Isabel Chabolla Hernández
Expediente 188/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 20 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 188/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 28/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Isabel Chabolla Hernández
- Juez Vigésimo Noveno de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se negó el amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, tomando en consideración que la responsable remitió diversos legajos de constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, ..., se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA ... en el juicio de amparo 188/2021; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
V I S T O S para resolver el juicio de amparo 188/2021, promovido por ..., por su propio derecho y como heredera de ..., contra actos del Juez Vigésimo Noveno Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda. El seis de abril de dos mil veintiuno, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, consistentes en: "ACTOS RECLAMADOS: De los C.C. Jueces VIGÉSIMO SEXTO Y VIGÉSIMO NOVENO AMBOS DE LA FAMILIAR (SIC), del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se reclama: 1.- TODO LO ACTUADO a partir del auto admisorio de la demandas, radicadas en los juzgados descritos bajo los números de expedientes 1286/2016 dentro del Juicio SUCESORIO TESTAMENTARIO a BIENES de ..., y el número 1014/2015 relativo al Juicio TESTAMENTARIO a BIENES de ..., RESPECTIVAMENTE, por haber omitido notificarme la radicación de los JUICIOS DE REFERENCIA." Segundo. Admisión. Previa escisión por diverso homólogo federal y desahogo de prevención formulada por el suscrito, se admitió la demanda el siete de mayo de dos mil veintiuno, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, requirió informe justificado y se ordenó emplazar a la parte tercera interesada. Tercero. Trámite. La representante social adscrita no formuló intervención, se tuvo por rendido el informe de ley relativo a la demanda y su ampliación (por conceptos de violación), la parte tercera interesada fue emplazada y la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este órgano jurisdiccional es legalmente competente para resolver amparo, conforme a los artículos 103, párrafo primero, fracción I, 107, párrafo primero, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 58, párrafo primero, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, pues se reclaman actos emitidos por autoridad judicial del orden civil, con residencia dentro del ámbito de competencia donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Acorde al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa el acto reclamado en los siguientes términos: La quejosa se ostenta tercera extraña auténtica al juicio sucesorio testamentario 1014/2015 del índice del Juez Vigésimo Noveno Familiar de la Ciudad de México y reclama todo lo actuado, particularmente la falta de llamamiento al procedimiento de origen y la desposesión del inmueble ubicado en ... Tercero. Existencia de los actos reclamados. El juzgador responsable negó lo reclamado, empero del mismo informe se advierten las diversas manifestaciones tendentes a sostener la legalidad de sus actuaciones. Por lo tanto, se desvirtúa la negativa referida, y en su lugar se tiene por cierto el acto atribuido, y se corrobora con las copias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV- Julio de 1994, página 391, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones precedieron los actos reclamados. I. El tres de junio de dos mil quince, se radicó en el Juzgado Vigésimo Noveno Familiar de la Cuidad de México, la denuncia del juicio testamentario de... II. El trece de agosto siguiente, el juzgador de instancia dictó el siguiente acuerdo: "(.) A sus autos el oficio que remite el C: Director del Archivo General de Notarias, en el que informa que la de cujus no otorgó testamento público simplificado y testamento ológrafo, pero sí se otorgó testamento público abierto, con conocimiento de los interesados para los efectos legales. (.)" III. El once de octubre de dos mil diecisiete, se nombró como albacea de la sucesión a Edith Campos Chabolla, quien aceptó y protestó el cargo en esa diligencia. IV. El doce de octubre de dos mil dieciocho, se ordenó formar la sección segunda (inventarios y avalúos), con el testimonio notarial y avalúo exhibido por la albacea de la sucesión de ..., correspondiente el inmueble ubicado en ... V. El diecinueve de febrero de dos mil veinte, se dictó la sentencia sobre la declaratoria de validez de testamento de la sucesión causante, en cuyos puntos resolutivos se lee: "R E S U E L V E PRIMERO.- Se declara valido el testamento público abierto otorgado por ..., el día seis de febrero de mil novecientos sesenta y siete, ante la fe el Licenciado ...: ..., Notario Público número 79 (setenta y nueve) del entonces Distrito Federal, que se hizo constar dentro de la escritura pública número 12,489 (doce mil cuatrocientos ochenta y nueve). SEGUNDO.- Se reconoce al carácter de únicos y universales herederos a ...(quien también utiliza el nombre de ... y/o ... (hoy su sucesión),... (quien utiliza también el nombre de ... y/o ...) (hoy su sucesión), así como ..., en la forma y términos a que se refiere la cláusula tercera del testamento público abierto que nos ocupa. TERCERO.- Se nombra como albacea de esta sucesión a ...