Isaac Yedid Haron

Expediente 1271/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1271/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
17/01/2023

Partes del expediente

  • Isaac Yedid Haron

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación precedente de la cual se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, donde se sobreseyó el presente juicio, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el citado auto ha quedado firme. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que este cuaderno es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia. Por otro lado, tomando en consideración que la Sala responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de ..., atento a su contenido se provee: Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonada al presente juicio de garantías y reconocida su personalidad de parte tercera interesada. De igual manera, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y por designadas a las personas que menciona para los mismos efectos. Respecto de quienes autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dígase que sólo gozarán de las facultades amplias que prevé si tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; ya que de no ser así únicamente estarán por autorizadas para oír y recibir notificaciones. Como lo solicita, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la autorización electrónica correspondiente, con el nombre de usuario proporcionado, para consultar el expediente a través de la vía electrónica. Ahora bien, de las manifestaciones de la tercera interesada, así como de las constancias que anexa a su ocurso se advierte que sobreviene la improcedencia, prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, que alude al cambio de situación jurídica. Ello se actualiza cuando concurren los siguientes supuestos: a) En el procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio exista una resolución que cambia la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. b) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. El cambio de situación jurídica como casual de improcedencia en el juicio de amparo, tiene como objetivo evitar trastocar situaciones jurídicas concretas independientes al reclamo sujeto al juicio constitucional; es decir, busca evitar el estudio de violaciones consumadas, y que no pueden ser reparadas a través del juicio constitucional biinstancial -cuyo objetivo es vigilar que se respeten los derechos humanos de la parte quejosa- por lo que en caso de trasgresión, el efecto restitutorio del amparo es siempre el restablecer a favor del quejoso los derechos constitucionales violados; situación que no acontecería si el acto reclamado se consumó irreparablemente. Es decir, no se podría conceder el amparo, pues ello podría trastocar una situación jurídica distinta y que subsiste por sí misma, constituida por un acto que existe, contiene su propia sustancia formal, y podría ser constitucional o no; sin embargo, ello dependería del estudio individual del mismo, y no propiamente como consecuencia del acto posterior. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. Tratándose de esta causal de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, pues permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional; pues en caso de ser protectora, invalidaría un acto de autoridad no sujeto a la prospección del Juez constitucional. Al respecto, se cita la tesis 2a. CXI/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Esta es la razón que justifica la existencia de la causal que se actualiza, por lo que resulta indispensable destacar 1) cual es el reclamo; 2) la pretensión de la parte quejosa por medio del juicio constitucional; y, 3) qué actuación judicial generó el cambio de situación jurídica. 1. El reclamo lo constituye la sentencia de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dictada por la Primera Sala Civil de la Ciudad de México, en el toca 395/2020/04, que confirmó el auto de uno de agosto del mismo año, en el que se negó la devolución de la fianza que solicitó la parte actora -aquí quejosa- por no ser el momento procesal oportuno. 2 . El quejoso pretende que se analice la constitucionalidad de la decisión de la Ad quem, para confirmar la decisión asumida por el juez de origen en el sentido de que no se acordó favorable la devolución de la fianza a su favor. 3. La actuación judicial que genera el cambio de situación jurídica, es el auto de veintinueve de noviembre de este año, por medio del cual el Juez Vigésimo Primero de lo Civil de Proceso Escrito, proveyó: "[.] al haber causado ejecutoria la sentencia definitiva, en proveído de uno de septiembre del año dos mil veintidós se levantó la medida precautoria o cautelar, dejándose sin efectos la retención de bienes, por lo que, ante el cambio de situación jurídica es evidente que no resulta procedente determinar que la demandada no dio cumplimiento a lo ordenado respecto de las medidas cautelares, máxime que, en la Sentencia emitida por la Primera Sala Civil en el Toca ..., en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, fueron modificadas las medidas cautelares, ordenándose únicamente la retención de bienes, consecuentemente se debe cancelar también la fianza presentada por la actora, para garantizar los posibles y daños y perjuicios ocasionados a la demandad, por lo que, devuélvase a la actora la fianza para que gestione su cancelación ante la institución afianzadora, ya que corresponde a las partes asumir la carga de sus pretensiones como lo dispone el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad. [.]." [Lo resaltado es propio]. De lo anterior, se advierte que el juez responsable ordenó la cancelación y devolución de la fianza presentada por el actor -aquí quejoso-. No es obstáculo llegar a la conclusión anterior, el hecho de que al ocurso que se recibe se anexará únicamente copia del auto de veintinueve de noviembre del año en curso, pues el mismo tiene un código QR cuyo escaneo dirige al sitio http://midepj.poderjudicialcdmx.gob.mx:810/?NumeroDocumento=20222-11299-11508- 57018, que corresponde al Módulo de Identificación de Documentos Electrónicos del Poder Judicial de la Ciudad de México; portal donde se corroboró que corresponde a un acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, emitido por un órgano del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y por ende tiene valor probatorio suficiente para demostrar que el acto reclamado quedó sin efectos. Sirve de apoyo a lo antes citado, la tesis I.3o.C.35 K (10a.), con número de registro 2004949, del rubro literal siguiente: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL". Por tanto, al tratarse de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que vulnera el espíritu del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y los términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERADE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Lo anterior es así, pues las causas de sobreseimiento y de improcedencia en el juicio constitucional son de orden público y de estudio preferente, tal y como lo establece el último párrafo del numeral 61 de la ley de la materia. En esas condiciones, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, queda sin efectos la fecha señalada para la celebración de audiencia constitucional, así como los requerimientos y apercibimientos decretados en autos. Hágase del conocimiento a las autoridades responsables de lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA.

