Irving Azarel Castillo Pérez
Expediente 361/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 40 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 361/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Irving Azarel Castillo Pérez
- Enrique Castillo Mora
- Procuradora General en el Estado, a través del Agente del Ministerio Público que conoció de la Carpeta de Investigación C.I.UITLAXD-1/244/2019
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con treinta y un minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 361/2023-I, promovido por Irving Azarel Castillo Pérez, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Jordy Santos Ávila, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, el Secretario certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentran: 1. Demanda de amparo presentada por Irving Azarel Castillo Pérez; 2. Proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, por el cual se radicó la demanda de amparo y se previno al quejoso; 3. Escrito registrado con el número 5607 del quejoso por el cual desahoga la prevención realizada en autos; 4. Auto admisorio de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés; 5. Informes justificados rendidos por las autoridades responsables; 6. Escrito con registro 6273 del tercero interesado Enrique Castillo Mora, por el cual se apersona a juicio, ofrece pruebas y formula alegatos; 7. Oficio 4284/2023 del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación con detenido, Región Sur, por el cual remite diversas constancias que se relacionan con el acto reclamado; 8. Escritos con registros 9753, 10009 y 10211 del quejoso por el cual formula alegatos; 9. Sentencia de treinta de mayo de dos mil veintitrés; 10. Escrito con registro 11251 de la autoridad responsable "Grúas de Tlaxcala Sociedad Anónima de Capital Variable", por el cual interpone recurso de revisión; 11. Oficio 4759/2023 del Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito por el cual admite a trámite el recurso de revisión 232/2023; 12. Oficio 5535/2023 del Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión 232/2023; 13. Proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en el que ordena reponer el procedimiento en el presente juicio de amparo, se señala fecha de audiencia y se previene a la parte quejosa a fin de que manifieste su deseo de ampliar su demanda de amparo; 14. Escrito de ampliación de demanda registrado con el número 18633 suscrito por la parte quejosa; 15. Oficios con registro 18691 y 20746 de la autoridad responsable "Grúas de Tlaxcala Sociedad Anónima de Capital Variable", por el cual formula alegatos y ofrece pruebas; y 16. Informe justificado respecto de la ampliación de demanda. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y que la parte tercero interesada Enrique Castillo Mora se encuentran debidamente emplazados. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómese en consideración al momento de resolver este expediente el informe justificado rendido por la autoridad responsable y ténganse por emplazados al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la parte tercero interesada. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario hace constar la parte quejosa ofreció como pruebas de su parte las documentales consistentes en: Credencial para votar con número de folio 0468065978054. Factura con folio APIB000002797 de fecha quince de febrero de dos mil dieciocho que ampara la propiedad del vehículo marca "Nissan", tipo "March", color turquesa, interior negro. Oficio número 1778/2023 de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés suscrito por el Agente del Ministerio Público encargado de la Unidad de Investigación del Delito con Detenido Región Sur, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Oficio MTLX/DSPCM/DA/0519/2023 de fecha veintiocho de febrero de dos mil veintitrés signado por el Encargado de la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad Municipal de Tlaxcala. Asimismo, el tercero interesado Enrique Castillo Mora, mediante escrito registrado con el número 6273, ofrece como medios de prueba, la documental privada consistente en copia de un contrato de compraventa de siete de julio de dos mil dieciocho. Por su parte, la autoridad responsable "Grúas de Tlaxcala Sociedad Anónima de Capital Variable", mediante oficios registrados con los números 8302 y 20746, ofreció como pruebas de su parte las documentales siguientes: Memoria descriptiva de uno de marzo de dos mil veintitrés, respecto de los servicios proporcionados al vehículo materia del presente asunto. Copia certificada de tarjeta de circulación número 1186529, expedida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Autotransporte Federal. Finalmente, el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación con Detenido, Región Sur, al rendir sus informes remitió copia autentificada de la carpeta de investigación uitlaxd-1/244/2019. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el periodo probatorio. Abierta la fase de alegatos, el Secretario da cuenta con los formulados por la parte quejosa (escritos registrados con los números 9753, 10009 y 10211), tercero interesado (escrito con registro 6273) y autoridad responsable "Grúas de Tlaxcala Sociedad Anónima de Capital Variable" (oficio con registro 18691); asimismo, hace constar la circunstancia de que el Agente del Ministerio Público adscrito no presentó pedimento. S E N T E N C I A A la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 361/2023, promovido por Irving Azarel Castillo Pérez, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación con Detenido Región Sur; y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito recibido en Buzón Judicial el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, y turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito, Irving Azarel Castillo Pérez, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE: Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación con Detenido Región Sur. Secretaría de Movilidad y Transportes de Tlaxcala. LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. Dirección de Seguridad, Protección y Movilidad del Municipio de Tlaxcala. Grúas de Tlaxcala, Sociedad Anónima de Capital Variable. ACTO RECLAMADO: La retención, detención, aseguramiento, puesta a disposición y resguardo del vehículo propiedad del quejoso. La puesta a disposición ante el representante social del vehículo propiedad del quejosa a través del oficio MP/050/2019. El cumplimiento a la orden de arrastre, traslado, depósito, aseguramiento, abanderamiento, custodia y pensión para trasladar el vehículo del quejoso. El cobro que se pretende realizar el corralón de depósito vehicular "Grúas de Tlaxcala, Sociedad Anónima de Capital Variable" por la permanencia del vehículo marca "Nissan", tipo "March", modelo dos mil dieciocho, número de motor HR16478057T, serie 3N1CK3CD7JL244243, con motivo a la disposición y detención de tal vehículo que derivó de la indagatoria que se efectuó dentro de la carpeta de investigación UITLAXD-1/244/2019. La omisión de emitir el reglamento de la Secretaría de Movilidad y Transportes de Tlaxcala, para permitir el cobro de una empresa moral ("Grúas Tlaxcala") por concepto de pensión, así como no tipificar un tope para las multas que realizan las empresas privadas. La omisión de promulgar una ley especial para el control de las empresas de carácter privado que prestan sus servicios de arrastre, corralón, abanderamiento, custodia, maniobras, depósito y pensión. La omisión de dar cumplimiento al auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, así como el oficio 1778/2023, ambos emitidos por el Agente del Ministerio Público encargado de la Unidad de Investigación del Delito con Detenido, región Sur de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, dentro de la carpeta de investigación UITLAXD-1/244/2019. SEGUNDO. Radicación, admisión y trámite del juicio de amparo. Previo cumplimiento a la prevención, mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se radicó la demanda de amparo y se admitió a trámite, se requirió el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, quien no formuló pedimento y el treinta de mayo de dos mil veintitrés, se dictó sentencia definitiva. TERCERO. Sentencia y Recurso de revisión, vista de ampliación de demanda. El treinta de mayo de dos mil veintitrés, se dictó sentencia definitiva en el presente asunto, en la que se concedió el amparo al quejoso, inconforme con tal determinación, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, el cual se radicó bajo el amparo en revisión penal 232/2023, mismo que fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante sesión ordinaria celebrada el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, en la que ordenó reponer el procedimiento; por lo que una vez dado cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad y al haberse ampliado la demanda, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con sede en Apizaco es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados por grado son del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia es de naturaleza penal, administrativa y porque tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse en forma clara y precisa el acto reclamado. Analizada la demanda de amparo, ampliación de demanda y las constancias que integran este juicio, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La retención, detención, aseguramiento, puesta a disposición y resguardo del vehículo propiedad del quejoso. La puesta a disposición ante el representante social del vehículo propiedad del quejosa a través del oficio MP/050/2019. El cumplimiento a la orden de arrastre, traslado, depósito, aseguramiento, abanderamiento, custodia y pensión para trasladar el vehículo del quejoso. El cobro que se pretende realizar el corralón de depósito vehicular "Grúas de Tlaxcala, Sociedad Anónima de Capital Variable" por la permanencia del vehículo marca "Nissan", tipo "March", modelo dos mil dieciocho, número de motor HR16478057T, serie 3N1CK3CD7JL244243, con motivo a la disposición y detención de tal vehículo que derivó de la indagatoria que se efectuó dentro de la carpeta de investigación UITLAXD-1/244/2019. La omisión de emitir el reglamento de la Secretaría de Movilidad y Transportes de Tlaxcala, para permitir el cobro de una empresa moral ("Grúas Tlaxcala") por concepto de pensión, así como no tipificar un tope para las multas que realizan las empresas privadas. La omisión de promulgar una ley especial para el control de las empresas de carácter privado que prestan sus servicios de arrastre, corralón, abanderamiento, custodia, maniobras, depósito y pensión. La omisión de dar cumplimiento al auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, así como el oficio 1778/2023, ambos emitidos por el Agente del Ministerio Público encargado de la Unidad de Investigación del Delito con Detenido, región Sur de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, dentro de la carpeta de investigación UITLAXD-1/244/2019. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Respecto de los actos reclamados a cada una de las autoridades responsables al rendir su informe justificado realizaron manifestaciones que evidencian los actos que se combaten; de ahí que, deban tenerse por ciertos éstos. Lo que se corrobora de las copias certificadas de la carpeta de investigación UITLAXD-1/244/2019, dentro de las cuales se acredita el acto reclamado y se tienen a la vista para resolver el presente asunto. Documental que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Causales de improcedencia del juicio. En el caso, la suscrita Juzgadora advierte que respecto de diversos actos reclamados se actualizan distintas causales de improcedencia, las cuales se analizaran por separados. La retención, detención, aseguramiento, puesta a disposición ante el representante social del vehículo propiedad del quejosa a través del oficio MP/050/2019 y su resguardo. En ese sentido, la suscrita Juzgadora advierte que respecto del acto reclamado en estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo. A efecto de demostrar lo anterior, es indispensable mencionar que dicha causal establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. En relación con dichos plazos, los numerales 17 y 18 de la ley de amparo, disponen que el plazo genérico para presentar una demanda es de quince días, computados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto que reclama, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución. Asimismo la ley establece excepciones a dicho término, sin embargo el acto sobre el que se analiza la causa de improcedencia en estudio no se sitúa en alguna de las hipótesis de excepción descritas en el arábigo 17 de la Ley de Amparo, por lo que es claro que respecto del mismo aplica la regla genérica de quince días para presentar la demanda constitucional, contados a partir del día siguiente en que la parte quejosa se ostente sabedora de dicho acto o de su ejecución. En ese sentido, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, tenemos que el plazo genérico para presentar la demanda se computa según la hipótesis en el que se ubique, esto es: Desde el día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación la parte quejosa del acto que reclama. A partir de día siguiente a aquel en que haya tenido conocimiento. Al día siguiente en que la parte quejosa se ostente sabedora de dicho acto o de su ejecución. Ahora bien, de una recta interpretación del preceptos citados anteriormente, se desprende que los supuestos son excluyentes entre sí, y no guardan orden de prelación alguno; por tanto, es claro que la intensión del legislador fue la de establecer que el termino para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del siguiente al en que se verifique cualquiera de aquellos. Entonces tenemos que para que se actualice la segunda hipótesis relatada, es a partir del día siguiente en que haya tenido conocimiento del acto que reclama de esa manera el plazo para la promoción del juicio biistancial iniciara a contar a partir del día siguiente, o bien, que al promover la demanda de amparo se obstante sabedor de ellos. Ahora, la parte quejosa señala como acto reclamado la retención, detención, aseguramiento, puesta a disposición ante el representante social del vehículo propiedad del quejosa a través del oficio MP/050/2019 y su resguardo, actos emitidos dentro de la carpeta de investigación UITLAXD-1/244/2019. Expuesto lo anterior, en el caso, se tiene que, de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se desprende que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos que combate por esta vía constitucional el veintidós de octubre de dos mil veintidós; ello, al haber comparecido ante el agente del Ministerio Público responsable a fin de poder acreditar la propiedad del vehículo marca "Nissan", tipo "March", modelo dos mil dieciocho, número de motor HR16478057T, serie 3N1CK3CD7JL244243, en atención a la disposición y detención del mismo (fojas 185 a 188 del tomo de pruebas). De lo anterior se obtiene que la parte quejosa consintió el acto reclamado, en virtud de que tuvo conocimiento del acto desde el veintidós de octubre de dos mil veintidós y la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, se presentó el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés (conforme al sello de la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala) esto es, fue promovida de manera extemporánea, al haber trascurrido el plazo de quince días para ello, que para promover el juicio constitucional establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, es que se considera que, la parte quejosa consintió de manera tácita dicho acto, toda vez que no promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que el acto reclamado encuadre en las excepciones que prevé el mismo numeral. Es aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 139-144, Primera Parte, Séptima Época, página 13, que establece: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad.". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee el juicio de amparo contra el acto reclamado en estudio. Actos reclamados consistentes en: La omisión de emitir el reglamento de la Secretaría de Movilidad y Transportes de Tlaxcala, para permitir el cobro de una empresa moral por concepto de pensión, así como no tipificar un tope para las multas que realizan las empresas privadas; y, La omisión de promulgar una ley especial para el control de las empresas de carácter privado que prestan sus servicios de arrastre, corralón, abanderamiento, custodia, maniobras, depósito y pensión. Por cuanto hace a los actos reclamados antes precisados, esta Juzgadora estima que se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII y 77 de la Ley de Amparo en relación con el 107, fracción II, de la Constitución Federal, pues se advierte que la parte quejosa reclama omisiones legislativas. Ahora, de lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII y 77, ambos de la Ley de Amparo, se desprende en sentido contrario, que el juicio de amparo es improcedente cuando de concederse la protección constitucional, el efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie no pueda materializarse. En efecto, el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser un medio para realizar una actividad meramente especulativa, por tanto, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 90/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 9, del tomo VI, correspondiente al mes de diciembre de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 19745, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE.". Por otro lado, el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo únicamente se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado y el amparo que, en su caso, se otorgue, debe limitarse al caso especial sobre el que verse la controversia constitucional; de donde se deduce que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales. Por tanto, de estimar procedente el juicio de amparo contra una omisión legislativa, en caso de concederse la protección constitucional al solicitante del amparo, el efecto de esa decisión sería el de obligar a las autoridades a legislar, dando efectos generales a la ejecutoria, que es una prescripción de carácter general, abstracta y permanente, que vincularía no sólo al promovente del amparo y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con el Decreto creado, lo que se apartaría del principio de relatividad que tutela el texto constitucional vigente. Es aplicable en su parte conducente, la tesis aislada P. CLXVIII/97 sustentada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 180, tomo VI, diciembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 197272, que al efecto establece lo siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. ES IMPROCEDENTE AQUEL EN QUE SE IMPUGNA LA OMISIÓN DEL LEGISLADOR ORDINARIO DE EXPEDIR UNA LEY O DE ARMONIZAR UN ORDENAMIENTO LEGAL A UNA REFORMA CONSTITUCIONAL.". De todo lo que antecede, se concluye que el presente juicio de amparo no puede tener el efecto práctico de restituir al solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos constitucionales que estima vulnerados, porque mediante el presente juicio de control constitucional, no se puede obligar a las autoridades a legislar en el sentido pretendido por la parte quejosa, pues ello implicaría la realización de un acto legislativo con características generales, abstractas y permanentes, a fin de que se legisle o se aprueben reglamentos que determinen procedimiento administrativo sobre servicios de arrastre y cobro de corralones. Por otra parte, no pasa inadvertido para este órgano de control constitucional, lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, que establece que los Tribunales de la Federación conocerán de toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos. Sin embargo, la citada disposición constitucional no tiene el alcance de que puedan reclamarse en el juicio de amparo omisiones legislativas como se ha reiterado, dado que opera la limitante prevista en el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Carta Magna, en el sentido que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales, siendo que de estimar procedente el juicio constitucional contra omisiones legislativas, se inobservaría dicho precepto, dado que la sentencia que llegara a dictarse en un caso concreto obligaría a la autoridad a emitir una norma general. Asimismo, sin que sea pase inadvertido para este Juzgadora que es factible considerar que el juicio de amparo es procedente cuando se reclama la omisión legislativa o reglamentaria, siempre y cuando haya un mandato constitucional o legal que obligue a una autoridad y este no se haya ejecutado; sin embargo, en el presente caso no existe disposición legal que obligue a las autoridades responsables a expedir una disposición de carácter general, tal y como lo solicita la parte quejosa. Es aplicable al caso, la tesis aislada I.18º.A.11 K (10a.) del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2995, libro 35, Octubre de dos mil dieciséis, tomo IV Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al efecto establece: "OMISIÓN LEGISLATIVA O REGLAMENTARIA. HIPÓTESIS EN QUE ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo la tesis aislada de la improcedencia del juicio de amparo, cuando se impugna la omisión de la autoridad para expedir disposiciones de carácter general porque, en esos casos, podrían darse efectos generales a la ejecutoria vinculando no sólo al quejoso y a las responsables, sino a todos los gobernados y autoridades relacionadas con