Irma Marquez Sánchez
Expediente 638/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 638/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Irma Marquez Sánchez
Actuaciones
- Principal
CITATORIO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintinueve de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que el proveído de uno de octubre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ------, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su apoderada legal --------, en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el Libro respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento a los artículos 6, fracción II1, y 21, 1 "Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." inciso b2, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del acuerdo de mérito, no tiene valor jurídico o histórico para su conservación; en consecuencia, no es considerado como un asunto relevante. Con fundamento en el citado artículo 21 del Acuerdo General, se dejan a disposición de la parte quejosa los documentos que exhibió durante la tramitación del presente juicio de amparo, en el entendido que, cuando se presente a su recolección deberá dejarse en autos copia certificada de los que obran en original y en copia certificada; previa toma de razón que por su recibo asiente en autos, apercibida que de no solicitarlos en el término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de la presente determinación, se procederá a su destrucción. Asimismo, se precisa que para poder acudir la parte quejosa a recoger las documentales, conforme a los artículos 33 y 44 del indicado 2 "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: . b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; ." 3 "Artículo 3. Micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias. A partir del 3 de agosto de 2020 estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. El Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos. El sistema permitirá generar citas cada media hora: una en la secretaría de acuerdos de cada tribunal colegiado de Circuito; dos en cada juzgado de Distrito, tribunal unitario de Circuito y Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el sistema "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Ello, dado que en dicho acuerdo se regula la manera en que se deberán obtener las citas para el fin requerido por el promovente, esto es, para que pueda acudir de manera física a este recinto judicial a efecto de recoger los documentos que se dejan a su disposición; de ahí que deberá realizar lo ahí explicado para poder agendar la citada solicitada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintinueve de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que el proveído de uno de octubre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ------, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su apoderada legal --------, en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el Libro respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento a los artículos 6, fracción II1, y 21, 1 "Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." inciso b2, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del acuerdo de mérito, no tiene valor jurídico o histórico para su conservación; en consecuencia, no es considerado como un asunto relevante. Con fundamento en el citado artículo 21 del Acuerdo General, se dejan a disposición de la parte quejosa los documentos que exhibió durante la tramitación del presente juicio de amparo, en el entendido que, cuando se presente a su recolección deberá dejarse en autos copia certificada de los que obran en original y en copia certificada; previa toma de razón que por su recibo asiente en autos, apercibida que de no solicitarlos en el término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de la presente determinación, se procederá a su destrucción. Asimismo, se precisa que para poder acudir la parte quejosa a recoger las documentales, conforme a los artículos 33 y 44 del indicado 2 "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: . b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; ." 3 "Artículo 3. Micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias. A partir del 3 de agosto de 2020 estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. El Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos. El sistema permitirá generar citas cada media hora: una en la secretaría de acuerdos de cada tribunal colegiado de Circuito; dos en cada juzgado de Distrito, tribunal unitario de Circuito y Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el sistema "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Ello, dado que en dicho acuerdo se regula la manera en que se deberán obtener las citas para el fin requerido por el promovente, esto es, para que pueda acudir de manera física a este recinto judicial a efecto de recoger los documentos que se dejan a su disposición; de ahí que deberá realizar lo ahí explicado para poder agendar la citada solicitada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
CITATORIO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: Naucalpan de Juárez, Estado de México, a uno de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por --, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su apoderada legal Irma Márquez Sánchez, personalidad que acredita y se le reconoce en términos del primer testimonio del instrumento notarial veinticinco mil ochenta y dos, pasado ante la fe del Notario Público ciento diez, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, contra actos del Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otras autoridades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 638/2020-I. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes; situaciones que en el caso a estudio acontecen. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4 publicada en la página 890, tomo VII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. En tales condiciones, en el caso a estudio, de manera indudable y notoria se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, al no haberse agotado el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Así, la fracción en cita establece que: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX.- Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado . De la cita que antecede, se advierte que es improcedente el juicio de amparo cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido como enunciado jurídico, que la causal de improcedencia que se trata, se actualiza, siempre y cuando reúna los requisitos siguientes: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Ello tiene fundamento, en la jurisprudencia P./J. 144/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2000, página 15, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De acuerdo con lo antes precisado, debe decirse que el recurso o medio de defensa a que se refiere la fracción que se está examinando, debe tener por objeto que el promovente de aquél pueda obtener la revocación o modificación de la resolución que lesiona sus intereses, de modo tal que no cualquier medio de impugnación o de defensa puede dar lugar a la actualización de la causal de improcedencia en examen, sino sólo aquellos que están establecidos por la ley correspondiente y que tengan los efectos precisados. De lo que se colige que si el quejoso interpone una demanda de amparo en contra de los mismos actos por los cuales hace valer un recurso o medio de defensa improcedente o no idóneo para obtener la revocación o nulificación de la resolución que le afecta, las autoridades de amparo no están en posibilidad de estimar improcedente el juicio constitucional apoyándose en la fracción XIX de la Ley de Amparo, ya que ese recurso o medio de defensa legal improcedente o no idóneo, no tendría por efecto modificar, revocar o nulificar el acto materia del juicio constitucional. En relación con el otro requisito que se hace consistir en que el recurso ordinario o medio de defensa esté en trámite ante la autoridad correspondiente, debe decirse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, los principios generales del derecho son una fuente de derecho procesal atendible en aquellos casos en que no sea factible resolver con la interpretación literal o doctrinal de la ley. De esos principios, para efectos de este examen, adquiere relevancia el principio de contradicción que consiste en que el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, conforme al precepto en estudio no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o un medio de defensa legal que pueda tener por finalidad la revocación, modificación o nulificación de un acto de autoridad, con el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de los primeros, ya que ello puede implicar la solución de un negocio que esté en vías de ser resuelto con efectos semejantes a los que se obtienen o derivan de la acción constitucional. Establecido lo anterior, para demostrar la aplicabilidad de la causal en estudio, es preciso traer a colación el contenido del artículo 58 fracción II, inciso a), punto 4 y fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: (.) II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 4. Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. III. Tratándose del incumplimiento de la resolución que conceda la suspensión de la ejecución del acto impugnado o alguna otra de las medidas cautelares previstas en esta Ley, procederá la queja mediante escrito interpuesto en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva ante el Magistrado Instructor. En el escrito en que se interponga la queja se expresarán los hechos por los que se considera que se ha dado el incumplimiento y en su caso, se acompañarán los documentos en que consten las actuaciones de la autoridad que pretenda vulnerar la suspensión o la medida cautelar otorgada. El Magistrado pedirá un informe a quien se impute el incumplimiento, que deberá rendir dentro del plazo de cinco días, en el que, en su caso, se justificará el acto o la omisión que provocó la queja. Vencido dicho plazo, con informe o sin él, el Magistrado dará cuenta a la Sala, la que resolverá en un plazo máximo de cinco días. Si la Sala resuelve que hubo incumplimiento, declarará la nulidad de las actuaciones realizadas en violación a la suspensión o de otra medida cautelar otorgada. La resolución a que se refiere esta fracción se notificará también al superior jerárquico del servidor público responsable, entendiéndose por este último al que incumpla con lo resuelto, para que proceda