Isabel Perez Flores
Expediente 605/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 25 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 605/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 23/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Isabel Perez Flores
- Rodolfo Omar Hernandez Escobar (Defensor)
- Segunda Sala Unitaria En Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos, para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio 433 remitido por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla -autoridad no responsable-, por medio del cual, devuelve debidamente diligenciado el despacho 544/2021 (orden 715/2021), de este Juzgado de Distrito, pues se advierte que mediante diligencia de dieciocho de noviembre del año en curso, se practicó la notificación al quejoso Isabel Pérez Flores del acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; corriéndole traslado con copia autorizada de dicha determinación. Por tanto, se tiene por hecha la diligencia encomendada, para los efectos legales a que haya lugar, dese de baja la comunicación oficial de mérito y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el trece de octubre de dos mil veintiuno, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud de que la última notificación se efectuó al quejoso el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, la cual surtió efectos el veinte de octubre siguiente y, por ende, el aludido plazo transcurrió del veintiuno de octubre al doce de noviembre de dos mil veintiuno, previo descuento de los siguientes días: i) veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de octubre, así como seis y siete de noviembre, todos de dos mil veintiuno, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; ii) uno y dos de noviembre, declarados inhábiles por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mediante sesión celebrada el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante circular 9/2021 del Secretario Ejecutivo del Pleno; y, iii) quince de noviembre, en términos del artículo 74,fracción VI de la Ley Federal del Trabajo. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), archívense las presentes actuaciones como asunto concluido e insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Se hace constar que las constancias originales remitidas por la autoridad responsable Arturo Madrid Fernández, Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en apoyo a su informe justificado, se ordenaron devolver mediante auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno, mismas que fueron entregadas el mismo día. En diverso sentido, hágase del conocimiento de Juan Carlos Malpica Aladro, Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur del Estado de Puebla, con sede en Izúcar de Matamoros -autoridad no responsable- el contenido del presente acuerdo, para los efectos legales procedentes dentro de la causa penal 07/2021/MATAMOROS de su índice. Finalmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro Penitenciario de Acatlán de Osorio, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso Isabel Pérez Flores, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 605/2021; d) Notifique al demandante constitucional la presente determinación; e) Le corra traslado con copia autorizada de la presente determinación; f) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la materia de la presente determinación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la diligencia de mérito. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al quejoso Isabel Pérez Flores -vía despacho en el lugar de su reclusión enviado por correo electrónico- en los términos indicados; por lista a su defensor particular y/o a su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y a la tercera interesada Guadalupe Daniela Gallardo Márquez, representante del occiso Jóscar Elías Tejeda García; y, por oficio a la autoridad responsable, a Juan Carlos Malpica Aladro, Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur del Estado de Puebla, con sede en Izúcar de Matamoros (a este juez, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción), al fiscal tercero interesado y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los presentes autos los oficios 353 y 384 remitidos por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla -autoridad no responsable- por medio de los cuales, devuelve las constancias relativas a la diligenciación de los despachos 469/2021 (orden 605/2021) y 492/2021 (orden 648/2021) del índice de este Juzgado de Distrito En relación con el primero de los comunicados de cuenta (353), agréguese sin mayor proveído, ya que en auto de ocho de octubre, se tuvo por recibido y se acordó lo relativo al mismo. Ahora bien, respecto del diverso 384, se aprecia que remite el despacho 492/2021 (orden 648/2021) debidamente diligenciado, pues se advierte que mediante diligencia de diecinueve de octubre del año en curso, se practicó la notificación al quejoso Isabel Pérez Flores del acuerdo de trece de octubre de dos mil veintiuno, corriéndole traslado con copia autorizada de dicha determinación. Por tanto, se tiene por hecha la diligencia encomendada, para los efectos legales a que haya lugar, dese de baja la comunicación oficial de mérito y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de treinta de septiembre pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El trece de agosto de dos mil veintiuno, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que concedió el amparo al quejoso Isabel Pérez Flores, respecto de la resolución emitida el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, dentro del toca de apelación 