Irma Revilla Aguilar

Expediente 1221/2016 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1221/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
27/06/2019

Partes del expediente

  • Irma Revilla Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Juicio de Amparo Directo

    AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. EN TAL VIRTUD, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; TODA VEZ QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS QUE PREVÉ EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL NUMERAL Y ACUERDO CITADO.

  2. Juicio de Amparo Directo

    SE NOTIFICA A LAS PARTES POR MEDIO DE LISTA LA EJECUTORIA DICTADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, EN LA QUE SE DECIDIO: "UNICO.-SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDO." SE GIRA EL OFICIO A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, CON COPIA CERTIFICADA DEL TESTIMONIO DICTADO POR ESTE TRIBUNAL, Y AUTOS DEL SUBYACENTE; EN SU OPORTUNIDAD ARCHIVESE EL ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO.

  3. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO DE AUTOS DE LOS QUE SE ADVIERTE QUE TRANSCURRIO EL TÉRMINO CONCEDIDO A LA PARTE QUEJOSA, SIN QUE HAYA RECIBIDO PROMOCIÓN ALGUNA DE SU PARTE. FINALMENTE, DEVUELVASE EL PRESENTE ASUNTO A LA PONENCIA DEL MAGISTRADO JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ GONZÁLEZ, PARA QUE FORMULE EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.

  4. Juicio de Amparo Directo

    V I S T O el proyecto de resolución propuesto por el Magistrado José Guadalupe Sánchez González, en sesión de veintisiete de mayo del año que transcurre, en el cual se determina sobreseer en el juicio de amparo directo civil 1221/2016 (en conecte con los diversos directos civiles 1211/2016 y 1222/2016) promovido por Irma Revilla Aguilar, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 61, en relación con el diverso 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Ello, al estimarse, esencialmente lo siguiente: "(.) QUINTO. Resulta innecesaria la reproducción de la controvertida al igual que los conceptos de violación formulados en su contra, porque en el caso, en términos del artículo 62, de la Ley de Amparo, se advierte de oficio la actualización de la hipótesis fáctica contenida en el 61, fracción IX, de dicho ordenamiento, consistente en que el acto reclamando fue emitido en cumplimiento a una diversa ejecutoria de amparo en la que no se dejó libertad de jurisdicción, por lo cual constituye cosa juzgada, lo que da lugar al sobreseimiento del juicio de derechos. El invocado normativo 61, fracción IX, de la ley de la materia, establece: "El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los "juicios de amparo o en ejecución de las mismas; (.).". Para mayor claridad y evidenciar la configuración de la aludida causa de inviabilidad, es pertinente precisar algunos antecedentes del caso. El veintinueve de noviembre de dos mil doce, Manuel Arana Sáenz, promovió juicio ejecutivo mercantil contra Irma Revilla Aguilar, María de Lourdes Patricia Revilla Aguilar y María de Jesús Eugenia Revilla Aguilar y/o María Eugenia Revilla Aguilar y/o María Eugenia Revilla, a quienes les reclamó el pago de la cantidad de dos millones de pesos, así como los intereses ordinarios y moratorios generados y de gastos (sic) y costas que se originaran con la tramitación de dicho juicio. El treinta de octubre de dos mil quince, el juez de primer grado dictó sentencia en la que absolvió a las demandadas de las prestaciones exigidas en su contra. El desacuerdo con dicho pronunciamiento por parte de Manuel Arana Sáenz, se patentizó al interponer recurso de apelación, en tanto, María de Lourdes Patricia Revilla Aguilar e Irma Revilla Aguilar, recurrieron preventivamente, la primera los autos de doce, dieciocho y veintidós de abril de dos mil trece y la segunda los de nueve y dieciséis de julio de dos mil catorce; medios de impugnación, de los cuales tocó su conocimiento al entonces Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Noveno Circuito, el que el día veintinueve de enero de dos mil dieciséis, resolvió en el sentido de confirmar los proveídos impugnados y revocar la absolutoria apelada. Inconforme con esta resolución, la demandada, Irma Revilla Aguilar, promovió el juicio de amparo directo que se radicó como 209/2016, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, el cual el sesión de seis de octubre de dos mil dieciséis, resolvió declarar infundados los conceptos de violación de índole procesal y los destinados a cuestionar la declaratoria de procedencia de la