Isaac Marín Gargallo
Expediente 593/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 37 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 593/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 07/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Isaac Marín Gargallo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, siete de junio de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 593/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, siete de junio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la suspensión del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de treinta de septiembre de dos mil veintidós (fojas 61 a 66) con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, de autos se advierte que mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintidós se tuvo al 1. Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Tierra Blanca, Veracruz, remitiendo diversas constancias vía informe justificado; por tanto, toda vez que este juzgado estima innecesario conservar dichas documentales, devuélvase a su lugar de origen el tomo I que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de junio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la suspensión del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de treinta de septiembre de dos mil veintidós (fojas 61 a 66) con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, de autos se advierte que mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintidós se tuvo al 1. Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Tierra Blanca, Veracruz, remitiendo diversas constancias vía informe justificado; por tanto, toda vez que este juzgado estima innecesario conservar dichas documentales, devuélvase a su lugar de origen el tomo I que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
En Boca del Río, Veracruz, a las diez horas con cuarenta minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, fecha y hora señaladas para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 593/2022, promovido por ********************; el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Ana Guadalupe Mexía Andrade, con quien actúa y da fe, la declara abierta con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. ACTO CONTINUO, la secretaria da cuenta con el estado de autos, informa las constancias que integran el expediente y certifica que transcurrieron ocho días de la recepción del informe justificado rendido por la última de las autoridades responsable, acorde con el artículo 117 de la Ley de Amparo. El Juez acuerda: Téngase por formulada la relación de constancias y, en razón que no existe obstáculo alguno, continúese con la presente audiencia. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta con los siguientes medios de prueba: De la parte quejosa, las documentales anexas a su escrito de demanda. De la responsable 1. Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Cosamaloapan, Veracruz, las constancias que remitió como justificación de sus actos, con las que se formó un tomo de pruebas. El juez acuerda: Se admiten y desahogan dichas probanzas, dada su propia y especial naturaleza, acorde con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, sin perjuicio que se valoren al resolver el presente asunto y, al no existir más prueba que relacionar, se cierra el período probatorio. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS, la secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. Se acuerda: En virtud de que las partes no formularon manifestaciones en esta vía, se concluye este periodo de la audiencia. En seguida, el Juez dicta Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 593/2022, y RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, Veracruz, recepcionado el mismo día, por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, ********************, promovió juicio de amparo, y que por turno le correspondió conocer al Juzgado Décimo Sexto de Distrito en el Estado, con sede en dicha localidad; el cual declinó competencia a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, al tener ejecución el acto reclamado dentro de esta jurisdicción; y que por turno, correspondió conocer a este Juzgado, quien en proveído de uno de julio del año pasado, no aceptó la competencia planteada por el homologo, por lo que el declinante remitió la demanda de amparo a conflicto competencial al tribunal correspondiente. Ahora, mediante oficio 255/2022 signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, remitió el testimonio de la ejecutoria dictada en el conflicto competencial 7/2022, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, en el cual declaró competente a este Juzgado para conocer de la demanda de amparo promovido por ********************, contra actos del 1. Juez Cuarto de Primera Instancia, en Tierra Blanca, Veracruz, y otro. SEGUNDO. Mediante acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto, se admitió la demanda de amparo; se requirió de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; se ordenó emplazar al tercero interesado, y se dio la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción (fojas 76 a 83). TERCERO.- Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de las autoridades responsables (fojas 114 y 117); así como la constancia de notificación del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito vía oficio, cuyo acuse de recibo corre agregado a foja noventa y cuatro de autos. No obstante que a la fecha, no se logró emplazar al tercero interesado, sin embargo, dado la naturaleza del presente asunto, y como más adelante se aclarará, esta resolución no afecta los intereses del tercero interesado, por lo que no existe obstáculo alguno para el dictado de una sentencia en definitiva. Consecuentemente, se tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, acorde a lo establecido por los artículos 1º, 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con punto cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero del mismo año. Por la vía, en virtud de que se reclaman actos que pueden afectar directa e irreparablemente el derecho fundamental de audiencia y legalidad del quejoso, impugnable en amparo indirecto; la materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, y actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia; y, por territorio, atento a que los actos aquí reclamados conllevan ejecución material en la circunscripción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la aplicable Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman. De la lectura total de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama en esta instancia: "La falta de emplazamiento al juicio ordinario civil ********************, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, en Tierra Blanca, Veracruz, en el cual se pretende privar de la custodia que tiene respecto de sus menores hijos, y su ejecución por parte de la Directora del Sistema DIF Municipal, con la misma sede que la autoridad ordenadora." Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia, respecto de las autoridades señaladas como responsables. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable: 2. Directora del Sistema DIF Municipal, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado que se le atribuye consistente en la ejecución de privar a sus menores hijos. Dicha negativa se corrobora con el informe justificado rendido por el juez responsable quien tiene el carácter de ordenadora, al manifestar que respecto del juicio ordinario civil número ********************, si bien concedió la guarda y custodia provisional a la parte actora ******************** dicho acto nunca fue ejecutado, dado que al quejoso no le ha sido requerido en forma personal hacer la entrega de los menores infantes, ni se ha ejecutado algún acto perturbativo al amparista en su domicilio para la entrega aludida, por lo que no se advierte que a dicha institución municipal se le haya ordenado acto alguno tendente a la entrega de los menores. Además, no existe en el presente juicio constancia o dato alguno del que deriven indicios sobre la existencia de dicho acto reclamado, por tanto, no existe razón fundada para estimar lo contrario a lo manifestado por la autoridad responsable. Asimismo, tomando en consideración que la parte quejosa no aportó medio de convicción con el cual desvirtuara la negativa de la mencionada autoridad, siendo que a ésta corresponde acreditar la existencia del acto que les atribuye; lo que procede es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente. CUARTO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable 1. Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Tierra Blanca, Veracruz, como se advierte del contenido de su respectivo informe (foja 117). Lo que se corrobora en razón que el juez responsable remitió copia certificada de las constancias que integran el expediente ******************** (mismas que forman un tomo de pruebas) las cuales tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2°. Es aplicable al caso la jurisprudencia del rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Por ser las causas de improcedencia de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto, se procede al estudio de las que de oficio pudieran advertirse en la especie, según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. MARCO NORMATIVO En relación con el acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil ********************, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, en Tierra Blanca, Veracruz, en el cual se pretende privar de la custodia que tiene respecto de sus menores hijos, atribuido al 1. Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Tierra Blanca, Veracruz, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado en sus efectos dicha omisión. El numeral citado al respecto cita: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del artículo trascrito se advierte que la causa de improcedencia precitada se genera por la insubsistencia del acto reclamado; es decir, que materialmente las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si dicho acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido no deje ninguna huella, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. De ahí que la razón de ser de dicha causa de improcedencia se justifica por la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo solicitado. Lo anterior se orienta por la jurisprudencia y tesis aislada que son del contenido siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Se destaca que, si bien dichas jurisprudencias son anteriores a la Décima Época, aun así son aplicables a la Ley de Amparo vigente, atento que no se oponen a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, los cuales se desprenden de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable: a).