la norma creada, contraviniendo el principio de relatividad de las sentencias. Dicho criterio fue emitido antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de seis de junio de dos mil once, así como del decreto por el que se expidió la nueva Ley de Amparo de dos de abril de dos mil trece por lo que, adminiculando ambas reformas, actualmente es factible considerar que el amparo es procedente cuando se reclama la omisión legislativa o reglamentaria, por lo menos, cuando hay un mandato constitucional o legal que obligue a una autoridad y éste no se ha ejecutado. En tal virtud, cuando se impugna la omisión legislativa o reglamentaria debe demostrarse que el deber de actuar de la autoridad en cierto sentido existe, esto es, que un mandato legal obliga a una autoridad a expedir una disposición de carácter general; y quien tenga interés legítimo puede acudir a reclamar el inactuar de la autoridad. En esa circunstancia, el juicio de amparo sí es procedente cuando se trate de una omisión legislativa o reglamentaria, porque en ese supuesto no se pretende satisfacer un interés particular, sino uno legítimo para el cumplimiento de un mandato legal ya existente." De todo lo que antecede, se concluye que al no cumplir con la finalidad práctica del juicio de amparo, se procede sobreseer el juicio de amparo respecto de los actos reclamados en estudio al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal y 77, de la ley de la materia. QUINTO. Improcedencia hecha valer por la autoridad responsable. En el caso, la autoridad responsable "Grúas de Tlaxcala, Sociedad Anónima de Capital Variable", refiere que el juicio de amparo es improcedente en virtud de que no le reviste el carácter de autoridad responsable; ello, dado que únicamente intervino por el servicio solicitado por el agente del ministerio público. Tal manifestación es infundada. Ello es así, ya que si bien dicha autoridad prestó sus servicios para el arrastre, corralón y pensión del vehículo, lo cierto es que dicha actuación derivó de la solicitud de la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad del Municipio de Tlaxcala; ello, con motivo a la indagatoria que se inició dentro de la carpeta de investigación UITLAXD-1/244/2019; por tanto, su actuación está encaminada conforme a los mandatos que se establecieron en la indagatoria de mérito. De ahí que, su participación en el acto reclamado será motivo de estudio en la constitucionalidad del mismo. Expuesto lo anterior, al no existir diversa causa de improcedencia que hagan valer las partes respecto del diverso acto reclamado, o bien, que quien aquí resuelve advierta que se actualice alguna de oficio, lo que procede es entrar al estudio del fondo del asunto planteado. SEXTO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado. La parte quejosa reclama por esta vía constitucional los siguientes actos reclamados: La omisión de dar cumplimiento al auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, así como el oficio 1778/2023, ambos emitidos por el Agente del Ministerio Público encargado de la Unidad de Investigación del Delito con Detenido, región Sur de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, dentro de la carpeta de investigación UITLAXD-1/244/2019. El cumplimiento a la orden de arrastre, traslado, depósito, aseguramiento, abanderamiento, custodia y pensión para trasladar el vehículo del quejoso. El cobro que se pretende realizar el corralón de depósito vehicular "Grúas de Tlaxcala, Sociedad Anónima de Capital Variable" por la permanencia del vehículo marca "Nissan", tipo "March", modelo dos mil dieciocho, número de motor HR16478057T, serie 3N1CK3CD7JL244243, con motivo a la disposición y detención de tal vehículo que derivó de la indagatoria que se efectuó dentro de la carpeta de investigación UITLAXD-1/244/2019. En primer término, debe destacarse que el análisis de los actos antes precisados se hará de manera conjunta al estar vinculados, dado que la parte quejosa pretende la devolución del vehículo de su propiedad con motivo del proveído y oficio 1778/2023, ambos de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés emitidos en la carpeta de investigación UITLAXD-1/244/2019, en los que se ordenó a quien corresponda se sirva hacer la devolución de la unidad vehicular, lo cual no aconteció, en atención al cobro que se pretende realizar por el traslado, depósito, aseguramiento custodia y pensión. Expuesto lo anterior, los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa son fundados; ello, suplido en su deficiencia de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 110/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, página 518, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. PROCEDE A FAVOR DEL INDICIADO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE RELACIONE CON LA MEDIDA PROVISIONAL DE ASEGURAMIENTO DE BIENES DICTADA EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA.". De ahí que deba concederse el amparo y protección de la Justicia Federal, solicitado. En el presente caso, de las constancias que anexó el quejoso a su escrito inicial de demanda y de las que remitieron las autoridades responsables, como soporte a su informe justificado, se advierte que: Dentro de la carpeta de investigación UITLAXD-1/244/2019, el cinco de julio de dos mil diecinueve mediante oficio MP/050/2019 se puso a disposición del Agente del Ministerio Público en Turno, el vehículo marca "Nissan", tipo "March", modelo dos mil dieciocho, con placas XXB7806 con motivo a un hecho de tránsito (foja 2 y 3 del tomo de prueba). Posteriormente, una vez realizado los trámites de investigación respectivos, mediante acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, emitido dentro de la careta de investigación UITLAXD-1/244/2019 el Agente del Ministerio Público de la Unidad del Delito con Detenido de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, ordenó la devolución del vehículo marca "Nissan", tipo "March", modelo dos mil dieciocho, número de motor HR16478057T, serie 3N1CK3CD7JL244243 a favor de Irving Azarel Castillo Pérez al cumplirse los requisitos que establece el artículo 239 del Código Nacional de Procedimientos Penales (foja 199 del tomo de pruebas). Asimismo, en cumplimiento a lo anterior, se emitió el oficio 1778/2023 de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en el que se solicitó a la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad de Tlaxcala, tuviera a bien ordenar a quien corresponda se sirva hacer la devolución de la unidad vehicular antes precisada, la cual se encuentra depositada en el corralón particular de la empresa "Grúas de Tlaxcala, Sociedad Anónima de Capital Variable" (foja 201 ídem). Expuesto lo anterior, del escrito inicial de demanda, así como del informe justificado que rindió la autoridad responsable Grúas de Tlaxcala, Sociedad Anónima de Capital Variable", se advierte que el quejoso al acudir al corralón donde se encuentra su vehículo a fin de poder disponer de él, recibió respuesta en el sentido de que para poder disponer de la unidad vehicular debía cubrir el pago de la cantidad de $82,523.28 (ochenta y dos mil quinientos veintitrés pesos con veintiocho centavos, moneda nacional), por concepto de abanderamiento con grúa, tiempo de espera, maniobras, banderazo "A", arrastre y pensión. Como se adelantó, es fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, en relación con que las autoridades responsables vulneran sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Lo anterior se estima en esos términos pues basta acudir al oficio de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, signado por el Agente del Ministerio Público Encargado de la Unidad de Investigación del Delito con Detenido, Región Sur, mediante el cual ordenó la devolución del vehículo ya referido, en el que se solicitó a la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad de Tlaxcala, se sirviera a ordenar a quien corresponda se realice tal devolución; sin embargo, en dicho oficio no se supeditó a la parte quejosa al pago de alguna prestación económica. Lo expuesto permite concluir que resulta ilegal el actuar de las responsables, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es el Ministerio Público quien dentro de la indagatoria tiene la facultad de asegurar los objetos, productos o instrumentos del delito a fin de impedir que éstos se pierdan, destruyan o alteren y en un momento dado, también tiene la atribución de levantar ese acto de molestia y ordenar su devolución. De ahí que, de supeditarse la devolución física y material del vehículo asegurado previo pago por concepto de corralón, generó una situación que constituye un acto de molestia, violándose la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 14 constitucional, que prevé que nadie puede ser privado de sus bienes sino mediante juicio previo. Se insiste, pues de las constancias de autos, se aprecia que desde el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se ordenó la devolución del vehículo, de manera lisa, sin que para ello se hubiere fijado un plazo para su devolución y, menos, el pago de algún derecho por dichos conceptos, ni tampoco se fijó cualquier otro procedimiento para aplicar dicho cobro, esto pues, la permanencia del vehículo en el corralón no es por causa imputable a la parte quejosa y por tanto, no existe algún acto de autoridad fundado y motivado en el que se ordene a éste pagar los derechos mencionados. En ese sentido, es claro que no existe causa justificada para que se condicione la entrega del automotor a "previos pagos correspondientes" por conceptos de custodia, pues el corralón sólo fungió como depositario del vehículo afecto a la indagatoria y, por tanto, no puede negarse al cumplimiento de la orden de la autoridad ministerial, que se efectuó para restituir al imputado de su propiedad. Máxime que hasta el momento no se advierte que el pago, derivara de algún contrato privado entre los encargados del depósito y el quejoso, sino que la situación del resguardo deriva de lo actuado y ordenado en la carpeta de investigación UITLAXD-1/244/2019, en la cual no se ha ordenado el pago de alguna contraprestación para obtener la devolución del vehículo. Tiene aplicación la tesis VII.1o.P.1 P (11a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, registro digital 2023959, Undécima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo III, página 2274, de rubro siguiente: "RETENCIÓN DE UN VEHÍCULO ASEGURADO EN UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. LA DECRETADA POR EL DIRECTOR DE TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL HASTA QUE SE CUBRAN LOS RESPECTIVOS GASTOS DE ARRASTRE Y DEPÓSITO, NO OBSTANTE QUE EL FISCAL LE ORDENÓ LA DEVOLUCIÓN A SU PROPIETARIO, ES UN ACTO VIOLATORIO DE LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).". Lo anterior, se adopta en virtud de que los actos