10/2021, en la que se confirmó el auto de vinculación a proceso emitido en contra del quejoso en la continuación de la audiencia inicial de tres de febrero de dos mil veintiuno, celebrada dentro de la causa penal 07/2021/MATAMOROS, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de homicidio calificado, en agravio de Jóscar Elías Tejeda García; por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno de la sentencia. Mediante acuerdo emitido el siete de septiembre del año en curso, dicha sentencia causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable Arturo Madrid Fernández, Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Finalmente, por auto de treinta de septiembre pasado se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre el cumplimiento realizado por la citada autoridad responsable, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el trece de agosto de dos mil veintiuno, ante una violación al debido proceso consagrado en el artículo 14 Constitucional, se declaró inconstitucional la resolución emitida el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, dentro del toca de apelación 10/2021, del índice de Arturo Madrid Fernández, Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en la que confirmó el auto de vinculación a proceso emitido en contra del quejoso Isabel Pérez Flores en la continuación de la audiencia inicial de tres de febrero de dos mil veintiuno, celebrada dentro de la causa penal 07/2021/MATAMOROS, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de homicidio calificado, en agravio de Jóscar Elías Tejeda García, por lo que se concedió al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal. Lo anterior, ante la circunstancia de que el Magistrado responsable, al momento de resolver, no tuvo a la vista la videograbación del inicio de la audiencia de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en la que, entre otras cuestiones no menos importantes: i) la fiscalía formuló imputación en contra del quejoso, quien se reservó su derecho a declarar; ii) la fiscalía solicitó que se le vinculara a proceso y expuso los datos de prueba para tal efecto; y, iii) el imputado decidió que su situación jurídica se resolviera dentro del plazo ampliado de 144 horas, previsto en el artículo 19 Constitucional. Entonces, se dijo que, previamente a turnar los autos para el dictado de la resolución reclamada, debió requerir al juez de control que remitiera el disco que contiene el registro audiovisual de la audiencia de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, a fin de que estuviera en aptitud de imponerse directamente de su contenido y realizar la valoración que conforme a derecho corresponda. Trasgresión que, se señaló, se tornó relevante, en la medida en que en dicha audiencia se formuló la imputación al ahora quejoso, misma que consiste en la comunicación formal que el la fiscalía efectúa al imputado en presencia del juez de control, en el sentido de que realiza una investigación en su contra en torno a uno o más hechos que la ley señala como delito, en donde se debe precisar el hecho concreto que le atribuye, su clasificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de comisión, así como la forma de intervención que estima se actualiza y el nombre de sus acusadores -a menos que sea procedente reservar su identidad-. Asimismo, se precisó que en esa audiencia se formuló la solicitud de vinculación a proceso, la cual exige un ejercicio de motivación acerca de cómo es que los datos de prueba recabados, contenidos en la carpeta de investigación, acreditan la existencia del hecho delictivo y la probabilidad de que el imputado hubiera intervenido en su comisión. Con relación a esto último, se sostuvo que el hecho de que la defensa tenga acceso a la carpeta de investigación y hubiera escuchado la imputación, no implica certeza jurídica sobre las razones que a criterio del Ministerio Público justificarían vincular a proceso al imputado, las cuales dependerán de lo que aquél exponga oralmente en la audiencia y no de lo que exista materialmente en la citada carpeta. En ese sentido, se consideró que sólo teniendo a la vista el contenido de la referida audiencia, el magistrado responsable, ya sea a la luz de los agravios formulados en el escrito de apelación o en suplencia de queja, podía estar en aptitud de vigilar que se hayan cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento, previstas y reguladas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, por ejemplo que el auto de vinculación a proceso se haya emitido por autoridad jurisdiccional competente, que no se haya aplicado ley de forma retroactiva en perjuicio del imputado y que haya satisfecho el procedimiento que los artículos 307 a 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén para el desahogo de la audiencia inicial y, en su caso, su continuación. De igual forma, para en su caso, -se agregó- estar en condiciones de verificar de que el juez de control haya velado el derecho del imputado de contar con la asesoría de profesional del derecho, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, con el cercioramiento de que el defensor o defensores nombrados por el imputado, intervinientes en la audiencia inicial, fueran licenciados en dicha materia y que ello constara en la videograbación respectiva, en cumplimiento al criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la contradicción de tesis 405/2017. Entonces, se concluyó que si la segunda instancia se abre para resolver sobre los agravios que estime el apelante le causa la sentencia recurrida, donde es posible suplir su deficiencia cuando existan violaciones a derechos humanos, era inconcuso que el tribunal de apelación debió tener a la vista la multicitada videograbación a efecto de corroborar que el fallo de primera instancia fue emitido o no conforme a derecho. En virtud de tal violación al procedimiento, el amparo se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: 1. Dejara sin efectos la resolución reclamada. 