Isaac Riwes Marin

Expediente 409/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
409/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Isaac Riwes Marin
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por último, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por la responsable Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Con ésta fecha se notifica a la parte tercero interesada Comisión Federal de Electricidad Zona de Distribución Veracruz, a través de quien legalmente lo represente, la sentencia emitida el veintiséis del actual, que en sus puntos resolutivos dice: Por lo expuesto y fundado, con apoyo en las fracciones XIII y XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y 63, fracción IV, de dicha ley, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Isaac Riwes Marín, Mario Molina Castro, Juan Oswaldo Pozos Sánchez, Hugo Luna López y Florentino Ponce Ávila, contra los actos reclamados, precisados en el considerando segundo, y atribuidos a la Junta Especial número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz, por las razones a que se refieren el cuarto considerando de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación del presente fallo. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    IV. Con esta fecha se notifica por este conducto al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana Sección 128 Veracruz-Urbano, en su carácter de tercero interesado la sentencia engrosada el veintiséis de octubre del año en curso, misma que a la letra dice: RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado el mismo día a este Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, Isaac Riwes Marín, Mario Molina Castro, Juan Oswaldo Pozos Sánchez, Hugo Luna López y Florentino Ponce Ávila, promovieron de manera conjunta demanda de amparo contra actos de la Junta Especial número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz, y que hizo consistir en los que quedarán precisados en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Mediante auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós (fojas 9-14) se acordó admitir la demanda; requerir a la autoridad responsable su informe justificado; emplazar al Fiscal Federal de la adscripción, así como a los terceros interesados, y fijar fecha y hora para la audiencia constitucional. TERCERO. Terceros interesados. Como se dijo, se tuvo como terceros interesados a la Comisión Federal de Electricidad, Zona de Distribución Veracruz, y al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, Sección 128 Veracruz Urbano, a quien se ordenó emplazar al presente juicio; lo que de hecho así se hizo, y CUARTO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 24) así como el cumplimiento al requerimiento de remisión de constancias que se hiciere por auto de dieciséis de junio (fojas 38 y 39) y veintiocho de julio (fojas 60 y 61) ambos de la presente anualidad; con las pruebas recabadas se formó un tomo de pruebas; fueron emplazados los terceros interesados (fojas 19 a 23) y la audiencia constitucional tuvo verificativo el día y hora señalada para tal efecto, sin que ninguna de las partes se hubiera opuesto a la publicación de sus datos personales, quedando el expediente en estado de resolución.409/2022CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I, y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, segundo párrafo y, 107, fracción II, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, en virtud de que los actos reclamados que se le atribuyen al tribunal laboral son de naturaleza omisiva, como lo es, la omisión de dictar el acuerdo admisorio de pruebas y la diversa omisión que atribuye el quejoso sobre tramitar el juicio laboral en la vía ordinaria, en lugar de la especial; de ahí que son susceptibles de afectar el derecho fundamental de acceso a la justicia, por lo que son impugnables en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio ya que, al tratarse de un acto omisivo, la parte quejosa eligió promover el presente juicio ante esta autoridad judicial, en términos del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de amparo. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se precisa los actos reclamados en el presente juicio son: La omisión de la autoridad responsable de dictar el acuerdo admisorio de pruebas en el expediente laboral 1248/2019. La omisión de la autoridad responsable de tramitar el juicio laboral 1248/2019 por la vía especial; habiéndolo hecho por la vía ordinaria. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Los actos reclamados en el presente juicio que se identifican con los incisos 1) y 2) del capítulo anterior, resultan ciertos. Lo anterior, pues no obstante que al rendir su informe justificado esa autoridad responsable negó la existencia de dichos actos, sin embargo no se puede soslayar que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, esto es, el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, si bien es cierto, por cuanto hace al acto reclamado con el inciso 1) la autoridad responsable había dictado el acuerdo de admisión de pruebas, en donde se calificaron las pruebas de las partes, admitiéndose según lo ahí descrito, pero no fue hasta el diecinueve de mayo de dos mil veintidós en el que notificó a los aquí quejosos dicho acuerdo. Además, lo anterior se corrobora con las constancias que exhibió como justificación de los mismos (Tomo I del cuaderno de prueba anexas a constancias); documentos que alcanzan pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su numeral 2°, ya que se trata de documentos públicos, expedidos