Isaac Lemus Hernández

Expediente 1511/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1511/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
28/06/2023

Partes del expediente

  • Isaac Lemus Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del que se advierte que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, en atención a que se sobreseyó en el juicio. El original del incidente de suspensión es destruible, en términos del artículo 20, fracción III, del Acuerdo referido en líneas que anteceden en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue negada. Además de que este asunto no tiene relevancia documental conforme al artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Téngase al Presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec de Morelos, Estado de México, acusando recibo del tomo de pruebas que acompañó a su informe justificado; de lo que se adquiere conocimiento. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito interpongan recurso de revisión contra la sentencia del once de mayo de dos mil veintitrés, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó este juicio, ha causado ejecutoria. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes, realícense las anotaciones respectivas y glósese el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo. No pasa inadvertido que en el acuerdo del diecinueve de enero del año en curso en el cuaderno incidental se estableció formar por duplicado el incidente de suspensión; sin embargo en el presente juicio de amparo únicamente se ordenó la apertura de un expediente, lo que se hace del conocimiento para los efectos legales que haya lugar. En atención a lo anterior, devuélvasele al Presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec de Morelos, Estado de México, el tomo de pruebas que remitió junto con su informe justificado; solicitándole su respectivo acuse de recibo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    I. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las nueve horas con cuarenta y dos minutos del once de mayo de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1511/2022-I, promovido por ********************, por propio derecho, ante la presencia judicial de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Período de pruebas. Abierto este periodo, el secretario hace constar que la parte quejosa y la autoridad responsable ofrecieron diversas pruebas documentales. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Sin pruebas pendientes de desahogar se cierra esta etapa. Período de alegatos. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que el quejoso realizó manifestaciones en vía de alegatos. El Juez de Distrito acuerda: con fundamento con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, se tienen por hechos sus argumentos los cuales serán tomados en consideración al momento de emitir el fallo que en derecho corresponda. Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Período de alegatos. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. El Juez de Distrito acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe.V I S T O S, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 1511/2022-I; y, R E S U L T A N D O I. ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Director de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec de Morelos, Estado de México y otras autoridades. II. Previo desahogo de prevención y su ratificación, mediante proveído del diecinueve de enero de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda, misma que registró bajo el expediente 1511/2022-I; solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita; y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. III. Mediante acuerdo del diez de marzo de dos mil veintitrés se admitió a trámite la ampliación de demanda del quejoso. C O N S I D E R A N D O: Primero. El Juzgado Tercero de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que las autoridades administrativa que emitieron los actos reclamados tienen su residencia en la demarcación territorial de este Juzgado de Distrito, en la que se encuentra legalmente facultado para declarar el derecho al caso en particular. Segundo. Conforme a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en la demanda de amparo, se hace consistir en: La orden de destitución del cargo de Agente de la Policía Municipal y su ejecución. Tercero. El Presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, y el Director de Seguridad Pública y Tránsito, de Ecatepec de Morelos, Estado de México, al rendir sus informes de ley, negaron la existencia del acto reclamado. Además, cabe precisar que el quejoso no aportó prueba alguna para desvirtuar tales negativas, de ahí que se tenga por inexistentes los actos que por esta vía combate. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cuarto. El Presidente, Secretario y representante de la Unidad Operativa todos de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, de Ecatepec de Morelos, Estado de México, negaron el acto reclamado, sin embargo, de las razones y circunstancias que vierten en el mismo, se advierte la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro digital 211004, materia Común, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". Por su parte, la encargada del despacho de la Coordinación Administrativa de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito y la Directora de Administración, ambas del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México, negaron haber emitido la orden de destitución reclamada por el quejoso, pero aceptaron haberlo dado de baja definitiva como servidor adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de ese Ayuntamiento, en cumplimiento