Isabella Iñiguez Bello
Expediente 1654/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1654/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Isabella Iñiguez Bello
- LUIS RAUL IÑIGUEZ TAPIA (REPRESENTANTE) y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el promovente ********************por su propio derecho y en su carácter de representante legal de la menor ********************, interpusiera recurso de queja contra el auto de nueve de diciembre de dos dieciséis, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.
- Principal
(CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 09 DE DICIEMBRE DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Visto, agréguese a los autos, para que surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por Luis Raúl Iñiguez Tapia, por su propio derecho y quien dice ser representante legal de su menor hija Isabella Iñiguez Bello y, en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto preventivo de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, pues para tal efecto realiza lo siguiente: a) Manifiesta que comparece ante esta instancia constitucional por su propio derecho y en su carácter de representante legal de su menor hija Isabella Iñiguez Bello; y, b) Acredita el carácter de representante legal de su menor hija Isabella Iñiguez Bello, pues para tal efecto exhibe copia certificada del extracto del acta de nacimiento de la menor de referencia, expedida por el Registro del Estado Civil del Estado de Puebla. En consecuencia, toda vez que de la constancia referida se advierte que Luis Raúl Iñiguez Tapia es progenitor de la menor Isabella Iñiguez Bello, téngase a Luis Raúl Iñiguez Tapia, en su carácter de representante legal de la menor citada, promoviendo juicio de amparo en contra de la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata 04 de la Fiscalía General del Estado de Puebla y otras autoridades, personalidad que acredita y se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, en relación con la copia certificada del extracto del acta de nacimiento de la menor indicada expedida por el Registro del Estado Civil del Estado de Puebla, con número de folio 230831. Documental que se le otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente. Al efecto, debe indicarse que la suscrita Secretaria encargada del despacho se pronuncie respecto a la personalidad con que comparece el ocursante, la que es dable examinar al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso y que se debe hacer constar en el acuerdo admisorio. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 43/96 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a continuación se citan: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo."(Época: Novena Época, Registro: 200084, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 43/96, Página: 48.) En efecto, al ser la representación general, un fenómeno jurídico que implica que una persona llamada representante realice actos jurídicos en nombre de otra llamado representado, en forma tal que el acto surte efectos directamente en la esfera jurídica de este último, como si hubiera sido realizado por él, y partiendo de la consideración de que el derecho atribuye efectos jurídicos a la voluntad humana en la medida que esta es exteriorizada y se propone fines lícitos, que constituyen intereses jurídicamente tutelados, debe concluirse que se tiene por acreditada la personalidad del ocursante en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo vigente. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." (No. Registro: 186,605, Tesis aislada, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, Julio de 2002, Tesis: 2ª. LXXI/2002, Página: 448.) Ahora, el promovente reclama en esta instancia constitucional del 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata 04 de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la integración de la carpeta de investigación CDI-5956/2016/ZC iniciada en su contra, y el oficio número 32638, por el cual se solicitó la alerta amber respecto de la menor Isabella Iñiguez Bello, así como su ejecución. La improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo, deriva del hecho de actualizarse el supuesto establecido en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.); XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". En relación con el tema, conviene precisar que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Federal, el Agente del Ministerio Público es la autoridad encargada de realizar la investigación ante la comisión de un delito. Asimismo, compete al Ministerio Público en representación de la sociedad, 1) llevar a cabo la averiguación previa, carpeta de investigación -acción persecutoria-; 2) de ser el supuesto, ejercer o no la acción penal ante los tribunales; 3) de ejercitarse la acción penal los jueces deberán radicar la averiguación previa o carpeta de investigación y, en caso de advertir elementos que acrediten la comisión de la conducta delictiva imputada, podrán librar orden de aprehensión; por lo tanto, debe colegirse que dichas funciones no constituyen un derecho privado, es decir, no forman parte de las garantías de los gobernados, sino un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido a la autoridad en comento. De ahí