(quien es, a su vez albacea de la sucesión de ... y/o ...) (hoy su sucesión), quien habiendo aceptad y protestado el cargo conferido, se le discierne el ismo con el cúmulo de derechos y obligaciones inherentes a lo de su clase. (.)" La secuela procesal integra la materia de los actos reclamados. Quinto. Conceptos de violación donde la parte quejosa sostiene: La quejosa resiente una violación a sus derechos constitucionales tutelados en los artículos 1° y 14 de la Constitución Federal, en relación a los ordinales 111, 114, 116, 117, 118 y 119 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, porque no se notificó personalmente la denuncia del juicio sucesorio de origen, y esa omisión tuvo como consecuencia la privación de los derechos de propiedad. El testamento de la causante es nulo porque únicamente menciona a tres de los cuatro hijos que tuvo la causante, y aunque los primeros estuvieron presentes en la firma, omitieron declarar la falta del diverso hermano, lo que implica que participaron de declaraciones falsas, hecho que nulifica su capacidad de heredar. Los conceptos de violación son infundados, los cuales serán analizados como fueron agrupados por corresponder temas afines, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, garantiza el derecho fundamental relativo a que los gobernados gocen del acceso efectivo a la impartición de justicia que desarrollan los tribunales. El acceso efectivo a la jurisdicción se ha concebido como un derecho predominantemente formal, que en principio no afecta el fondo del asunto, sino que su contenido únicamente implica que quien se considere titular de un derecho que estima violado o menoscabado, o bien, que tal derecho no se le ha querido reconocer en forma extrajudicial, esté en aptitud de acudir a los tribunales previamente establecidos por el Estado, a fin de que el litigio respectivo sea sometido a la potestad jurisdiccional de los juzgadores competentes y éstos emitan la decisión correspondiente. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J.42/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos". Conforme a los elementos planteados, el problema jurídico a resolver consiste en determinar si la quejosa debió ser llamada y/o integrada a la tramitación de la sucesión, o bien, como sucedió, su vinculación a la causa era innecesaria para integrar el expediente de la sucesión. No asiste razón a la inconforme porque carece de legitimidad para demandar el reconocimiento de derechos sucesorios, tanto por propio derecho como heredera de ..., porque el lazo familiar y vínculo jurídico que la une con la causante ..., no es condición suficiente para demostrar la exigibilidad de derechos comprendidos en la masa de bienes, aunque tenga reconocida la calidad de familiar de la autora del testamento, ni de un diverso descendiente de ésta. La legitimación en el proceso es un presupuesto del procedimiento que se refiere a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o acreditar la representación a nombre de otro; como un presupuesto procesal puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si el actor carece de capacidad para comparecer por sí o no justifica ser el representante legal de por quien afirma actuar, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede comparecer en representación de otro. Por su parte, la legitimación en la causa, no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener sentencia favorable. Consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde; de esta forma, la legitimación en la causa atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por tanto, lógicamente, sólo puede analizarse en el momento en que se pronuncie la sentencia definitiva. Ahora bien, el testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1295 del Código Civil de esta ciudad. Por su parte, los ordinales 790 a 798 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México regulan el juicio testamentario que tiene como origen el testamento del difunto, acorde a los cuales el juzgador tiene la obligación de darle trámite al juicio y convocar a los interesados, que son los herederos designados en el testamento para que, si hubiere albacea, se los dé a conocer o procedan a elegirlo. Si el testamento no es impugnado ni se objeta la capacidad de los interesados, se les debe reconocer la calidad de herederos a los que están nombrados, en las porciones que les corresponden. La impugnación de la capacidad del autor testamentario o la existencia del testamento tiene que versar sobre la voluntad del testador en cuanto a su capacidad o firma, o alteración del testamento en su continente o contenido. Solamente el heredero testamentario es el que podría tener legitimación en la causa para demandar la nulidad del trámite, si se le desconoció esa calidad, cuando se sustente en la autenticidad o existencia del testamento, dada la naturaleza del testamento, que se constituye por la sola voluntad del testador, emitida solemnemente y conforme a los requisitos legales, en términos del artículo 1295 del Código Civil local. En el caso, las documentales allegadas relativas al proceso sucesorio acreditan que la quejosa no fue contemplada en el testamento púbico abierto de la de cujus como heredera, legataria o albacea, ni por propio derecho ni respecto de quien se ostenta heredera, circunstancia que resulta de plano relevante como punto de partida porque los derechos que la impetrante ... se quiere constituir, son por propio derecho por vínculo familiar con la causante, y como heredera de ..., quien a su vez es hijo de la de cujus, como se advierte de la pieza de autos donde se denunció la sucesión. Empero, la autora de la sucesión señaló como únicos herederos a ...(quien también utiliza el nombre de ... y/o ... (hoy su sucesión), ...