Isabel Gutiérrez Vázquez

Expediente 56/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
56/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
10/04/2023

Partes del expediente

  • Isabel Gutiérrez Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Incidental

    Córdoba, Veracruz, a diez de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz, y en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 5150/2023 de nueve de marzo del año en curso, a través del cual, se hizo de su conocimiento el sobreseimiento fuera de audiencia emitido en esa fecha. En otro orden, vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de nueve de marzo de este año, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se determina que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues se negó la medida cautelar respecto del acto reclamado. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, a diez de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz, y en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 5150/2023 de nueve de marzo del año en curso, a través del cual, se hizo de su conocimiento el sobreseimiento fuera de audiencia emitido en esa fecha. En otro orden, vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de nueve de marzo de este año, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se determina que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues se negó la medida cautelar respecto del acto reclamado. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, a nueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Orizaba, mediante el cual remite la copia certificada del laudo dictado el veintiuno de febrero de este año, dentro del juicio laboral número **********, de su estadística, y las constancias de notificaciones de dicha determinación; al respecto, se provee: En el presente asunto, la parte quejosa señaló como acto reclamado: La omisión de la Junta Especial número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz de dictar laudo en el expediente laboral ********** de su índice. Atento a lo anterior y a las constancias remitidas por la Junta responsable, se advierte -de manera indudable- que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, (.)". De la exégesis del precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo se torna improcedente, por no poder incidir en la esfera jurídica de la peticionaria de amparo, cuando el acto reclamado ha dejado de producir sus efectos, ya sea por haber sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que al cesar la omisión de la autoridad que lo emitió, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica la desaparición total de sus efectos. En este sentido, la improcedencia de que se habla tiene su justificación en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, así como en el hecho de que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por lo que, tal y como se adelantó en líneas precedentes, se arriba a la conclusión de que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, pues el Presidente de la Junta responsable, remite copia certificada del laudo dictado el veintiuno de febrero de este año, dentro del juicio laboral número 169/2017, de su estadística; por tanto, con dicha actuación, cesó la omisión que se le atribuye, lo que repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Circunstancia que se acredita con la copia certificada de citado laudo y sus notificaciones a las partes, documental a la que se le otorga pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. En esas condiciones, con la emisión del indicado laudo, todos los efectos de la omisión reclamada han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, es decir, como si se hubiera otorgado el amparo. Por tanto, al haber cesado los efectos de la omisión reclamada, se actualiza la referida causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Además, cabe destacar que la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano que se trate, así como a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página número 38, Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al operar la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo y por ende, se deja sin efectos el día y hora que se tienen señalados para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia Número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, Tomo XVII, correspondiente al mes Marzo de dos mil tres, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la parte tercero interesada.

  4. Principal

    NO ATENDIO CITATORIO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA EL AUTO QUE DICE: Córdoba, Veracruz, a nueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Orizaba, mediante el cual remite la copia certificada del laudo dictado el veintiuno de febrero de este año, dentro del juicio laboral número **********, de su estadística, y las constancias de notificaciones de dicha determinación; al respecto, se provee: En el presente asunto, la parte quejosa señaló como acto reclamado: La omisión de la Junta Especial número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz de dictar laudo en el expediente laboral ********** de su índice. Atento a lo anterior y a las constancias remitidas por la Junta responsable, se advierte -de manera indudable- que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, (.)". De la exégesis del precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo se torna improcedente, por no poder incidir en la esfera jurídica de la peticionaria de amparo, cuando el acto reclamado ha dejado de producir sus efectos, ya sea por haber sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que al cesar la omisión de la autoridad que lo emitió, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica la desaparición total de sus efectos. En este sentido, la improcedencia de que se habla tiene su justificación en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, así como en el hecho de que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por lo que, tal y como se adelantó en líneas precedentes, se arriba a la conclusión de que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, pues el Presidente de la Junta responsable, remite copia certificada del laudo dictado el veintiuno de febrero de este año, dentro del juicio laboral número 169/2017, de su estadística; por tanto, con dicha actuación, cesó la omisión que se le atribuye, lo que repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Circunstancia que se acredita con la copia certificada de citado laudo y sus notificaciones a las partes, documental a la que se le otorga pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. En esas condiciones, con la emisión del indicado laudo, todos los efectos de la omisión reclamada han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, es decir, como si se hubiera otorgado el amparo. Por tanto, al haber cesado los efectos de la omisión reclamada, se actualiza la referida causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Además, cabe destacar que la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano que se trate, así como a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página número 38, Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al operar la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo y por ende, se deja sin efectos el día y hora que se tienen señalados para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia Número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, Tomo XVII, correspondiente al mes Marzo de dos mil tres, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE."

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