Irwin Ruben Cruz Nah

Expediente 123/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
123/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
16/02/2021

Partes del expediente

  • Irwin Ruben Cruz Nah

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad; sin que haya lugar a hacer pronunciamiento especial al respecto, toda vez que en proveído de veinticinco de enero del año en curso, se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida a favor del quejoso IRWIN RUBEN CRUZ NAH; proveído que causó estado en esa propia fecha y se ordenó el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que obra el oficio suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con el que informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo; así mismo, mediante proveído de quince de enero pasado, se dio vista a las partes con el oficio y anexo remitidos por la mencionada autoridad, para que en el término de tres días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera; por lo que al haber fenecido dicho plazo, esta juzgadora determinará si está cumplida o no la sentencia concesoria de amparo. En este sentido, se aprecia que por sentencia definitiva emitida por este órgano jurisdiccional, se concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, respecto de los actos de la Junta Especial Número 21 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el Estado de Yucatán. De manera que la autoridad responsable estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "(.) Deje insubsistente todo lo actuado en la controversia laboral de origen, y siguiendo los lineamientos establecidos en esta ejecutoria, ordene al actuario realizar las investigaciones de manera exhaustiva con la finalidad de determinar quiénes pudieran resultar beneficiarios del extinto trabajador, publique la convocatoria respectiva, y en general, tome las medidas necesarias con base en las formalidades indicadas en líneas considerativas precedentes y realice las investigaciones pertinentes, todo lo anterior, atendiendo a los razonamientos expuestos en este fallo (.)" Inconforme con esa determinación, la parte quejosa interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de referencia. Misma que fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, lo cual se comunicó a este Juzgado por oficio 754/2019, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, el que fue agregado en autos. Seguidamente, se dio trámite en este juzgado a la ejecutoria de referencia, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma, de manera que estaba obligada a acatar la resolución referida. Así, de las constancias que obran en este sumario se advierte, que, la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, mediante oficio 3740/2019 de diez de diciembre de dos mil diecinueve, remitió el acuerdo dictado en la propia fecha, donde dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral de origen 645/2017, a partir del auto de radicación de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, ordenó al actuario publique la convocatorio en un lugar visible en el centro de trabajo del extinto trabajador, así como fue remitiendo las constancias donde se desprende lo concerniente a las gestiones realizadas a fin de localizar a los posibles beneficiarios del extinto Alfonso Martín Martínez Esquivel, como lo es el oficio de diez de marzo de dos mil veinte, relativo al oficio DJ-GJRS-SJCC-OJM-045-2020, signado por la apoderada legal de Petróleos Mexicanos, en el que, en respuesta al requerimiento de la responsable, le informó que en relación a los beneficiarios del extinto trabajador Martínez Esquivel, se hizo una consulta exhaustiva en el área de recursos humanos de dicha paraestatal, pero no se encontraron resultados positivos de alguna declaración de beneficiarios del referido Martínez Esquivel. Además, de las constancias remitidas también se advierte que la autoridad responsable, mediante auto de diez de febrero de dos mil veinte, tuvo a la aquí quejosa, Paula Carolina Esquivel Ramos, compareciendo en el juicio de origen 645/2017, a efecto de solicitar su nombramiento como beneficiaria del fallecido trabajador; a lo que la junta responsable acordó favorablemente, ordenando los trámites correspondientes para el desahogo de las diligencias referentes a lo solicitado por Esquivel Ramos. Finalmente la responsable argumentó, que se habían agotado los medios correspondientes, a fin de localizar a posibles beneficiarios, ordenándose continuar con el procedimiento en el juicio laboral 645/2017. De lo anterior se colige que se cumplieron los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; ya que, como se precisó, la autoridad responsable dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral de origen 645/2017; así como lo concerniente a las gestiones realizadas a fin de localizar a los posibles beneficiarios del extinto Alfonso Martín Martínez Esquivel, argumentando que agotaron todos los medios que tenían a su alcance a fin de localizar a posibles beneficiarios, mismos que no existen; ordenándose continuar con el procedimiento en el juicio laboral 645/2017, conforme lo que legalmente corresponde. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos. Ahora bien, agréguese el escrito signado por Ligia Linda Martín Várguez autorizada de la parte quejosa, mediante el cual solicita que no se tenga por cumplida la sentencia de mérito, aduciendo, entre otras cosas, que la responsable no dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen, manifestando que, la única forma de dejar todo insubsistente, es que la junta requiera la devolución de la suma de dos millones seiscientos diecinueve mil trescientos ochenta y nueve pesos moneda nacional con cincuenta y seis centavos, entregados a la promovente de la controversia laboral de origen, por concepto de ejecución del laudo emitido en dicho juicio natural. En relación con lo anterior, dígasele que como se advierte párrafos arriba, los efectos de la sentencia fueron únicamente para que la autoridad dejara insubsistente todo lo actuado en la controversia laboral de origen, y ordene realizar las investigaciones de manera exhaustiva con la finalidad de determinar quiénes pudieran resultar beneficiarios del extinto trabajador, así como publicar la convocatoria respectiva; lo cual, como se desprende del estudio que precede, la autoridad acató cabalmente; por tanto, las manifestaciones referentes a dichas circunstancias en relación con que la actora devuelva a la junta responsable la cantidad que se le entregó en concepto de indemnización, no guardan relación con los efectos de la ejecutoria, por tanto, no podrán ser abordadas en el presente análisis. En cuanto a la solicitud de que le sean devueltos los documentos a que hace referencia en dicho escrito o, en su caso le sean expedidas copias certificadas de los mismos; dígasele que, por el momento, es procedente expedirle copias certificadas de las mismas; por tanto, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias certificadas de las constancias que solicita y entréguensele previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos, cuando las labores de este Juzgado lo permitan. Por otro lado, en cuanto al diverso escrito agregado en autos el cuatro de febrero de dos mil veinte, signado por la ocursante, del que se reservó acordar hasta en tanto se realizara el análisis del cumplimiento; estese a lo proveído en los párrafos precedentes. Finalmente, en lo que respecta a la diversa solicitud efectuada por la autorizada en su escrito de cuenta, de promover el incidente innominado para declarar el defecto en el cumplimiento de la ejecutoria. En ese sentido, primeramente debe decirse que, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, dicha incidencia podrá acontecer únicamente de oficio por parte de la autoridad jurisdiccional, y no a petición de parte, como pretende la parte quejosa, pues dicho incidente tiene por objeto, medularmente, que la autoridad jurisdiccional resuelva si existe o no imposibilidad jurídica para cumplir con la sentencia de amparo; o se precise el alcance material y concreto del fallo constitucional; así como resuelva si la ejecutoria de amparo está cumplida o no; y determine la existencia de algún impedimento para cumplir con la misma; circunstancias que, como se observó en este acuerdo, fueron abordadas en el presente estudio de cumplimiento, sin necesidad de optar por el medio incidental en comento. Además, es precisamente por esa razón que se le dio vista a la quejosa en relación con el cumplimiento de la responsable, para que después del término otorgado, se estudie en todos sus ámbitos, las circunstancias en las que la autoridad responsable pretende dar cumplimiento a la sentencia, y se tomen en cuenta los argumentos de las partes para tenerla o no por cumplida. En razón de lo expuesto líneas precedentes, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desecha de plano el incidente propuesto, al estimarse notoriamente improcedente; dejando a salvo los derechos de la promovente para que los haga valer en la vía y forma procedentes en contra de la presente determinación, conforme a lo dispuesto por el artículo 201 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014 Tomo I, página 19, de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo".

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