se han pagado a Salvador Alpizar Albiter, las diferencias de pensión que se le adeudaban a partir del quince de marzo de dos mil catorce, además de remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten, me permito informar que el pago correspondiente a la gratificación anual proporcional del año dos mil catorce (aguinaldo), se realizó por medio de la nómina de Pensionados y Pensionistas en la segunda quincena del mes de marzo de dos mil catorce; precisando que actualmente el monto diario de pensión corresponde a la cantidad de $448.81 (cuatrocientos cuarenta y ocho pesos con ochenta y un centavos en moneda nacional)." Y adjuntó copias certificadas de las constancias que acreditan su dicho. Autoridades, que tienen el carácter de terceras interesadas en el presente juicio de amparo, debido a su calidad de demandadas en el juicio de origen, deposados, que se concatenan con lo manifestado por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante escrito presentado ante este juzgado Federal el veintiuno de julio de dos mil catorce (fojas 519 a 522), en el que manifiesta: "La autoridad responsable ha dado cumplimiento parcial a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, pues por un lado, ha hecho las gestiones pertinentes tendientes a que se le paguen a mi representado los adeudos de pensión pendientes y en ese sentido, a la fecha de este ocurso, las autoridades demandadas en el juicio están pagando puntual y correctamente la pensión a mi autorizante, sin que le adeuden cantidad alguna" En esas condiciones, y toda vez que este juzgado federal tiene la obligación de verificar el acatamiento que la autoridad responsable debe a la sentencia protectora, pues se trata de una cuestión de orden público; de modo tal que, con el desahogo de la vista o sin ella, debe determinar si la ejecutoria está cumplida o no, o si hubo exceso o defecto, de modo que se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin ningún vicio. Se concluye, al estimar que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial, con los diversos argumentos vertidos por la autoridad responsable; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida. Lo que se sustenta con la jurisprudencia visible en la página 19 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 2014, Tomo I, Libro 12, Décima Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de diez de diciembre de dos mil trece, dispuso: ".Asimismo, en razón de que la materia del juicio de origen lo constituyó el reconocimiento de validez del oficio por el cual se decretó en favor del quejoso una pensión por jubilación, cuyo cumplimiento fue motivo de análisis en esta vía constitucional, lo cual implica el pago de dicha pensión de cumplimiento periódico, la autoridad responsable deberá generar un estado procesal especial en el que mantenga el expediente del juicio administrativo 854/2010 en un estado de reserva, en etapa de ejecución de la sentencia emitida. Sin que lo anterior signifique el archivo definitivo del asunto, pues corresponde a la autoridad que conoce originalmente del juicio de origen dar seguimiento a su ejecución, o bien, garantizar la periodicidad de su cumplimiento, ya que éste no se agota en un solo acto, sino que requiere una observación y vigilancia permanente, pues aun cuando la Ley Federal del Trabajo no regula estas formalidades procedimentales, resulta inconcuso que dicho estado procesal especial intermedio entre la sentencia y el archivo definitivo, representa una práctica procesal regular y apropiada para estos asuntos, en donde la característica relevante es que la materia de la ejecución de la sentencia no se agota en una sola actuación, sino que requiere de seguimiento constante y permanente para observar apropiadamente el cumplimiento del pago periódico de la pensión, por lo que la reapertura de la fase ejecutiva debe estar latente, hasta el momento en que opere un cambio de situación jurídica con respecto al otorgamiento de la pensión reconocida en el de origen. Sustenta a la anterior consideración, por identidad de razones, el criterio jurisprudencial emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Noviembre de 2010, materia Laboral, página 1551, registro 163429, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO EN MATERIA LABORAL. CUANDO SUS EFECTOS IMPLIQUEN EL PAGO DE PENSIONES O PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE CUMPLIMIENTO PERIÓDICO, LA JUNTA DEBE GENERAR UN ESTADO PROCESAL ESPECIAL EN EL QUE MANTENGA EL EXPEDIENTE DEL JUICIO