2. En su lugar, ordenara reponer el procedimiento de segunda instancia para recabar el disco en formato Versátil Digital (DVD), relativo al registro de audio y video de la audiencia celebrada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 07/2021/MATAMOROS. 3. Hecho lo anterior, en el momento procesal oportuno y una vez que haya analizado el contenido total de la audiencia inicial de veintinueve de enero de dos mil veintiuno y su continuación llevada a cabo el tres de febrero del mismo año, resolviera el recurso de apelación como en derecho correspondiera. Finalmente, se precisó que las consideraciones expuestas por este órgano de control constitucional para poner de manifiesto la relevancia sobre el análisis de la videograbación de la audiencia de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, no vinculaba a la autoridad responsable a resolver en sentido específico, en atención a que esos argumentos estaban dirigidos exclusivamente a poner de manifiesto la necesidad de que la autoridad responsable hiciera dicho estudio una vez que tuviera en su poder la videograbación respectiva, por lo que se concedió plena libertad de jurisdicción para resolver conforme en derecho estimara correcto. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable Arturo Madrid Fernández, Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente dentro del toca de apelación 10/2021 de su estadística: 1. Mediante acuerdo dictado el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, dejó sin efectos la resolución emitida el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en la que confirmó el auto de vinculación a proceso emitido en contra del quejoso en la continuación de la audiencia inicial de tres de febrero de dos mil veintiuno, celebrada dentro de la causa penal 07/2021/MATAMOROS, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de homicidio calificado, en agravio de Jóscar Elías Tejeda García -acto reclamado-. 2. En auto emitido el veintiuno de septiembre del año en curso, tuvo por recibidos dos discos compactos de las audiencias de veintinueve de enero y tres de febrero, ambas de dos mil veintiuno, celebradas dentro de la causa penal citada, y provenientes del Juzgado de Control de la Región Judicial Sur del Estado de Puebla, con sede en Izúcar de Matamoros. 3. Mediante resolución dictada el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, una vez analizado el contenido total de la audiencia inicial de veintinueve de enero de dos mil veintiuno y su continuación llevada a cabo el tres de febrero del mismo año, resolvió el recurso de apelación y, con la libertad de jurisdicción otorgada, confirmó nuevamente el auto de vinculación a proceso emitido en contra del quejoso en la continuación de la audiencia inicial de tres de febrero de dos mil veintiuno, celebrada dentro de la causa penal 07/2021/MATAMOROS, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de homicidio calificado, en agravio de Jóscar Elías Tejeda García. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el magistrado responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó insubsistente la resolución reclamada; ii) recabó el disco en formato Versátil Digital (DVD), relativo al registro de audio y video de la audiencia celebrada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 07/2021/MATAMOROS; y, iii) hecho lo anterior y una vez que analizado el contenido total de la audiencia inicial de veintinueve de enero de dos mil veintiuno y su continuación llevada a cabo el tres de febrero del mismo año, con la libertad de jurisdicción concedida, resolvió el recurso de apelación intentado en contra del auto vinculación a proceso emitido en contra del quejoso en la continuación de la audiencia inicial de tres de febrero de dos mil veintiuno, celebrada dentro de la citada causa penal, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de homicidio calificado, en agravio de Jóscar Elías Tejeda García. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. 5. Notificación al quejoso. Finalmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro Penitenciario de Acatlán de Osorio, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso Isabel Pérez Flores, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 605/2021; d) Notifique al demandante constitucional la presente determinación; e) Le corra traslado con copia autorizada de la presente determinación; f) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la materia de la presente determinación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la diligencia de mérito. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al quejoso Isabel Pérez Flores -vía despacho en el lugar de su reclusión enviado por correo electrónico- en los términos indicados; por lista a su defensor particular y/o a su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo -en cumplimiento a lo acordado en auto de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno- y a la tercera interesada Guadalupe Daniela Gallardo Márquez, representante del occiso Jóscar Elías Tejeda García -en cumplimiento a lo acordado en auto de treinta de julio de dos mil veintiuno-; y, por oficio a la autoridad responsable, al fiscal tercero interesado y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...
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