Irving Andrés Martínez Alvizo

Expediente 536/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
536/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
21/06/2023

Partes del expediente

  • Irving Andrés Martínez Alvizo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que, a la fecha, transcurrió el plazo legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente, en la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración del amparo. En términos del artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en relación con el punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, el presente asunto se ubica en el supuesto de ser Conservable. Por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años, de conformidad con el propio dispositivo 17 del mencionado acuerdo, realícese lo conducente. 3. Incidente de suspensión. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que no se dio apertura al mismo. 4. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a las autoridades responsables, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa; por tanto, no les depara perjuicio alguno a éstas. 5. Devolución de pruebas. En atención a que resulta innecesario conservar el disco compacto (DVD) que remitió la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Michoacán acusatorio y oral, Región Morelia, como complemento a su informe sobre el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano; por tanto, se ordena su devolución, solicitando acusar recibo de su recepción. 6. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.

  2. Principal

    VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 536/2023, promovido por ********************, por alegada violación de los artículos 1o.,14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Fiscal General de Justicia del Estado de Michoacán y otras autoridades; este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Al tenor de las siguientes CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama de todas y cada una de las autoridades descritas en su escrito inicial: La ilegal detención, retención, incomunicación, malos tratos y tortura, ya que fue privado de su libertad el dos de mayo de dos mil veintitrés. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos ejecutados dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. Las autoridades responsables, negaron la existencia de los actos reclamados consistentes en la incomunicación, malos tratos y tortura que les fue atribuido. Por su parte, el quejoso fue omiso en desvirtuar dicha negativa como le correspondía; por el contrario existen en autos pruebas que corroboran la información proporcionada por las autoridades responsables. En efecto, de las constancias que remitió la autoridad responsable Titular de la Unidad de Control e Internamiento de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que contrario a lo que indica el quejoso, éste se mantuvo en comunicación con los defensores públicos ******************** y ********************, ya que a las once horas con cincuenta y cinco minuto y dieciocho horas con treinta minutos del tres de mayo, tuvieron una entrevista cada uno con el aquí quejoso; asimismo, a las quince horas con un minuto, tuvo una diversa entrevista con su defensor ********************, así como con su familiar de nombre ********************, lo que se encuentra corroborado con la copia de la bitácora de ingreso de la Unidad de Control de Internamiento de la Fiscalía General de Estado, con valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. De igual forma, cabe destacar que del acta circunstanciada levantada por el actuario de este órgano de control constitucional levantada el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, se advierte que dicho fedatario dio fe de que al revisar el estado físico del quejoso pudo constatar que no presenta golpes, cortadas, raspones o escoriaciones, ni muestras de haber sufrido violencia de algún tipo, sólo adolorido de la espalda por el forcejeo al momento de su detención. De ahí que los citados actos reclamados se tengan por inexistentes. En tales condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados antes precisados, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 63 de la ley de la materia, y la jurisprudencia 170 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTA. Actos cuya existencia sí quedó acreditada. Es cierto el diverso acto atribuido a las autoridades responsables consistente en la privación de la libertad del quejoso; pues no obstante de que al rendir sus respectivos informes lo negaron lo cierto es que de los mismos se desprende que defendieron la legalidad del acto que se les atribuye. Es aplicable el siguiente criterio: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Certeza que se corrobora con las pruebas documentales públicas que remitieron dichas responsables; las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2o. QUINTA. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede analizar las causales de improcedencia, sea las que hagan valer las partes, o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, conforme a lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, invocada por las autoridades responsables, pues han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que en consecuencia, conforme al numeral 63, fracción V de la indicada legislación, se debe sobreseer en el juicio de amparo. En efecto, de las constancias que adjuntó el Titular de la Unidad de Control e Internamiento de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que mediante oficio de fecha cuatro de mayo de dos mil veintitrés, signado por El Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado, se ordenó poner en inmediata libertad al aquí quejoso ********************, lo que notificó a la parte quejosa en la misma fecha y a las veintiuna horas con cincuenta minutos de ese día, el aquí quejoso firmó de conformidad su salida del centro de internación. En consecuencia, si el acto combatido en esta vía constitucional se hizo consistir en la detención de la parte quejosa y, con posterioridad, se le dejó en libertad, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado, pues las cosas se encontraran en el estado en que estaban hasta antes de la aludida violación, como si se hubiera concedido el emparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que conforme al artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer el quejoso en su demanda de amparo, en cumplimiento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por último, no se soslaya que la Agente del Ministerio Público Federal formuló los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO" Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando primero; y, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. 1. Se reciben alegatos. Incorpórese al sumario el pedimento suscrito por la fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado; en atención a su contenido, formula alegatos que a esa representación social corresponden, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. 1.1. Solicita copias. Asimismo, solicita se le expidan copias simples de la sentencia que se emita en este expediente; al respecto, dígasele que una vez que ello acontezca, se le hará la entrega de las copias solicitadas. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.SSCH/MARA/vmv

