Isabel Luz Adriana Salinas Arceo

Expediente 712/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
712/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Isabel Luz Adriana Salinas Arceo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 712/2023, promovido por*** contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, y otras autoridades, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos*** SEXTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este órgano de control constitucional advierte de oficio que respecto de a) las notificaciones de catorce y veintidós de junio de dos mil veintitrés, practicadas en el expediente*** se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa, previo a acudir a esta vía constitucional, no agotó el medio ordinario de defensa previsto en los artículos 55 y 90, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, con el que podía obtener la nulidad de las citadas notificaciones, por lo que no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Para demostrar dicha postura, es pertinente invocar el artículo 61, fracción XVIII, de la citada Ley de Amparo, que dispone*** En el precepto transcrito se encuentra inmerso el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual ordena que antes de promoverlo se deben agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra el acto que se estime ilegal y que tengan el efecto de revocarlo, modificarlo o nulificarlo, ya que de lo contrario, se actualizaría su improcedencia, pues a esta vía debe acudirse sólo cuando la actuación que se impugna no pueda remediarse ante las propias autoridades de instancia. Asimismo, la disposición normativa de mérito prevé las excepciones a dicho principio, esto es, los casos en que el gobernado no está obligado a agotar el recurso o medio ordinario de defensa respectivos, antes de acudir al juicio de amparo. Por su parte, los artículos 55 y 90, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, establecen*** Los artículos transcritos prevén la existencia del incidente de nulidad de notificación en la legislación civil local, que tiene por objeto determinar si la notificación cuestionada fue hecha o no con las formalidades de ley; de concluirse en este último sentido, la consecuencia es la nulidad de lo actuado desde la notificación realizada indebidamente. Ahora, no debe soslayarse que para efectos del juicio de amparo es recurso ordinario o medio de defensa, el que reúna esencialmente las siguientes características*** Tener por objeto que el promovente del mismo pueda obtener la revocación, modificación o nulidad de la resolución o actuación que lesiona sus intereses*** Debe estar establecido en la ley correspondiente*** Debe tener un procedimiento para su resolución. En ese entendido, el incidente de nulidad de notificación previsto en los artículos 55 y 90, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio de defensa, es decir, tiene por objeto que su promovente pueda obtener la nulidad de la notificación que se cuestione; está establecido en la ley correspondiente, en este caso, en el precitado código adjetivo; y, en cuanto al procedimiento para su resolución, su oportunidad y tramitación está prevista en los citados preceptos artículos 55 y 90. Por tanto, el planteamiento del referido incidente de nulidad de notificaciones constituye un auténtico medio de defensa y, en consecuencia, una actuación necesaria de las partes a fin de que el juez se pronuncie, específicamente, sobre la legalidad o no de la notificación de que se trate. Lo anterior es así, porque tanto los recursos como los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable procede el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo, pues si las partes dentro del procedimiento ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades del juzgador natural. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama: a) las notificaciones de catorce y veintidós de junio de dos mil veintitrés, que le fueron practicadas en el expediente de medios preparatorios a juicio número*** del índice administrativo del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad; sin embargo, en el sumario no existe constancia de que, previamente a acudir a este contencioso constitucional, haya agotado en su contra el incidente de nulidad de notificaciones respectivo, con el que podía obtener su revocación, esto es, no observó el principio de definitividad que establece la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en mención. En el entendido de que en el caso no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad que prevé el mencionado precepto, pues el acto reclamado no es de los que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa. Además, la procedencia del medio ordinario de defensa aludido, no está sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarlo, pues es claro y patente que se encuentran regulado en la ley ordinaria de la materia. Por otro lado, la impetrante no es tercero extraña, pues al haber tenido conocimiento de la existencia del procedimiento de donde derivan los actos reclamados, al promover el diverso juicio de amparo*** contra otras notificaciones practicadas en el sumario de origen, resulta innegable que tuvo conocimiento de una acción o pretensión instaurada en su contra, previamente a la promoción del presente juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, lo que impide analizar la constitucionalidad de los referidos actos reclamados. Sobreseimiento que se hace extensivo al diverso acto consistente en b) las multas de veinte Unidades de Medida y Actualización (UMA), impuestas a la impetrante en el quince y veintitrés de junio del referido año el sumario de origen, y su ejecución, dado que no se reclaman por vicios propios sino como consecuencia de las notificaciones que se impugnan, respecto las cuales se actualizó la causa de improcedencia a que se ha hecho referencia. Además, es pertinente indicar que aun considerando que los referidos actos (multas) se reclamaran por vicios propios, la presente sentencia concluiría de la misma forma, dado que por éstos también se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues dichos actos son impugnables a través del recurso de apelación previsto en el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, ya que se tratan de autos que causan daño irreparable en la sentencia, toda vez que el tema a dilucidar es la imposición de una multa por desacato judicial, la cual no podrá subsanarse en la sentencia que en su caso se dicte, ni en la resolución que culmine el procedimiento civil de trato. SÉPTIMO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se*** ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por*** contra los actos y las autoridades precisadas en el resultando primero, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y sexto de esta resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la tercero interesada