que la integración de una averiguación previa o carpeta de investigación y, en general, la investigación de un delito, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado los procedimientos correspondientes, puesto que son de orden público, a menos que derivado de su incoación se ordenara un acto privativo de la libertad, posesiones o derechos. En esas condiciones, la integración de la carpeta de investigación, no le depara perjuicio alguno a la parte quejosa, pues con la realización de un acto de esa naturaleza no se infiere que se le haya privado de su libertad, posesiones o derechos; además, tal como se dijo, la facultad del Ministerio Público para la persecución e investigación de los delitos o la de un juzgador consistente en radicar un proceso no es un derecho que forme parte de la esfera jurídica del quejoso, sino que es un derecho social cuyo ejercicio está atribuido a dicha autoridad. Resulta ilustrativo al respecto, los criterios siguientes: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad."( Tesis: 1a. CXXXV/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, página 351, Novena Época, registro 180028) "AVERIGUACIÓN PREVIA, CONTRA LAS DILIGENCIAS TENDENTES A INTEGRARLA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 21 constitucional en lo atinente, dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso integrar la correspondiente averiguación previa, de ahí, que el desahogo de diligencias tendentes a su integración, no causan daño o perjuicio a la persona contra la que se iniciaron las investigaciones, por ser de orden público, según lo establece el máximo ordenamiento legal del país; siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos. En razón de lo anterior, es improcedente el juicio de garantías en que se señalen como acto reclamado tales diligencias ministeriales."( Tesis: VI.3o.8 P, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, Enero de 1996, Página: 264, Novena Época). Bajo ese contexto, la integración de una averiguación previa o carpeta de investigación y la emisión del oficio de que se duele, no constituyen actos que causen perjuicio alguno a la esfera jurídica del promovente, pues debe entenderse que únicamente se trata de una serie de actuaciones que tienen como finalidad, respectivamente, delimitar los elementos de prueba de la averiguación previa o carpeta de investigación, así como determinar si en realidad se encuentran acreditados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad; o en su caso, si existen datos de prueba que evidencien la existencia de un hecho que la ley señala como delito, para, en su caso, ordenar la aprehensión o comparecencia; o bien citar, al inculpado y, posteriormente, determinar en forma precisa si se acreditan los elementos constitutivos del ilícito de que se trate, incluyendo las modalidades o circunstancias modificativas o calificativas correspondientes. Por tanto, será hasta ese momento -cuando se ordene la aprehensión, comparecencia, citación del inculpado o imputado-, cuando se ocasione un perjuicio real a la esfera de derechos del promovente; por lo que es inconcuso que la integración de una averiguación previa o carpeta de investigación no afecta de manera alguna pregorrativa de éste. En esa tesitura, es evidente que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la integración de la carpeta de investigación CDI-5956/2016/ZC iniciada en su contra, y el oficio número 32638, por el cual se solicitó la alerta amber respecto de la menor Isabella Iñiguez Bello, así como su ejecución; por ser notoriamente improcedente la acción constitucional en su contra, dado que no afecta su interés jurídico. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida contra el acto precisado en el párrafo que antecede, por ser notoriamente improcedente
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, uno de diciembre de dos mil dieciséis. Visto, el escrito signado por el quejoso Luis Raúl Iñiguez Tapia, quien dice ser representante legal de su menor hija Isabella Iñiguez Bello, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes y, en atención a su contenido, téngasele dando parcial cumplimiento al acuerdo de veintiocho de noviembre del presente año, pues para tal efecto indica que acude a esta instancia constitucional por su propio derecho y en su carácter de representante legal de su menor hija Isabella Iñiguez Bello. Sin embargo, no ha lugar a tenerle por satisfechos los requerimientos efectuados, pues omitió exhibir documento idóneo alguno que acredite la personalidad con la que se ostenta; pues sólo exhibe copia simple del acta de nacimiento de su menor hija y, en la prevención efectuada le fue informado que, de comparecer en la representación que manifiesta, debería exhibir documento fehaciente e idóneo con el cual este juzgado pudiese advertir dicha situación. En tal virtud, toda vez que el escrito con el cual el demandante constitucional pretende dar cumplimiento al auto de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis fue presentado el treinta de noviembre de dos mil dieciséis ante este juzgado de Distrito, es decir, que no ha empezado a transcurrir el plazo otorgado, pues el citatorio de notificación fue entregado en la misma fecha, aún cuenta con los cinco días para desahogar la vista de mérito; por lo que, se requiere nuevamente a la parte quejosa para que dé cabal cumplimiento a lo requerido en acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, es decir, deberá acreditar, con documento fehaciente el carácter de representante legal de su menor hija Isabella Iñiguez Bello.