acción deducida (habiéndosele concedido el amparo única y exclusivamente para que la autoridad responsable en la sentencia que emitiera redujera tanto los intereses ordinarios como moratorios al tipo legal), lo anterior al tenor de: "SEXTO. Por razón de orden lógico, en primer sitio, se hace referencia a la violación procesal que se adujo dentro de los disensos transcritos, consistente en:__ La resolución de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, dictada en el toca 22/2015, que confirmó los autos de nueve y dieciséis de julio de dos mil catorce, que desecharon algunas de las pruebas ofrecidas por la demandada quejosa y no se admitió a trámite el incidente de objeción de documento.__ En ese tenor, debe puntualizarse que de conformidad con lo dispuesto en las partes iniciales de los artículos 170 y 171 de la ley de la materia, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificado o revocado, ya sea que las violaciones se cometan en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por transgresiones cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones.__ En otras palabras, al promoverse el juicio de derechos contra ese tipo de fallos pueden reclamarse también las violaciones procesales que en opinión de las partes hubieren sido cometidas en su perjuicio, que afecten sus defensas y trasciendan al resultado del fallo, pero para que amerite y justifique la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal para efectos de la reposición del procedimiento correspondiente, además de estar plenamente probadas, deben ser susceptibles de trascender al resultado final de la resolución correspondiente por la afectación a las defensas del quejoso, toda vez que no es de estimarse que cualquier omisión o infracción a las normas del procedimiento sea susceptible de conducir a la concesión de la protección constitucional y a la reposición del procedimiento del que emane el acto reclamado, sino que deben ser de tal gravedad que dejen realmente sin defensa al quejoso e influyan en el sentido del veredicto reclamado.__ Así, para que las violaciones procesales, puedan ser analizadas en amparo directo, se debe determinar en primer lugar si la parte quejosa las preparó, es decir, sí cumplió previamente a la promoción del juicio de garantías, con los requisitos que exige el precepto 107, fracción III, inciso a), de la Constitución General de la República, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once y que entró en vigor a los ciento veinte días de su publicación, y que textualmente establece:__ (.).__ Conforme a lo dispuesto por la reproducida norma constitucional, para que las violaciones procesales cometidas en el curso del procedimiento civil puedan ser analizadas en el amparo directo, se requiere de la satisfacción de los requisitos siguientes:__ a) Que la violación haya sido impugnada en el curso del procedimiento natural a través del recurso ordinario respectivo; y__ b) Que la mencionada trasgresión procedimental afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.__ Ahora bien, en el caso concreto, la violación procesal que se alegó se encuentra debidamente preparada a efecto de que sea analizada, pues de las constancias de autos, queda plenamente demostrado que la codemandada (hoy inconforme) impugnó en el curso del trámite de la alzada a través del recurso de apelación-, los autos de nueve y dieciséis de julio de dos mil catorce, que le desecharon diversas probanzas (pericial en materia de contabilidad y ratificación de demanda a cargo de Manuel Arana Sáenz) y que no admitió a trámite el incidente de objeción, el cual fue resuelto por el Segundo Tribunal Unitario de este Vigésimo Noveno Circuito, en la definitiva que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo, en donde confirmó dicho proveído.__ En tanto que el segundo de los requisitos para el análisis de la violación procesal se satisface, toda vez que la procedencia de la vía es una cuestión netamente procesal y se encuentra dentro de los supuestos del artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, mismo que se refiere a la procedencia del amparo directo, pues se trata de una violación procesal.__ Luego, resulta procedente el análisis de la referida transgresión, para lo cual se hace necesario transcribir las consideraciones y fundamentos que sustenta la resolución de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, dictada en el toca 22/2015, que confirmó el acuerdo de nueve de julio de dos mil catorce, que desechó las pruebas ofrecidas por quien ahora aquí se agravia, para después proceder al análisis de los conceptos de violación correspondientes.