Isabel Leonor García Valdes

Expediente 309/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
309/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
12/11/2021

Partes del expediente

  • Isabel Leonor García Valdes
  • Carlos Turín García
  • Isabel Leonor García Valdes y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de noviembre de dos mil veintiuno. ESTADO DE AUTOS Visto el estado de autos se advierte que el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente sumario. DEVOLUCIÓN DE ANEXOS En consecuencia, devuélvase al Juez Segundo Mercantil de Primera Instancia de Toluca, México, el anexo en ocho legajos, que remitió al presente juicio sin que sea necesario solicitar acuse por su recibo, toda vez que se trata de reproducciones certificadas.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto de siete de mayo de dos mil veintiuno que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, el diverso arábigo 8.1.2 numeral 4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental.

  3. Principal

    EN ATENCION AL AVISO DE DOCE DE MAYO ULTIMO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE SIETE DE MAYO ACTUAL A LA PARTE QUEJOSA; DETERMINACION QUE MENCIONA LO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, siete de mayo de dos mil veintiuno. DESAHOGO Agréguese el escrito por el cual los quejosos ***a, dan cumplimiento al requerimiento que se les formuló el veintiséis de abril de dos mil veintiuno; por tanto, se tiene por desahogado el mismo. DESECHAMIENTO. Los quejosos reclaman del Juez y del Notificador, ambos adscritos al Juzgado Segundo Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, el acto consistente en: La resolución emitida el catorce de abril de dos mil veintiuno, por el referido juez responsable dentro del juicio oral mercantil 986/2013, en la que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones hecho valer por los aquí quejosos, contra la notificación realizada el cuatro de marzo de dos mil veinte, proveído en el que se les requirió a efecto de que realizaran el pago a que fueron condenados en la sentencia emitida en el citado sumario. En atención a la precisión del acto reclamado, previamente deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese contexto, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, preceptos que son del tenor literal siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] De lo antes inserto, se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos fuera de juicio o después de concluido, y que si se tratare de actos en la etapa de ejecución de sentencia, sólo procede la acción constitucional contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda las violaciones procesales que hubieren dejado sin defensa al quejoso en la referida fase, al mismo tiempo que sea impugnada dicha resolución. Así, se colige que para la procedencia del juicio de amparo biinstancial existen dos reglas genéricas y una específica, las cuales son: a) contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, es decir, aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos fundamentales del gobernado, pues ésta no se destruye con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones; b) contra actos dictados después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; y, c) contra actos emitidos en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante aquél (procedimiento de ejecución) que hubieren dejado sin defensa al promovente. Ahora, la razón de ser de la regla específica de procedencia del juicio de amparo, tratándose de actos emitidos durante el procedimiento de ejecución, fue impedir que el juicio de amparo se utilizara como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, dado que ésta constituye el resultado de un mecanismo a través del cual el Estado dirimió ya un conflicto suscitado entre las partes contendientes, por lo cual la sociedad está interesada en que su ejecución se realice con celeridad y en el menor tiempo posible. De ahí que, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo biinstancial en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Así las cosas, se aprecia que se surte la causa de improcedencia que establecen los citados numerales, respecto del acto reclamado consistente en la resolución emitida el catorce de abril de dos mil veintiuno, por el referido juez responsable dentro del juicio oral mercantil 986/2013, en la que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones hecho valer por los aquí quejosos, contra la notificación realizada el cuatro de marzo de dos mil veinte, proveído en el que se les requirió a efecto de que realizaran el pago a que fueron condenados en la sentencia emitida en el citado sumario; por lo que a la óptica del suscrito no se ubica en la hipótesis de procedencia establecida en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no se trata del último acto acontecido en la etapa ejecución de sentencia, entendiéndose por este -de acuerdo a la Ley de Amparo- aquél que aprueba o reconoce el cumplimiento total de los sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Lo anterior, sin soslayar que las violaciones intraprocesales que se consideren cometidas durante la etapa de ejecución, podrán ser materia de impugnación en la vía y forma legal correspondiente, al mismo tiempo que lo sea la última resolución que se llegue a emitir en el procedimiento de ejecución de sentencia ejecutoriada. Máxime que el acto que por esta vía se combate, no se ubica en alguno de los casos de excepción a la regla de procedencia del juicio biinstancial en la etapa de ejecución de sentencia, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquéllos actos que gozan de autonomía propia o destacada, en virtud de que éstos no tienen como finalidad directa e inmediata obstaculizar la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada; sin embargo, como el acto reclamado no se ubica en alguna de las hipótesis enunciadas, es por ello que el medio de control constitucional intentado resulta improcedente. Al caso tiene aplicación por identidad de razón, el criterio aislado emitido por Tribunales Colegiados de Circuito, identificado con el número de registro 2003470, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA CON MOTIVO DEL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO, PROMOVIDO DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Es improcedente el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones emitidas con motivo del trámite de un incidente de levantamiento del embargo, llevado a cabo dentro del periodo de ejecución de la resolución que dio por concluida la fase contenciosa de un litigio pues, como el procedimiento está encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, sólo procede el juicio de garantías contra la última resolución, entendida ésta, como la que declara expresa o tácitamente el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo, siendo que el referido incidente no reviste dichas características y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, del cual deriva que el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución respectivo. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues el fallo que resuelve un incidente de levantamiento de embargo, promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio". Consecuentemente, de acuerdo a los razonamientos expuestos en párrafos anteriores, es evidente que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que resulta procedente, con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, desechar de plano la demanda promovida por **** ambos de apellidos *** que dio origen al presente asunto, por ser notoriamente improcedente.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. DESAHOGA AUTORIDAD. Agréguese a los autos el oficio del Juez Segundo Mercantil de Primera Instancia de Toluca, México, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado el veintiséis de abril último; en esas condiciones, se tiene por satisfecho el requerimiento formulado a la oficiante y se deja sin efectos el apercibimiento con que se le conminó. A lo anterior, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto la parte quejosa desahogue el requerimiento formulado en el referido auto o en su caso transcurra el termino otorgado para tal efecto. Finalmente, dado el volumen de las constancias remitidas fórmese el anexo correspondiente.

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