Irma Vázquez Bsssoul
Expediente 1248/2015 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1248/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Irma Vázquez Bsssoul
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL DESECHO DE PLANO POR IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE GARANTIAS PROMOVIDA; EN CONSECUENCIA, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. LO ANTERIOR, HAGASE DEL CONOCIMIENTO DEL JUEZ CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE HIDALGO, SOLICITANDO EL ACUSE DE RECIBO Y, EN SU OPORTUNIDAD, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el oficio de cuenta, signado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, registrado en la oficialía de partes bajo el número 7691/2015, mediante el cual remite el original del juicio de amparo indirecto 1555/2015-V; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese y acúsese recibo. Ahora bien, tomando en consideración que por resolución de dieciséis de diciembre del año en curso, el juzgador federal se declaró incompetente para conocer del juicio de amparo indirecto de referencia, en virtud de que, tal y como lo aduce, de la narrativa de los antecedentes del acto reclamado se desprende que el Juez Primero de lo Familiar de Pachuca, Hidalgo, desechó la demanda de divorcio promovida por la hoy quejosa; resolución que constituye el acto que hoy se reclama, y la cual puso fin al juicio de origen, por lo que la substanciación del juicio de amparo debe hacerse de conformidad a las reglas previstas tratándose de amparo directo, surtiéndose, por tanto, la competencia a favor de un Tribunal Colegiado de Circuito. Motivo por el cual el juzgador federal estimó carecer de competencia para conocer del juicio de amparo 1555/2015-V de su índice, en virtud de que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis de procedencia del amparo biinstancial que establece el precepto 107 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 47 de la Ley de Amparo, se confirma la resolución de dieciséis de diciembre pasado, emitida por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, en el juicio de garantías 1555/2015-V, y se procede a dictar el siguiente acuerdo: De la lectura integral de la demanda de amparo, que en telegrama presentó Irma Vázquez Bassoul, se advierte que señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: ".- III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.__ AUTORIDAD ORDENADORA.-__ JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR CON DOMICILIO EN CARRETERA MÉXICO-PACHUCA KM 84.5, SECTOR PRIMARIO, C.P. 42085, PACHUCA, HIDALGO.__ AUTORIDAD EJECUTORA__ ACTUARIO ADSCRITO AL JUGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR CON DOMICILIO EN CARRETERA MÉXICO-PACHUCA KM 84.5, SECTOR PRIMARIO, C.P. 42085, PACHUCA, HIDALGO.__ IV.- ACTO RECLAMADO__ VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO Y OBSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA EN CONTRA DE LA QUEJOSA DE AMPARO, POR PARTE DE LA AUTORIDAD ORDENADORA MISMA QUE LE RECLAMO LA NEGATIVA DE ACEPTACIÓN Y DESECHAMIENTO LA DEMANDA DE DIVORCIO PROMOVIDA POR LA IMPETRANTE DE GARANTÍAS Y DE LA EJECUTORA LE RECLAMO LA NEGATIVA DE REALIZAR LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL DESECHAMIENTO DE LA MISMA." (sic) En virtud de la naturaleza del acto que aquí se reclama, este tribunal colegiado estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de oficio y aun preferente, por ser una cuestión de orden público, en términos de lo dispuesto por el numeral en cita. Ello es así, pues de las constancias remitidas por el juzgado federal, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que el Juez Primero de lo Familiar de Pachuca de Soto, Hidalgo, emitió un acuerdo en el cual se desechó la demanda de divorcio instaurada en contra de José Encarnación Zúñiga Villagomez. Inconforme con dicha determinación, Irma Vázquez Bassoul promovió juicio constitucional en la vía indirecta, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo quien, como ya se refirió, en auto de dieciséis de los corrientes se declaró incompetente para conocer de este asunto, toda vez que se trata de una resolución que puso fin al juicio de origen, ordenando turnar los autos a un Tribunal Colegiado, correspondiendo su conocimiento a este órgano pluripersonal. En mérito de lo anterior, si la quejosa no interpuso el recurso correspondiente en contra del auto de primer grado, en términos de la legislación aplicable, es inconcuso que que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, razón por la que se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Irma Vázquez Bassoul, contra el acto que reclama del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, en estricta observancia a lo dispuesto por el ordinal 179 de la ley de la materia citada. Es aplicable a la anterior determinación, la tesis de jurisprudencia P./J.6/2015 (10 a), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diez de abril de dos mil quince, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor.". Sin que sea óbice a la anterior determinación que el escrito de demanda fuere presentado mediante telegrama, pues este medio de comunicación no se encuentra contemplado en la ley de la materia como medio para la promoción, presentación e interposición de los escritos correspondientes. Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j) y III; de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo a las partes, para su conocimiento. Para el solo efecto de notificar la presente resolución a la parte quejosa, téngase como domicilio el indicado en el escrito de cuenta. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, que en términos de su artículo cuarto transitorio derogó los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; en concordancia con lo preceptuado en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; finalmente, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.
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