__ Las consideraciones en que se apoyó el Tribunal responsable para resolver la violación procesal de que se trata, son las siguientes:__ I). Las recurrentes, no cumplieron con lo dispuesto por el artículo 1,344, párrafo cuarto del Código de Comercio, porque no expresaron de qué manera trascendería al fondo del asunto el resarcimiento de la violación a subsanar.__ II). Si bien mediante promoción presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los juzgados de Distrito el diecisiete de noviembre de dos mil quince, la demandada Irma Revilla Aguilar, reiteró los recursos de apelación preventiva interpuestos, contra los autos de nueve y dieciséis de julio de dos mil catorce; de cualquier forma no dio cumplimiento a lo estatuido en la norma invocada, por cuanto no hizo un verdadero pronunciamiento de la forma en como de modificarse los recurridos variaría el fondo del asunto, al no decir qué excepciones se acreditarían con las pruebas no admitidas, ni que se obtendría de éstas, como tampoco adujó de qué forma cambiaría el sentido de la apelada con que se diera trámite a la objeción de documento planteada.__ Contra las anteriores estimaciones la quejosa adujo que:__ Para demostrar la falsedad de los hechos insertos en el documento base de la acción, ofreció la pericial en materia de contabilidad y la ratificación del escrito de demanda; sin embargo, ilegalmente fueron desechadas por el juez del conocimiento, en base a una apreciación inexacta de la mismas; y tal decisión fue indebidamente ratificada por la responsable, lo cual se tradujo en una clara violación a las leyes del procedimiento que le ocasionó un perjuicio de imposible reparación, al habérsele privado de sus derechos de audiencia y defensa previstos en los normativos 14, 16 y 17 del Pacto Federal; así como en el diverso 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.__ Los argumentos de la inconforme son infundados, virtud a que como certeramente se resolvió en la reclamada, de los agravios del escrito por el que interpuso recurso de apelación contra la sentencia definitiva, al caso:__ (.).__ Es posible advertir que no expresó de qué manera había trascendido al fondo del asunto el resarcimiento de la violación a subsanar, o sea la admisión de las pruebas y del incidente de objeción.__ Así es, de la interpretación de los párrafos que componen el artículo 1,344 del Código de Comercio, vigente a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, relacionados entre sí en forma lógica y natural, se advierte que tratándose del recurso de apelación preventivo interpuesto por el vencedor -como sucedió en el caso- se requiere que exprese en escrito por separado al interponer el recurso de apelación contra la sentencia definitiva, los agravios que le causó la resolución judicial materia de esa apelación preventiva; y, que en los disensos de la sentencia que resolvió el juicio, argumente de qué manera trascendería al fondo del asunto el resarcimiento de la violación a subsanar, a fin de que el Tribunal de Apelación se encuentre posibilitado para examinar los agravios propuestos contra la resolución judicial materia del recurso de apelación preventiva.__ Siendo así que no puede sostenerse válidamente, que dicha omisión no se sancione con la abstención de estudiar los agravios, ya que se trata de una consecuencia implícita que se contiene en los párrafos que integran el artículo 1344 del Código de Comercio.__ De no estimarse así, no se hubiera establecido expresamente, el requisito de expresar en los agravios en contra de la sentencia que resolvió el juicio, de qué manera trascendería al fondo del asunto el resarcimiento de la violación a subsanar, pues ese requisito resultaría ocioso y a nada práctico conduciría, si con esa expresión o no, el Tribunal de Alzada necesariamente debiera examinar los agravios propuestos en esa apelación preventiva.__ En otras palabras, el requisito previsto en el párrafo tercero del artículo 1344 del Código de Comercio, constituye una verdadera carga procesal argumentativa, a partir de la cual corresponde a la parte apelante brindar al tribunal de alzada todos los argumentos necesarios para que éste pueda pronunciarse en torno a la eficacia de los agravios.__ Es decir, por qué se justificaría en la especie, la confirmación de la sentencia definitiva, o en su caso, la revocación y reposición del procedimiento.