ISABEL DE JESÚS RUEDA DE LOS SANTOS y Otros.
Expediente 187/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 27 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 187/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 04/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- ISABEL DE JESÚS RUEDA DE LOS SANTOS y Otros.
- Isabel de Jesús Rueda de los Santos
- Secretaría del Bienestar del Gobierno de México, ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Declaración de ejecutoria Con motivo de que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, -que sobreseyó en el juicio respecto de todos los actos reclamados-, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria dicho fallo, para todos los efectos legales. Archivo del expediente Con fundamento en los artículos 1, 8, fracción I, 9, 12, 14, 20, fracción I, y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, -que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales-, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en vigor, al día siguiente, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del precitado Acuerdo. Destrucción del expediente Este expediente, resulta DESTRUIBLE porque se sobreseyó en este juicio de amparo, por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez transcurrido dicho plazo, contado a partir de la fecha en que se dictó este acuerdo, procédase a su destrucción. Incidente de suspensión En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Anotación en la carátula y libro En términos del artículo 34 del citado Acuerdo, indíquese en la carátula la referida valoración, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico. Notifíquese.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 187/2023, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por lo que se provee en los siguientes términos: Sentido de la medida cautelar En principio, se toma en consideración que en este cuaderno incidental se concedió la medida cautelar definitiva. Base normativa En tales condiciones, con fundamento en los artículos 1, 9, 12, 14, 17, fracción III, inciso b), y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, -que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales-, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en vigor, al día siguiente. Destino del incidente El presente expediente resulta CONSERVABLE, por haberse concedido la medida cautelar definitiva; por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, contado a partir de la fecha en que se dictó este acuerdo, previo trámite correspondiente, se transferirá al depósito documental designado para tal efecto, conforme a lo establecido en el artículo 26, del Acuerdo invocado. Anotaciones carátula y libro En términos del artículo 34 del citado Acuerdo, indíquese en la carátula la referida valoración, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico. Notifíquese.
- Principal
R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo por lo expuesto en los considerandos tercero, apartado 3.1 y cuarto. Notifíquese.
- Principal
MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar, por el que en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintinueve de mayo pasado, informa esencialmente, que el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, no cuenta con un sistema en el que se pueda verificar si ya fueron efectuados los pagos de dicho programa; sin embargo, fue informada por oficinas centrales que ya se efectúo el pago a la parte aquí quejosa, correspondiente a los bimestres marzo-abril y mayo-junio. Además, indica que a fin de corroborar dicha información, personal de dicha Delegación, contactó a la quejosa ****, vía telefónica, quien manifestó que acudió al Banco Bienestar y que la tarjeta Bienestar que le fue entregada ya contaba con los depósitos por la cantidad de $5,900.00 (cinco mil novecientos pesos 00/100 M.N.), remitiendo para justificar lo anterior, copia simple de un comprobante bancario de uno de junio del año en curso. Prueba En otro orden, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la responsable oficiante, la documental que anexa a su oficio de cuenta, consistente en copia simple de un comprobante bancario de uno de junio del año en curso; misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional; en términos del artículo 117 de la ley de la materia, dese vista a las partes con la citada documental. Información reservada Por otra parte, toda vez que la citada autoridad indica que la información que remite se encuentra clasificada como reservada y confidencial, de conformidad con lo establecido en los artículos 110, fracción V y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los diversos 113, fracción V, y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En consecuencia, a fin de evitar que dicha información se use de manera incorrecta, la misma no podrá ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Es aplicable al caso por identidad jurídica, la Jurisprudencia por contradicción de tesis, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número P./J. 26/2015 (10a.), visible en la página 28, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo. Requerimiento parte quejosa Ahora, toda vez que la responsable oficiante indica que fue informada por oficinas centrales que ya se efectúo el pago a la parte aquí quejosa, correspondiente a los bimestres marzo-abril y mayo-junio, respecto de la incorporación de su menor hija de iniciales C. P. C. R., al Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, y que al comunicarse con ella le informó que al acudir al Banco Bienestar, la tarjeta que le fue entregada ya contaba con los depósitos por la cantidad de ***00 (cinco mil novecientos pesos 00/100 M.N.), con motivo del citado programa; sin embargo, la parte quejosa a la fecha no ha informado si con motivo de dicha circunstancia cesaron los efectos del acto que reclamó consistente en la omisión de hacerle entrega del apoyo económico correspondiente al citado programa. En consecuencia, a fin de dictar una resolución apegada a derecho, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la ley de la materia, requiérase a la quejosa ****, para que dentro del plazo de tres días, informe bajo protesta de decir verdad, si a la fecha, ya se le hizo entrega del apoyo económico que le corresponde con motivo de su incorporación al programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2023, a partir del bimestre marzo-abril, bajo el ID Padrón 2133575; además, si ya cesaron la totalidad de los actos que reclamó en su escrito de demanda de amparo; en el entendido que de no cumplir con lo anterior, se le hará efectiva la multa con que se le apercibió en el auto admisorio de demanda, de veinticuatro de febrero del actual; ello, ya que en dicho proveído se previno a todas las partes para que comuniquen cuando cesen los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 163/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto. [Novena Época, registro: 176291, Primero Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2006, Tomo XXIII, Materia(s): Común, página: 319]. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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