Irwin Alexander Polvo Martínez

Expediente 1234/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 14 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1234/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
04/01/2023

Partes del expediente

  • Irwin Alexander Polvo Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a cuatro de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia de ocho de noviembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo judicial del presente juicio de amparo, así como del incidente de suspensión correspondiente, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Respecto al original del incidente de suspensión, tomando en consideración que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, el asunto se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; en consecuencia, el cuaderno original es susceptible de destrucción, en el término de tres años. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el original del incidente de suspensión y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Se precisa que en el presente juicio de amparo no obran documentos exhibidos por la parte quejosa. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.

  2. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, a cuatro de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia de ocho de noviembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo judicial del presente juicio de amparo, así como del incidente de suspensión correspondiente, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Respecto al original del incidente de suspensión, tomando en consideración que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, el asunto se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; en consecuencia, el cuaderno original es susceptible de destrucción, en el término de tres años. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el original del incidente de suspensión y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Se precisa que en el presente juicio de amparo no obran documentos exhibidos por la parte quejosa. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a ocho de noviembre de dos mil veintidós. Por recibido el oficio de cuenta del Actuario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el veinte de octubre de dos mil veintidós, en el recurso de queja administrativa número 107/2022, interpuesto por el quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón, por sí y como representante común de la parte quejosa, en contra del auto dictado el trece de mayo del año en curso, mismo que desechó la demanda de amparo, y devuelve los autos originales del juicio de amparo, acúsese el recibo correspondiente y apareciendo que la superioridad declaró infundado el recurso de queja, hágase de conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia. Sin necesidad de glosar a los autos las copias certificadas remitidas al Tribunal de Alzada, para la substanciación del citado recurso. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de depuración, dado que en autos se decretó la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, situación que conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace conservable la demanda, acuerdo en que se decretó la citada suspensión por virtud del efecto definitivo que tiene tal medida cautelar, así como el presente acuerdo. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y una vez concluida la misma, terminado el proceso de depuración, solicítesele la transferencia de este expediente a los depósitos documentales, dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).. SE GIRA EXHORTO. Asimismo y considerando que los quejosos están recluidos en la Penitenciaría de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 28 fracción III, de la Ley de Amparo, así como en el diverso precepto 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado comisione al Actuario Judicial de su adscripción a fin de que se constituya en las instalaciones que ocupa la Penitenciaría de la Ciudad de México, notifique personalmente al quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón en su carácter de representante común de la parte quejosa, este proveído. Se solicita al Juez de Distrito exhortado que una vez que sea diligenciada esta comunicación oficial electrónica, la devuelva por la misma vía a este juzgado. Por otra parte, del estado de autos, se advierte que en acuerdo de seis de abril de dos mil veintidós, se radicó el presente juicio de amparo 402/2022 y su acumulado 403/2022 con motivo de las demandas de amparo promovidas por los quejosos 1) Carlos Alberto Angelino Barrón, 2) Juan Manuel Espinosa González, 3) Edwin Daniel Guerra Córdova, 4) Luis Gabriel Jop Corzo, 5) José Antonio Contreras Chávez, 6) José Othón Ramiro Hernández Lima, 7) Enrique Mejía Bello, 8) Enrique Alvarado Saucillo, 9) Eduardo Ampudia Fraustro, 10) Eduardo Flores Castro, 11) Renan Hidalgo Echazarreta y 12) Hugo Melchor Nieto y en el mismo proveído se decretó la suspensión de plano de diversos actos reclamados; asimismo, este órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto, al haber sido señalado como autoridad responsable y ordenó su remisión al Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico. Posteriormente, en acuerdo de trece de mayo de dos mil veintidós, se agregó a los autos el oficio de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, por el cual informó que dicho órgano jurisdiccional no aceptó la competencia planteada, pues estimó que este Juzgado podría conocer del asunto al no advertirse que los actos reclamados deriven de un procedimiento o juicio que se esté ventilando ante esta autoridad, por lo cual estimó que no había razón para declinar la competencia y devolvió los autos. Atento a ello, en el mencionado proveído, este Juzgado de Distrito no insistió en declinar la competencia y procedió a la separación de juicios, dada la independencia de los actos reclamados, por una parte, a autoridades administrativas y penitenciarias y, por otra, a autoridades jurisdiccionales. Así, respecto a las primeras, se ordenó remitir copia certificada de todo lo actuado a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, a fin de que se remitiera al órgano jurisdiccional correspondiente. De esta manera, el sumario en el que se actúa se continuó únicamente por los actos reclamados a autoridades jurisdiccionales y en el referido acuerdo de trece de mayo de dos mil veintidós se desechó la demanda de amparo. Ahora bien, toda vez que en actuaciones no obra constancia respecto al juzgado federal que actualmente conoce de dicho juicio de amparo por lo que se refiere a las autoridades administrativas y penitenciarias señaladas como responsables, gírese atento oficio a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, a efecto que de no existir impedimento legal alguno, informe a qué órgano jurisdiccional fue turnado el mencionado asunto, el cual le fue remitido mediante oficio 15606/2022 fecha trece de mayo del año en curso, recibido en dicha oficina de correspondencia el día diecisiete siguiente. En consecuencia, una vez que se cuente con esa información, remítanse los oficios reservados por autos de nueve de mayo, catorce y veintinueve de junio del año en curso, al Juzgado de Distrito que corresponda a efecto de que surta sus efectos legales en el asunto que al efecto se haya formado. Notifíquese vía exhorto a la parte quejosa.

  4. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, a cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese únicamente para que obre como constancia, el oficio signado por el Juez Octavo de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey; sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto de su contenido, toda vez que el trece de octubre del año en curso, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo, y se ordenó el archivo del presente asunto. Notifíquese.

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