Irma Vargas Fernández
Expediente 141/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 141/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 13/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
- Irma Vargas Fernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de marzo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee: Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal la determinación dictada el dieciocho de febrero del año en curso (fojas 215-218); con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se sobreseyó fuera de audiencia, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otra parte, en el incidente de suspensión se negó la provisional y la definitiva; en consecuencia, dichos cuadernos son susceptibles de destrucción, por lo que una vez que transcurran seis meses, destrúyanse. Documentos. En el expediente se encuentran documentos originales exhibidos por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda; por tanto, requiérasele, para que acuda a este juzgado, dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. Sin mayor acuerdo. Finalmente, toda vez que mediante proveído emitido el veintisiete de febrero del año en curso, se reservó proveer los oficios remitidos por las autoridades responsables Gobernador y Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el veintiséis de febrero pasado; por tanto, no ha lugar a proveer como corresponda, los informes justificados rendidos por las responsables, en atención a los párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA QUEJOSA EL AUTO DE FECHA TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE QUE EN SINTESIS DICE: Visto lo de cuenta se provee: Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal la determinación dictada el dieciocho de febrero del año en curso (fojas 215-218); con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se sobreseyó fuera de audiencia, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otra parte, en el incidente de suspensión se negó la provisional y la definitiva; en consecuencia, dichos cuadernos son susceptibles de destrucción, por lo que una vez que transcurran seis meses, destrúyanse. Documentos. En el expediente se encuentran documentos originales exhibidos por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda; por tanto, requiérasele, para que acuda a este juzgado, dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. Sin mayor acuerdo. Finalmente, toda vez que mediante proveído emitido el veintisiete de febrero del año en curso, se reservó proveer los oficios remitidos por las autoridades responsables Gobernador y Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el veintiséis de febrero pasado; por tanto, no ha lugar a proveer como corresponda, los informes justificados rendidos por las responsables, en atención a los párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Agréguense a los autos los oficios signados por las autoridades que los remiten, mediante los cuales, rinden su informe justificado; sin embargo, resérvense a proveer como corresponda, hasta en tanto se declare firme el auto emitido el dieciocho de febrero del año en curso, mediante el cual, este Órgano Jurisdiccional sobreseyó el juicio fuera de audiencia, por la actualización de una causal de improcedencia. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
Acto seguido, el secretario da cuenta al Juez, con un oficio, registrado con el folio 2784. EL JUEZ ACUERDA: Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido el informe previo de la autoridad responsable. Acto continuo, el secretario hace relación de las constancias existentes en autos en las que destaca por su importancia las siguientes, 1. Demanda (fojas 1-109); 2. Auto de doce de febrero de dos mil diecinueve, en el que se negó la suspensión provisional (fojas 145-152); 3. Informes previos de las autoridades responsables (fojas 163-171 y 173). EL JUEZ ACUERDA: téngase efectuada la relación de constancias existentes en actuaciones. SE ABRE EL PERIODO PROBATORIO en que el secretario el secretario hace constar que la parte quejosa ofertó pruebas documentales. EL JUEZ ACUERDA: Con sustento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo las pruebas documentales que anexó a su escrito inicial de demanda. Enseguida, abierta LA ETAPA DE ALEGATOS, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló y que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no exhibió pedimento. EL JUEZ ACUERDA: Téngase por perdido el derecho de las partes de formular alegatos y por omiso al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado debido a que no presentó pedimento. Con lo anterior, se da por concluida esta fase de la audiencia y se dicta la resolución correspondiente. RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA V I S T O S, los autos que integran el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 141/2019. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Irma Vargas Fernández, promovió juicio de amparo indirecto contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENAUTORIDAD RESPONSABLESENTIDO DEL INFORME Del informnFOJA.1 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN. CIUDADCIERTO163-1642 GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN. CIUDADCIERTO165-1673 DIRECTOR DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN. CIUDAD. CIERTO 171 4 SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICOACAN. CIUDAD. CIERTO 168-170 5 SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN. CIUDAD. NIEGA 173 6 PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DFEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN. CIUDAD. CIERTO 163-164 ACTO RECLAMADO: El proceso legislativo, inconstitucionalidad y aplicación de los artículos 24, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, publicados el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, así como de los artículos 1, 10, 15, 16 y 18 y Cuarto y Décimo Primero Transitorios de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán. SEGUNDO. Mediante auto de doce de febrero de dos mil diecinueve (fojas 145-152), se ordenó abrir este incidente de suspensión y se señaló fecha para la celebración de la audiencia incidental la que, tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. Verificación de certeza de los actos reclamados. Actos existentes. El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán por sí y en representación Congreso del Estado, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial del Estado, los reconocieron expresamente. Por su parte, el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, negó la existencia de los actos reclamados; sin embargo, se presumen ciertos los actos atribuidos a la autoridad de referencia, dada a la certeza del acto reclamado respecto a las diversas autoridades. SE NIEGA SUSPENSIÓN. En primer término, debe decirse que, para proveer acerca de la suspensión definitiva solicitada, se tomará en cuenta el contenido de los artículos 128, 138, 139, 146, 147, 150 y 157 de la Ley de Amparo, para lo cual se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, cuando la naturaleza del acto lo permita, y la no afectación del interés social, para que sea dable pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, para establecer los requisitos y efectos de la medida cautelar, o bien, la ejecución del acto por parte de la autoridad responsable. Luego, el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que exista la solicitud del agraviado (interés jurídico y afectación); b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Como se aprecia del artículo 128 de mérito, éste establece las exigencias para que opere la suspensión definitiva, las cuales se pueden sintetizar en los siguientes aspectos: que quien solicita la suspensión sea el agraviado; y que no se siga perjuicio al interés social con el otorgamiento de la medida, ni se contravengan disposiciones de orden público; aspectos que resultan necesarios para que, como se adelantó, se surtan los requisitos de procedencia de aquella medida que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo. Y, dado que en términos del artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión que se haya solicitado expresamente -requisito que en el presente caso si se encuentra colmado-. Así también, debe tomarse en cuenta que, de conformidad con el artículo 148 de la Ley de Amparo, ciertamente es procedente el otorgamiento de la suspensión en contra de una norma de carácter autoaplicativo, respecto de los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no procede conceder la medida cautelar suspensional solicitada por la quejosa, en razón de que no se cumple con lo dispuesto por el artículo 128, fracción II, de la referida Ley de Amparo, en razón de que la operatividad de la disposición reclamada por la parte quejosa constituye una cuestión de interés público. Cierto, el interés social y el orden público a que alude la disposición transcrita, debe ser delineada por el juzgador acorde a las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración, teniendo presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretenden evitar. La quejosa en su demanda de amparo se duele del proceso legislativo y aplicación de los artículos 24, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, publicados el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, así como de los artículos 1, 10, 15, 16 y 18 y Cuarto y Décimo Primero Transitorios de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán. Lo anterior, conduce a considerar que de concederse la medida cautelar para los efectos que pretende la parte quejosa, se contravendrían disposiciones de orden público, así como el interés social, que están por encima del interés particular de la parte quejosa, pues el que se lleve a cabo la retención o entero del impuesto en cuestión; habida cuenta que de concederla se suspendería la actuación normal del Estado, motivo por el cual no procede conceder la suspensión definitiva al respecto. De ahí que, este juzgador estima negar la suspensión definitiva de los actos reclamados, toda vez que de concederse la medida cautelar, se seguiría un perjuicio al interés social, ya que se traduciría en que la quejosa dejara de realizar la recaudación y entero del pago de las obligaciones contenidas en la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, en su envestidura de Notaria Pública. Debe decirse que las leyes, en mayor o menor medida, responden al interés público, sin embargo, esto no puede ser una habilitación absoluta, capaz de afectar derechos fundamentales de modo irreversible, ya que también es deseable por la sociedad que las autoridades no afecten irremediablemente derechos sustanciales de los particulares, por ser sus consecuencias de difícil o de imposible reparación; empero, atendiendo al caso concreto y al tratarse de un impuesto, como ya se dijo, de conceder eventualmente la presente medida cautelar se seguiría en perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, porque los impuestos son contribuciones que se pagan al Estado para soportar los gastos públicos; de ahí que, en el caso, su retención y entero no son susceptibles de suspenderse, pues ello implicaría privar al Estado de los recursos necesarios para cumplir sus fines, los cuales son de interés público. Tiene aplicación al caso en particular la Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII.3o.66, con número de registro 2019111, cuyo rubro y texto son de la literalidad siguiente: "NORMAS AUTOAPLICATIVAS QUE IMPONEN A TERCEROS OBLIGACIONES FISCALES DE CARÁCTER FORMAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA SUS EFECTOS. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo establece como requisito para que proceda la suspensión, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En tanto que el diverso numeral 129 del mismo ordenamiento prevé una serie de supuestos en los que, invariablemente, se afectará el interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales, el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar (hipótesis enunciativas), de ahí que, en los demás casos, tendrá la libertad de ponderar su otorgamiento. Al respecto, en la jurisprudencia 8, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Por tanto, si se solicita la medida cautelar de una norma autoaplicativa que impone a terceros obligaciones fiscales de carácter formal y no sustantivo, como lo son la retención y entero de un impuesto, entonces, es improcedente concederla contra esos efectos de la norma, porque los impuestos son contribuciones que se pagan al Estado para soportar los gastos públicos; de ahí que, en el caso, su retención y entero no son susceptibles de suspenderse, pues ello implicaría privar al Estado de los recursos necesarios para cumplir sus fines, los cuales son de interés público". Así, por las razones que la sustentan, la diversa Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII.3o.66, con número de registro 2019111, cuyo rubro y texto son de la literalidad siguiente: "IMPUESTO SOBRE LA RENTA, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSION CONTRA LA OBLIGACION IMPUESTA A PETROLEOS MEXICANOS, PARA RETENER EL RELATIVO A UNOS MIEMBROS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL COMERCIO DEL PETROLEO. No debe concederse la suspensión contra la obligación que se imponga a Petróleos Mexicanos, para que retenga el impuesto de cédula IV, correspondiente a las cantidades que perciben unos miembros del Sindicato de Trabajadores del Comercio del Petróleos y sus Derivados, de la República Mexicana, que tienen el carácter de trabajadores de esa institución, ya que con ello no se le ocasionan perjuicios irreparables y por el contrario, con la suspensión de esa obligación, se impediría la actuación normal del Estado, en materia de tributación, como lo es el registro de los causantes y el señalamiento y determinación del impuesto que deben cubrir; actos que no son susceptibles de suspenderse, ya que de hacerse, se perjudicaría al interés general, con la paralización de las funciones normales del Estado, y tan es así, que la Ley de Amparo, al regular la suspensión, a propósito de impuestos, no se refiere a las leyes tributarias, sino habla únicamente de que podrá concederse dicho beneficio en definitiva, contra el cobro de impuestos, multas y otros pagos fiscales." Efectivamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del interés social o público a que alude el artículo en cita, sostuvo la tesis 8 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Informe 1973, Parte II, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.- De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría". Pues bien, el otorgamiento de la suspensión está limitado en aquéllos casos en que con su concesión se transgredan normas de orden público o se lesione el interés social; en principio, la estimación del orden público corresponde al apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan a su consideración para la obtención de un fallo; sin embargo, la ejemplificación que contienen el artículo en cita para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, revela que se puede razonablemente inferir en términos generales, que se dan esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le ocasiona un daño que de otra manera no resentiría. Así mismo, se invoca la jurisprudencia I.3o.A. J/16, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página trescientos ochenta y tres, del tomo : V, enero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época, que por rubro y texto dice: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad". En el caso, de otorgarse la suspensión en contra de la disposición reclamada, que da vida jurídica al derecho aludido, se afectaría el interés social, ya que, es del interés de la generalidad que se recauden o enteren los impuestos para el debido funcionamiento del Estado. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 122 a 144 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: ÚNICO. Se niega a Irma Vargas Fernández, la suspensión definitiva. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma UBALDO GARCIA ARMAS, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
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