por funcionario en ejercicio de las funciones que les asigna la ley. Lo anterior, puesto que de esas documentales se advierte, que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo aún no se había notificado el citado acuerdo; de ahí que debe tenerse por cierta la omisión atribuida. De igual forma, por cuanto hace al acto reclamado identificado con el numeral 2) la autoridad responsable, se limitó a manifestar que había dado trámite en la vía ordinaria a la demanda laboral, sin que hiciera manifestaciones respecto a la certeza o negativa del acto que se le reclama, evidenciando así, la certeza del acto. En analogía de razón, orientan a lo anterior las siguientes tesis: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Improcedencia. Por ser las causas de improcedencia de estudio preferente al análisis de fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de las que de oficio pudieran advertirse en la especie, incluso las que hacen valer las partes. En principio, de oficio se considera que respecto del acto reclamado precisado en el numeral 1) y 2) del considerando segundo de esta sentencia, se actualizas las causas de improcedencia que, para una mejor exposición, se destacan en los apartados siguientes: A) En cuanto al acto reclamado consistente en: "La omisión de la autoridad responsable de tramitar el juicio laboral 1248/2019 por la vía especial; habiéndolo hecho por la vía ordinaria." se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61, en razón del actuar proactivo de los quejosos en la continuación del juicio natural, mismo que fue admitido y sustanciado en la vía ordinaria, lo que claramente se traduce en manifestaciones de la voluntad que entrañan ese consentimiento. MARCO NORMATIVO El artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo es del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIII. "Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento". La fracción XIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio de amparo si el quejoso lo promueve contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. La razón de lo anterior, responde a una certidumbre jurídica, orientada a evitar que el quejoso acuda al juicio constitucional para desconocer y sustraerse ilegítimamente de los efectos ocasionados con la conducta que él mismo haya exteriorizado por sí o a través de sus apoderados o representantes de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. Con base en tal directriz, el suscrito considera que, cuando un proceso es admitido o radicado en una vía específica, sin que dicho acto se haya impugnado, pero sobre todo, que se haya actuado en el mismo durante su substanciación; entonces el actuar del promovente actor en la consecución de ese juicio debe determinarse como una manifestación de voluntad que entraña consentimiento. Por las razones que informa y que por analogía de razón, en cuanto a la interpretación que el numeral referido se hace, y que comparte en esa parte el suscrito, se cita la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, II.3º.P.17K (10ª.) que se encuentra visible en la página 2029 de septiembre de 2019, libro 70, tomo III, del apéndice del de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, el cual es del tenor siguiente: "LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. LA SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA EXHIBIR LA GARANTÍA RESPECTIVA, ES UNA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD QUE ENTRAÑA SU CONSENTIMIENTO CON EL MONTO QUE SE FIJA PARA GOZAR DE ESE BENEFICIO, POR LO QUE ELLO ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. No pueden ser materia de estudio en el juicio constitucional aquellos actos que, para los efectos del amparo, se consideran consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. La ratio legis responde a una certidumbre jurídica, orientada a evitar que el quejoso acuda al juicio constitucional para desconocer y sustraerse ilegítimamente de los efectos ocasionados con la conducta que él mismo haya exteriorizado por sí o a través de sus apoderados o representantes de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. En este contexto, si después de que el accionante conoce los montos que debe exhibir para gozar de la libertad provisional bajo caución, pide una prórroga para su exhibición, esa solicitud constituye una manifestación de voluntad que implica la actualización del principio de conformidad, esto es, entraña su consentimiento con las cantidades fijadas y, por ende, el juicio de amparo en su contra es improcedente, al actualizarse la causa prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo." ANTECEDENTES En virtud de exponer con claridad la conclusión anterior, es conveniente hacer referencia a los antecedentes de los actos reclamados, que se desprenden del informe justificado de la autoridad responsable (foja 24); el cumplimiento al requerimiento de remisión de constancias que se hiciere por auto de dieciséis de junio (fojas 38 y 39) y veintiocho de julio (fojas 60 y 61) ambos de la presente anualidad; así como de las manifestaciones realizadas por las partes del presente juicio; lo que se hace en la relación siguiente. 1. El juicio laboral 1248/2019 se sigue ante la autoridad responsable, el cual fue promovido por los aquí quejosos. 2. En lo que al caso importa, se advierte que mediante escrito presentado el siete de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes de la autoridad responsable, los impetrantes de amparo demandaron diversas prestaciones a la Comisión Federal de Electricidad, Zona de Distribución Veracruz y al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana Sección 128 Veracruz Urbano. 