jerárquicamente y la Sala impondrá al responsable o autoridad renuente, una multa equivalente a un mínimo de treinta días de su salario, sin exceder del equivalente a sesenta días del mismo, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento, el sueldo del servidor público de que se trate y su nivel jerárquico. También se tomará en cuenta para imponer la sanción, las consecuencias que el no acatamiento de la resolución hubiera ocasionado, cuando el afectado lo señale, caso en que el solicitante tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios, la que, en su caso, correrá a cargo de la unidad administrativa en la que preste sus servicios el servidor público de que se trate, en los términos en que se resuelva la queja. De la porción normativa antes transcrita, se advierte que si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal, de conformidad con el artículo 58, fracción II, inciso a), punto 4 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, procede el recurso de queja, cuyo trámite se encuentra sujeto a lo que al efecto establece la fracción III del numeral en cita, del que se deduce que las actuaciones realizadas en violación a la medida cautelar definitiva que conceda la suspensión de la ejecución del acto impugnado, tiene como consecuencia que la Sala Regional del conocimiento declare la nulidad de las mismas, entre otras sanciones administrativas impuestas a la autoridad enjuiciada. En ese tenor, en el presente asunto la parte quejosa reclama la orden y ejecución del acta de requerimiento de pago y embargo de ocho de septiembre de la presente anualidad, en ejecución del crédito fiscal determinado en el oficio 20703002030304T/38904/2019, de tres de diciembre de dos mil diecinueve, emitido por el Director General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, el cual asciende a la cantidad total de $605,222.36 (seiscientos cinco mil doscientos veintidós pesos 36/100 moneda nacional) por concepto de Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, recargos y multas, así como el congelamiento, bloqueo y embargo, de todas las cuentas bancarias que por esta vía defiende la parte aquí quejosa, al manifestar que es titular de las mismas, a saber: Cuenta bancaria números ---------------abierta en la Institución Financiera ---------------. Cuenta bancaria --------------- abierta en la Institución Financiera BBVA y sus líneas de crédito (tarjetas números ---------------, --------, ---------------). Cuentas bancarias ---------------, ---------------, ---------------/0100 abiertas en la Institución Financiera ---------------; Asimismo, se reclaman los actos de ejecución derivados de dicho oficio. Sin embargo, de los antecedes que bajo protesta de decir verdad manifestó la parte quejosa, se tiene que: 1. El crédito fiscal determinado en el oficio ---------------/2019, de tres de diciembre de dos mil diecinueve, se emitió por el Director General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, el cual asciende a la cantidad total de $605,222.36 (seiscientos cinco mil doscientos veintidós pesos 36/100 moneda nacional). 2. El diez de febrero de dos mil veinte, la parte quejosa impugnó el crédito fiscal antes referido, del que actualmente conoce la Primera Sala Regional Norte - Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del juicio administrativo 353/20-11-01-6 OT, en el que en interlocutoria de dos de marzo de dos mil veinte, se concedió la suspensión definitiva de la ejecución del acto recurrido. 3. La autoridad exactora el ocho de septiembre de dos mil veinte, llevó a cabo una diligencia de requerimiento de pago y embargo, para garantizar el crédito fiscal en cuestión, pese a que se le concedió la suspensión del mismo. 4. Derivado de lo anterior, el diez de septiembre de dos mil veinte, interpuso recurso de queja por incumplimiento a la interlocutoria de dos de marzo de dos mil veinte, en la que se concedió la suspensión definitiva de la ejecución del acto recurrido. 5. Asimismo, el once de septiembre de dos mil veinte, interpuso recurso de revocación en contra del acta de requerimiento de pago y embargo de ocho de septiembre de dos mil veinte. Ahora bien, con la promoción del presente juicio de amparo, la parte quejosa pretende que esta autoridad de control constitucional analice si existe o no desacato a la medida cautelar que en definitiva se le otorgó dentro del juicio administrativo 353/20-11-01-6 OT, del índice de la Primera Sala Regional Norte - Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con la emisión de la orden y ejecución del acta de requerimiento de pago y embargo de ocho de septiembre de la presente anualidad, en ejecución del crédito fiscal determinado en el oficio 20703002030304T/38904/2019, de tres de diciembre de dos mil diecinueve, emitido por el Director General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, que en esta vía reclama. Sin embargo, antes de acudir al juicio de amparo indirecto debió esperar a que se resuelva el recurso de queja por incumplimiento a la suspensión definitiva de la ejecución del acto recurrido concedida en interlocutoria de dos de marzo de dos mil veinte, toda vez que es la parte actora dentro del juicio administrativo 353/20-11-01-6 OT, del índice de la Primera Sala Regional Norte - Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; por