Isaac Aramer Lozano Linares

Expediente 1985/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 1 actuación registrada, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1985/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Isaac Aramer Lozano Linares

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Acumulación. Vistos los escritos de demanda signados por********************y********************, en su carácter de apoderado del ********************contra actos del Centro de Conciliación Laboral en el Estado de Hidalgo y otra autoridad, consistente en la resolución de multa al patrón por no comparecer a la audiencia de conciliación de seis de octubre del año en curso; atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrense en el Libro de Gobierno de este Juzgado con los números 1985/2023-4-B, 1986/2023-4-B, 1987/2023-4-B y 1989/2023-4-B. Personalidad. Con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se reconoce la personalidad que ostenta********************, en términos del Instrumento número ********************, pasado ante la fe del Notario Público número noventa y ocho del Distrito Judicial de Actopan, Hidalgo. Ahora, vistas las demandas en mención se colige que el acto reclamado en todos los juicios es el mismo contra la misma autoridad, aunque promovidos por diversos quejosos, pues los quejosos se duelen de la resolución de seis de noviembre del año en curso, dictada dentro del expediente de conciliación ********************, en la que se les impuso una multa por no comparecer a la audiencia de conciliación. En ese sentido, con fundamento en lo establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en consideración que en dichos juicios se señala el mismo acto reclamado, estos tienen que ser analizados conjuntamente; por lo que se decreta la acumulación de los juicios de amparo 1986/2023-4-B, 1987/2023-4-B y 1989/2023-4-B al 1985/2023-4-B, por ser éste el juicio más antiguo, por lo tanto glósese dichos juicios. Lo anterior, para satisfacer el principio de economía procesal y evitar que se dicten sentencias contradictorias de asuntos vinculados entre sí. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Análisis de la procedencia de las demandas. Ahora bien, es menester establecer que de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; ello, ya que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" El artículo citado impone la obligación al Juzgador de amparo de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. En vía de orientación, se cita la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". De igual forma, es aplicable la jurisprudencia VI.3º.C. J/50, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1160, del Tomo XVI, Octubre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ES CASO DE ESTRICTA EXCEPCIÓN". En ese sentido, este Juzgador de distrito advierte que resulta notoriamente improcedente en términos del artículo 61, fracción XVIII, que, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo" El reproducido precepto, establece uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, el de definitividad, consistente en que al tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Sin embargo, de las disposiciones antes transcritas, se advierten excepciones al principio de definitividad; es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Contra actos que afecten personas extrañas al juicio; y, Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. En esas condiciones, la parte quejosa previo al ejercicio de la acción constitucional, tiene la obligación de acudir a las instancias comunes, para promover el recurso idóneo que pueda producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la Constitución Federal y la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, si el propósito del legislador fue, sin duda, establecer la exigencia de que los gobernados, antes de promover la vía constitucional en contra de un acto de autoridad, hagan valer el medio de impugnación o medio de defensa a su alcance, mediante el cual pueda ser modificado, revocado o anulado dicho acto, conforme a las leyes que lo rijan; para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad, basta con que la ley del acto prevenga la procedencia de algún recurso o medio de defensa con ese fin. Al respecto es aplicable la jurisprudencia VI. 2o. J/52, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 401 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, Octava Época, registro digital 224841, de título y contenido: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." En ese orden de ideas, con relación al acto reclamado consistente en: La resolución de seis de noviembre del año en curso, dictada dentro del expediente de conciliación ********************, en la que se les impuso una multa por no comparecer a la audiencia de conciliación. Ahora bien, los quejosos manifestaron bajo protesta de decir verdad que la imposición de la multa reclamada fue con motivo de no comparecer a la audiencia de conciliación señalada para el seis de octubre del año en curso, sin embargo, a dicho de los quejosos no fueron notificados sobre la programación de dicha diligencia, por lo que es inconcuso que se configura la causa de improcedencia citada, ya que la Ley Federal del Trabajo establece como medio de defensa el incidente de nulidad de actuaciones, figura jurídica existente en los artículos 752 y 762, fracción I, de la citada legislación, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 752.- Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en este Capítulo." "Artículo 762.- Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; (.)" En ese sentido, de los artículos antes mencionados se desprende que en contra de las actuaciones por defectos en la notificación de una determinación judicial, esta, puede combatirse -como ya se dijo anteriormente- a través del incidente de nulidad de actuaciones, por lo cual si la parte quejosa se duele de la resolución de multa al patrón por no comparecer a la audiencia de conciliación de seis de octubre del año en curso, misma que sería declarada sin efectos en caso de resolverse fundado el incidente de nulidad de notificaciones, es inconcuso que debió agotar previamente el mismo antes de acudir a esta instancia constitucional. Por ende, el acto reclamado es recurrible mediante el incidente de nulidad de notificación, de ahí que si la parte quejosa en su carácter de parte formal y material, no interpuso el incidente correspondiente que era procedente en su contra, no obstante que se encontraba obligada a agotar los recursos ordinarios que la ley le concede; es decir, le asiste la carga procesal de observar el principio de definitividad previamente al ejercicio de su acción constitucional, al no agotarse dicho medio de impugnación a través del cual hubiera sido modificada o revocada la determinación que constituye el acto reclamado, deviene improcedente el presente juicio de derechos. Sirve de apoyo al respecto, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXX, Materia Común, página 1406, que enseguida se transcribe: "RECURSOS ORDINARIOS QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Para que exista la causa de improcedencia basada en que no se agotó el recurso ordinario, previamente a la interposición del amparo, basta que la ley del acto conceda el recurso que al interponerse, provocaría la suspensión, independientemente de que ésta se hubiera concedido o no, en el incidente del juicio de garantías." Así como la diversa tesis aislada del Pleno del Máximo Tribunal del país, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXIV, Materia Común, página 128, del tenor siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. Los recursos ordinarios que, por no interponerse, hacen improcedente el amparo, son aquellos que concede la ley, y por los cuales, mediante determinado procedimiento, se obtiene que la autoridad misma o su superior, reformen o revoquen la resolución motivo del amparo; pero cuando este medio de modificar o reformar el acto que se reclama, está constituido por una verdadera contienda judicial, entonces no puede considerarse ya que existe el recurso ordinario que hace improcedente el amparo." Luego, aun cuando se aduzca que el acto reclamado sea de imposible reparación, antes de acudir a la presente instancia es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, ya que el hecho de que pudiera tratarse de un acto de imposible reparación no genera, por sí, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. El criterio anterior, se halla inmerso en la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, perteneciente a la Décima Época, Registro digital 2017117, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, Materia(s): Común, cuyo tenor es: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". En esa línea, del libelo de derechos no se advierte que la parte quejosa haya promovido el recurso mencionado en contra del acto combatido, lo que implica que carezca de definitivitad para efectos del juicio de derechos, operando la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156 del Tomo XII, Julio de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera delos prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia en comento; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda es indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la misma por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de derechos que nos ocupa, con fundamento en el numeral 113 del ordenamiento sustantivo invocado. Lo anterior guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte quejosa, tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Domicilio. Se les tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en el ********************número********************colonia********************en esta ciudad. Autorizados. Se les tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona en los ocursos de cuenta, toda vez que se encontró registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Notificación en días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial adscrito a fin de que notifique el presente proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles. Autorización de medios electrónicos. En atención a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, permítase a la parte quejosa, así como a sus autorizados, que se impongan del contenido de los acuerdos mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que los mismos serán responsables del uso que le den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Expediente electrónico. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración; por tanto, se comisiona a la secretaria encargada de la mesa de trámite, a los oficiales judiciales correspondientes, demás encargados de la digitalización de constancias, y a los actuarios judiciales, a supervisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Exhortación a tramitar el asunto "en línea". Por otra parte, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación..M-IV

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,652 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano