ISABEL EPIFANIA SÁNCHEZ o ISABEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

Expediente 174/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
174/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • ISABEL EPIFANIA SÁNCHEZ o ISABEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
  • ISABEL EPIFANIA SÁNCHEZ o ISABEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    MESA IV A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos los autos, se advierte que mediante proveído de veinte de abril de dos mil veintitrés, causó estado el diverso de veintitrés de marzo de esa misma anualidad, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio y se ordenó el archivo del expediente; sin embargo, se encuentra pendiente devolver las documentales que la autoridad responsable Magistrada Presidenta de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal Colegiada, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, adjuntó a su informe justificado, en tres tomos, incorporado en el referido auto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. En tales condiciones, mediante oficio, devuélvanse las referidas documentales en tres tomos de pruebas a dicha responsable, para los efectos legales consiguientes. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA I V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintitrés. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en los artículos 1, 14, 15 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecisiete de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, en vigor el veintiséis de marzo de la misma anualidad, archívese el presente asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este juzgado durante tres años, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del expediente y remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Anotaciones en la carátula y libro de gobierno Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Incidente de suspensión En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Notifíquese.

  3. Incidental

    MESA IV A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo ***, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino. Sentido de la medida cautelar En principio, se toma en consideración que en este cuaderno incidental se concedió la suspensión provisional, y se declaró sin materia la definitiva respecto de todos los actos reclamados. Base normativa En tales condiciones, con fundamento en los artículos 1, 12, 14, 20, fracción II, inciso a), 21, inciso c) y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en relación con las directrices plasmadas en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal mediante oficio SEPLE./ADM./004/2598/2020 de veintiséis de agosto de dos mil veinte, específicamente en sus puntos 7.5 y 2 y, el oficio CAP/DGAD/392/2021 de ocho de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual el Director General de Archivo y Documentación responde la consulta formulada por diverso órgano jurisdiccional tocante al tema de que se trata. Destrucción del expediente Por haberse declarado sin materia la suspensión definitiva de todos los actos reclamados, fenecido el plazo de tres años y dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Anotaciones en carátula y libro Para concluir, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA I V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Magistrada Presidenta de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal Colegiada, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Pruebas de la responsable Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la autoridad responsable de que se trata, la documental consistente en el original del toca penal 214/2017 de su registro y testimonio autorizado de la causa penal ** del registro del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ejutla de Crespo, Oaxaca, en dos tomos. Con las constancias adjuntas, y a efecto de facilitar su manejo, fórmense los cuadernos auxiliares I, II y III, respetándose folio, rúbrica y entresello; las cuales, dada su voluminosidad no se digitalizarán, por lo que en términos de los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula "la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo", podrán ser consultados físicamente por las partes en este Juzgado. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora, visto el estado de autos y del análisis del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclamó la orden de aprehensión librada en su contra en el expediente penal *** del registro del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ejutla de Crespo, Oaxaca, con motivo de lo resuelto en el toca pena 214/2017 del índice de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, y su ejecución. Las autoridades responsables ordenadoras, Jueza Comisionada del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ejutla de Crespo, Oaxaca, y la Magistrada Presidenta de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, al rendir su respectivo informe justificado, convinieron en la existencia de los actos reclamados indicando que el diecisiete de marzo de dos mil veinte, al resolver el toca penal **, los magistrados integrantes de dicha Sala, libraron orden de aprehensión en contra de la aquí quejosa ***, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo, cometido en perjuicio patrimonial de ***. Por su parte, el Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y el Servidor Público designado por acuerdo del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, al rendir su respectivo informe justificado, convinieron en la existencia de los actos en reclamo, e indicaron que en la causa penal ** se libró orden de aprehensión conforme a lo resuelto en el toca penal ** por los Magistrados integrantes de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en contra de ***, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo, cometido en perjuicio patrimonial de ***. Ahora bien, contra ese reclamo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, el cual establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]. La interpretación literal de la fracción de que se trata, sostiene que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, es decir, que la resolución reclamada se haya dictado en estricto apego y cumplimiento de la ejecutoria que resolvió diverso juicio de amparo, pues solo de esta manera podrá afirmarse que la cuestión debatida ya fue objeto de controversia y decisión de uno anterior y atendiendo al principio de cosa juzgada debe evitarse que una misma cuestión sea resuelta en dos o más sentencias de amparo. En el caso, como se advierte de la propia resolución de diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictada por los magistrados integrantes de la Sala responsable en el toca penal **, además de ser un hecho notorio para este órgano de control constitucional, tal determinación fue emitida en estricto cumplimiento a los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo pronunciada en el juicio de amparo ********************, del registro de este Juzgado, cuyo efecto concesorio fue el siguiente: ".En ese orden, lo procedente es conceder a ***, el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, contra la resolución de trece de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal ***, por la que se confirmó la diversa dictada el dos de agosto de dos mil diecisiete por la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ejutla de Crespo, Oaxaca, en la causa penal 8/2017, que negó librar orden de aprehensión en contra de *** como presuntos responsables en la comisión del delito de robo, cometido en perjuicio de ***. 