__ Al caso, es ajustable la jurisprudencia 1a./J. 39/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en el folio seiscientos sesenta y nueve, Libro veinticuatro atinente al mes de noviembre de dos mil quince, Tomo uno, Décimo Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del sumario:__ 'AGRAVIOS EN LA APELACIÓN PREVENTIVA EN MATERIA MERCANTIL. SON INOPERANTES CUANDO EL RECURRENTE OMITE EXPRESAR EN ELLOS DE QUÉ FORMA TRASCENDERÍA AL FONDO DEL ASUNTO EL RESARCIMIENTO DE LA VIOLACIÓN PROCESAL IMPUGNADA'.__ Análisis de violaciones en el dictado de la reclamada:__ Se precisa que se analizarán los demás motivos de inconformidad en los que se reclaman consideraciones realizadas en el dictado de la sentencia.__ En el segundo concepto de violación, reclamó la peticionaria de amparo, que en la controvertida no se estableció con claridad el fundamento legal, con base en el cual la responsable declaró fundados los agravios expresados por el actor, ni especificó las razones por las que decidió negarle eficacia a las pruebas rendidas en el juicio.__ Es infundado tal planteamiento.__ Esto es así, ya que, contrario a lo señalado, el Tribunal de Apelación, sí precisó con claridad los fundamentos y motivos por los cuales consideró atinados los disentimientos propuestos por el entonces apelante y desestimó las probanzas ofrecidas por quien ahora aquí se agravia; a saber:__ 1). Tal como lo refirió el apelante en sus agravios, en el juicio se demandó el pago de dos millones de pesos, deuda aceptada por la demandada, Irma Revilla Aguilar, en el reconocimiento de adeudo contenido en la escritura pública veinte mil trescientos treinta y seis, otorgada ante la fe de la licenciada Delia Bibiana Tejeda Cruz, adscrita a la Notaría Pública Dos, del Distrito Judicial de Atotonilco el Grande Hidalgo, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, como ciento trece mil setecientos trece del libro dos de la Sección primera, de nueve de diciembre de dos mil diez.__ 2). En el capítulo de prestaciones, se reclamó la aludida cantidad como suerte principal, proveniente del pago de comercialización de productos para la construcción, que las reos asintieron deber en la identificada.__ 3). En el hecho uno, se precisó que las reclamadas aceptaron adeudar la suma de dos millones de pesos, la cual recibieron previamente a la firma del instrumento condigno, en material para la construcción de casas y locales comerciales.__ 4) En la cláusula primera, se corroboró ese aserto.__ 5). Como se indicaba en los disensos, en la demanda se expresó con precisión y detalle el monto al que ascendía el numerario exigido; el cual era coincidente con el importe impreso en el basal; y si bien existía discrepancia respecto a la forma en que se entregó (materiales para construcción o capital), tal circunstancia no era obstáculo para la tramitación del sumario, por cuanto, se demandaba el pago de dos millones de pesos, que reconocieron deber las obligadas, lo cual de suyo el punto a dilucidar consistía en determinar si la prestación de trato era procedente o no.__ 6) Al establecerse claramente cuál era la causa que motivaba la acción y el documento en el cual se fincaba, no se dejó en estado de indefensión a las demandadas, porque estuvieron en posibilidad de conocer la obligación que se les reclamó así como de preparar su defensa.__ 7). El Juez señaló que no existía claridad respecto a la fecha en que se reconoció el adeudo, pues en la demanda se estableció como tal la del siete de octubre de dos mil diez, cuando se firmó el contrato básico; mientras que de la lectura de éste se advertía que esto ocurrió el doce siguiente.__ Sin embargo, en ese sentido, le asistía la razón al opositor al afirmar que tal circunstancia no incidía sobre la procedencia de la acción intentada, en orden a que de la citada escritura pública veinte mil trescientos treinta y seis, aparecía que al inicio se asentó siete de octubre de dos mil diez, cuando comparecieron los suscribientes ante la fedataria; y, si bien se consignó que aquella fue firmada el doce de ese mismo mes y año; no debía perderse de vista que se establecieron ambas fechas; por tanto, la falta de precisión respecto a ese dato no impedía conocer que se trataba del mismo instrumento.__ 8). Las demandadas con el fin de acreditar la inexistencia de la obligación de pago, ofrecieron la confesional de posiciones a cargo del actor.__ 8.1) Las documentales públicas consistentes en:__ a) Copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 44/2012, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial; b) Constancias del toca civil 921/2012, del índice de la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo;__ c) Los autos del juicio de amparo directo 842/2013, tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito; y su revisión 4328/2013, seguida ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.