  4. Principal

    VISTOS, para resolver el incidente de defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, decretada dentro del juicio de amparo indirecto 536/2023, promovido por Irvin Andrés Martínez Alvizo, a través de su autorizado; este órgano jurisdiccional ha decidido: DECLARAR INFUNDADO EL INCIDENTE POR DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Al tenor de las siguientes CONSIDERACIONES: PRIMERO. Promoción del incidente. Rafael Eric Anguiano Huazano, autorizado del quejoso Irvin Andrés Martínez Alvizo promovió incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, el que fue admitido por auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés, en el que se requirieron los informes sobre la materia de la incidencia; y, se fijó fecha para la celebración de la audiencia correspondiente, la que fue desahogada en esta propia data. SEGUNDO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 207 y 208 de la Ley de Amparo, por tratarse de un incidente sobre la suspensión decretada en un juicio de amparo indirecto que se tramita en este juzgado. TERCERO. Estudio. Para resolver el incidente que nos ocupa, es pertinente considerar el contenido de los artículos 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo, que por su orden establecen: "Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo. Artículo 207. El incidente se promoverá ante el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de la suspensión concedida en amparo indirecto, y ante el presidente del tribunal colegiado de circuito si la suspensión fue concedida en amparo directo. Artículo 208. El incidente se tramitará de conformidad con las reglas siguientes: I. Se presentará por escrito, con copias para las partes, ante el órgano judicial correspondiente señalado en el artículo anterior; en el mismo escrito se ofrecerán las pruebas relativas; II. El órgano judicial señalará fecha para la audiencia dentro de diez días y requerirá a la autoridad responsable para que rinda informe en el plazo de tres días. La falta o deficiencia del informe establece la presunción de ser cierta la conducta que se reclama; y III. En la audiencia se recibirán las pruebas ofrecidas por las partes, se dará oportunidad para que éstas aleguen oralmente y se dictará resolución. Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley." Como se advierte de los numerales señalados, cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, puede interponer el incidente en que se actúa en contra de las autoridades señaladas como responsables en un juicio de amparo. Por tanto, la materia de este incidente resulta ser precisamente el incumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente juicio de amparo, lo cual, de resultar fundado actualizaría el no acatamiento del mandato emitido por este Juzgado Federal. Así, del artículo 209 de la citada Ley de Amparo, se desprenden los supuestos legales siguientes: De demostrarse que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, se le requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías. De insistir en desacato al cumplimiento de la suspensión, será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la Ley de Amparo. De esa manera, para determinar si existe cumplimiento o no, de la suspensión, se deben reunir los requisitos siguientes: 1. Que la medida cautelar se haya concedido por el órgano competente; 2. Que se demuestre que no fue cumplida la suspensión o que hubo exceso o defecto, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable se admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente. En ese sentido, cabe señalar que el primer requisito, se encuentra acreditado, ya que el tres de mayo de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión de plano a Irvin Andrés Martínez Alvizo, para los efectos siguientes: ". SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO a Irving Andrés Martínez Alvizo, para que cese cualquier acto de incomunicación, tortura así como la detención fuera de procedimiento de que fuera objeto y cualesquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, en el entendido que, si el quejoso directo fue sorprendido en flagrante delito o si se trata de caso urgente, la suspensión sólo producirá el efecto de que quede a disposición de este Juzgado de Distrito, en cuanto hace a su libertad personal, en el lugar en que se encuentre recluido, y sin dilación ante el Ministerio Público que la reclame para que determine su libertad