EN RESERVA, ENTRE EL LAUDO Y EL ARCHIVO DEFINITIVO, A FIN DE GARANTIZAR LA PERIODICIDAD DEL CUMPLIMIENTO O EL SEGUIMIENTO A SU EJECUCIÓN." Sin que sea obstáculo para considerar lo anterior, el que la tesis de referencia haya sido pronunciada con motivo de la resolución de un asunto en materia laboral, habida cuenta de que el presente amparo es de naturaleza administrativa; pues la sentencia emitida en el juicio origen, así la de la presente instancia, en donde se revisó el cumplimiento de la primera, trata sobre el pago de la pensión por jubilación otorgada al quejoso, actualizándose así identidad de razones entre la tesis y el presente asunto, pues ambas se sustentan en los principios generales de justicia social, particularmente de bienestar social, protección y cobertura de las necesidades que justifican la seguridad social en términos de lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Pues tal actuar devino de manera preventiva, a efecto de acatar la ley establecida para el supuesto; sin embargo, como ha quedado precisado en el cuerpo del presente proveído, los efectos del fallo protector no contemplan la obligatoriedad de que se establezca tal proceder, para tenerla por cumplida, en atención a que en esta etapa procesal si bien cierto es, constitucionalmente está permitida la aplicación de la ley en beneficio de las personas, también lo es que como las disposiciones de un ordenamiento legal no deben interpretarse aisladamente sino dentro del contexto del que forman parte. Por tanto, es evidente que ante lo inconcuso de que la autoridad responsable provó los hechos en que motivó su resolución para lograr el pago debido de la pensión jubilatoria al quejoso, y que los incrementos se han efectuado de manera correcta en tiempo y proporción por parte de las autoridades correspondientes, acorde a los lineamientos establecido en el fallo protector, tal proceder resulta innecesario para lograr el beneficio de la parte quejosa, pues se le tiene en el pleno goce de sus derechos fundamentales. Es aplicable, por analogía jurídica la jurisprudencia visible en la página 2172 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 2012, Tomo 3, Libro V, cuyo rubro y texto son: "PENSIÓN JUBILATORIA. CUANDO EL TRABAJADOR DEMANDA EL AJUSTE E INCREMENTOS DE DICHA PRESTACIÓN, Y EL PATRÓN DEMUESTRA EN JUICIO HABERLOS OTORGADO, ES ILEGAL LA CONDENA "RESPECTO DE LOS INCREMENTOS QUE SE SIGAN OTORGANDO", AUNQUE ASÍ SE HUBIERA RECLAMADO EN LA DEMANDA. Cuando un trabajador demanda el ajuste de su pensión jubilatoria con los incrementos otorgados a dicha prestación precisando el porcentaje y fecha de otorgamiento de éstos, y el patrón demuestra en el juicio haberlos otorgado, no existe razón lógica ni jurídica para emitir condena respecto de "los incrementos que se sigan otorgando", por lo que la establecida en ese sentido es ilegal, aun cuando el demandante así lo hubiera reclamado en el escrito de demanda, pues si la pensión jubilatoria ya fue cuantificada con los elementos probatorios en el juicio de origen no puede existir una condena a futuro, pues tal hipótesis haría interminables los juicios sometidos a la resolución de los tribunales del trabajo." Aunado a lo anterior, por oficios TCA-7SR/5716/2014 y TCA-7SR/5717/2014, la Secretaria de Acuerdos y la Actuaria, ambas adscritas a la Séptima Sala Regional del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, mediante los cuales informan que el juicio administrativo 162/2010, fue remitido a la Primera Sección de la Sala Superior de ese Tribunal, a efecto de substanciar el recurso de revisión 1421/2010, por lo que la última actuación que tiene es la notificación de la resolución de treinta de octubre; de igual manera, comunican que el treinta de septiembre de dos mil trece, fue archivado el juicio administrativo 854/2010, pues en la ejecutoria de veintidós de febrero de ese año, se revocó la sentencia de quince de noviembre de dos mil once, es decir, fue declarado como un asunto total y definitivamente concluido, antes de la reserva solicitada por este órgano jurisdiccional. Hágase del conocimiento de las partes este proveído para los efectos de los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones en el libro de gobierno, se dejan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en donde se concedió la protección constitucional. En su oportunidad, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en Toluca, para su debido resguardo.
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