3. El ocho de agosto de dos mil diecinueve, la autoridad responsable emitió acuerdo de admisión y procedió a radicar la demanda bajo el número 1248/2019, dándole trámite en la vía ordinaria (foja 44 y 45). 4. Seguido el trámite del juicio, la autoridad responsable desahogó la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, donde después de su celebración acordó: ".en relación a la calificación de las pruebas aportadas por las partes, para un mejor proveer, esta Junta se reserva para emitir el acuerdo de admisión de pruebas, por lo que una vez que se dicte el mismo se ordenará su notificación a las partes.". 5. Por lo que el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, la Junta responsable dictó el acuerdo de admisión de pruebas, en donde fueron calificadas y admitidas según lo ahí descrito. Este acuerdo le fue notificado a los aquí quejosos el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, en el domicilio que señalaron para tal efecto tal y como se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable y de las cuales se formó un tomo de pruebas (foja 909 del citado tomo). 6. Finalmente, se tiene que la presente demanda de amparo fue presentada el veintiséis de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, y turnada el mismo día a este Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz. Expuestos los antecedentes de referencia, se procede al estudio de las causas de improcedencia mencionadas en el marco normativo de esta sentencia. SUBSUNCIÓN En términos de lo anterior y como se dijo con anterioridad, por cuanto hace al acto reclamado consistente en: La omisión de la autoridad responsable de tramitar el juicio laboral 1248/2019 por la vía especial; habiéndolo hecho por la vía ordinaria y con base en lo descrito en el marco normativo expuesto, a criterio del suscrito se evidencia que la omisión reclamada sólo constituye un acto que fue consentido. Para el caso concreto que nos atañe, si la omisión que refieren los quejosos se constriñe en que la autoridad responsable no dio trámite a su demanda en la vía especial, haciéndolo, en su lugar por la ordinaria esto; entonces, no puede ser materia de estudio en el presente juicio de amparo, puesto que, como se dijo con anterioridad, el actuar proactivo en el proceso impugnado determina que dicho acto ha sido consentido, pues esos actos entrañan esa voluntad de aceptar el actuar del Juez responsable. Máxime, que en la especie se advierte que los quejosos fueron notificados oportunamente del acuerdo de admisión por el cual se les dijo que se había tramitado su demanda en la vía ordinaria, y no en la especial, participando en la sustanciación del juicio de manera activa de ello resulta en el consentimiento del acto; actualizando el principio de conformidad antes referido. Sobre todo, porque no se soslaya de las constancias de los autos del juicio de origen, que se advierte que los quejosos en su escrito de demanda en el juicio natural, al momento de enunciar sus pruebas, refieren: "Por tratarse de procedimiento especial nos permitimos ofrecer las siguientes pruebas." Lo anterior, pues si bien es cierto que la autoridad responsable dictó acuerdo admisorio el ocho de agosto de dos mil diecinueve, sin embargo, en ese acuerdo dijo que radicaba el expediente laboral y le daba trámite en la vía ordinaria. Por lo que, si no se advierte de esas constancias que los aquí quejosos hayan promovido el citado juicio en una vía diversa a la ordinaria y que ante ello hayan solicitado formalmente a la autoridad responsable la regularización del procedimiento, o en todo caso, que se haya interpuesto algún recurso pendiente de resolver por el cual el quejoso haya impugnado el acuerdo de radicación en la vía ordinaria, entonces de ello deviene su consentimiento, aún bajo la premisa de ser, en todo caso, un acto derivado de aquél que consintió. Por tanto, a criterio del suscrito, se evidencia que el sentido de la omisión manifestada por la parte quejosa de dar trámite a la demanda en la vía especial, sólo constituye un acto que fue consentido, por su actuar proactivo en la substanciación del proceso laboral. Tampoco obsta a lo anterior que la parte quejosa sostenga que hizo manifestaciones verbales a la autoridad responsable para que se pronunciara sobre la omisión de dar trámite al juicio laboral en la vía especial; sin embargo, no se advierte que se haya aportado prueba alguna en el presente juicio que acredite tal petición a la referida responsable. Entonces, hay consentimiento de la referida omisión aquí combatida por el quejoso, atendiendo su actuar proactivo en la continuación del juicio natural que fue admitido en la vía ordinaria, en que éste fue radicado, pues es precisamente el quejoso quien aún y conociendo que la autoridad responsable tramitó su demanda laboral en la vía ordinaria, fue omiso en impugnar tal determinación y que, además -se insiste- participó de manera activa en su substanciación, lo que claramente se traduce en manifestaciones de la voluntad que entrañan ese consentimiento. En conclusión, se destaca que por disposición de la ley tal acto se reputa como consentido -por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento- por la parte quejosa, pues decidió participar en la consecución del juicio en los términos en que fue admitido. B) Respecto al acto reclamado consistente en: "La omisión de la autoridad responsable de dictar el acuerdo admisorio de pruebas en el expediente laboral 1248/2019", a juicio del suscrito, por