6.3 Efectos del fallo protector: La Sala responsable deberá: 1. Dejar insubsistente la resolución impugnada, única y exclusivamente, en cuanto al delito de ROBO; 2. En su lugar emitir otra en la que obsequie la orden de aprehensión solicitada por el Representante Social, y tenga por acreditados los elementos del cuerpo del delito de ROBO, previsto por el ordinal 349, en relación con los diversos 8, fracción I, 9, fracción I, 10, fracción I, y sancionado por el numeral 355, todos del Código Penal para el Estado de Oaxaca vigente, así como la probable responsabilidad penal de ***, tomando en consideración lo estipulado en este fallo." En esas condiciones, esa determinación ya no puede ser materia de un nuevo juicio de amparo, pues atendiendo al principio de cosa juzgada no podría variarse lo determinado en la ejecutoria de amparo antes aludida, dado que ya se abordó la legalidad de la resolución mediante la cual la Sala responsable resolvió la diversa recurrida, dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ejutla de Crespo, Oaxaca. Es aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/14, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 39, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 74, Febrero de 1994 l, Octava Época, de rubro y texto: JUICIO DE AMPARO. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO QUE EN EL SE RECLAMA, FUE DICTADO EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA QUE CONCEDIO LA PROTECCION CONSTITUCIONAL. Acorde a lo establecido en el artículo 73 fracción II de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de nuestra Ley Fundamental, es improcedente el juicio constitucional que se promueve contra una resolución dictada en estricto apego y cumplimiento de la ejecutoria que resuelve el juicio de garantías, cuando sus considerandos se ajustan a los lineamientos de la sentencia que otorga la protección y amparo de la justicia de la unión, porque las cuestiones planteadas en el nuevo juicio ya fueron objeto de controversia y decisión de uno anterior y atendiendo al principio de cosa juzgada debe evitarse que una misma cuestión sea resuelta en dos o más sentencias de amparo. Así como la diversa X.1o. J/13, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, localizable en la página 610, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Agosto de 1999, Novena Época, registro: 193428, de rubro y texto: AMPARO IMPROCEDENTE. SI LA SENTENCIA COMBATIDA SE EMITIÓ EN CUMPLIMIENTO DE UN DIVERSO JUICIO DE AMPARO. Si la sentencia combatida se emitió en cumplimiento de una ejecutoria pronunciada en un diverso juicio de amparo, en donde pudo haberse incurrido en un defecto en el cumplimiento de dicha ejecutoria, no es posible plantear vía nuevo amparo directo, como se pretende; porque evidentemente se actualiza la causa de improcedencia contemplada en la fracción II, del artículo 73 de la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución General de la República. Además de lo anterior, en el caso, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del mismo ordenamiento legal, que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.). Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. La causa de improcedencia que alberga el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Sobre tal base, es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el término para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En el caso, la orden de aprehensión que nos ocupa fue librada el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en contra de la aquí quejosa; por tanto, es evidente que la impugnación de su constitucionalidad a través del juicio de amparo está sujeta al plazo genérico de quince días, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ahora, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe destacarse lo que dispone el artículo 18 de la Ley de Amparo: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Como es evidente, el precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se concluye que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido así el legislador hubiese señalado su orden de prelación. Ahora bien, de las constancias que obran en el juicio de amparo ******************** del índice de este propio Juzgado, lo cual resulta un hecho notorio, se advierte que por auto de catorce de agosto de dos mil veinte, se ordenó dar vista a las partes -entre las que se encuentra la ahora quejosa, en su carácter de tercera interesada-, con la resolución de diecisiete de marzo de dos mil veinte, en comento, de la cual fue notificada el veintidós de agosto siguiente. De lo que se desprende que la promovente del amparo tuvo conocimiento en ese asunto del mandamiento de captura de que se trata, por lo menos, desde el veintidós de agosto de dos mil veinte, fecha en que se le notificó el auto por el que se da vista con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin necesidad de realizar cómputo alguno, es evidente que transcurrió en exceso el plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la ley de la materia para promover el juicio de amparo. Es así, atento que al presentarse la demanda de amparo origen del presente juicio, el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, es claro que fue presentada cuando ya había fenecido el término legal de quince días con el que contaba la parte quejosa para promover el juicio de amparo en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor; y en esa virtud, tal conducta jurídicamente revela conformidad con la aludida orden de captura, por así estar dispuesto en el artículo 61 fracción XIV de la ley de la materia, lo que hace imposible encausar la inconformidad de la impetrante en este medio de control, si previamente consintió. En consecuencia, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 61, fracciones IX y XIV, y 17 del mismo ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución, por no haberse reclamado por vicios propios. Por consecuencia, queda sin efecto la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional. Notifíquese.

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