  2. Principal

    NO ATENDIO AL AVISO SE NOTIFICA POR LISTA LECTRÓNICA Y DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA QUE DICE Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 712/2023, promovido por*** contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, y otras autoridades, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos*** SEXTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este órgano de control constitucional advierte de oficio que respecto de a) las notificaciones de catorce y veintidós de junio de dos mil veintitrés, practicadas en el expediente*** se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa, previo a acudir a esta vía constitucional, no agotó el medio ordinario de defensa previsto en los artículos 55 y 90, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, con el que podía obtener la nulidad de las citadas notificaciones, por lo que no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Para demostrar dicha postura, es pertinente invocar el artículo 61, fracción XVIII, de la citada Ley de Amparo, que dispone*** En el precepto transcrito se encuentra inmerso el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual ordena que antes de promoverlo se deben agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra el acto que se estime ilegal y que tengan el efecto de revocarlo, modificarlo o nulificarlo, ya que de lo contrario, se actualizaría su improcedencia, pues a esta vía debe acudirse sólo cuando la actuación que se impugna no pueda remediarse ante las propias autoridades de instancia. Asimismo, la disposición normativa de mérito prevé las excepciones a dicho principio, esto es, los casos en que el gobernado no está obligado a agotar el recurso o medio ordinario de defensa respectivos, antes de acudir al juicio de amparo. Por su parte, los artículos 55 y 90, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, establecen*** Los artículos transcritos prevén la existencia del incidente de nulidad de notificación en la legislación civil local, que tiene por objeto determinar si la notificación cuestionada fue hecha o no con las formalidades de ley; de concluirse en este último sentido, la consecuencia es la nulidad de lo actuado desde la notificación realizada indebidamente. Ahora, no debe soslayarse que para efectos del juicio de amparo es recurso ordinario o medio de defensa, el que reúna esencialmente las siguientes características*** Tener por objeto que el promovente del mismo pueda obtener la revocación, modificación o nulidad de la resolución o actuación que lesiona sus intereses*** Debe estar establecido en la ley correspondiente*** Debe tener un procedimiento para su resolución. En ese entendido, el incidente de nulidad de notificación previsto en los artículos 55 y 90, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio de defensa, es decir, tiene por objeto que su promovente pueda obtener la nulidad de la notificación que se cuestione; está establecido en la ley correspondiente, en este caso, en el precitado código adjetivo; y, en cuanto al procedimiento para su resolución, su oportunidad y tramitación está prevista en los citados preceptos artículos 55 y 90. Por tanto, el planteamiento del referido incidente de nulidad de notificaciones constituye un auténtico medio de defensa y, en consecuencia, una actuación necesaria de las partes a fin de que el juez se pronuncie, específicamente, sobre la legalidad o no de la notificación de que se trate. Lo anterior es así, porque tanto los recursos como los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable procede el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo, pues si las partes dentro del procedimiento ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades del juzgador natural. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama: a) las notificaciones de catorce y veintidós de junio de dos mil veintitrés, que le fueron practicadas en el expediente de medios preparatorios a juicio número*** del índice administrativo del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad; sin embargo, en el sumario no existe constancia de que, previamente a acudir a este contencioso constitucional, haya agotado en su contra el incidente de nulidad de notificaciones respectivo, con el que podía obtener su revocación, esto es, no observó el principio de definitividad que establece la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en mención. En el entendido de que en el caso no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad que prevé el mencionado precepto, pues el acto reclamado no es de los que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa. Además, la procedencia del medio ordinario de defensa aludido, no está sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarlo, pues es claro y patente que se encuentran regulado en la ley ordinaria de la materia. Por otro lado, la impetrante no es tercero extraña, pues al haber tenido conocimiento de la existencia del procedimiento de donde derivan los actos reclamados, al promover el diverso juicio de amparo*** contra otras notificaciones practicadas en el sumario de origen, resulta innegable que tuvo conocimiento de una acción o pretensión instaurada en su contra, previamente a la promoción del presente juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, lo que impide analizar la constitucionalidad de los referidos actos reclamados. Sobreseimiento que se hace extensivo al diverso acto consistente en b) las multas de veinte Unidades de Medida y Actualización (UMA), impuestas a la impetrante en el quince y veintitrés de junio del referido año el sumario de origen, y su ejecución, dado que no se reclaman por vicios propios sino como consecuencia de las notificaciones que se impugnan, respecto las cuales se actualizó la causa de improcedencia a que se ha hecho referencia. Además, es pertinente indicar que aun considerando que los referidos actos (multas) se reclamaran por vicios propios, la presente sentencia concluiría de la misma forma, dado que por éstos también se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues dichos actos son impugnables a través del recurso de apelación previsto en el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, ya que se tratan de autos que causan daño irreparable en la sentencia, toda vez que el tema a dilucidar es la imposición de una multa por desacato judicial, la cual no podrá subsanarse en la sentencia que en su caso se dicte, ni en la resolución que culmine el procedimiento civil de trato. SÉPTIMO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se*** ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por*** contra los actos y las autoridades precisadas en el resultando primero, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y sexto de esta resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la tercero interesada

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales el informe justificado rendido conjuntamente por las autoridades responsables*** todos adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Córdoba, Veracruz, con anexo descrito en la cuenta; dese vista a las partes por el plazo de ocho días contado a partir de la legal notificación de este proveído, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Con las constancias descritas, fórmese por separado el cuaderno de pruebas en un tomo, debidamente identificado, respetando los sellos y folios originales, el cual deberá tenerse a la vista en el momento procesal oportuno; y una vez que quede firme la resolución que se emita en este juicio, devuélvase a su lugar de origen. Notifíquese.

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