tanto, es claro e indudable que se está tramitando ante dicha Sala un recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que es por demás claro que el presente juicio de amparo es improcedente. Ello, puesto que sólo puede entablarse el amparo indirecto, una vez agotado dicho medio ordinario de defensa, o en su defecto, cuando el quejoso no es parte en el juicio de que se trate, pues en esas condiciones resulta claro que el quejoso está impedido para hacer valer previamente los recursos ordinarios previstos por el código adjetivo administrativo respectivo. Luego, es inconcuso que respecto al acto reclamado en estudio, se actualiza la causal de improcedencia señalada en supra líneas, pues resulta indubitable que en contra del oficio de que se duele, el cual refiere se emitió incumpliendo la suspensión definitiva que le fue otorgada en el juicio administrativo 353/20-11-01-6 OT, en interlocutoria de dos de marzo de dos mil veinte, respecto del cual hizo valer el recurso de queja el diez de septiembre de la presente anualidad, lo que pone de manifiesto que aún se está agotando un medio ordinario de defensa que se debe agotar íntegramente previo a recurrir al juicio constitucional. Por tanto, es indudable que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción XIX del numeral 61, de la Ley de Amparo, por lo que, procede DESECHAR la demanda de amparo promovida por HEMI, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su apoderada legal Irma Márquez Sánchez. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en ---------------, Tlalnepantla, Estado de México. En términos del último párrafo, del numeral 21, de la Ley de la materia, se faculta al fedatario adscrito para que de ser necesario, realice las diligencias de este sumario, en días y horas inhábiles. Por otra parte, se tienen por autorizados de la parte quejosa a las personas que refiere y para los efectos que se precisan, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos, por así haberlo señalado. También, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. De igual modo, se hace del conocimiento de la parte quejosa el número telefónico oficial en el que puede ser contactada la Secretaria encargada del asunto, María del Rosario García Lara, a saber: 5553870500, extensión 1389, dentro de un horario de nueve a quince horas, de lunes a viernes, para la atención correspondiente al presente asunto. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Además de que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a uno de octubre de dos mil veinte.Vista la demanda de amparo promovida por --------------, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su apoderada legal Irma Márquez Sánchez, personalidad que acredita y se le reconoce en términos del primer testimonio del instrumento notarial veinticinco mil ochenta y dos, pasado ante la fe del Notario Público ciento diez, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, contra actos del Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otras autoridades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 638/2020-I. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes; situaciones que en el caso a estudio acontecen. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4 publicada en la página 890, tomo VII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, en el caso a estudio, de manera indudable y notoria se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, al no haberse agotado el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Así, la fracción en cita establece que: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX.- Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado (.)". De la cita que antecede, se advierte que es improcedente el juicio de amparo cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido como enunciado jurídico, que la causal de improcedencia que se trata, se actualiza, siempre y cuando reúna los requisitos siguientes: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Ello tiene fundamento, en la jurisprudencia P./J. 144/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2000, página 15, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO." De acuerdo con lo antes precisado, debe decirse que el recurso o medio de defensa a que se refiere la fracción que se está examinando, debe tener por objeto que el promovente de aquél pueda obtener la revocación o modificación de la resolución que lesiona sus intereses, de modo tal que no cualquier medio de impugnación o de defensa puede dar lugar a la actualización de la causal de improcedencia en examen, sino sólo aquellos que están establecidos por la ley correspondiente y que tengan los efectos precisados. De lo que se colige que si el quejoso interpone una demanda de amparo en contra de los mismos actos por los cuales hace valer un recurso o medio de defensa improcedente o no idóneo para obtener la revocación o nulificación de la resolución que le afecta, las autoridades de amparo no están en posibilidad de estimar improcedente el juicio constitucional apoyándose en la fracción XIX de la Ley de Amparo, ya que ese recurso o medio de defensa legal improcedente o no idóneo, no tendría por efecto modificar, revocar o nulificar el acto materia del juicio constitucional. En