Isaac Norberto López Morgado
Expediente 1932/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1932/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Isaac Norberto López Morgado
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Parte quejosa realiza manifestaciones. Agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado electrónicamente por la autorizada en términos amplios de la quejosa ********************, por medio del cual informa que la autoridad responsable Universidad de Nuevo México, Plantel Tula de Allende, Hidalgo, expidió el título y cédula profesional que acredita a la antes mencionada como licenciada en enfermería, lo que acredita con la copia digitalizada de los documentos en cita, mismos que bajo protesta de decir verdad, manifiesta son copia íntegra e inalterada de los originales. En virtud de lo anterior, se acuerda: Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Del contenido de las constancias remitidas por la autorizada de la quejosa se advierte que es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se actualiza una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia en el presente asunto. Lo anterior, porque en la especie se acredita la causal de improcedencia, prevista en los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. [.]." Dicho precepto pone de manifiesto que el juicio de amparo deviene improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado; es decir, cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Para que se actualicen los presupuestos de esta causal de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable; puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la amparista en el goce de sus derechos violados; por lo cual, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido si el acto jamás hubiera nacido. Así, puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al impetrante en el goce de los derechos violados. En ese orden de ideas, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de derechos fundamentales, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, cuyos rubro y texto se insertan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, en la demanda de amparo presentada el veintiocho de marzo de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, a través de buzón judicial, ******************** reclamó del Rector y Coordinador General de Control Escolar, ambos de la Universidad del Nuevo México, Sociedad Civil, Plantel Tula de Allende, Hidalgo: La omisión y/o negativa de la expedición del título y cédula profesional de la licenciatura de enfermería, y como consecuencia, la entrega de los mismos. La omisión de la realización de los trámites ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública para la entrega inmediata del certificado total de licenciatura. Ahora bien, de las constancias recibidas y agregadas al presente sumario, mismas que, como se anticipó, merecen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se advierte que el diez de marzo del año en curso fue expedida la constancia de autenticación del título electrónico de ********************, que la acredita como licenciada en enfermería, así como la cédula profesional ********************. En ese sentido, es evidente que los actos reclamados en cuestión han cesado y ya no afectan la esfera jurídica de la parte quejosa, debido a que, en la fecha mencionada, se expidieron el título electrónico y la cédula profesional a nombre de la quejosa que la acreditan como licenciada en enfermería. En ese orden de ideas, se pone de relieve lo indudable de la causal de improcedencia del juicio constitucional, ya que resulta manifiesta e indudable, en tanto que, no obstante que se continuara con el procedimiento y se celebrara la audiencia constitucional, no resultaría factible formarse una convicción diversa, ello con independencia de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por contradicción de tesis 26/2002-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los supuestos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En estas condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales promovido por ********************. Se deja sin efectos la fecha programada para la audiencia constitucional. Se dejan sin efecto la data y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las catorce horas con veinte minutos del trece de diciembre de dos mil veintitrés..M-VII
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; diez de noviembre de dos mil veintitrés. Cumplimiento sin materia. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a las partes mediante auto de trece de octubre de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente expediente; por tal motivo, este órgano de control constitucional procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio. Sentencia. Al respecto, el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés se dictó sentencia en el presente juicio, misma que concluyó en el siguiente punto resolutivo: "Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a los quejosos ********************y********************, contra los actos de las autoridades que quedaron precisados en el resultando primero y considerando segundo de esta resolución, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia." Ejecutoria. El veintiséis de septiembre del año en curso causó ejecutoria la sentencia de amparo, por lo que se requirió a la autoridad responsable a fin de que diera cumplimiento a la concesión de amparo. Efectos de la concesión de amparo. Asimismo, los efectos de la protección federal otorgada fueron para que la autoridad responsable Juez Penal de Control adscrito al Segundo Circuito Judicial con sede en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, realizara lo que a continuación se precisa: "1) Sin dejar insubsistente la audiencia de siete de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 237/2023 de su índice, y sin que se requiera verificar una nueva audiencia, en observancia al artículo 67, párrafo segundo, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá emitir la versión escrita de la resolución sobre la imposición de medida cautelar que decretó oralmente contra ********************y********************, en el entendido que, conforme al tercer párrafo del numeral citado, la determinación escrita no deberá exceder el alcance de la dictada oralmente, es decir, no podrá sustituir o complementar lo expresado en la audiencia aludida; 2) Al subsanar el mencionado requisito procedimental, tomando en cuenta que tanto la emisión oral de la imposición de medida cautelar de prisión preventiva justificada en audiencia, como su versión escrita, conforman una unidad; deberán ser nuevamente notificados a los ahora justiciables, a fin de que se encuentren en aptitud de ejercer su defensa como lo consideren procedente." En ese tenor, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Juez Penal de Control del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, perteneciente al Segundo Circuito Judicial, mediante oficio recibido en este juzgado federal el once de octubre de dos mil veintitrés, remitió copia auténtica de diversas constancias que integran la causa penal **** así como copia digital del audio y video de la audiencia desahogada el catorce de septiembre del año en curso dentro de la referida causa penal, en la que se autorizó en favor de los aquí quejosos ********************y******************** la suspensión condicional del proceso. De lo anterior, se tiene que la materia de la concesión federal dejó de existir pues, no hay derecho fundamental que reparar en términos de lo ordenado en el fallo protector y en consecuencia, procede declarar sin materia el cumplimiento. Se afirma de ese modo, en virtud de que, en la causa penal de origen se autorizó en favor de los aquí quejosos ********************y******************** la suspensión condicional del proceso; ello conlleva a sostener que las condiciones que imperaban en tal proceso y motivaron la protección constitucional, desaparecieran. Por tanto, ante el nuevo estado del proceso penal los efectos del amparo carecen de materia u objeto para ser cumplidos en los términos que fueron ordenados, pues con las decisiones tomadas en la causa penal, se concluyó dicho proceso y, conforme a dicho estado procesal, volvieron las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada, lo cual se traduce en que no se pueden acatar puntualmente los lineamientos del fallo protector. Estimar lo contrario, lejos de beneficiar a los quejosos, supondría un perjuicio, al someterlo nuevamente a un proceso que ya concluyó en virtud de la autorización de una salida alterna, siendo que de conformidad con el párrafo tercero del artículo 17 constitucional, los jueces deben privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Por tanto, como se adelantó, se declara sin materia el cumplimiento a la ejecutoria de amparo al haber dejado de existir el objeto de la reparación ordenada. Lo anterior, sin que en el caso resulte necesario remitir los autos a la superioridad a fin de que aperture el incidente de inejecución de sentencia en términos de los establecido en el artículo 193 de la Ley de Amparo, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del tema ha establecido que, si de las constancias de autos aparece probado que la ejecutoria de amparo aún no ha sido cumplida, se debe distinguir que puede haber imposibilidad jurídica o material de cumplimiento cuando pervive la materia del acato; sin embargo, dicha figura no se actualiza en el supuesto de que aquella haya dejado de existir y, por tanto, no hay derecho fundamental que reparar en términos de lo ordenado en la sentencia. Ello, en el caso de desistimiento de la acción por la parte actora y quejosa y/o convenio firme entre las partes, en cuanto implica la inexistencia de materia del cumplimiento, ya que desaparece el objeto de la reparación ordenada; por tanto, el órgano judicial de amparo, por ser la autoridad legalmente facultada para ello, debe declarar que el trámite de cumplimiento quedó sin materia. Por ello, por regla general, es innecesaria la apertura del incidente de inejecución de sentencia y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la finalidad principal es lograr el cumplimiento de la ejecutoria, no tanto el sancionar a las autoridades. Apoya lo anterior a jurisprudencia 2a./J. 27/2023 (11a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 26, Junio de 2023, Tomo V, página 4417, registro digital 2026767, de rubro y texto siguiente: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PROCEDE EL ENVÍO AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CUANDO DEJA DE EXISTIR LA MATERIA DEL CUMPLIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN Y/O POR CONVENIO DE LAS PARTES. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho al analizar, en el trámite de cumplimiento de la sentencia de amparo, un supuesto de inexistencia de materia debido al desistimiento de la acción por la parte actora y/o por convenio entre las partes en el juicio de origen. La persona juzgadora de amparo declaró sin materia el cumplimiento y envió el incidente de inejecución de sentencia al órgano revisor, quien emitió pronunciamiento. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que en caso de desistimiento de la acción por la parte actora y/o convenio de las partes en el juicio de origen, la persona juzgadora de amparo, por ser la autoridad legalmente facultada al efecto, debe declarar sin materia el cumplimiento, sin abrir ni enviar el incidente de inejecución de sentencia, toda vez que éste resulta improcedente. Justificación: El operador de amparo debe distinguir que puede haber imposibilidad jurídica o material de cumplimiento cuando pervive la materia del acato; empero, no se actualiza tal figura en el supuesto de que la materia haya dejado de existir y, por ende, no hay derecho fundamental que reparar en términos de lo ordenado en la sentencia. Así, en el caso de desistimiento de la acción por la parte actora y quejosa y/o convenio firme entre las partes, se constituye la inexistencia de materia del cumplimiento, ya que desaparece el objeto de la reparación ordenada; por tanto, el órgano judicial de amparo, por ser la autoridad legalmente facultada para ello, debe declarar que el trámite de cumplimiento quedó sin materia. Así, previa vista a las partes para que estén en condiciones de hacer valer lo que a su derecho corresponda conforme al artículo 201 de la Ley de Amparo, en su oportunidad ordenará el archivo del expediente. Consecuentemente, por regla general es innecesario que la persona juzgadora abra un incidente de inejecución de sentencia y es improcedente su trámite ante el Tribunal Colegiado de Circuito, toda vez que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la finalidad principal es lograr el cumplimiento de la ejecutoria, no tanto el sancionar a las autoridades. En ese sentido se proporciona congruencia al sistema de cumplimiento, ejecución e inejecución a que se contraen los artículos contenidos en el título tercero de la Ley de Amparo, la doctrina jurisprudencial y, en general, la normatividad aplicable, esto es, los acuerdos generales emitidos al respecto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Conocimiento de las partes y anotación. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, previas las anotaciones en el libro de control relativo al Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes (SISE). Finalmente, se reserva pronunciarse sobre el destino del expediente de amparo, hasta en tanto transcurra el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese como corresponda. Así lo proveyó y firman electrónicamente el Juez Óscar García Vega, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, quien actúa asistido de Gabriel César Téllez Sánchez, Secretario que da fe.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria sobreseimiento. Vista la certificación que antecede, se advierte que la sentencia que sobreseyó en el presente juicio, no fue recurrida dentro del término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y III y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro electrónico respectivo y archívese este asunto como concluido. Sin que haya lugar a computar el término de diez días para interponer el recurso de revisión a las autoridades responsables, toda vez que no le genera perjuicio la sentencia dictada. Valoración del expediente. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente se valora como destruible; por tanto, deberá ser destruido una vez cumplido el plazo de tres años. Finalmente, con el contenido de este acuerdo provéase lo que en derecho corresponda en el incidente de suspensión. 8
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