Isabel Ramirez Ramirez

Expediente 1055/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1055/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
18/08/2023

Partes del expediente

  • Isabel Ramirez Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas para ello interpongan recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrúyase el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: I. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;" Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Destrucción del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar provisional y se negó la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Ahora, de autos se advierte que la parte quejosa, exhibió documentos originales. En consecuencia, dado que a dichos documentos les reviste el carácter de originales, como lo exige el segundo párrafo, del artículo 204 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la citada parte para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase al Juez Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, el anexo de pruebas I, que se formó con las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese; por lista a la parte quejosa y cúmplase.

  2. Principal

    .... Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, VIII. RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo indirecto 1055/2023-VIII promovido por ****, respecto de los actos y autoridades precisados en el punto III y conforme a los motivos y fundamentos expuestos en el considerando IV y VI de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de julio de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo concedido a las partes para desahogar la vista con el informe justificado recibido en acuerdo de tres de julio de dos mil veintitrés. En tal sentido, con fundamento en el artículo 117 y 124 de la Ley de Amparo, procede diferir la audiencia constitucional para que transcurra en su integridad el plazo de ocho días de la vista otorgada a las partes. Por tanto, se fijan para su celebración las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. IMPONE QUE SE DIFIERA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA OTORGAR ÍNTEGRAMENTE A LAS PARTES, EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el análisis de dicho artículo, el plazo que permite al quejoso tener conocimiento del informe justificado, es de al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, que la circunstancia de que no se rinda con esa anticipación es imputable únicamente a la autoridad responsable y que en ningún caso puede provocar que se deje en estado de indefensión al quejoso. Conforme a ello, en el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, la audiencia debe diferirse para que se otorgue íntegramente a las partes el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, el cual, por tanto, debe computarse a partir de que surta efectos la notificación del auto en que se difiere la audiencia constitucional en términos del artículo 24, fracciones I y II del ordenamiento legal en cita, para que las partes se impongan del informe y, en su caso, cuenten con el tiempo suficiente para desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dando de esta manera, viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para el desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial; pues de computar ese plazo, contando los días que corren a partir del siguiente al en que surte efectos la notificación del proveído con que se da vista con el informe justificado hasta el anterior a la audiencia constitucional junto con los días que pasan entre el día siguiente a que surte efectos la notificación del auto que difiere la audiencia hasta que ésta se lleva a cabo, se deja en indefensión al gobernado ante la incertidumbre que genera el no conocer con seguridad el plazo efectivo que tiene para desvirtuar y probar las refutaciones que tenga contra el informe justificado, así como si dicho plazo verdaderamente será de ocho días, lo que puede ocasionar que actúe con vacilación respecto a imponerse del informe, realizar sus investigaciones, recabar los elementos probatorios necesarios para acreditar su derecho y ofrecerlos de manera oportuna. Por tanto, los jueces de Distrito tendrán que verificar, cuando difieran la audiencia constitucional con motivo de que el informe justificado se haya presentado en forma extemporánea, que entre la fecha en que surta efectos la notificación del proveído relativo y la nueva fecha señalada para su desahogo, transcurran cuando menos ocho días hábiles." Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, siete de julio de dos mil veintitrés. Valoración de cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, y tomando en consideración que la parte quejosa no desahogó la vista concedida mediante auto de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se hace efectivo el apercibimiento decretado, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de catorce de febrero de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa para los efectos siguientes: *** Ejecutoria Mediante proveído de seis de marzo de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. En consecuencia, luego de diversas gestiones realizadas por este juzgado federal para lograr el cumplimiento de la sentencia, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla remitió lo siguiente que obra en el juicio laboral de origen: Acuerdo de diez de marzo de dos mil veintitrés, por el cual se pronunció sobre la admisión de las pruebas ofrecidas, señalando fechas para su desahogo. Desahogo de la prueba confesional a cargo de la Secretaría de Finanzas y Administración, actualmente Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, señalada para el veintiuno de abril de dos mil veintitrés. En proveído de dos de mayo de dos mil veintitrés, la autoridad informó que se decretó la deserción de la prueba confesional por hechos propios ofrecida por la parte actora y a cargo de la parte demandada. Posteriormente, en auto de diez de mayo del presente año, se tuvo a la autoridad responsable remitiendo copia certificada del desahogo de la prueba confesional de cuatro de mayo de dos mil veintitrés. En auto de diecisiete de mayo del año en que se actúa, la junta responsable remitió copia certificada del desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada señalada para el doce de mayo de dos mil veintitrés, de la que se advirtió que la parte oferente se desistió de dicha probanza. El treinta de mayo siguiente se tuvo por recibido el auto de doce de mayo de dos mil veintitrés, emitido en el juicio laboral de origen, del que destaca que se otorgó a las partes el término de dos días para que formulen alegatos y, en todo caso, si existen pruebas pendientes por ofrecer. En fecha nueve de junio pasado, la autoridad remitió copia certificada del auto de seis de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral de origen *** del cual se advierte que se decretó el cierre de instrucción y se turnaron los autos a la proyectista adscrita a dicho tribunal para elaborar la resolución. Por último, el veintinueve de junio pasado, se tuvo por recibido el laudo de veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Cabe destacar que a las constancias remitidas por la autoridad responsable se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. Conclusión. Por tanto, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la ley de amparo, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, toda vez que la autoridad responsable emitió el acuerdo en el cual se pronunció sobre la admisión de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral de origen, llevó a cabo el desahogo de las pruebas admitidas, decretó el cierre de instrucción y, posteriormente, emitió el laudo correspondiente. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes esta determinación, a efecto de que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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