relación con el otro requisito que se hace consistir en que el recurso ordinario o medio de defensa esté en trámite ante la autoridad correspondiente, debe decirse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, los principios generales del derecho son una fuente de derecho procesal atendible en aquellos casos en que no sea factible resolver con la interpretación literal o doctrinal de la ley. De esos principios, para efectos de este examen, adquiere relevancia el principio de contradicción que consiste en que el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, conforme al precepto en estudio no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o un medio de defensa legal que pueda tener por finalidad la revocación, modificación o nulificación de un acto de autoridad, con el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de los primeros, ya que ello puede implicar la solución de un negocio que esté en vías de ser resuelto con efectos semejantes a los que se obtienen o derivan de la acción constitucional. Establecido lo anterior, para demostrar la aplicabilidad de la causal en estudio, es preciso traer a colación el contenido del artículo 58 fracción II, inciso a), punto 4 y fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: (.) II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: (.) 4. Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. (.) III. Tratándose del incumplimiento de la resolución que conceda la suspensión de la ejecución del acto impugnado o alguna otra de las medidas cautelares previstas en esta Ley, procederá la queja mediante escrito interpuesto en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva ante el Magistrado Instructor. En el escrito en que se interponga la queja se expresarán los hechos por los que se considera que se ha dado el incumplimiento y en su caso, se acompañarán los documentos en que consten las actuaciones de la autoridad que pretenda vulnerar la suspensión o la medida cautelar otorgada. El Magistrado pedirá un informe a quien se impute el incumplimiento, que deberá rendir dentro del plazo de cinco días, en el que, en su caso, se justificará el acto o la omisión que provocó la queja. Vencido dicho plazo, con informe o sin él, el Magistrado dará cuenta a la Sala, la que resolverá en un plazo máximo de cinco días. Si la Sala resuelve que hubo incumplimiento, declarará la nulidad de las actuaciones realizadas en violación a la suspensión o de otra medida cautelar otorgada. La resolución a que se refiere esta fracción se notificará también al superior jerárquico del servidor público responsable, entendiéndose por este último al que incumpla con lo resuelto, para que proceda jerárquicamente y la Sala impondrá al responsable o autoridad renuente, una multa equivalente a un mínimo de treinta días de su salario, sin exceder del equivalente a sesenta días del mismo, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento, el sueldo del servidor público de que se trate y su nivel jerárquico. También se tomará en cuenta para imponer la sanción, las consecuencias que el no acatamiento de la resolución hubiera ocasionado, cuando el afectado lo señale, caso en que el solicitante tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios, la que, en su caso, correrá a cargo de la unidad administrativa en la que preste sus servicios el servidor público de que se trate, en los términos en que se resuelva la queja. (.)" De la porción normativa antes transcrita, se advierte que si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal, de conformidad con el artículo 58, fracción II, inciso a), punto 4 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, procede el recurso de queja, cuyo trámite se encuentra sujeto a lo que al efecto establece la fracción III del numeral en cita, del que se deduce que las actuaciones realizadas en violación a la medida cautelar definitiva que conceda la suspensión de la ejecución del acto impugnado, tiene como consecuencia que la Sala Regional del conocimiento declare la nulidad de las mismas, entre otras sanciones administrativas impuestas a la autoridad enjuiciada. En ese tenor, en el presente asunto la parte quejosa reclama la orden y ejecución del acta de requerimiento de pago y embargo de ocho de septiembre de la presente anualidad, en ejecución del crédito fiscal determinado en el oficio 20703002030304T/38904/2019, de tres de diciembre de dos mil diecinueve, emitido por el Director General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, el cual asciende a la cantidad total de $605,222.36 (seiscientos cinco mil doscientos veintidós pesos 36/100 moneda nacional) por concepto de Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, recargos y multas, así como el congelamiento, bloqueo y embargo, de todas las cuentas bancarias que por esta vía defiende la parte aquí quejosa, al manifestar que es titular de las mismas, a saber: Cuenta bancaria números ---------------abierta en la Institución Financiera ---------------. Cuenta bancaria --------------- abierta en la Institución Financiera BBVA y sus líneas de crédito (tarjetas números ---------------, ---------------, ---------------). Cuentas bancarias ---------------, ---------------, ---------------/0100 abiertas en la Institución Financiera ---------------; Asimismo, se reclaman los actos de ejecución derivados de dicho oficio. Sin embargo, de los antecedes que bajo protesta de decir verdad manifestó la parte quejosa, se tiene que: 1. El crédito fiscal determinado en el oficio ---------------/2019, de tres de diciembre de dos mil diecinueve, se emitió por el Director General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, el cual asciende a la cantidad total de $605,222.36 (seiscientos cinco mil doscientos veintidós pesos 36/100 moneda nacional). 