Isaac Martinez Nava
Expediente 459/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 63 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 459/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 63
- Última actuación
- 24/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Isaac Martinez Nava
- Jueces de Control Y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Y Oral Region Morelia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 63.
- Principal
Morelia, Michoacan, veinticuatro de mayo de dos mil veintidos. Como se advierte de la certificación de cuenta que transcurrió el término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas recurrieran el proveído dictado el tres de mayo del año en curso, en el que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86 de la ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se declara que dicho proveído ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA." Asimismo, se valora el presente juicio y el duplicado del incidente de suspensión se valoran como DESTRUIBLES, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, mientras que el original del cuaderno incidental se valora como DEPURABLE, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, como lo dispone el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido acuerdo; disposiciones que señalan: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado [.] En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.". ". Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: En los Juzgados de Distrito: Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; [.]" Se precisa que el presente juicio no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado José Luis Zamudio Méndez, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de mayo de dos mil veintidós. Como de la certificación que antecede y el estado que guardan los autos se aprecia que este Juzgado no pudo emplazar a juicio a la tercero interesada -, madre del finado - en ninguno de los domicilios proporcionados por la parte quejosa, ni los diversos en que este Juzgado investigó de oficio, por lo que mediante proveído de veinticinco de marzo del año en curso, se ordenó el emplazamiento del citado tercero por medio de edictos, por lo que se requirió a la parte quejosa para que compareciera a recogerlos a fin de que acreditara a este juzgado su publicación, sin que lo haya hecho, habiendo transcurrido el término otorgado, pues el peticionario quedó notificado de dicha determinación el veintiocho de marzo del año que transcurre; en esa virtud, se hace efectivo el apercibimiento decretado al impetrante del amparo, en el proveído de mérito, toda vez que de conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la Ley de la Materia, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado "y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor" y si en el caso la parte quejosa no informó a este Juzgado el domicilio correcto del tercero interesado, sólo demuestra la falta de interés para que se prosiga con el trámite del juicio de amparo, ya que el emplazamiento a la parte tercero interesada en cita, es requisito indispensable para que se pueda continuar con el presente juicio de garantías, y la quejosa al no cumplir con tal obligación, se advierte que no tiene interés en continuar con el juicio que tiene promovido. Consecuentemente, con fundamento en los preceptos 63 fracción V, 61, en relación con el 108, fracción II, y 5o., fracción III, todos de la Ley de Amparo, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA el juicio de amparo en que se actúa; medida que toma el Titular de este Órgano Jurisdiccional, a fin de evitar que el procedimiento quede paralizado indefinidamente ante la actitud omisa de la parte quejosa. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables; háganse las anotaciones en el libro de gobierno relativo y en su oportunidad archívese el expediente. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia número 64/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, consultable en la página 211, que textualmente dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso". Así como la diversa sostenida por la Primera Sala, publicada en la página 2833, del Tomo CXXV, del Semanario judicial de la Federación, del texto literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el Juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda". Finalmente, se ordena dejar sin efectos la fecha señalada dentro del presente juicio, para la celebración de la audiencia constitucional de mérito (ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS). Notifíquese por lista al quejoso y, personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado José Luis Zamudio Méndez, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de abril de dos mil veintidós. Vista la constancia secretarial de cuenta de donde se desprende que mediante proveído de fecha veinticinco de marzo del presente año, se ordenó emplazar mediante edictos a -, madre del finado tercero interesado -, sin que hasta esta data haya comparecido la parte quejosa a recoger los edictos para su publicación; en consecuencia, y para dar margen a lo anterior, SE DIFIERE la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las, ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Por otra parte, en términos del artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, la audiencia constitucional se llevará a cabo a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, para lo cual se hace de su conocimiento que en caso de ofrecer pruebas o formular alegatos, para ser considerados en la audiencia, resulta necesario que presenten de manera física los escritos correspondientes ante la Oficialía de Partes Común un día antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia, lo anterior tomando en consideración que ante la pandemia el personal de este juzgado sólo puede recoger las promociones presentadas hasta el final del día, por lo que si la presentan en ese lugar el día de la audiencia sería extemporáneo porque se acordaría hasta el día siguiente cuando ya se habrá celebrado la misma; sin embargo, tales promociones, con la finalidad de que puedan ser consideradas en la audiencia podrán ser presentadas de manera electrónica si desean hacerlo el mismo día de la audiencia siempre y cuando sea previo a la hora señalada para su verificativo, apercibidas que de no hacerlo en los términos precisados, la promoción relativa se acordará con posterioridad a la celebración de la citada audiencia constitucional.? Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, el acta levantada por el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, en la cual hizo constar que mediante diligencia practicada en veintidós de los actuales, se tuvo a -, autorizado del aquí quejoso, en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, por ratificando su escrito, recibido en este juzgado el diecisiete de marzo del año en curso, en el cual manifiesta que renuncia a la autorización referida, virtud a que no le es posible tener comunicación con el aquí quejoso, ya que actualmente radica en los Estados Unidos de América, y que ya no está interesado en la continuación del presente juicio de garantías, por lo que se niega a recibir notificaciones en el domicilio señalado en autos a nombre del quejoso. En consecuencia, se tiene al ocursante renunciando a su autorización en el presente asunto, así como oponiéndose a recibir notificaciones a nombre del quejoso directo en el domicilio señalado en autos, por tanto, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena que la notificación de este proveído y las subsecuentes se le realicen por medio de lista al aquí quejoso. Por otra parte, respecto al desistimiento de la demanda, dígasele al licenciado -, que no ha lugar a tenerlo por desistiéndose, virtud a que la demanda de garantías fue promovida por el quejoso por propio