__ 9) La probanza ubicada en el numérico ocho, en nada favorecía a las pretensiones de las demandadas, en consideración a que de su desahogo se advertía que el absolvente en todo momento sostuvo su versión de los hechos.__ 10). Las documentales localizadas en el inciso 8.1), apartados a), b) y c), a pesar de no haber sido objetadas, únicamente justificaban la sustanciación de un diverso juicio ejecutivo mercantil en todas sus instancias; no así dato alguno que hiciera improcedente la acción ejercida.__ Ahora bien, de los anteriores datos, es claro que la responsable sí precisó las normatividades y externó las consideraciones por las cuales estimó fundados los disentimientos planteados por el accionante del juicio, así como las razones que tuvo parta desestimar las pruebas aportadas por la aquí inconforme, es decir, su pronunciamiento está fundado y motivado.__ Sirve de apoyo a esto último, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en el folio ciento cuarenta y tres, Volumen noventa y siete-ciento dos, Tercera Parte, Materia(s) Común del Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor es:__ 'FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN'.__ En otro orden, a propósito de lo alegado en el primer concepto de violación, sobre los adultos mayores, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4398/2013 de dos de abril de dos mil catorce, estableció que los niños como los adultos se encuentran en una situación de debilidad respecto al resto de la población.__ Asimismo, destacó que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que todas las personas gozan de los derechos que ésta establece, independientemente de la edad que tengan.__ Sin embargo, el ser un adulto mayor no es una cualidad que por sí misma surta a la vez el supuesto de que bajo ninguna óptica pueda ser objeto de condena en un procedimiento civil seguido en su contra, ya que es necesario que demuestre el cumplimiento de la obligación que se le exige, para que pueda ser absuelto.__ Ciertamente, el hecho de que la aquí demandada quejosa sea adulto mayor, no da lugar a que la autoridad jurisdiccional, sin razón declare inviable la acción ejercida en su contra, porque para que ello aconteciera debía cumplir con su carga procesal, pues las reglas probatorias no pueden alterarse a través de una pretendida protección a los adultos mayores, por ello si la inconforme no evidenció sus defensas y excepciones, no podía subsanarse por la autoridad del conocimiento a fin de que se resolviera a su favor, por cuanto ello atentaría contra los principios de equidad procesal y seguridad jurídica que deben observarse en materia civil.__ Ahora bien, importante y de trascendencia resulta hacer mención, que en tres de los seis conceptos de violación, en los que seccionó su demanda de amparo, la quejosa alegó de manera recurrente y por demás insistente, que:__ ° En el inciso uno, el actor del juicio afirmó que las codemandadas reconocieron adeudarle la suma de dos millones de pesos, por la entrega y comercialización de material para la construcción de casas y locales comerciales, previo a la firma del documento base de la acción y esto era falso, pues este estribó en un contrato de préstamo mercantil con interés y garantía hipotecaria, no de comercialización y/o venta de materiales de construcción.__ ° En el referido pacto se hizo consistir su objeto en una cantidad de dinero como capital, y no en la venta de materiales.__ ° El accionante, fue incongruente en su demanda, pues reclamó una suma de dinero como pago de comercialización de productos para la construcción, siendo que en el contrato de préstamo exhibido, se hizo alusión a la entrega de una cantidad, en calidad de préstamo para la construcción de casas y locales comerciales.__ ° En los hechos génesis de la acción de pago de pesos, no se precisó en qué consistió el objeto del contrato exhibido, además en este, se pactó un préstamo en dinero, no en la comercialización de materiales para la construcción como lo adujo el demandante en el inciso uno, y la prestación identificada con el apartado a).__ ° Con las inconsistencias destacadas se demostró que la cantidad de dos millones de pesos, consignada en el instrumento fundatorio nunca fue entregada ni siquiera en especie.__ ° En el documento base de la acción se hizo constar un contrato de préstamo mercantil con interés y garantía hipotecaria, no un reconocimiento de la deuda.__ ° Con la prueba confesional a cargo del accionante del natural se demostró, que:__ * El contrato de préstamo celebrado data del doce de octubre de dos mil diez.