  3. Principal

    (CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EL 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA CON EL PROVEÍDO DE 16 DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SÍNTESIS DICE: "Agréguese a los autos el escrito de ..., atento a su contenido se provee: Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonada al presente juicio de garantías y reconocida su personalidad de parte tercera interesada. De igual manera, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y por designadas a las personas que menciona para los mismos efectos. Respecto de quienes autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dígase que sólo gozarán de las facultades amplias que prevé si tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; ya que de no ser así únicamente estarán por autorizadas para oír y recibir notificaciones. Como lo solicita, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la autorización electrónica correspondiente, con el nombre de usuario proporcionado, para consultar el expediente a través de la vía electrónica. Ahora bien, de las manifestaciones de la tercera interesada, así como de las constancias que anexa a su ocurso se advierte que sobreviene la improcedencia, prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, que alude al cambio de situación jurídica. Ello se actualiza cuando concurren los siguientes supuestos: a) En el procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio exista una resolución que cambia la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. b) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. El cambio de situación jurídica como casual de improcedencia en el juicio de amparo, tiene como objetivo evitar trastocar situaciones jurídicas concretas independientes al reclamo sujeto al juicio constitucional; es decir, busca evitar el estudio de violaciones consumadas, y que no pueden ser reparadas a través del juicio constitucional biinstancial -cuyo objetivo es vigilar que se respeten los derechos humanos de la parte quejosa- por lo que en caso de trasgresión, el efecto restitutorio del amparo es siempre el restablecer a favor del quejoso los derechos constitucionales violados; situación que no acontecería si el acto reclamado se consumó irreparablemente. Es decir, no se podría conceder el amparo, pues ello podría trastocar una situación jurídica distinta y que subsiste por sí misma, constituida por un acto que existe, contiene su propia sustancia formal, y podría ser constitucional o no; sin embargo, ello dependería del estudio individual del mismo, y no propiamente como consecuencia del acto posterior. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. Tratándose de esta causal de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, pues permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional; pues en caso de ser protectora, invalidaría un acto de autoridad no sujeto a la prospección del Juez constitucional. Al respecto, se cita la tesis 2a. CXI/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Esta es la razón que justifica la existencia de la causal que se actualiza, por lo que resulta indispensable destacar 1) cual es el reclamo; 2) la pretensión de la parte quejosa por medio del juicio constitucional; y, 3) qué actuación judicial generó el cambio de situación jurídica. 1. El reclamo lo constituye la sentencia de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dictada por la Primera Sala Civil de la Ciudad de México, en el toca 395/2020/04, que confirmó el auto de uno de agosto del mismo año, en el que se negó la devolución de la fianza que solicitó la parte actora -aquí quejosa- por no ser el momento procesal oportuno. 2 . El quejoso pretende que se analice la constitucionalidad de la decisión de la Ad quem, para confirmar la decisión asumida por el juez de origen en el sentido de que no se acordó favorable la devolución de la fianza a su favor. 