Isabel Victoria Francisco
Expediente 1508/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1508/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/10/2016
Partes del expediente
- Isabel Victoria Francisco
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiuno de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la nueva Ley de Amparo, sin que el promovente del amparo hubiese recurrido el por el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y ordénese el archivo de las presentes actuaciones como asunto concluido. Por tanto, atendiendo a la certificación de cuenta, se determina lo siguiente: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en que se desechó la demanda de garantías. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6258/2016, de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; siete de octubre de dos mil dieciséis. RADICACIÓN. Visto el escrito de demanda de amparo que promueve Isabel Victoria Francisco, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia de Valle de Bravo Estado de México, que lo hace consistir en: La sentencia interlocutoria de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el juicio civil 249/2016 que declaró improcedente el incidente de acumulación planteado. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y fórmese expediente bajo el número que le corresponda. ANÁLISIS DEL ESCRITO DE DEMANDA. En ese orden de ideas, se advierte que se está frente a una deficiencia procesal que no afecta derechos sustantivos. Acotado lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, con relación en el numeral 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de plano por su manifiesta e indudable improcedencia. Esto es así, porque el artículo 113, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Lo anterior, pues el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que alleguen las partes. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". DESECHAMIENTO. El juicio de amparo que se intenta resulta improcedente, en atención a que se actualiza la causal que a continuación se detalla, y que estatuye el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, 170, fracción I, de la ley de la materia. En efecto, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, inciso b), interpretada a contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra el acto que en esta vía se reclama y que se precisó líneas arriba. Frente a ello, se tiene que dicha resolución no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, ello es así pues la figura jurídica de la acumulación fue creada exclusivamente para lograr la economía procesal y evitar el dictado de sentencias contradictorias, además que la determinación reclamada no priva del derecho de defensa que poseen las partes en cada uno de los procedimientos, respecto de los cuales se pretendía la acumulación, ni altera las cuestiones combatidas en los mismos. En ese orden de ideas, resulta incuestionable que los efectos del acto reclamado sólo se traducen en posibles violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución respectiva, si ésta es favorable a los intereses de la parte quejosa y, en caso contrario, puede reclamarlo en el juicio de amparo directo que se promueva contra la resolución, impugnando la determinación de que se duele en su caso, como violación procesal, en términos de los artículos 170, fracción I y 172 fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora, los efectos que trae consigo no pueden considerarse que tengan sobre la quejosa una ejecución de imposible reparación, que haga jurídicamente imposible el resarcimiento con una actuación posterior, ya que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, pues será hasta que se dicte la sentencia en dicho juicio cuando se pudiera actualizar tal perjuicio, porque puede suceder que dicho fallo le sea favorable y en esa virtud no se patentizaría el mismo a la parte quejosa y, en caso contrario, indefectiblemente podrá hacerlo valer, como una violación procesal en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia que se dicte en el juicio civil. En efecto, el artículo 107 constitucional, establece como regla general que tratándose de amparo directo éste sólo procederá contra sentencias definitivas o laudos, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan partes sustanciales de manera que se deje sin defensa a la quejosa o bien contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio. En relatadas condiciones, resulta claro, que el hecho de que el Juez responsable haya declarado improcedente el incidente de acumulación planteado por la aquí quejosa, como ya se dijo, no se encuentra dentro de las hipótesis previstas en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, toda vez que dentro del juicio, no le afecta materialmente sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; pues en todo caso afectaría un derecho procedimental como lo es la no acumulación de los expedientes 249/2016, 1011/2016 y 1012/2016. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 49/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su rubro establece lo siguiente: "ACUMULACIÓN. LA RESOLUCIÓN SIN ULTERIOR RECURSO QUE DECLARA IMPROCEDENTE ESE INCIDENTE NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO." Por tanto, como las consecuencias de la resolución reclamada son de carácter intraprocesal y no tienen una ejecución de imposible reparación, pues por ésta debe entenderse aquella cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma material e inmediata derechos sustantivos; es de concluirse que la determinación en estudio, no cumple los requisitos necesarios para poder ser atacadas por esta vía constitucional, porque sólo afecta los derechos adjetivos o procesales, que se traducen en violaciones que podrían no trascender al sentido de la resolución que ponga fin a juicio; y los efectos intraprocesales pueden ser reparados si se obtiene resolución favorable, y en el supuesto de que no lo fueran, estaría en aptitud de promover en su contra el juicio de amparo directo donde podría delatar las violaciones procesales; por lo que no hay duda de que no se está en presencia de un acto en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y, por tanto, en su contra no procede el amparo biinstancial. Resulta aplicable la jurisprudencia número IX.1o. J/10, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, cuyo rubro establece: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO." Asimismo, se cita en apoyo a las consideraciones expuestas la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, cuyo texto es el siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." En consecuencia, el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En esa tesitura, toda vez que se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, interpretada a contrario sensu, 113, 170, fracción I, del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 1086, cuyo contenido estatuye: VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías. DOMICILIO. Con fundamento en el numeral 27, fracción I, en relación con el diverso 29, ambos de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, se tiene como domicilio del quejoso, las listas que se fijen en los estrados, en virtud de así haberlo solicitado. AUTORIZADOS. De acuerdo a la reforma del artículo 12 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio del año en curso, se tiene por autorizados en términos amplios a las personas respecto de las cuales se haya cumplido con los extremos previstos en su segundo párrafo; es decir, aquellas que acrediten encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y se hayan proporcionado los datos correspondientes. De igual forma, se autoriza en términos restringidos a las mencionadas si no se cumplió con dichos requisitos, determinación que subsistirá hasta en tanto se efectúen dichas acotaciones SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en cita, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. PROTECCIÓN DE DATOS. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda su solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testaran las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. SISTEMA ELECTRÓNICO Y CONSULTA DE EXPEDIENTES. De la misma forma, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace del conocimiento de las partes, que para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes, además de hacerlo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, para lo cual deberán atender al Título Cuarto del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Jaime Arzate Romero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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