Irma Hernández Rodríguez
Expediente 1290/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1290/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Irma Hernández Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del auto de primero de diciembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia. Ahora, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este expediente relativo al juicio de amparo 1290/2016 III, dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo, sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Por otra parte, aun cuando los documentos exhibidos por la parte quejosa en su demanda de amparo, no se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, déjense a su disposición, los cuales podrá recoger dentro del plazo de noventa días, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, a pesar de que la parte promovente nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse público el auto que desechó la demanda de amparo, no deberán suprimirse los datos sensibles y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto
- Principal
NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA IRMA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, EL CONTENIDO DE LA DETERMINACIÓN DE DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DE DOS MIL DIECISÉIS, DICTADA DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 1290/2016-III, QUE ESTABLECE: "Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del auto de primero de diciembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia. Ahora, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este expediente relativo al juicio de amparo 1290/2016 III, dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo, sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Por otra parte, aun cuando los documentos exhibidos por la parte quejosa en su demanda de amparo, no se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, déjense a su disposición, los cuales podrá recoger dentro del plazo de noventa días, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, a pesar de que la parte promovente nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse público el auto que desechó la demanda de amparo, no deberán suprimirse los datos sensibles y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto."
- Principal
Notifico mediante lista a la parte quejosa el contenido de la resolución de uno de diciembre de dos mil dieciséis, cuya síntesis dice: Número de expediente: 1290/2016 Acuerdo: Agréguese a los autos el escrito singado por Irma Hernández Rodríguez, por el que da cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, y para tal efecto, exhibe copia certificada de la resolución de dieciséis de abril de dos mil quince, por la cual se le reconoce la calidad de ejidataria y sucesora de Pedro Wiliulfo Loaiza Concha, del núcleo agrario Hermenegildo Galeana, Huamantla, Tlaxcala. Ahora bien, visto nuevamente el escrito inicial de demanda y su escrito aclaratorio, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: ... Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Expuesto lo anterior, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que la quejosa reclama lo siguiente: El contenido de del acta de audiencia de fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciséis celebrada en autos del expediente agrario 77/2016 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Tres. Ahora, para mejor comprensión del sentido de la presente resolución, se estima necesario realizar una breve relación de los antecedentes que se desprenden de la demanda de amparo, siendo estos los siguientes: La quejosa promovió ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres, juicio restitutorio o reivindicatorio de la parcela ejidal número 74 del ejido Hermenegildo Galeana, Huamantla, Tlaxcala, contra Josefa Loaiza Concha. Luego, Josefa Loaiza Concha dio contestación a la demanda instaurada en su contra en audiencia de ley y promovió como acción reconvencional juicio de prescripción contra la quejosa y ordenó emplazar al Comisariado Ejidal de Hermenegildo Galeana, Huamantla, Tlaxcala y a los colindantes de la parcela en litigio, motivo por el cual se difirió la audiencia para el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis. El dieciocho de octubre de dos mil dieciséis se llevó a cabo la continuación de la audiencia de ley, en la que en un inicio se asentó la inasistencia de Irma Hernández Rodríguez y únicamente la asistencia de la licenciada Mayra Mallela Cortes Dorantes, lo que refiere la quejosa que no fue así, y ello lo demuestra con las firmas que estampó de su puño y letra al finalizar la audiencia de que se habla y al margen; del mismo modo, en la etapa correspondiente a la contestación de la demanda reconvencional se hizo constar que sí estuvo presente, tan es así que el Tribunal que señala como responsable le concedió el uso de la voz, por lo que la quejosa se duele de que en un inicio no se hizo constar su asistencia. Asimismo, se duele de que en la audiencia la autoridad agraria tuvo a la parte contraria ofreciendo como prueba la confesional a cargo de la impetrante, de la cual se señalaron las diez horas con treinta minutos del veinticinco de enero de dos mil diecisiete, puesto que dicho actuar vulnera el contenido del artículo 182 de la Ley Agraria, el cual señala que únicamente se deberán ofrecer pruebas al contestar la demanda. Del mismo modo, le causa agravio que en lo atinente a la prueba documental que ofreció como prueba en el juicio consistente en un informe a cargo del Delegado Estatal de SAGARPA, se le requirió que acreditara en un plazo de tres días que lo había solicitado previamente a la fecha de la celebración de la audiencia en cuestión, de lo contrario se le declararía desierta tal medio de convicción, lo que va en contravención al artículo 87 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria, puesto que tal probanza la ofreció desde su escrito de contestación de demanda. Finalmente, en la audiencia de dieciocho de octubre de la presente anualidad, se duele de que la autoridad no se pronunció respecto de la admisión o desechamiento de la prueba testimonial ofrecida en su escrito de contestación de demanda y en la que manifestó no poder presentar a los testigos. Siendo ésta audiencia el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Expuesto lo anterior, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la quejosa, deriva de la circunstancia de que la audiencia de dieciocho de octubre de la presente anualidad, llevada a cabo en el expediente agrario 77/2016, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Tres, en la cual se asentó en un inicio la inasistencia de Irma Hernández Rodríguez y posteriormente, en la etapa correspondiente a la contestación de la demanda reconvencional se hizo constar que sí estuvo presente, y se le concedió el uso de la voz; audiencia que firmó al calce y al margen de la misma; asimismo, en la que se tuvo a su contraparte ofreciendo la prueba confesional a su cargo; así también, en lo atinente a la prueba documental que ofreció como prueba en el juicio consistente en un informe a cargo del Delegado Estatal de SAGARPA, se le requirió que acreditara en un plazo de tres días que lo había solicitado previamente a la fecha de la celebración de la audiencia en cuestión, de lo contrario se le declararía desierto tal medio de convicción y el hecho de que la autoridad no se pronunció