Isaac Camargo Olivares
Expediente 708/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 708/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Isaac Camargo Olivares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Visto el escrito firmado por el quejoso **********, mediante el cual solicita las documentales que anexo a su escrito de demanda; en atención a su contenido, dígasele que deberá estarse a lo ordenando en proveído del veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el que se proveyó lo conducente. En el entendido de que para tal efecto, deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro de los días y horario correspondientes al mismo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del veintitrés de septiembre de este año, que desechó la demanda de amparo promovida por **********; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Requiérase a la parte quejosa para que en el lapso de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos originales que presentó en su escrito inicial, apercibida que de no hacerlo así en el término indicado, en su momento, se procederá a su destrucción junto con este expediente. En el entendido de que dicha entrega se realizará únicamente los días viernes, dentro del horario establecido a este órgano jurisdiccional, y previa cita en términos del acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, tendrá que llevar a cabo las medidas sanitarias necesarias para la pandemia que prevalece. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta suscrito por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por el cual remite el juicio de amparo 708/2022-V, del índice de este Juzgado y el testimonio de la resolución pronunciada en la queja número 578/2022, el ocho de los cursantes, formada con motivo del recurso interpuesto por la parte quejosa, en cuyo único punto resolutivo resolvió declarar fundado dicho medio de impugnación. Acúsese el recibo correspondiente al Tribunal Colegiado en cita. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de registro de juicios de amparo que al efecto se lleva en este órgano de control constitucional; así como, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y glósense a estos autos únicamente las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso en cita. En ese sentido, vista la demanda presentada por **********, por derecho propio, contra actos de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tultitlán de Mariano Escobedo, Estado de México, y otras autoridades; se provee: La parte quejosa señala como acto reclamado: "LA DEMOLICIÓN de lo obra pública con ficha técnica, número 2021.109.5.01.3, denominada PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE SEGUNDA CERRADA DE TOLUCA, Y A CONSECUENCIA DE ELLO, EL LIBRE ACCESO A MI DOMICILIO, SIN QUE EXISTA NINGUNA RESOLUCIÓN DONDE SE ME HAYA OTORGADO LA GARANTÍA DE AUDIENCIA". En ese sentido, se advierte que en relación a los actos reclamados, se surte de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". Eso es así, porque el texto del precepto legal inserto contempla uno de los principios fundamentales que rigen al juicio de amparo que es el de definitividad del acto reclamado, el cual consiste en que para ser procedente el juicio de amparo deben agotarse antes de interponer el juicio constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensa que otorga la ley, salvo las excepciones que la misma establece. En ese contexto, los artículos 186, 187, fracción II, y 229, fracciones II y VI del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, establecen: "Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de la autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tiene el carácter de particular las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causa de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables". "Artículo 187. El recurso de inconformidad procede en contra de: II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, queafecten derechos de particulares de imposible reparación; y (.)". "Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: (.) II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación. VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos diez días siguientes a su presentación;(.)". De lo antes anotado, se observa que los actos impugnados al ser de naturaleza administrativa, admiten el recurso administrativo de inconformidad ante las propias autoridades, o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, a que se refieren los artículos 186, primer párrafo, y 187, fracción II, ó 229, fracciones II y VI, respectivamente, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, por lo que el promovente debió de agotar cualquiera de los dos medios de defensa en cita, previamente a acudir a solicitar la protección constitucional y al no hacerlo origina que se dé la causa de improcedencia que se analiza. Al efecto, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448 del Tomo X, Octubre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del siguiente rubro: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)". Por lo tanto, al no haber agotado la parte quejosa, los medios de impugnación destacados, es inconcuso que la parte agraviada no cumplió con el principio de definitividad a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, de modo que el juicio de amparo con relación al citado acto reclamado es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, impresa en la página 902 del Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL". Sin que se deje de observar la circunstancia de que existen excepciones al principio de definitividad a que se ha hecho alusión con anterioridad, pues el mismo no aplica cuando conforme a las mismas leyes que rijan el acto reclamado para suspender la ejecución del mismo, se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva; asimismo, cuando en la vía de amparo se combata la falta total de fundamentación y motivación del acto reclamado y cuando se alegue violación directa a la Constitución. Lo cual no sucede en el caso estudio, pues el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de México, no exige mayores requisitos para suspender el acto reclamado en análisis. En efecto, los artículos 254, 255, 256 y 257 de la citada codificación adjetiva administrativa estatal, disponen lo siguiente: "Artículo 254. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. - - - Sólo procede la "suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, "privación de libertad por autoridad "administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado de la sala regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. - - - En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado de la sala regional que conozca del asunto. - - - Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento". "Artículo 255. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. - - - La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos que afecten a particulares de escasos recursos económicos, actos "privativos de libertad decretado al particular por autoridad administrativa o bien, cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular". "Artículo 256. Tratándose de multas, impuestos, derechos o cualquier otro crédito fiscal, el magistrado discrecionalmente podrá conceder la "suspensión sin necesidad de que se garantice su importe. - - - Cuando a criterio del magistrado fuere necesario garantizar los intereses del fisco, la suspensión del acto reclamado se concederá, previo aseguramiento de los mismos, en cualquiera de las formas que se establecen en las disposiciones fiscales relativas, a menos que la garantía se hubiese constituido de antemano ante la autoridad "demandada". "Artículo 257. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños y perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causare, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el magistrado que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. - - - La suspensión otorgada quedará sin "efecto si el tercero da a su vez caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el "tercero, deberá cubrir previamente el costo "de la que hubiese otorgado el actor". Por su parte, el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso. II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Asimismo el diverso 132 del mismo cuerpo legal indica: "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía". De lo que se colige que el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de México, no consigna mayores requisitos que la ley de la materia para suspender el acto reclamado, en virtud de que, como se ve, se prevén incluso menores requisitos para tal efecto. Esto, en virtud de que en los numerales de referencia, particularmente por cuanto hace a los artículos 254 y 255 del ordenamiento legal invocado, únicamente se requiere que sea solicitado por el agraviado, y no exige forma especial para exhibir la garantía que en su caso llegase a requerírsele. Aunado a lo anterior, en términos de los artículos 259, párrafo segundo y 285, fracción II, de dicha codificación administrativa, en caso que llegase a negarse la suspensión del acto impugnado, tal determinación podrá ser impugnada en revisión. Por su parte en el ordinal 256 del citado cuerpo legal, incluso se prevé la posibilidad de conceder la suspensión sin necesidad de que se garantice su importe, o en caso contrario, si es necesario garantizar los intereses del fisco, se concederá previo aseguramiento de los mismos, en cualquiera de las formas que se establecen en las disposiciones fiscales relativas, a menos que la garantía se hubiese constituido de antemano ante la autoridad demandada, resultando ser los mismos requisitos que consigna el artículo 135 de la Ley de Amparo. Y finalmente el ordinal 257 citado contiene las mismas hipótesis a que se refiere el numeral 132 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Resulta aplicable el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que aparece publicada en la página 3185, Tomo LXXXIX, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "RECURSOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSIÓN DEL ACTO)". Por tanto, al no prever mayores requisitos el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, para la concesión de la suspensión de amparo, tal y como hace alusión el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito al resolver la contradicción de tesis 2/2015, se concluye que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Dicho criterio se encuentra plasmado en la jurisprudencia PC.II.A. J/3 A (10a.), visible en la página 2936 del Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registrada con el ordinal 2010436, del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL". Asimismo, debe tomarse en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 12/99, determinó que para operar la causa de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia. Dicho criterio es sintetizado, en las jurisprudencias 2a./J. 115/99 con registro 193142 y 2a./J. 116/99 con registro 193141, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, de octubre de 1999, páginas 448 y 447, de rubro: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)" y "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)". En tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese; hágase por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Téngase al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, acusando recibo de los autos originales del juicio de amparo 708/2022-V, de este índice e informando que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, el cual registró con el número 578/2022. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; hágase por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · 9,679 expedientes
- Irving Rosette Isaías702/2023
- Irving Verazaluce Sánchez1256/2021
- Irving Zepeda Galicia y Otros.1577/2017
- Isa Maryam Quezada Corte705/2018
- Isaac Abourmad Baddouch850/2021
- Isaac Benjamín Nieto Lara510/2021
- Isaac Coca Sánchez1814/2018
- Isaac González Pérez373/2018
- Isaac Guakil Chaiyo1079/2016
- Isaac Humberto González Domínguez511/2021
- Isaac Israel Trejo Ríos755/2017
- Isaac Lemus Hernández1511/2022