derecho, de ahí que el ocursante no está facultado para desistirse del presente juicio de amparo, pues dicho acto es de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promovió la demanda. Ahora bien, como de la constancia secretarial se desprende que en autos de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, y once de marzo del año en curso, se ordenó requerir al quejoso a efecto de que proporcionara el domicilio del referido tercero interesado, ahora finado, y el de su madre -, sin que hubiera dado cumplimiento al mismo, no obstante estar debidamente notificado para tal efecto, como se aprecia de las constancias glosadas a fojas que anteceden; asimismo, se hizo constar que no se logró el emplazamiento respectivo, en el domicilio proporcionado por la Asesor Jurídico Divisional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y por el Vocal del Registro Federal de Electores, ambos con sede en esta ciudad. En consecuencia, como ya fue agotado el procedimiento de investigación previsto en el artículo 27 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere logrado realizar el emplazamiento de la tercero en mención, con fundamento en el precepto 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena emplazar al presente juicio a -, madre del finado -, mediante la publicación de edictos, que contendrán una relación sucinta de la demanda de garantías, así como de la fecha señalada para la audiencia constitucional, los que se ordena publicar a costa del quejoso, por tres veces, de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación, así como en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana, apercibiéndole, que de no comparecer a juicio a señalar domicilio para recibir notificaciones personales, las ulteriores le correrán por lista; fíjese copia del edicto en los estrados de este juzgado y déjese a su disposición copia simple de la demanda de amparo en la Secretaría de este Juzgado. Por otra parte, hágase lo anterior del conocimiento de la parte quejosa, para que en el término de tres días, contado a partir de que quede legalmente notificado de este proveído, comparezca a recoger los edictos y realice su publicación, lo cual deberá acreditar; bajo apercibimiento que de no demostrar haber entregado para su publicación los citados edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el presente juicio de garantías de conformidad con el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo. Por lo que resulta necesario que el impetrante genere su respectivo código QR, a fin de que le sea agendada la hora y fecha de la cita para desahogar el requerimiento mencionado, pudiendo acudir a la cita directamente las partes en este juicio, o bien, personas autorizadas en el expediente, de conformidad con el numeral 3 del Acuerdo de referencia. Se informa que deberá acudir puntualmente a la cita generada y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El acceso a la cita estará condicionado a que las personas que acudan se identifiquen y registren, además el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. El Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil, o bien, de manera impresa, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos jurisdiccionales distintos a este juzgado; todo lo anterior acorde con los numerales 3 y 7, tercer párrafo, del Acuerdo General 21/2020 mencionado. Por otra parte, de conformidad con el dispositivo 4 del mismo ordenamiento, se requiere a las partes para que en caso de ser personas vulnerables frente al Covid-19 o con discapacidad, lo hagan del conocimiento de este juzgado, a fin de prestarles la atención respectiva en los espacios accesibles establecidos por la administración del edificio sede en que se ubica este órgano jurisdiccional. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia número 64/2002 que por contradicción de tesis 16/2000 sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Tercer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Cuarto Circuito y Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de 24 de mayo de 2002, que señala: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACION Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Le de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5°, fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a su costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo plateado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no se puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicio se resuelvan dentro de los términos que al respecto señala la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso quejoso". Así como la diversa Tesis publicada en la Novena Época, Tomo XII, al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 1235 que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional". Cobra aplicación a lo anterior la Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, visible en la página 727 que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO PRIVA DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN A QUIENES CARECEN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGARLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", sostuvo que el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, prevé que agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado favorable, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión; además, señaló que en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, por lo que en tal circunstancia, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar ese pago, entonces el juzgador pueda determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado. Tal alcance interpretativo del citado artículo 30, delinea con precisión el contenido de la carga procesal legal impuesta al quejoso, pero además, prevé la posibilidad de eximirlo de su cumplimiento estricto cuando manifieste tener imposibilidad para cubrir el gasto correspondiente y así lo aprecie el juzgador indiciariamente en autos del juicio constitucional. Por tanto, el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada, aun cuando prevé que corre a cargo del quejoso el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio se desconoce, no priva del derecho humano de acceso a la jurisdicción a quienes carecen de recursos para cubrir esa carga económica, ya que en tal caso, puede alcanzarse la continuación del juicio de amparo mediante la manifestación que haga el quejoso al juzgado sobre la circunstancia precaria que le afecta, aunado a los indicios que en tal sentido se hubieren allegado al expediente de amparo, pues con ello el juzgador puede eximirle del pago de las publicaciones y ordenar la continuación del trámite del juicio, mediante la publicación de los edictos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal." Asimismo la Tesis publicada por el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, página 1714, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PROCEDE ORDENARLO A COSTA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CUANDO EL ACTO RECLAMADO PUEDA TENER COMO CONSECUENCIA PRIVAR DE LA LIBERTAD AL QUEJOSO Y ÉSTE MANIFIESTE SU IMPOSIBILIDAD ECONÓMICA PARA CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 84/2011). Asimismo, hágasele saber que de acuerdo a lo previsto por el artículo 17 segundo párrafo de la Constitución General de la República, la Justicia debe ser pronta y expedita, por ello la fecha para la celebración de la audiencia constitucional en los juicios de amparo, atendiendo a lo que dispone el artículo 115 de la Ley de Amparo, debe señalarse dentro de los treinta días, y en su caso, llegado el día fijado para ello, esta autoridad proveerá lo correspondiente a efecto de que transcurra el tiempo necesario para que la parte tercero interesada quede debidamente emplazada mediante edictos." Notifíquese por medio de lista.
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