respecto de la admisión o desechamiento de la prueba testimonial ofrecida en su escrito de contestación de demanda y en la que manifestó no poder presentar a los testigos, no produce efectos de imposible reparación a las partes, por no afectar materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En efecto, en el caso se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, en la ley de amparo vigente, existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. Para poder explicar lo anterior, es menester señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al deliberar y votar la contradicción de tesis 377/2013 entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en sesiones de veinte y veinticuatro de marzo de dos mil catorce, una mayoría de seis ministros se pronunció, en lo que interesa, en los siguientes términos: ... De la anterior transcripción se desprende que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de seis votos, determinó que de conformidad con la nueva Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, estimaron que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa señalada en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. Lo anterior, pues el acto reclamado en el presente juicio consiste en la audiencia de dieciocho de octubre de la presente anualidad, llevada a cabo en el expediente agrario 77/2016, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Tres, en la cual se asentó en un inicio la inasistencia de Irma Hernández Rodríguez y posteriormente, en la etapa correspondiente a la contestación de la demanda reconvencional se hizo constar que sí estuvo presente, y se le concedió el uso de la voz; audiencia que firmó al calce y al margen de la misma; asimismo, en la que se tuvo a su contraparte ofreciendo la prueba confesional a su cargo; así también, en lo atinente a la prueba documental que ofreció como prueba en el juicio consistente en un informe a cargo del Delegado Estatal de SAGARPA, se le requirió que acreditara en un plazo de tres días que lo había solicitado previamente a la fecha de la celebración de la audiencia en cuestión, de lo contrario se le declararía desierto tal medio de convicción y el hecho de que la autoridad no se pronunció respecto de la admisión o desechamiento de la prueba testimonial ofrecida en su escrito de contestación de demanda y en la que manifestó no poder presentar a los testigos. En ese sentido, puede advertirse que dicha actuación, sólo tiene efectos meramente procesales y, por ende, no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de una resolución adversa a los intereses de la parte promovente, por lo que debe concluirse que dicha audiencia, no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Así, la materia del procedimiento reclamado es un tema que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, pues únicamente tiene efectos procesales relacionados con el trámite del procedimiento de origen, que bien podría repararse si la resolución definitiva resulta favorable a las pretensiones de la inconforme, o en caso contrario, controvertir la posible violación cometida al momento de impugnar aquélla resolución definitiva. Asimismo, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-; por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno respectivos.
- Principal
NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA IRMA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, EL CONTENIDO DE LA DETERMINACIÓN DE DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DE DOS MIL DIECISÉIS, DICTADA DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 1290/2016-III, QUE ESTABLECE: "En Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis. Prevención. Vista la demanda de amparo promovida por Irma Hernández Rodríguez en contra del acto reclamado al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres del Estado de Tlaxcala, de quien le reclama lo siguiente: ".Lo es el contenido del acta de audiencia de fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, celebrada en autos del expediente agrario 77/2016." En consecuencia, fórmese expediente y regístrese bajo el número 1290/2016-III. A efecto de acordar el escrito de demanda de garantías, debe tomarse en consideración que el artículo 108 de la Ley de Amparo prevé los requisitos que debe contener, entre los que se encuentra el previsto en la fracción V, que a la letra dicen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación. (.)." Ahora, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de garantías, con fundamento en los artículos 108, fracción I y V, y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, exhiba el original o copia certificada del documento idóneo con el que acredite el carácter de ejidataria del Ejido Hermenegildo Galeana, Huamantla, Tlaxcala con que se ostenta, ya que al escrito de cuenta no acompaña constancia alguna con la que pruebe tal circunstancia, por tanto, omite acreditar dicha representación. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 7, Tomo XXIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 2009, Novena Época, con el rubro: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE". En virtud de lo anterior, se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento formulado dentro del término indicado para ello, se le tendrá promoviendo la presente demanda únicamente por su propio derecho y no gozará de la prerrogativa que gozan los sujetos agrarios. En ese mismo contexto, debe destacarse que el artículo 114 de la Ley de Amparo en vigor, prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentran los establecidos en la fracción V que a la letra dice: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda"; En la especie, del análisis de la demanda se advierte que la parte quejosa no acredita el carácter de ejidataria del ejido Hermenegildo Galeana Huamantla, Tlaxcala, y tampoco exhibió copias necesarias para dar trámite a la demanda que se provee, por lo que, se le requiere para que en el plazo de cinco días siguientes a que surta efectos la notificación del presente proveído, exhiba cinco copias más del escrito de referencia, pues no exhibe copias en su escrito de demanda, en virtud de que para la substanciación del mismo se requieren cinco copias; esto es, (2) para el cuaderno de suspensión, (1) una para el tercero interesado (1) una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, (1) para la autoridad responsable. Se apercibe a la parte quejosa que en caso de hacer caso omiso a lo anterior, se tendrá por no presentado el escrito de demanda. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su libelo de amparo; asimismo, en términos del artículo 24, de la ley de la materia se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Mayra Mallela Cortes Dorantes, Jorge Manuel Pérez Juárez y Emanuel Estrada Ramírez, por así solicitarlo expresamente. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley antes citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Se autoriza a cualquier secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, indíquese a la parte quejosa el derecho que le asiste, hasta antes de dictarse sentencia, para oponerse de manera expresa en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Juan Pablo Rivera Juárez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante el Secretario que autoriza, Jorge Arciniega Alcaraz. Doy fe.." q
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