Isaac Elias Solis Angulo

Expediente 292/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
292/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
12/08/2022

Partes del expediente

  • Isaac Elias Solis Angulo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 1502, de diez anterior, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el testimonio de resolución pronunciada en la queja 76/2022, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte impetrante, contra el auto de once de febrero de dos mil veintidós; de la que aparece que la citada Superioridad, en su único punto resolutivo, declaró infundado el recurso de queja. Por tanto, acúsese recibo vía interconexión. Háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese como asunto totalmente concluido; en esa virtud, hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro de Gobierno respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se desechó el presente juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el citado Acuerdo General, por lo que es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio remitido vía interconexión, con evidencia criptográfica, por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el que acusa recibo del informe con justificación, remitido en relación al recurso de queja interpuesto por la quejosa Claudia Alejandrina Quintal Solís, contra el auto de once de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 292/2022, del índice de este órgano jurisdiccional; asimismo, informa que se admitió el citado recurso, quedando registrado con el número de toca 76/2022. De lo que este Juzgado Federal toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la citada sentencia en la que se sobreseyó y se negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por lo que se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha. Concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se ordenará su depuración, conservando la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, el presente proveído; y los documentos que, en su momento, se consideren relevantes, situación que se hará constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y la definitiva del acto reclamado a las responsables; provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente, debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste, DEBERÁ DEPURARSE, tal como lo establece el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo de referencia. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, conforme al artículo 15 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto transferible. NOTIFÍQUESE

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, once de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por Isaac Elías Solís Angulo, quien se ostenta defensor particular de la directa quejosa Claudia Alejandrina Quintal Solís, con el que cumple el requerimiento que le fuera hecho en proveído de cuatro anterior. Por tanto, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por la citada Quintal Solís, por conducto de su nombrado defensor, contra el acto que reclama del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Estado, así como el escrito aclaratorio de cuenta; se acuerda: Con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, a que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la parte quejosa reclama la determinación de doce de enero de dos mil veintidós, emitida por el Juez responsable en la carpeta administrativa 253/2021, en la que accedió a la petición del Fiscal Investigador correspondiente, de requerir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, diversa información relativa a cuentas bancarias pertenecientes a personas distintas de la aquí impetrante. En ese sentido, debe decirse que del examen de la demanda de amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, como se verá a continuación. Atento a ello, es menester precisar que los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los citados numerales, se advierte que debe desecharse la demanda de amparo cuando exista una causal manifiesta e indudable de su improcedencia. A ese respecto, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable, resulta de tener la certidumbre y pleno convencimiento de que la causa de improcedencia en trato es operante al caso concreto, de modo tal que aún en el supuesto de admitir la demanda y substanciar el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. El motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Una vez sentado lo anterior, se estima conveniente reiterar que de la lectura integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se aprecia que el acto reclamado se hace consistir en la determinación de doce de enero de dos mil veintidós, emitida por el Juez responsable en la carpeta administrativa 253/2021, en la que accedió a la petición del Fiscal Investigador correspondiente, de requerir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, diversa información relativa a cuentas bancarias pertenecientes a personas distintas de la aquí impetrante. En relación con dicho acto reclamado, este órgano de control constitucional considera que se actualiza una causal de improcedencia, como se verá enseguida. Se afirma lo anterior, toda vez que el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Del contenido del último numeral, aplicado a contrario sensu, permite concluir que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produzca afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. Ello, en términos de las siguientes tesis, de rubro y texto siguientes: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal." "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Al quejoso en el amparo, como actor en el juicio, al igual que en una contienda de carácter civil, le corresponde, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta el reconocimiento, por las autoridades responsables, de la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, puesto que el perjuicio depende de que existan legítimamente amparados los derechos cuya garantía constitucional se reclama." Sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, ya sea en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Así se desprende de la siguiente tesis que dice: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias." Lo anterior significa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y efectivo, a la persona física o moral que se estime afectada y, de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6, de la Ley de Amparo. En ese tenor, el acto reclamado, como ya se indicó, es la determinación de doce de enero de dos mil veintidós, emitida por el Juez responsable en la carpeta administrativa 253/2021, en la que accedió a la petición del Fiscal Investigador correspondiente, de requerir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, diversa información relativa a cuentas bancarias pertenecientes a personas distintas de la aquí impetrante. Así, dicho acuerdo, en el que el Juez responsable accede a que se recabe información de cuentas bancarias de personas distintas de la aquí quejosa, no causa un agravio real ni directo a la impetrante, toda vez que al tratarse de cuentas pertenecientes a personas diversas de la amparista, ese requerimiento de información no causa un perjuicio a su esfera jurídica. Ello, cuenta habida que, en dicha determinación, tal y como bajo protesta de decir verdad lo indicó la quejosa en su escrito aclaratorio, el Juez responsable accedió a la solicitud del Fiscal Investigador, de requerir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información relativa a cuentas bancarias que no pertenecen a la directa quejosa, sino a personas diversas de ésta; en tal virtud, se insiste, dicho proceder no causa ningún agravio real y directo a la impetrante, sino, en todo caso, a las personas a quienes tales cuentas pertenecen. Por tanto, es menester insistir en que al encontrarse la determinación reclamada, encaminada a obtener información bancaria de personas distintas de la aquí quejosa, es claro que tal proceder no le causa agravio alguno en su esfera jurídica, precisamente porque se trata de cuentas ajenas a la impetrante. Por lo anterior, esta Juzgadora Federal estima actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6° de la Ley de Amparo. Por lo que, es inconcuso que no existe perjuicio real y definitivo a la parte quejosa y, de ello, deviene la improcedencia de la demanda de amparo. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia siguiente, que establece: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Sin que pase desapercibido para este órgano de control constitucional, el que la quejosa afirme que tiene la calidad de imputada en la carpeta administrativa natural; empero, se reitera, al encontrarse dirigido el requerimiento de información a personas diversas de la impetrante, no se actualiza la existencia de un agravio personal o directa en su contra, ya que se trata de actos de investigación de la autoridad ministerial que no impactan, por ahora, en la esfera jurídica de la amparista, cuenta habida que, se insiste, están dirigidos a personas ajenas a ésta. Consecuentemente, al actualizarse, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6°, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, con apoyo en el dispositivo 113 trascrito, se desecha la demanda en estudio, por notoriamente improcedente. Por ello, tomando en consideración los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de esta Juzgadora, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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