Irvin Iván Franco Robles
Expediente 994/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 994/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Irvin Iván Franco Robles
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el quejoso no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda amparo promovida por ----------, por propio derecho, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículo 21, inciso a, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres año de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Por tanto, de conformidad con lo previsto en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo, y a criterio de este Juzgado el presente asunto no es de suma relevancia, pues carece de valor jurídico o histórico para su conservación. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
CITATORIO.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26, FRACCION III, 27, FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DEL JUZGADO Y POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRONICA OFICIAL A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 12/12/2020, QUE DICE:Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ----------, por propio derecho, contra actos del Rector de la Universidad Privada del Estado de México y otras autoridades de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 994/2020-VI. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al caso es aplicable la jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Precisado lo anterior, del análisis integral del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa reclama en el presente asunto: AUTORIDADES RESPONSABLES. Ordenadora: Rector de la Universidad Privada del Estado de México. Ejecutoras: Directora General de la Universidad Privada del Estado de México, Campus Ecatepec; Directora Académica de la Universidad Privada del Estado de México, Campus Ecatepec; Responsable de Servicios Escolares de la Universidad Privada del Estado de México, Campus Ecatepec; Responsable del Área de Titulación de la Universidad Privada del Estado de México, Campus Ecatepec; Coordinadora Académica de la Universidad Privada del Estado de México, Campus Ecatepec; y, Coordinador Académico de la Universidad Privada del Estado de México, Campus Ecatepec. Actos que reclama a las autoridades que señala como responsables: "A).- DE LA AUTORIDAD ORDENADORA RECLAMO: 1.- LA ORDEN DE NEGARME LA TITULACIÓN AUTOMÁTICA, A LA QUE TENGO DERECHO, POR HABER CULMINADO DE MANERA SATISFACTORIA MIS ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN DERECHO Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. B).- DE LA AUTORIDAD EJECUTORA RECLAMO: 2.- LA NEGATIVA DE REALIZAR MIS TRÁMITES, PARA INICIAR MI PROCESO DE TITULACIÓN AUTOMÁTICA, DE LA LICENCIATURA EN DERECHO, A LA QUE TENGO DERECHO POR HABER CULMINADO DE MANERA SATISFACTORIA MIS ESTUDIOS CON LOS REQUISITOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA." Ahora bien, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 5o. Son partes en el juicio de amparo: ... II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. ..." Al respecto es conveniente destacar que la fracción I, del artículo 1° de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos y omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado de mexicano sea parte. Por su parte, el artículo 5°, en su fracción II, de la citada ley, señala que la autoridad responsable es la que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De ahí que, para considerar a los particulares como autoridad responsable para los efectos del amparo, se deben considerar los siguientes elementos: a) Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, es decir, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. b) Que omitan actos que, de realizarse, crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. c) Que esas funciones estén determinadas en una norma general. En relación con este punto, pero vinculado con la actuación de las instituciones educativas privadas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 408/2017, sostuvo: ".De acuerdo con lo ya determinado por esta Sala, los elementos a tomar en cuenta para considerar que el particular se equipara a una autoridad para efectos del juicio son: Que el particular dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Que omita actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. Que esas funciones que los particulares realizan estén determinadas por una norma general. Tomando en cuenta estos elementos, debe decirse que un contrato de prestación de servicios educativos privados no genera actos de autoridad por parte de la institución, sino que origina una relación de coordinación, derivada de un acuerdo de voluntades, en la que las partes actúan en un plano de igualdad. Esto es, los directivos de la universidad privada no realizan acciones investidos de imperio ni por mandato de una norma general. Es verdad que el derecho humano a la educación contenido en el artículo 3o. de la Ley Suprema es de esencial importancia social, de conformidad no sólo con nuestra Constitución, sino con lo dispuesto en diversos instrumentos internacionales; sin embargo, la estructura jurídica creada para satisfacer tal derecho es compleja, y no sólo el Estado actúa para brindar el servicio, sino también los particulares, a quienes se autoriza a impartir educación, en los términos en que nuestra Carta Magna y las leyes respectivas lo disponen (tal como ocurre en muchos otros países). Es así que el Estado y los particulares pueden impartir educación, en términos de la Constitución Federal, pero los particulares, al hacerlo no se equiparan a una autoridad. La relación que surge entre un instituto educativo privado y los alumnos no es de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que los sujetos actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, pues se rigen por lo acordado en el contrato de prestación de servicios educativos que al respecto firman, y conforme al cual la institución privada determina los requisitos inherentes al servicio que presta. Contrato que es firmado y reconocido por las dos partes (institución educativa y alumno). Cuando se contrata la prestación privada de servicios educativos las partes fijan de común acuerdo una retribución económica, y quien contrata el servicio acepta someterse a las disposiciones internas de la institución educativa, en una especie de contrato privado de adhesión para recibir un servicio y no en una norma general. Las determinaciones que tome una universidad privada con respecto a sus alumnos trascienden en el ámbito privado a los derechos y obligaciones para con la propia institución, pues el origen está en la voluntad de las partes y en la normativa interna que fue aceptada voluntariamente por quién solicitó el servicio. La universidad privada no ejerce un poder público frente a sus alumnos, sino que actúa conforme a su regulación y al acuerdo de voluntades aceptado por las partes. Esto es así, porque: 1 El origen de la relación alumno-escuela privada es un acuerdo de voluntades, derivado de un contrato civil de prestación de servicios y no el cumplimiento de un mandato establecido en ley. 2 La relación jurídica que surge entre ellos es de coordinación y no de supra a subordinación, en términos de las obligaciones derivadas del acuerdo que firmaron. Es verdad que para impartir el servicio de educación se requiere contar con autorización del Estado, en términos de las leyes y reglamentos correspondientes; sin embargo, ese hecho no le da el carácter de autoridad a quien presta un servicio educativo privado, pues no sólo en este ramo, sino en muchos otros, el particular requiere obtener una autorización estatal para dedicarse a la actividad que le acomode, y esa condición (contar con autorización del Estado) no lo equipara a una autoridad. Por todo esto es que, como en un inicio se apuntó, las universidades privadas no son autoridades para efectos del juicio de amparo. .". Las consideraciones precedentes se asumen como propias por este Juzgador como sustento de la determinación adoptada, de lo que resulta inconcuso que las autoridades que el quejoso señala como responsables, no les reviste tal carácter para efectos del juicio constitucional, virtud a lo cual resulta manifiesta e indudable su improcedencia. Resulta aplicable por identidad de razón, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 56, Tomo I, julio de dos mil dieciocho, página 647, Materia Común, Décima Época, que establece: "UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo prevé que para efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, el hecho de que una universidad privada realice actos relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo (por más que el estudiante pueda considerar que afecta sus derechos), ya que la relación entre las universidades particulares y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior y actúan con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes, las que no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Bajo esa óptica, al actualizarse la causal de improcedencia antes analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ----------, por las razones antes expuestas. En diverso aspecto, no ha lugar a tener como autorizados de la parte quejosa en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Iván Guerra Nambos y Néstor Rafael López Carreón, toda vez que no tienen debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo que únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones y documentos. Por otro lado, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle -----------------, municipio Ecatepec de Morelos, Estado de México, por así haberlo solicitado.----- Asimismo, en términos del último párrafo del numeral 21, de la ley de la materia, se faculta al fedatario judicial adscrito para que de ser necesario, practique las notificaciones que deriven del presente juicio, en días y horas inhábiles. Además, se hace destacar al Actuario adscrito a este Órgano Jurisdiccional que para dar materialidad a las notificaciones que con motivo del presente trámite surjan deberá ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se hace del conocimiento al fedatario, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente expediente, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa proporcionando el número telefónico ----------- y el correo electrónico -------@piedomex.com.mx, para establecer contacto en los casos que se estimen necesarios, dada la situación actual que acontece en el mundo, por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, sin que esto implique que tales medios se tengan para oír y recibir notificaciones personales, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así, en virtud de que para el caso de que la parte quejosa pretenda recibir notificaciones electrónicas debe solicitarlo de manera expresa conforme a los artículos 3° y 26, fracción IV, de la ley en cita; parámetros que el caso que nos ocupa no se encuentran satisfechos por la parte promovente. En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a las demás partes, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, además, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. Se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Igualmente, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto, se emita o actualice la normatividad respectiva. Así también, se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Notifíquese personalmente al promovente.
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