o retención dentro del plazo y en los términos del párrafo quinto del artículo 16 Constitucional, o su consignación ante la autoridad judicial competente, habida cuenta que el procedimiento penal es de orden público e insuspendible. En la inteligencia de que si la detención y su ejecución fue emitida por el Ministerio Público por caso urgente en términos del artículo 164 y 165 de la Ley de Amparo, y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las autoridades responsables deberán hacer el registro de la detención y presentar inmediatamente al imputado ante el Fiscal que haya emitido dicha orden, quien procurará que el directo quejoso sea presentado sin demora ante el órgano jurisdiccional correspondiente, y en caso de que no concurran los supuestos establecidos en el último de los preceptos señalados deberá ser puesto en inmediata libertad. ." Ahora, a fin de dilucidar si el segundo de los requisitos señalados -que se demuestre que no fue cumplida la suspensión o que hubo exceso o defecto, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable se admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente-, se encuentra o no acreditado, es importante precisar los argumentos que expuso el quejoso a través de su autorizado en su escrito incidental. Rafael Eric Anguiano Huazano, en cuanto autorizado del quejoso, a través del ocurso incidental, señaló lo siguiente: "Por medio del presente vengo hacer denunciar la violación a la suspensión otorgada por este Juzgado ya que van doce horas que se tiene incomunicado al quejoso IRVIN ANDRÉS MARTÍNEZ ALBIZO, se le ha tenido en completa incomunicación, sin asesoría legal alguna, esto debido a que como lo he manifestado, no se le ha dado la oportunidad de ser apoyado por persona de su confianza con conocimientos de derecho, y se tiene la fundada sospecha de que el mismo está siendo torturado tanto físicamente como psicológicamente para ser incriminado en hechos delictivos desconocidos para él, solicitando desde este momento que se ya se ha llevado a cabo la entrevista de esta persona, la misma podría estar viciada en perjuicio del mismo al no encontrarse asesorado por alguna persona de su confianza conocedora del derecho". Por su parte, las autoridades responsables, al rendir cada una sus informes respecto del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, negaron que se haya incumplido con la suspensión de plano concedida al quejoso, pues por lo que respecta al Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado, titular de la Unidad de Control de Internamiento de la Fiscalía General del Estado y el Coordinador General de la Policía de Investigación, además de negar la violación a la suspensión de plano, expusieron que desde el tres de mayo de dos mil veintitrés a las once horas con cincuenta y cinco minutos, el quejoso se entrevistó con el defensor de oficio Raúl Fernández Sierra, posteriormente a las dieciocho horas con treinta minutos de ese día, se entrevistó con un diverso defensor Carlos Misael Acosta Cortés; enseguida, el cuatro de mayo siguiente a las quince horas con un minuto y a las quince horas con cuarenta y tres minutos, se entrevistó con su defensor particular Rafael Eric Anguiano Huazano, para después a las dieciséis horas con cuarenta y dos minutos se entrevistó con su familiar Griselda C. Alvizo Parra. De igual forma, las citadas autoridades hicieron del conocimiento que siendo las veintiuna horas con cincuenta minutos del cuatro de mayo de dos mil veintitrés, el aquí quejoso Irvin Andrés Martínez Alvizo, fue puesto en libertad, firmando de conformidad su salida, lo que justificaron con copia de la boleta de libertad de fecha cuatro de mayo de dos mil veintitrés, de la que se desprende que efectivamente el quejoso asentó que fue puesto en libertad a las veintiuna horas con cincuenta minutos del cuatro de mayo actual. Precisado lo anterior, se reitera que para dilucidar si las autoridades responsables incurrieron en un incumplimiento a la suspensión de plano otorgada al quejoso, éste deberá acreditar cuales fueron los actos que las autoridades responsables efectuaron en contra de la medida cautelar obsequiada el tres de mayo de dos mil veintitrés. Al respecto, cabe precisar que al realizar un contraste entre las manifestaciones del autorizado del quejoso con las constancias de autos, se desprende lo infundado del incidente planteado. En efecto, el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, de plano o definitiva, procede contra las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por ese incumplimiento, pues la finalidad de la suspensión es precisamente la conservación de la materia del amparo, a través de la preservación del derecho sustantivo que se defiende en la instancia constitucional, por lo cual, al ser susceptibles de ejecutarse por la autoridad, quien puede incurrir en exceso o defecto en su acatamiento, es evidente que esa circunstancia debe ser valorada en la presente vía incidental. No obstante, de las constancias que fueron agregadas por las autoridades responsables, se logra advertir que, contrario a lo que afirmó el autorizado del quejoso éste sí mantuvo comunicación con su defensa y familiares mientras estuvo detenido como lo señalaron las responsables, pues así se desprende de la copia de la bitácora de ingresos que acompañaron junto con sus respectivos informes, de la que se observa que a las once horas con cincuenta y cinco minutos y dieciocho horas con cincuenta minutos del tres de mayo de dos mil veintitrés, el quejoso tuvo una entrevista con los defensores Raúl Fernández Sierra y Carlos Misael Acosta Cortés, posteriormente, el cuatro de mayo tuvo una entrevista con su defensor particular y con su familiar Griselda Cecilia Alvizo Parra. Lo que se corrobora con el pase de entrevista de la señora Griselda Cecilia Alvizo Parra, madre del impetrante de amparo, que también fue agregada con los informes respectivos. De ahí que el incidente planteado por el autorizado del quejoso se realizó bajo manifestaciones que por sí mismas resultan insuficientes para demostrar al menos de forma indiciaria que las autoridades responsables violaron la medida cautelar que se concedió al quejoso Lo anterior se afirma de esa manera, ya que el citado impetrante de amparo fue omiso además en ofrecer medios de prueba fehacientes desde su escrito incidental, para demostrar sus afirmaciones como le correspondía en términos del artículo 208 fracción I, de la Ley de Amparo, ya que si es el quejoso quien afirmó que las autoridades responsables realizó "actos" que violaron la suspensión de plano otorgada en favor de su representado, y las referidas autoridades, en sus informes respectivos, negaron haber efectuado acto alguno tendente a desobedecer la medida cautelar de que se trata, era a dicho quejoso al que correspondía probar su afirmación, con base en el principio general de derecho consistente en que quien afirma debe probar su dicho. Es aplicable a lo anterior, pro igualdad de razón, el criterio sustentado en la tesis de rubro y texto siguientes: "VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, INCIDENTE DE. INFORME NEGATIVO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. CARGA DE LA PRUEBA. Si la parte quejosa afirmó que la autoridad responsable realizó actos que violaron la suspensión definitiva otorgada en su favor, y la referida autoridad, en su informe respectivo, negó haber efectuado acto alguno tendente a desobedecer la medida cautelar de que se trata, era a dicha quejosa a la que correspondía probar su afirmación, con base en el principio general de derecho consistente en que quien afirma debe probar su dicho. No obstante, como ya se dijo, el quejoso no aportó los elementos de convicción necesarios para demostrar su pretensión, máxime que desde su escrito inicial tuvo la oportunidad de ofrecerlos, lo que no hizo. Sin que se soslaye el hecho de que las autoridades responsables también informaron y acreditaron con documento fehaciente que el quejoso no sólo sí se mantuvo comunicado con su familiar y con sus defensores desde que fue detenido sino que además desde el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, a las veintiuna horas con cincuenta minutos, fue puesto en libertad; ello denota que incluso horas antes de que el autorizado del quejoso promoviera el incidente de que se trata, aquél ya se encontraba puesto en libertad. En consecuencia, el requisito previsto en el punto 2 no se encuentra acreditado; por tanto, en los términos planteados por el incidentista, no existe defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano; de ahí que se declara infundado el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Es infundado el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, de conformidad con las razones precisadas en la última consideración. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.

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