Irma Velázquez Quintos
Expediente 1358/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 32 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1358/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 28/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Irma Velázquez Quintos
- Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, Apizaco, Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Incidental
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a las partes en proveído de veintisiete de junio de dos mil diecisiete (fojas 1054 a 1056), correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, sin que se inconformaran contra el citado auto; en consecuencia, ha causado estado el proveído de referencia y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo; en virtud que SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Luego, tomando en consideración de que en el incidente de suspensión se concedió la medida provisional y definitiva solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la resolución relativa a su otorgamiento. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a las partes en proveído de veintisiete de junio de dos mil diecisiete (fojas 1054 a 1056), correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, sin que se inconformaran contra el citado auto; en consecuencia, ha causado estado el proveído de referencia y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo; en virtud que SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Luego, tomando en consideración de que en el incidente de suspensión se concedió la medida provisional y definitiva solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la resolución relativa a su otorgamiento. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de veintisiete de junio de dos mil diecisiete: Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete (fojas 1001 a 1016), en el presente juicio de amparo indirecto número 1358/2016-V, promovido por Irma Velázquez Quintos, se concedió el amparo y protección de la justicia federal en los siguientes términos: ... Posteriormente, mediante auto de dos de junio de dos mil diecisiete (fojas 1031 a 1033), dicha sentencia causo ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento respectivo. Por acuerdo de trece de junio de dos mil diecisiete (foja 1046) se tuvo a la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, por tanto, se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, respecto del cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este juzgado proveería lo que en derecho correspondiera. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que la parte quejosa y terceros interesados no desahogaron la vista ordenada en acuerdo de trece de junio de dos mil diecisiete (foja 1046), con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo decretada en el juicio en que se actúa, según se desprende de la certificación de cuenta, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Ahora, el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, mediante oficio 1621 de fecha nueve de junio de dos mil diecisiete (foja 1038), remitió copia certificada de la resolución de ocho de junio de dos mil diecisiete, dictada dentro del proceso número 316/2015, de las cuales se advierte que en cumplimiento a la sentencia de amparo: Dejó insubsistente la determinación de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, dictada dentro del proceso penal 316/2015 de su índice (foja 1040 a 1042). Dictó una nueva resolución, en la cual fundando adecuadamente su actuar y expresando claramente los motivos que justifican su determinación admitió a trámite el incidente de responsabilidad civil proveniente de delito, promovido por la aquí quejosa (foja 1043 a 1044). A tales documentos se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese tenor, de su análisis se acredita que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal. En consecuencia, es evidente que la autoridad responsable acreditó el cumplimiento -en el núcleo esencial- de los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, sin excesos ni defectos; esto sin prejuzgar sobre la legalidad o no del nuevo acto emitido, en términos del tercer párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento de la parte quejosa y terceros interesados la anterior determinación para que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación interpongan recurso de inconformidad.
- Principal
Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete (fojas 1001 a 1016), en el presente juicio de amparo indirecto número 1358/2016-V, promovido por Irma Velázquez Quintos, se concedió el amparo y protección de la justicia federal en los siguientes términos: ... Posteriormente, mediante auto de dos de junio de dos mil diecisiete (fojas 1031 a 1033), dicha sentencia causo ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento respectivo. Por acuerdo de trece de junio de dos mil diecisiete (foja 1046) se tuvo a la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, por tanto, se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, respecto del cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este juzgado proveería lo que en derecho correspondiera. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que la parte quejosa y terceros interesados no desahogaron la vista ordenada en acuerdo de trece de junio de dos mil diecisiete (foja 1046), con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo decretada en el juicio en que se actúa, según se desprende de la certificación de cuenta, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Ahora, el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, mediante oficio 1621 de fecha nueve de junio de dos mil diecisiete (foja 1038), remitió copia certificada de la resolución de ocho de junio de dos mil diecisiete, dictada dentro del proceso número 316/2015, de las cuales se advierte que en cumplimiento a la sentencia de amparo: Dejó insubsistente la determinación de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, dictada dentro del proceso penal 316/2015 de su índice (foja 1040 a 1042). Dictó una nueva resolución, en la cual fundando adecuadamente su actuar y expresando claramente los motivos que justifican su determinación admitió a trámite el incidente de responsabilidad civil proveniente de delito, promovido por la aquí quejosa (foja 1043 a 1044). A tales documentos se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese tenor, de su análisis se acredita que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal. En consecuencia, es evidente que la autoridad responsable acreditó el cumplimiento -en el núcleo esencial- de los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, sin excesos ni defectos; esto sin prejuzgar sobre la legalidad o no del nuevo acto emitido, en términos del tercer párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento de la parte quejosa y terceros interesados la anterior determinación para que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación interpongan recurso de inconformidad.
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