a la resolución emitida en el Procedimiento Administrativo Disciplinario instruido en su contra. Aunado a que así se advierte de las constancias que remitieron en apoyo a sus informes justificados. Quinto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. En ese aspecto, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Para justificar lo anterior, es preciso tener en consideración el contenido de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad que se estimen violatorios de los derechos humanos contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los diversos medios de defensa; principios que están previstos en el artículo 107, de la propia Constitución, entre los cuales se contempla el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Ciertamente, el principio de definitividad obliga a la quejosa a agotar, previamente a la interposición del juicio de amparo, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues como ya se dijo, el juicio constitucional se concibió como un medio extraordinario de impugnación, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales. Lo anterior, siempre que conforme a la ley que regula el acto reclamado se suspendan los efectos de los mismos, ya sea de oficio o a petición de parte, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los que en ésta se consignan, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Asimismo, no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, cuando: a) El acto reclamado carece de fundamentación; b) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; y, c) Cuando el recurso o medio de defensa esté previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Es importante destacar que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, prevé como medios ordinarios de defensa contra los actos y resoluciones de las autoridades locales o municipales administrativas y fiscales de dicha entidad federativa, el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad, o el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. En primer lugar, se abordará el estudio para determinar si previamente a la promoción del juicio de amparo, contra actos que se rijan por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, debe agotarse el recurso administrativo de inconformidad previsto en su artículo 186, que señala: "Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables". Del dispositivo legal reproducido se desprende que contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales del Estado de México, que causen afectación a los particulares, procede optativamente el recurso administrativo de inconformidad, o bien, el juicio contencioso administrativo. Es decir, los particulares afectados por los actos de autoridad de la administración pública del Estado de México, pueden proceder en cualquiera de las siguientes formas: 1) Acudir, en primer lugar, al recurso administrativo de inconformidad y, contra la resolución que en éste se pronuncie, promover juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, cuya sentencia podrá, en su caso, reclamarse en amparo. 2) Acudir directamente al juicio de nulidad y, en su caso, promover el juicio de amparo contra la sentencia que pronuncie el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. Lo anterior, pone de manifiesto la naturaleza opcional del recurso administrativo de inconformidad, el cual puede agotarse o no antes de acudir al juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en el entendido de que este último será procedente, ya sea en forma directa o con posterioridad a la resolución del recurso administrativo de inconformidad. En ese sentido, el recurso administrativo de inconformidad y el juicio contencioso administrativo forman parte de un mismo sistema de impugnación en la vía ordinaria, conforme al cual, los actos de autoridad regidos por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México pueden impugnarse en el citado recurso a elección del interesado, y contra la resolución que se dicte procede el juicio de nulidad, el que también puede promoverse directamente si se decide no agotar el recurso de inconformidad. Por tanto, si el interesado elige el mencionado recurso en la vía ordinaria, necesariamente tendrá que agotar también el juicio de nulidad previamente al juicio de amparo, o sólo el segundo si prescinde del primero, pero en modo alguno podría promover desde luego el amparo indirecto (contra actos de las autoridades administrativas o resoluciones de origen), si decide no agotar el mencionado recurso, dada la procedencia del juicio contencioso administrativo, excepto los casos en que este último no deba agotarse por tratarse de una excepción al principio de definitividad. Consecuentemente, debe concluirse que resulta innecesario el análisis de los requisitos que consagra la ley que rige el recurso de inconformidad para la procedencia de la suspensión del acto recurrido pues, independientemente de lo que arroje tal análisis, lo cierto es que no es obligatorio para los particulares agotar ese recurso antes de acudir al juicio de nulidad. Por lo que hace al juicio de nulidad para otorgar la suspensión del acto administrativo los requisitos establecidos no son mayores a los señalados en la Ley de Amparo, de acuerdo a los preceptos 254 a 260, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto en el juicio contencioso, y los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo, que regulan la suspensión en el juicio constitucional. En esa tesitura, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión de los actos impugnados en el juicio de nulidad, que los que establece la Ley de Amparo, para conceder la suspensión del acto reclamado, no dispone requisitos adicionales y