- Por escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, ante la Oficialía de partes, ******************** demandó el pago de pensión alimenticia y guarda y custodia de los infantes menores de edad de iniciales ********************.; por turno correspondió conocer al Juez Cuarto de Primera Instancia con sede en Tierra Blanca, Veracruz (fojas 1 a 4 del tomo de pruebas). b).- En fecha veinte de abril de ese año, el juez responsable dio trámite a la demanda promovida, dando origen al juicio ordinario civil número ********************, y en atención a la misma, y al no existir impedimento legal alguno, desestimó la solicitud del pago de alimentos de carácter provisional, al advertir que actualmente no ostentaba la guarda y custodia de sus menores hijos; además, respecto de la diversa providencia precautoria, previno a la promovente que aclarara cuál es el peligro en la demora respecto del depósito judicial solicitado de sus menores hijos, a fin de proveer lo conducente; ordenando el emplazamiento de la parte demandada (fojas 6 a 10 del tomo de pruebas). c).- Una vez desahogada la prevención por la parte actora, por auto de diez de junio del año pasado, el juez responsable otorga la guarda y custodia provisional como medida de protección a ******************** sobre los menores de edad de iniciales ********************., fijando el día treinta de agosto siguiente, para que tuviera verificativo la celebración de la junta especial que prevé los artículos 345 y 145 del Código Civil, a fin de ser escuchados los menores infantes involucrados; ordenado citar a ambos progenitores, en especial al padre (demandado) a efecto de que presente a los infantes que se encuentran bajo su custodia, así como al fiscal adscrito a dicha autoridad responsable, y al Procurador de la Defensa del Infante, la Familia y el Indígena para que brinde atención necesaria a los menores; a la vez libró oficio al DIF Municipal de esa ciudad, a efecto de que se realicen estudios psicológicos y socioeconómicos tanto a los infantes como a sus progenitores, los cuales deberán ser remitidos antes de la junta especial antes fijada (fojas 11 a 19). d) Mediante acuerdo de uno de agosto del año pasado, se tuvo a la Directora del Sistema DIF Municipal de Tierra Blanca, Veracruz, informando la fecha y hora en que deben presentarse tanto los menores como sus progenitores a efecto de realizar los estudios solicitados; asimismo, no acordó favorable la petición del abogado de la parte actora, quien solicitaba la entrega de los menores a su progenitora, con los apercibimientos previstos en la ley de la materia, y autorizara el apoyo de la policía municipal a efecto de que acompañe a la actuaria para que efectué la entrega de los menores, en atención al estado que guardaban los autos (fojas 21 a 23 del tomo de prueba). e) El ocho de agosto de ese año, el demandado ******************** (aquí quejoso) compareció en forma voluntaria ante el oficial adscrito al juzgado responsable, quien se identificó con su credencial para votar, y manifestó: "tiene conocimiento de manera extrajudicial que existe juicio en su contra dentro del índice de este Juzgado y que bajo protesta de decir verdad aún no se le ha emplazado por lo que solicita se le emplace ante ese Tribunal ya que se está vulnerando en su perjuicio la garantía de audiencia, sin que yo haya sido emplazado aún,."; por lo que previa revisión de que efectivamente se encuentra un juicio instaurado en su contra, se procedió a emplazar al compareciente ********************, corriéndole traslado con la copia de la demanda, sellada, cotejada y rubricada para que contestara dentro del término de nueve días, por escrito, para que manifestara lo que a sus intereses convenga, ofreciendo prueba encaminadas a demostrar lo que integra la materia de la litis, apercibiéndole que de no hacerlo, se le tendrá por contestados los hechos que dejare de contestar o con evasivas, en sentido negativo; a su vez, se le requirió señalara domicilio en esa localidad para oír y recibir notificaciones, apercibiéndole de no hacerlo, se le notificara por lista de acuerdos, aún las de carácter personal, quien manifestó: ".quedar debidamente enterado de lo anterior recibe copia de la demanda y copia de los autos de fecha: veintiséis de noviembre del año dos mil veintiuno y trece de junio del año dos mil veintidós, y que tiene conocimiento de las prestaciones que se le demandan, que de igual modo tiene conocimiento del término del que dispone para acudir a juicio y para constancia firma ante la presencia judicial,..." (Fojas 41 a 42 del tomo de prueba). f) El día y la hora de la audiencia indicada, se certificó, que únicamente se presentó la parte demandada junto con su abogado patrono, así como el fiscal Encargado de la Sub Unidad de Tierra Blanca, y el juez natural ordenó suspender la audiencia (fojas 43 a 46 del tomo de pruebas). g) Asimismo, en diverso proveído de fecha veinte de septiembre del año pasado, se tuvo al jefe del departamento de Psicología del DIF Municipal de esa localidad, comunicando que las partes no asistieron al área a su cargo en la fecha señalada para la realización de los estudios psicológicos. Por otra parte, acordó el escrito del demandado (aquí quejoso) por su propio derecho y en representación de sus menores hijos, dando contestación a la demanda instaurada en su contra, teniéndose por hechas sus manifestaciones y por puestas sus excepciones, así como anunciadas y ofrecidas