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 28 DE noviembre DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "Visto el escrito de demanda presentado por Luis Raúl Iñiguez Tapia, quien dice ser representante legal de su menor hija Isabella Iñiguez Bello, contra actos del 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata 04 de la Fiscalía General del Estado de Puebla y otras autoridades; fórmese expediente de amparo y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1654/2016-III-B. Signifíquese que la demanda de cuenta se tramitará de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Ahora bien, a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede o no admitir la demanda, con fundamento en el artículo 114, fracción II, en relación con el diverso 108, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: a) Manifieste, bajo protesta de decir verdad, si comparece ante esta instancia constitucional por su propio derecho, en su carácter de representante legal de su menor hija Isabella Iñiguez Bello; o, en ambas. Lo anterior es así, pues si bien, el ocursante manifiesta que acude por medio de su escrito de cuenta a solicitar el Amparo y Protección de la Justicia Federal en su carácter de representante legal de su menor hija Isabella Iñiguez Bello, también lo es, que de sus conceptos de violación se advierte que se duele de los derechos fundamentales violados a su persona, no así de la menor de la que dice ser representante legal, por lo que procede realizar la presente prevención. Ahora bien, de ser su deseo comparecer en el carácter de representante que indica, deberá además: b) Acreditar, con documento fehaciente el carácter de representante legal de su menor hija Isabella Iñiguez Bello. Ello es así, ya que el promovente no exhibió documento idóneo alguno que acredite la personalidad con la que se ostenta; pues sólo exhibe copia simple del acta de nacimiento de su menor hija, así como de diversas constancias aparentemente derivadas del expediente 1609/2016 del índice del Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, las cuales carecen de valor probatorio, pues conforme a lo dispuesto por el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, para que pueda hablarse de la existencia de una copia, y de la certeza de que existe un original de la misma, es menester que la copia tenga la fuerza probatoria suficiente como para establecer la correlativa existencia de un original, pero para que esto suceda es necesario que la copia sea certificada y por ello pruebe la existencia de su original, de esa manera, resulta lógico y jurídico que, como señala el citado numeral, las copias hagan fe de sus originales. Sin embargo, cuando en el procedimiento se presenta una copia que no está certificada, como en el caso ocurren, pues se presentaron fotocopias simples, no pueden hacer fe de su original, por lo que legalmente no se pueden tener como existentes. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada sustentada por el Primer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS. COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES CARECEN DE VALOR PROBATORIO, Y POR LO TANTO NO PUEDE ORDENARSE SU COTEJO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles para que pueda hablarse de la existencia de una copia, y de la certeza de que existe un original de la misma, es menester que la copia tenga la fuerza probatoria suficiente como para establecer la correlativa existencia de un original, pero para que esto suceda es necesario que la copia sea certificada y por ello pruebe la existencia de su original, así de esa manera, resulta lógico y jurídico que, como señala el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, las copias hagan fe de sus originales. Sin embargo, cuando en el procedimiento se presenta una copia que no está certificada y que, aún más, se trata de una simple fotocopia, no puede hablarse de la existencia del original respectivo, pues las copias simples carecen de todo valor probatorio y por ello no pueden hacer fe de su original el que legalmente no se puede tener como existente, por lo cual no puede ordenarse su cotejo de acuerdo con el precepto citado." Por lo que al ser omisa la demanda en ese aspecto, procede realizar la presente prevención. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 43/96 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a continuación se citan: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo requerido en párrafos precedentes, se admitirá la demanda de amparo por su propio derecho. Así mismo, signifíquesele que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por Luis Raúl Iñiguez Tapia, y no por conducto de algún autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de cuenta y a las personas que indica como autorizados en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues así lo solicitó expresamente. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial..."
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