(quien utiliza también el nombre de ... y/o ... ) (hoy su sucesión), y ..., designación que se complementó con diversas reglas en caso de el fallecimiento, falta, impedimento o renuncia a alguno de los nombrados. Sin que de ninguna manera se nombrara como heredera a la quejosa ni a ... . En este sentido, la voluntad del testador no incluye a la ahora impetrante ni a ..., en ese sentido carece de legitimación en la causa para obtener sentencia favorable, bien por propio derecho o como albacea de este último, porque no se demostró la condición necesaria para acceder a tal derecho que es la designación como heredero en ambos supuestos. De esta manera, no se consideran conculcadas las garantías constitucionales de la parte impetrante al dejársele de integrar a la causa, mediante notificación personal; de ahí que es irrelevante si se acredita o no su pretensión en el sentido de demostrar el lazo familiar sobre el cual se busca constituir el derecho de acceder a los bienes de la sucesión. Aunado a que el aspecto relativo a lazo familiar tampoco conferiría legitimación a la causa a la parte quejosa, para demandar la nulidad de la sucesión como sugiere en los conceptos de violación porque para ello, debió acreditar ser parte de los herederos señalados por ..., en su testamento, o bien, impugnar la formalidad del mismo o los requisitos que debe reunir o la capacidad del testador, lo que en la especie no ocurrió. Esto es, para demandar la nulidad de la instrucción de la sucesión seguida por el juzgador responsable, la impetrante debía demostrar tener reconocido la cualidad de heredera, que la persona de la cual dice también ser heredera, tuviera acreditada esa designación en el último testamento de la sucesión de que se trata, o bien, que su causa de pedir hubiera sido la falta de formalidad del testamento o los requisitos que debe reunir o la capacidad del testador. En ese sentido son infundados los conceptos de violación. Apoya lo expuesto, la tesis aislada I.12o.C.139 C (10a.), del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de registro digital: 2019793, que dice: "NULIDAD DEL TRÁMITE TESTAMENTARIO. SÓLO LOS HEREDEROS TIENEN LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA PARA DEMANDARLA, SI SE LES DESCONOCIÓ ESA CALIDAD, CUANDO SE SUSTENTE EN LA AUTENTICIDAD O EXISTENCIA DEL TESTAMENTO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). La legitimación en el proceso es un presupuesto del procedimiento que se refiere a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o que acredite la representación a nombre de otro y ésta puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si el actor carece de capacidad para comparecer por sí o no justifica ser el representante legal del demandante, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede comparecer en representación de otro. En cambio, la legitimación en la causa, no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener sentencia favorable y consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el actor está legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. De esta forma, la legitimación en la causa atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por tanto, lógicamente, sólo puede analizarse en el momento en que se pronuncie la sentencia definitiva. Ahora bien, el testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos, y declara o cumple deberes para después de su muerte, de conformidad con el artículo 1295 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. Por su parte, los artículos 790 a 798 del Código de Procedimientos Civiles para la misma entidad, regulan el juicio testamentario que tiene como origen el testamento del difunto; y establecen que el Juez tiene la obligación de darle trámite al juicio y convocar a los interesados, que son los herederos designados en el testamento para que, si hubiere albacea, se los dé a conocer o procedan a elegirlo; si el testamento no es impugnado ni se objeta la capacidad de los interesados, debe reconocérseles la calidad de herederos a los que están nombrados, en las porciones que les corresponden; la impugnación de la capacidad del autor testamentario o la existencia del testamento tiene que versar sobre la voluntad del testador en cuanto a su capacidad o firma, o alteración del testamento en su continente o contenido; de ahí que solamente el heredero testamentario es quien puede tener legitimación en la causa para demandar la nulidad del trámite, si se le desconoció esa calidad, cuando se sustente en la autenticidad o existencia del testamento, dada su naturaleza, que se constituye por la sola voluntad del testador, emitida solemnemente y conforme a los requisitos legales, en términos del artículo 1295 citado." En las relatadas circunstancias, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Finalmente, los alegatos formulados no se analizan porque no forman parte de la litis constitucional en el amparo indirecto, conforme a la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., por su propio derecho y como heredera de ..., contra actos del Juez Vigésimo Noveno Familiar de la Ciudad de México, indicados en el segundo considerando, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como en derecho corresponda. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
Agréguese el escrito de la tercera interesada, atento a su contenido se tienen por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, con las que se ordena hacer relación en la audiencia correspondiente. NOTIFÍQUESE.
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