3. La actuación judicial que genera el cambio de situación jurídica, es el auto de veintinueve de noviembre de este año, por medio del cual el Juez Vigésimo Primero de lo Civil de Proceso Escrito, proveyó: "[.] al haber causado ejecutoria la sentencia definitiva, en proveído de uno de septiembre del año dos mil veintidós se levantó la medida precautoria o cautelar, dejándose sin efectos la retención de bienes, por lo que, ante el cambio de situación jurídica es evidente que no resulta procedente determinar que la demandada no dio cumplimiento a lo ordenado respecto de las medidas cautelares, máxime que, en la Sentencia emitida por la Primera Sala Civil en el Toca ..., en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, fueron modificadas las medidas cautelares, ordenándose únicamente la retención de bienes, consecuentemente se debe cancelar también la fianza presentada por la actora, para garantizar los posibles y daños y perjuicios ocasionados a la demandad, por lo que, devuélvase a la actora la fianza para que gestione su cancelación ante la institución afianzadora, ya que corresponde a las partes asumir la carga de sus pretensiones como lo dispone el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad. [.]." [Lo resaltado es propio]. De lo anterior, se advierte que el juez responsable ordenó la cancelación y devolución de la fianza presentada por el actor -aquí quejoso-. No es obstáculo llegar a la conclusión anterior, el hecho de que al ocurso que se recibe se anexará únicamente copia del auto de veintinueve de noviembre del año en curso, pues el mismo tiene un código QR cuyo escaneo dirige al sitio http://midepj.poderjudicialcdmx.gob.mx:810/?NumeroDocumento=20222-11299-11508- 57018, que corresponde al Módulo de Identificación de Documentos Electrónicos del Poder Judicial de la Ciudad de México; portal donde se corroboró que corresponde a un acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, emitido por un órgano del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y por ende tiene valor probatorio suficiente para demostrar que el acto reclamado quedó sin efectos. Sirve de apoyo a lo antes citado, la tesis I.3o.C.35 K (10a.), con número de registro 2004949, del rubro literal siguiente: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL". Por tanto, al tratarse de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que vulnera el espíritu del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y los términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERADE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Lo anterior es así, pues las causas de sobreseimiento y de improcedencia en el juicio constitucional son de orden público y de estudio preferente, tal y como lo establece el último párrafo del numeral 61 de la ley de la materia. En esas condiciones, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, queda sin efectos la fecha señalada para la celebración de audiencia constitucional, así como los requerimientos y apercibimientos decretados en autos. Hágase del conocimiento a las autoridades responsables de lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. "

  4. Principal

    Se tiene por hecha la certificación secretarial de cuenta; visto el informe con justificación de la Primera Sala Civil de la Ciudad de México, el suscrito acuerda: Téngase por rendido y dese vista a las partes con su contenido en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; una vez transcurrido el término que otorga dicho numeral sin que las partes realicen pronunciamiento sobre las constancias anexas, se entenderá su conformidad con éstas y se dictará la sentencia que corresponda en su oportunidad. Acorde al estado procesal de autos y conforme a la certificación de cuenta, fórmese el cuaderno auxiliar I, e infórmese a las partes que su consulta podrá realizarse físicamente en este órgano jurisdiccional; lo anterior con fundamento en el artículo 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. NOTIFÍQUESE.

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