cuanto hace al referido acto reclamado, el presente juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, al haber cesado la omisión combatida. El precepto legal citado, en su parte respectiva, es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del artículo trascrito se advierte, que la causa de improcedencia precitada se genera por la insubsistencia del acto reclamado, es decir, que materialmente las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si dicho acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido no deje ninguna huella, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. De ahí que la razón de ser de dicha causa de improcedencia se justifica por la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo solicitado. Lo anterior se orienta por la jurisprudencia y tesis aislada que son del contenido siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. ANTECEDENTES En relación con el acto reclamado cuya procedencia se analiza en este apartado, se estima innecesario transcribir nuevamente los antecedes del acto reclamado, toda vez que ya fueron aludidos en la presente sentencia y deberán tenerse por aquí transcritos; lo anterior a fin de no caer en rigorismos innecesarios que retardan la administración de justicia y atendiendo -por supuesto- al principio de economía procesal. SUBSUNCIÓN Ahora bien, se dispone que, por cuanto hace al acto reclamado consistente en: "La omisión de la autoridad responsable de dictar el acuerdo admisorio de pruebas en el expediente laboral 1248/2019", se estima que la omisión combatida, así como sus efectos existentes al momento de la presentación de la demanda de amparo que generó el presente juicio (el veintiséis de abril de dos mil veintidós) han quedado sin efectos. Lo anterior es así, pues la pretensión de la quejosa se vincula sustancialmente con la petición de la quejosa que se dictara el acuerdo por el que se admitieran las pruebas en el expediente de origen. Entonces, se advierte que la autoridad responsable procedió a dictar el acuerdo de admisión de pruebas en el expediente laboral 1248/2019 el veintiocho de marzo de dos mil veintidós (fojas 25 a 29) el cual fue notificado a los aquí quejosos el diecinueve de mayo siguiente, tal y como se advierte de las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable, con las que se formó un tomo de pruebas (foja 909 del citado tomo). Por lo tanto, se considera que la omisión reclamada quedó destruida en forma total e incondicional, de manera que las cosas se encuentran en el estado que tendrían como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiese afectado la esfera jurídica de la impetrante de amparo, pues el actuar de la autoridad responsable es congruente con el interés jurídico que a través de esta vía constitucional externó la parte quejosa. De ahí que al haber procedido la autoridad responsable en la forma señalada, esto es, dictar el acuerdo de admisión de pruebas en el expediente laboral 1248/2019, es evidente que los efectos que en su momento le afectaban dejaron de existir. Por lo que, basta que el Juez pueda apreciar por las constancias de autos, que dichos efectos hayan dejado de existir, para que de oficio declare que el juicio es improcedente en relación con el acto reclamado, de acuerdo con lo prescrito por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. CONCLUSIÓN En las condiciones apuntadas, al actualizarse las causas de improcedencia de análisis, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se sobresee en presente juicio respecto de los actos reclamados por las razones antes precisadas. En tales términos, dado que en el presente juicio se han actualizado las causales de improcedencia a que se han hecho méritos, se hace innecesario el estudio de los argumentos alegados por los peticionarios de amparo, pues al actualizarse de manera indudable las causales de sobreseimiento invocadas, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo que dirige en relación con dichos actos. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en relación con los citados actos reclamados. QUINTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en las fracciones XIII y XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y 63, fracción IV, de dicha ley, se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Isaac Riwes Marín, Mario Molina Castro, Juan Oswaldo Pozos Sánchez, Hugo Luna López y Florentino Ponce Ávila, contra los actos reclamados, precisados en el considerando segundo, y atribuidos a la Junta Especial número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz, por las razones a que se refieren el cuarto considerando de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación del presente fallo. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cinco de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, remite copia certificada de la totalidad de las constancias que componen el expediente laboral ******************** de su índice estadístico. Ahora, como lo anterior resulta ser en alcance a su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la Ley de la materia. Asimismo, se tiene como PRUEBA de dicha autoridad la documental que acompaña, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del artículo 119 de la ley en comento. Ahora, dadas las características del citado legajo de copias certificadas que acompaña, se ordena formar un cuaderno de pruebas para el mejor manejo del presente asunto, al que se le asigna el número I, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.

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