las pruebas que indicó; dejando a vista de la parte actora con su contenido; de igual forma, el juez responsable le dio curso a la demanda en reconvención interpuesto por ******************** (aquí quejoso) por sí y en representación de los menores infantes, en contra de ******************** (aquí tercero interesada) a quien le reclamó el pago de alimentos y otras prestaciones, ordenado emplazar a la misma, a efecto de que de contestación en el plazo de nueve días; previniendo al actor en reconvención que deberá informar en que trabaja o en su caso a que se dedica la demandada en reconvención, a efecto de proveer respecto a la pensión alimenticia que solicita (fojas 47 a 78 del tomo de pruebas). Los antecedentes anteriores tiene base en las constancias que remitió la responsable y que obran en el juicio de origen; y hasta aquí la relatoría de antecedentes. SUBSUNCIÓN En términos de lo anterior, se estima que la omisión (falta de llamamiento a juicio) que existía al momento de la presentación de la demanda de amparo y que generó el presente juicio (veintiuno de junio de dos mil veintidós) ha quedado superada. Lo anterior se desprende del informe justificado que rindió el 1. Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Tierra Blanca, Veracruz, así como de las constancias que obran en el cuaderno de pruebas, de donde se aprecia que actualmente el peticionario de amparo fue emplazado al juicio ordinario civil ********************, desde el ocho de agosto del año pasado. Ello es así, pues de las constancias del juicio natural que obran agregadas en el cuaderno de pruebas, se advierte que el quejoso, quien tiene el carácter de parte demandada en el juicio ordinario civil de origen, compareció voluntariamente ante la responsable a efecto de ser emplazado al expediente ********************, promovido por ******************** por su propio derecho y en representación de sus menores hijos (aquí tercero interesado) a quien se le demandó el pago de alimentos y otra prestación, por lo que mediante diligencia por comparecencia de fecha ocho de agosto de dos mil veintidós, levantada por el personal adscrito al juzgado responsable, se procedió a emplazar al aquí quejoso, corriéndole traslado con la copia de la demanda, quien de conformidad recibió copia del escrito de demanda, quedando enterado de los apercibimientos expuestos, imponiéndose de las prestaciones que se le demandan, y del plazo para acudir a dicho juicio. Luego, si se efectuó el llamamiento del quejoso al juicio de origen, por ende, es claro que cesaron los efectos del acto omisivo atribuido a dicha autoridad, al haber desaparecido en su totalidad la abstención reclamada, pues dicha actuación superó la omisión de realizar el emplazamiento a la parte demandada (aquí quejoso) de manera que las cosas volvieron al estado que tenía antes de la violación al artículo 17 de la Constitución Federal. Asimismo, cabe destacar que en el juicio civil de origen, el quejoso mediante escrito presentado ante el juez responsable el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, dio contestación a la demanda instaurada en su contra por ******************** (tercero interesado) oponiendo excepciones y defensas, contestando los hechos, objetando pruebas, anunciado y ofreciendo pruebas de su parte. Aunado a ello, instó demanda en reconvención en contra de la progenitora de los menores, reclamando el pago y aseguramiento de una pensión alimenticia provisional y en su caso definitiva, y otras prestaciones. Ese actuar del quejoso refleja que derivado del llamamiento al juicio natural efectuado, tuvo conocimiento de las prestaciones reclamadas, lo que dio lugar a que compareciera al procedimiento dentro del plazo concedido, para hacer valer sus excepciones y defensas, ofrecer pruebas, así como hacer uso de los medios de defensa que la ley de la materia le concede para imponerse de la actuación de la responsable. Por lo que la omisión atribuida al juez responsable (falta de emplazamiento) ha sido superada, y provoca que el acto no repercuta perjuicio en la esfera jurídica del quejoso, como si no hubiera existido. CONCLUSIÓN En los términos antes apuntados, al quedar probada la cesación de la omisión aquí combatida, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento, en relación al acto reclamado atribuido al 1. Juez Cuarto de Primera Instancia en Tierra Blanca, Veracruz. Se apoya lo anterior, con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, contra las autoridades 1. Juez Cuarto de Primera Instancia, y 2. Directora del Sistema DIF Municipal, ambos con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, por el acto establecido en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la presente sentencia, en términos del considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de la Subdirectora de Seguimiento Normativo de la Secretaría Técnica Normativa del Instituto Nacional Electoral, en la Ciudad de México, recibido vía correo electrónico institucional y désele valor probatorio, conforme lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el numeral 2° de la ley en la materia; atento a su contenido, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento de trece de enero del año en curso, por lo que queda sin efectos el apercibimiento decretado para el caso de incumplimiento; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.
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