Isaac Torres Trejo

Expediente 424/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
424/2018
Año
2018
Actuaciones
21
Última actuación
19/10/2018

Partes del expediente

  • Isaac Torres Trejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    con esta fecha se notifica por lista al quejoso... del acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho...Como de la certificación que antecede y del estado procesal que guardan los autos, se advierte que el término de quince días con que contaba la parte quejosa, para que se inconformara en contra el auto de veintiuno de septiembre del presente año, que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo ha fenecido, sin que a la fecha lo haya hecho; por tanto, tal determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno. Por otra parte, como del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, así como el original de los cuadernos incidentales son susceptibles de DEPURACIÓN, dado que se concedió el amparo y la protección de la justicia federal y se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa, mientras que el duplicado de los cuadernos incidentales es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce. Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Finalmente, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, se presente en este juzgado a recoger los documentos originales que exhibió en su escrito de demanda y que obran agregados en autos. Apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán seguir la suerte del juicio en que se actúa...

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Como de la certificación que antecede y del estado procesal que guardan los autos, se advierte que el término de quince días con que contaba la parte quejosa, para que se inconformara en contra el auto de veintiuno de septiembre del presente año, que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo ha fenecido, sin que a la fecha lo haya hecho; por tanto, tal determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno. Por otra parte, como del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, así como el original de los cuadernos incidentales son susceptibles de DEPURACIÓN, dado que se concedió el amparo y la protección de la justicia federal y se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa, mientras que el duplicado de los cuadernos incidentales es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce. Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Finalmente, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, se presente en este juzgado a recoger los documentos originales que exhibió en su escrito de demanda y que obran agregados en autos. Apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán seguir la suerte del juicio en que se actúa.

  3. Principal

    Como del estado que guardan los presentes autos se advierte que ha transcurrido el término de tres días otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en autos; en consecuencia, este Juzgado procede a realizar el examen de las constancias del juicio, a fin de resolver lo conducente. Tiene aplicación la Jurisprudencia número 26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el tomo XI, Marzo del año 2000, tesis 26/2000, visible en la página 243, que literalmente dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." De autos se advierte que mediante sentencia de ocho de agosto pasado, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a - respecto al acto reclamado al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial; determinación que causó ejecutoria el veintiocho posterior, en donde se precisaron los siguientes efectos: a) La autoridad responsable deberá dejar insubsistente el embargo decretado en el juicio ejecutivo mercantil 131/2016 de su índice, así como todas las consecuencias legales que deriven del mismo, respecto de los bienes materia de éste. b) Ordenar la cancelación de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. En acatamiento a lo anterior, la autoridad responsable por oficio sin número hizo llegar las constancias que acreditan que dejó sin efectos el embargo practicado en el juicio ejecutivo mercantil 131/2016 de su índice, así como todas las consecuencias legales derivadas del mismo, respecto de los bienes materia de éste y ordenó la cancelación de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, de cualquier gravamen relacionado con dicho embargo, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo emitida en autos. Con lo anterior se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, para que manifestara lo que a su parte considerara conveniente, respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de mérito, apercibida que en caso de no hacer manifestación alguna, de oficio este tribunal se pronunciaría al respecto con base en las constancias existentes en el expediente y los datos aportados por la autoridad, sin que haya hecho uso de ese derecho. Por tanto, se advierte que la ejecutoria de que se trata ha quedado cumplida, habiéndose restituido así al agraviado en el pleno goce de las garantías violadas, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; motivo por el cual debe de concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector ha quedado cumplido en lo esencial, sin perjuicio de los recursos que en su caso, pudiera hacer valer la parte quejosa en contra del cumplimiento de mérito. Por las razones expuestas en el cuerpo del presente proveído, quien resuelve considera que la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, al dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo no incurrió en defecto o exceso en su cumplimiento, conforme a lo establecido en el numeral 196 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia número CXIV/97, sustentada por la Segunda Sala, Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, al Semanario Judicial de la Federación, página 414, del rubro y texto: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento, que en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate, y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como las autoridades responsables, ante los razonamiento de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución".

  4. Principal

    con esta fecha se notifica al quejoso... del acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho...Como del estado que guardan los presentes autos se advierte que ha transcurrido el término de tres días otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en autos; en consecuencia, este Juzgado procede a realizar el examen de las constancias del juicio, a fin de resolver lo conducente. Tiene aplicación la Jurisprudencia número 26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el tomo XI, Marzo del año 2000, tesis 26/2000, visible en la página 243, que literalmente dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." De autos se advierte que mediante sentencia de ocho de agosto pasado, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a - respecto al acto reclamado al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial; determinación que causó ejecutoria el veintiocho posterior, en donde se precisaron los siguientes efectos: a) La autoridad responsable deberá dejar insubsistente el embargo decretado en el juicio ejecutivo mercantil 131/2016 de su índice, así como todas las consecuencias legales que deriven del mismo, respecto de los bienes materia de éste. b) Ordenar la cancelación de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. En acatamiento a lo anterior, la autoridad responsable por oficio sin número hizo llegar las constancias que acreditan que dejó sin efectos el embargo practicado en el juicio ejecutivo mercantil 131/2016 de su índice, así como todas las consecuencias legales derivadas del mismo, respecto de los bienes materia de éste y ordenó la cancelación de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, de cualquier gravamen relacionado con dicho embargo, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo emitida en autos. Con lo anterior se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, para que manifestara lo que a su parte considerara conveniente, respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de mérito, apercibida que en caso de no hacer manifestación alguna, de oficio este tribunal se pronunciaría al respecto con base en las constancias existentes en el expediente y los datos aportados por la autoridad, sin que haya hecho uso de ese derecho. Por tanto, se advierte que la ejecutoria de que se trata ha quedado cumplida, habiéndose restituido así al agraviado en el pleno goce de las garantías violadas, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; motivo por el cual debe de concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector ha quedado cumplido en lo esencial, sin perjuicio de los recursos que en su caso, pudiera hacer valer la parte quejosa en contra del cumplimiento de mérito. Por las razones expuestas en el cuerpo del presente proveído, quien resuelve considera que la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, al dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo no incurrió en defecto o exceso en su cumplimiento, conforme a lo establecido en el numeral 196 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia número CXIV/97, sustentada por la Segunda Sala, Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, al Semanario Judicial de la Federación, página 414, del rubro y texto: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento, que en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate, y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como las autoridades responsables, ante los razonamiento de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución...

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