Isabel Valentin Silverio
Expediente 239/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 239/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/04/2021
Partes del expediente
- Isabel Valentin Silverio
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. No amplió demanda Vista la certificación que antecede se advierte que mediante proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno se dio vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de quince días contado a partir de que surta efectos la notificación de dicho acuerdo, manifestara si era su voluntad ampliar su demanda de amparo y señalar como acto reclamado el oficio número DPSH/S/165/2021 del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, emitido por el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y su respectiva notificación; sin que hubiere desahogado dicho requerimiento. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, esto es, no se tiene como acto el oficio antes precisado ni su respectiva notificación. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable una causa de improcedencia del juicio de amparo, por lo que es procedente sobreseer en el juicio, sin esperar al desahogo de la audiencia constitucional. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En el caso, se advierte que la parte quejosa reclama al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla (ISSSTE), la omisión de dar respuesta a la solicitud de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, presentada a través de su gestor autorizado José Juan Hernández Méndez al correo electrónico contingencia.pue@issste.gob.mx, en la que pidió información acerca de los requisitos que se necesitan para solicitar una pensión por orfandad y concubinato. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del citado precepto legal se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida la situación anterior a la promoción del juicio y, derivado de ello, el correspondiente acto no agravie al quejoso; esto es, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Al respecto, resultan ilustrativos los siguientes criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo esa óptica jurídica, cabe precisar que la Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación en Puebla del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al rendir su informe justificado indicó que el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno mediante oficio número DPSH/S/165/2021, el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, emitió la resolución con la cual se dio contestación a la solicitud de la parte quejosa mediante correo electrónico a la dirección contingencia.pue@issste.gob.mx, el cuatro de febrero del año en curso, la cual fue contestada al correo electrónico que la parte quejosa señaló para tal efecto, el veintinueve de marzo siguiente. Lo anterior así se advierte de las siguientes ilustraciones: En efecto, de lo anterior se desprende que la autoridad responsable dio contestación a la solicitud formulada por la parte quejosa mediante oficio número DPSH/S/165/2021 del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, emitido por el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el que se le informó acerca de los requisitos y documentos para solicitar una pensión por orfandad y concubinato. Además, se obtiene que dicha respuesta fue contestada al correo electrónico que la parte quejosa señaló para tal efecto, esto es, al correo electrónico jjhmcbh1@hotmail.com, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. En consecuencia, se evidencia que ha cesado la omisión de dar respuesta a la solicitud de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, presentada al correo electrónico contingencia.pue@issste.gob.mx. Por lo tanto, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 605, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a enero de 2009, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Por lo tanto, se estima que en el caso se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. No pasa desapercibido el criterio jurisprudencial P./J. 15/2019 (10a.) sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. SI EL QUEJOSO OPTÓ POR AMPLIAR SU DEMANDA EN CONTRA DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO, ES INNECESARIO AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD RESPECTO DE DICHO ACTO."; sin embargo, como ya quedó evidenciado, la omisión de dar respuesta a la solicitud formulada por la quejosa vía correo electrónico ha cesado, pues a esté recayó una contestación por parte de la autoridad responsable en el que se atiende efectivamente a lo peticionado. Lo anterior, pues se insiste, ya se le dio contestación a la parte quejosa y se le concedió la información que le solicitó, por lo que no existe controversia al respecto. En consecuencia, se concluye que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las trece horas con cincuenta minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno. Finalmente, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Puebla al correo electrónico asuntos.fiscales.pue@issste.gob.mx.