privativos, como la falta de entrega de un bien mueble, que se encuentra protegido por los artículos 14 y 16 Constitucional, es necesario que se cumplan las formalidades del procedimiento y que exista un mandamiento por escrito fundado y motivado, por lo que si en el caso, al decretarse la devolución a favor del quejoso, sin que se condicionara el pago de algún costo por derechos respecto de la guarda y custodia del vehículo, es evidente, que se violan los derechos fundamentales a que se refieren los preceptos constitucionales mencionados, se estima que es ilegal el cobro referido, pues la autoridad que ordenó el aseguramiento y la devolución, no lo hizo a pesar de que tenía a su disposición el citado vehículo. En tales condiciones, como se indicó, resulta fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria la presente resolución el Agente del Ministerio Público Encargado de la Unidad de Investigación del Delito con Detenido, Región Sur o la Dirección de Seguridad, Protección y Movilidad del Estado de Tlaxcala: 1.- Emita un oficio debidamente fundado y motivado dirigido a la autoridad que considere es la competente a fin de que ordene y logre la devolución del vehículo marca "Nissan", tipo "March", modelo dos mil dieciocho, número de motor HR16478057T, serie 3N1CK3CD7JL244243, con placas XXB7806, que en su momento fue puesto a disposición dentro de la carpeta de investigación UITLAXD-1/244/2019; ello, sin condicionar dicha devolución al pago alguno. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución imputado a la autoridad responsable "Grúas de Tlaxcala, Sociedad Anónima de Capital Variable", quien deberá acatar lo ordenado por el Agente del Ministerio Público Encargado de la Unidad de Investigación del Delito con Detenido, Región Sur o la Dirección de Seguridad, Protección y Movilidad del Estado de Tlaxcala. SÉPTIMO. Calificación de la concesión. El análisis realizado para la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, atendió a un estudio de forma del acto que constituyó la litis en el presente juicio. OCTAVO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. NOVENO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E LV E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Irving Azarel Castillo Pérez, por propio derecho, en términos del considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a Irving Azarel Castillo Pérez, por propio derecho, contra el acto de la autoridad responsable indicada en el resultando primero, por las consideraciones precisadas en el considerando sexto del presente fallo. TERCERO. Atento a lo expuesto en el considerando séptimo de este fallo, se califica que la concesión otorgada atendió a un estudio de forma. CUARTO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. QUINTO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. SEXTO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, ante el Licenciado Jordy Santos Ávila, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para este día, ya que transcurre el término de ocho días a que se refiere el párrafo segundo, del artículo 117, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación con detenido, trámite, Región Sur; el cual fue acordado el seis de noviembre del año en curso; por ello, no existe la anticipación de al menos ocho días a la celebración de la audiencia constitucional. En tales condiciones, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, a fin de que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Jordy Santos Ávila, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación con detenido, trámite, Región Sur, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su informe justificado respecto de la ampliación de demanda; del informe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la responsable la documental que adjunta consistente en copia autentificada de la carpeta de investigación UITLAXC-1/244/2019; sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Por otra parte, dado el volumen del expediente que adjuntó al oficio de cuenta, fórmese por separado un tomo de pruebas, a efecto de tener un mejor manejo y cuidado del expediente, identificado con el número II y consérvese en el local de la Secretaría de este órgano jurisdiccional, para ser tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto y devuelto a la autoridad oficiante en el momento que el estado de autos lo permita. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de la autoridad responsable ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal, mediante el cual ofrece como prueba de su parte la documental consistente en copia certificada de tarjeta de circulación número ********************, expedida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Autotransporte Federal. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas la prueba indicada, sin perjuicio de relacionarla al celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma el Secretario Jordy Santos Ávila, encargado del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, por licencia académica de la Titular, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial de conformidad con el oficio CCJ/ST/5452/2023, con motivo de la sesión celebrada el dos de octubre de dos mil veintitrés por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el Secretario de Juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.
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