los alcances que otorga a dicha medida cautelar son similares a los que prevé la norma federal. Además, cabe precisar que en las legislaciones aludidas existen ciertas diferencias, que atienden a las características propias de cada sistema, como son los requisitos para que surta efectos la suspensión o que en la Ley de Amparo se prevé la existencia de un informe previo y derecho a ofrecer pruebas. Sin embargo, esas cuestiones no corresponden a requisitos para la concesión de la suspensión del acto reclamado, sino en todo caso de eficacia de dicha medida, aspecto que los artículos 107, fracción IV, Constitucional y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, no incluyen para el estudio de la causal de improcedencia de que se trata; ya que ésta no exige que las leyes que establezcan el recurso, juicio o medio de defensa de carácter ordinario susceptible de modificar el acto, deban contener esquemas suspensionales semejantes a la Ley de Amparo en cuanto a los requisitos tanto de procedencia como de efectividad; sino sólo que las leyes ordinarias permitan conceder la suspensión con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, así como que aquéllas no establezcan más requisitos ni plazo mayor para tal efecto. En efecto, dicho tópico fue resuelto en la contradicción de tesis 2/2015, que el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito que resolvió -por mayoría de votos- en sesión pública el uno de septiembre de dos mil quince, básicamente en el sentido de que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México no establece mayores requisitos que los de la Ley de Amparo para que sea procedente la suspensión definitiva del acto reclamado y tiene los mismos alcances; resolución de la cual derivó la jurisprudencia PC.II.A. J/3 A, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo III, página 2936, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional." Por tanto, previamente a la sustanciación del juicio de amparo, debe agotarse dicho juicio ante aquel Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, y su falta de promoción deriva en la improcedencia del juicio de control constitucional, al actualizarse la causal prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Se reitera, que si el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, dispone los mismos alcances al conceder la suspensión del acto impugnado, sin establecer mayores requisitos que los de la Ley de Amparo para que sea procedente la suspensión definitiva del acto reclamado, ni excede del plazo que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por otro lado, no se trata solamente de violaciones directas a la Constitución ni tampoco de un acto carente de fundamentación. Por tanto, es evidente que en el caso no se actualiza un supuesto de excepción al principio de definitividad que rige al juicio de amparo y, por ende, previo a la promoción de este juicio constitucional, la quejosa debió agotar el juicio de nulidad en contra de la resolución que ordena la separación definitiva de su cargo. Sin que sea óbice a lo anterior el hecho que el quejoso señale que las autoridades responsables violaron en su perjuicio el derecho humano de audiencia consagrado en el artículo 14 constitucional, toda vez que de las constancias se advierte que el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós tuvo verificativo su garantía de audiencia en la que se hicieron de su conocimiento los cargos que se formulaban; si asimismo tuvo oportunidad para defenderse y aportar las pruebas que convinieran a sus intereses, con lo que se considera satisfecha la garantía de audiencia, pues basta para ello que al sujeto al procedimiento se le brinde oportunidad de defensa. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 802280, materia Administrativa, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen CXXXII, Tercera Parte, página 139, de rubro y texto: "POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL. GARANTIA DE AUDIENCIA EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA DAR DE BAJA A UN MIEMBRO DE LA MISMA. Si un miembro de la Policía Preventiva del Distrito Federal estuvo presente en la reunión de la respectiva Junta de Honor; si se hicieron de su conocimiento los cargos que se formulaban; si asimismo tuvo oportunidad para defenderse y aportar las pruebas que convinieran a sus intereses aun cuando en el acta relativa no aparezca que el quejoso haya propuesto prueba alguna, es suficiente todo ello para satisfacer la garantía de audiencia, sin que sea óbice para ello el que no consten específicamente "los diversos momentos procesales de ofrecimiento, admisión y desahogo de probanzas", ya que no es indispensable que este tipo de procedimientos administrativos se ciña estrictamente a las formalidades procesales del derecho común, para estimarse satisfecha la garantía de audiencia, pues basta para ello que al sujeto al procedimiento se le brinde oportunidad de defensa". En consecuencia, lo que procede es decretar el sobreseimiento del juicio al actualizarse la causa de improcedencia mencionada. Determinación que, desde luego impide analizar las cuestiones de fondo propuestas por la parte quejosa, como se advierte de la Jurisprudencia 1027 de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible la página 115 del Tomo IX, Común, Enero de 1992, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, con el número de registro 220,705, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Por lo expuesto y fundado se; R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese; y por lista electrónica a la parte quejosa. Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe. Doy fe.

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