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San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta de marzo de dos mil veintiuno. SAT informa. Agréguese a los autos el oficio signado por la Subadministradora de Operaciones de Patrones de la Administración General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado e informa: 1. Que en el Registro Federal de Contribuyentes existen dos homónimos sobre Francisco Javier Tirado Saavedra. 2. Solicita se proporcionen mayores datos de identificación. Se toma conocimiento de lo informado. Información de la persona multada. En consecuencia, dígase al Servicio de Administración Tributaria que Francisco Javier Tirado Saavedra, es Presidente del Municipio de Chignahuapan, Estado de Puebla, con fecha de nacimiento el 21 de febrero, oriundo de la Ciudad de México, empresario y político. Requerimiento. En tal sentido, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que dentro del plazo de tres días, proporcione el domicilio fiscal y el registro federal de contribuyentes de esa persona. Con el apercibimiento que, en caso de incurrir en omisión a este mandamiento, se hará acreedora a una multa de cincuenta a mil días de salario mínimo general entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización), de conformidad con los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Autoridad Correo Jefa del Servicio de Administración Tributaria jefatura@sat.gob.mx
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San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Admisión Estudio de la demanda. Vista la demanda de amparo que promueve *** por propio derecho, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 239/2021-II. En consecuencia, con base en el estudio exhaustivo de la demanda de amparo, se procede a proveer lo conducente. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, 35, 37, 107 y 108 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo. Informe justificado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante este Juzgado Federal; en el que deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo o, en su caso, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Se solicitan constancias. Al respecto, se precisa que en el plazo señalado deberá acompañar la totalidad de las constancias que justifiquen el acto reclamado, anexando copias certificadas legibles, completas y ordenadas del expediente. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no cumplir con los mandatos establecidos en los párrafos anteriores, además de presumirse cierto el acto que de ella se reclame, cuando así corresponda, se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. En el entendido de que deberán rendir su respectivo informe justificado, haciendo referencia al número de oficio que contesta, así como el nombre correcto de la parte quejosa y número del presente juicio de amparo, precisando sobre la certeza o no respecto de los actos reclamados. Información sobre causas de improcedencia. Se solicita a la autoridad responsable a fin de que en caso de tener conocimiento de alguna causa de improcedencia la informe, apercibida que en caso de no hacerlo se le impondrá una multa de 30 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Información sobre otros juicios de amparo. Por otro lado, se requiere a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación indique si existen otros juicios de amparo relacionados con el presente, y acompañe las constancias respectivas. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las trece horas con cuarenta minutos del treinta de marzo de dos mil veintiuno. Incidente de suspensión. No ha lugar a tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado expresamente por la parte quejosa y a criterio de quien aquí resuelve no procede tramitarlo de oficio, ya que el acto reclamado no encuadra en los supuestos previstos en los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo. Intervención del Ministerio Público Adscrito. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención legal que le corresponde. Tercero interesado. No existe. Domicilio. Por otro lado, en virtud de que la parte quejosa señala como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este Juzgado de Distrito, y como la figura de estrados no está prevista en la ley de la materia en vigor, téngase como tal, la lista que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29, de la legislación invocada, hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. Orienta esta determinación la tesis XXII.1º.22K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Materia Común, visible a página 1067, de rubro siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Autorizados. Se tiene como autorizado para oír y recibir notificaciones a la persona que indica la parte quejosa. Se tiene por señalado el correo electrónico y número telefónico que indica la parte quejosa para entablar un medio de comunicación no procesal; bajo el esquema de trabajo a distancia y en línea adoptado por el Consejo de la Judicatura Federal, ante la contingencia por la pandemia de Covid-19. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. Exhorto para mejorar comunicación. Por otra parte, en atención lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a fin de mejorar la comunicación -no procesal- con las partes en el presente juicio de amparo y aminorar cualquier riesgo sanitario para ellos y el personal judicial, se les solicita a las demás partes que a la brevedad proporcionen a este juzgado un correo electrónico y un número telefónico, a través de los cuales se pueda establecer un canal de comunicación directa. Exhorto para seguir en juicio en línea. Igualmente de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 22 y el diverso 28 del referido Acuerdo General, y tomando en cuenta que la propagación del virus SARS-CoV-2 ha hecho necesario que la mayor parte de personal de los órganos jurisdiccionales trabaje remotamente y, por ende, que el eje rector para el desarrollo de las actividades jurisdiccionales se haga preferentemente a través de medios digitales, se exhorta a las partes para que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, manifiesten si es su deseo continuar con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Cabe destacar que, para tal efecto, es menester que observen lo siguiente: Para acceder a los servicios que se presentan en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, es forzoso que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación o bien, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL") y se registren en el sistema. Para registrarse en el citado portal los usuarios deberán indicar su NOMBRE, CORREO ELECTRÓNICO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN, crear un nombre de usuario, una contraseña y vincular al registro su firma electrónica, el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. La consulta del expediente electrónico depende de que la propia parte formule manifestaciones en ese sentido. En términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, para la solicitud de notificación electrónica se deberá realizar la manifestación expresa para que se les practiquen notificaciones de esa naturaleza, en virtud de que la sola presentación de promociones o recursos en forma electrónica, no implica solicitud ni autorización alguna para recibirlas de esta forma, pues para dicho efecto es necesario que las partes lo soliciten, según se desprende del artículo 15, inciso a), del Acuerdo General Conjunto 1/2013 y el diverso artículo 55 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 en alusión. Lo anterior, a fin de que se encuentren en aptitud de presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. En el entendido que las solicitudes anteriores subsistirán hasta en tanto no sean atendidas. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Información reservada. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, este Juzgado determinará si puede ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P./J.26/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada el once de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de Federación, Materia Común, Décima Época, de rubro "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Documentación confidencial. Por otro lado, se informa a la autoridad responsable que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberá enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibida que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Obligación de recibir oficios. Se informa a la autoridad responsable que conforme al artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está obligada a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, siempre que no exista duda y resulte evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrán por hechas las notificaciones, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrán por hechas; además de que se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; en el entendido que éstos serán entregados en físico por conducto de los Actuarios y sus Auxiliares, siguiendo las estrictas medidas de sanidad y distancia para evitar el contagio del Covid-19.
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