2. El diez de febrero de dos mil veinte, la parte quejosa impugnó el crédito fiscal antes referido, del que actualmente conoce la Primera Sala Regional Norte - Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del juicio administrativo 353/20-11-01-6 OT, en el que en interlocutoria de dos de marzo de dos mil veinte, se concedió la suspensión definitiva de la ejecución del acto recurrido. 3. La autoridad exactora el ocho de septiembre de dos mil veinte, llevó a cabo una diligencia de requerimiento de pago y embargo, para garantizar el crédito fiscal en cuestión, pese a que se le concedió la suspensión del mismo. 4. Derivado de lo anterior, el diez de septiembre de dos mil veinte, interpuso recurso de queja por incumplimiento a la interlocutoria de dos de marzo de dos mil veinte, en la que se concedió la suspensión definitiva de la ejecución del acto recurrido. 5. Asimismo, el once de septiembre de dos mil veinte, interpuso recurso de revocación en contra del acta de requerimiento de pago y embargo de ocho de septiembre de dos mil veinte. Ahora bien, con la promoción del presente juicio de amparo, la parte quejosa pretende que esta autoridad de control constitucional analice si existe o no desacato a la medida cautelar que en definitiva se le otorgó dentro del juicio administrativo 353/20-11-01-6 OT, del índice de la Primera Sala Regional Norte - Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con la emisión de la orden y ejecución del acta de requerimiento de pago y embargo de ocho de septiembre de la presente anualidad, en ejecución del crédito fiscal determinado en el oficio 20703002030304T/38904/2019, de tres de diciembre de dos mil diecinueve, emitido por el Director General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, que en esta vía reclama. Sin embargo, antes de acudir al juicio de amparo indirecto debió esperar a que se resuelva el recurso de queja por incumplimiento a la suspensión definitiva de la ejecución del acto recurrido concedida en interlocutoria de dos de marzo de dos mil veinte, toda vez que es la parte actora dentro del juicio administrativo 353/20-11-01-6 OT, del índice de la Primera Sala Regional Norte - Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; por tanto, es claro e indudable que se está tramitando ante dicha Sala un recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que es por demás claro que el presente juicio de amparo es improcedente. Ello, puesto que sólo puede entablarse el amparo indirecto, una vez agotado dicho medio ordinario de defensa, o en su defecto, cuando el quejoso no es parte en el juicio de que se trate, pues en esas condiciones resulta claro que el quejoso está impedido para hacer valer previamente los recursos ordinarios previstos por el código adjetivo administrativo respectivo. Luego, es inconcuso que respecto al acto reclamado en estudio, se actualiza la causal de improcedencia señalada en supra líneas, pues resulta indubitable que en contra del oficio de que se duele, el cual refiere se emitió incumpliendo la suspensión definitiva que le fue otorgada en el juicio administrativo 353/20-11-01-6 OT, en interlocutoria de dos de marzo de dos mil veinte, respecto del cual hizo valer el recurso de queja el diez de septiembre de la presente anualidad, lo que pone de manifiesto que aún se está agotando un medio ordinario de defensa que se debe agotar íntegramente previo a recurrir al juicio constitucional. Por tanto, es indudable que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción XIX del numeral 61, de la Ley de Amparo, por lo que, procede DESECHAR la demanda de amparo promovida por HEMI, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su apoderada legal Irma Márquez Sánchez. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en ---------------, Tlalnepantla, Estado de México. En términos del último párrafo, del numeral 21, de la Ley de la materia, se faculta al fedatario adscrito para que de ser necesario, realice las diligencias de este sumario, en días y horas inhábiles. Por otra parte, se tienen por autorizados de la parte quejosa a las personas que refiere y para los efectos que se precisan, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos, por así haberlo señalado. También, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. De igual modo, se hace del conocimiento de la parte quejosa el número telefónico oficial en el que puede ser contactada la Secretaria encargada del asunto, María del Rosario García Lara, a saber: 5553870500, extensión 1389, dentro de un horario de nueve a quince horas, de lunes a viernes, para la atención correspondiente al presente asunto. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Además de que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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