__ * El tercero interesado se abstuvo de entregar los dos millones de pesos, cuyo pago se demandó, pues así se desprende de la posiciones dos, tres, cuatro y cinco, a las cuales respondió de forma negativa y se remitió a su demanda, ello en consideración a que, como se afirmó, no existió congruencia entre lo establecido en el contrato fundatorio y lo narrado en los hechos de la demanda.__ * El actor tampoco entregó material para la construcción por un importe de dos millones de pesos, según se advirtió de los cuestionamientos aludidos, a los que contestó de manera negativa, por las razones señaladas.__ * Manuel Arana Sáenz, pretende obtener un lucro desproporcionado e indebido de una cantidad de dinero que nunca entregó, lo cual se desprendió de sus respuestas negativas a las posiciones de la uno a la ocho, que le fueron formuladas, con lo que se demostró la falsedad con la que se condujo al promover el juicio subyacente.__ * La sola exhibición del documento base de la acción no era suficiente para acreditar la veracidad de los hechos en él contenidos, a menos que se acreditara la entrega del numerario exigido, lo cual en el caso no aconteció.__ * No se particularizó si el préstamo consistió en la entrega de una suma de dinero o bien de materiales para la construcción.__ Los anteriores argumentos, y que dicho sea de paso, constituyen la esencia de los motivos de inconformidad planteados en el presente juicio constitucional, resultan infundados.__ En efecto, El artículo 1391 del Código de Comercio, textualmente establece:__ (.).__ La disposición legal transcrita permite establecer; que la vía ejecutiva mercantil proviene de la naturaleza de los documentos fundatorios de la acción, los cuales acorde a la norma, deben traer aparejada ejecución.__ En el caso concreto la ejecutividad deriva del contrato de préstamo mercantil con intereses y garantía hipotecaria, toda vez que el juicio instaurado contra las demandadas, se enfoca al cobro de una suerte principal e intereses ordinarios y moratorios, en cuya declaración segunda y cláusula primera, reconocieron deber a Manuel Arana Sáenz la cantidad de dos millones de pesos, que previamente a la firma de dicho instrumento recibieron a su entera satisfacción, en calidad de préstamo para la construcción de casa y locales comerciales.__ En esos apartados del documento en cuestión, se lee:__ (.).__ De lo anterior se sigue, que existe notoria vinculación entre los hechos narrados en la demanda y lo establecido en el contrato condigno, ya que el reclamo por el demandante deriva del incumplimiento de las obligaciones, que en su fuente, surgen por virtud del documento en cuestión, y es que al margen de su denominación (Contrato de Préstamo Mercantil con Interés y Garantía Hipotecaría), la hoy solicitante de la tutela constitucional reconoció deber al actor dos millones de pesos previamente recibidos en calidad de préstamo para la construcción de casa y locales comerciales, por lo que evidentemente tal instrumento no es ajeno a los hechos, sino que forma parte de ellos.__ En efecto, el reconocimiento de adeudo anterior, al derivar de las voluntades del acreedor y del deudor, constituye la máxima expresión de la voluntad de los contratantes, porque en ese acto las partes estuvieron ciertas de la existencia de la obligación contraída; además, porque se reconocieron la personalidad con que se ostentaron, así como la intención del contrato, que no fue otra, que la de reconocer un adeudo; de donde, resulta evidente, que ese acto forma parte del crédito original y, consecuentemente, debe seguir su misma suerte, toda vez que esto no implica que se trate de una diverso acto; además, es precisamente la declaración unilateral de la obligada, lo que le da el carácter de deuda cierta y permite establecer, que el contrato aludido por sí mismo reúne los elementos de un título ejecutivo y por ello, no necesita acreditar la exigibilidad de una obligación preexistente.__ Dicho en otras palabras, el reconocimiento de adeudo por cantidad líquida en favor del demandante, contenido en la escritura pública base de la acción, releva a éste de probar lo que dio lugar a tal declaración unilateral de la voluntad de las deudoras, en razón de que dicho asentimiento supone la existencia anterior del contrato o acto jurídico que dio origen a esa obligación y no obstante que se desconozca con detalle su origen y desarrollo, puede otorgarse a ese acto unipersonal de la voluntad, eficacia plena como fuente de las obligaciones, con independencia de la causa que le dio vida, por lo que el solo hecho del reconocimiento, es bastante para obligar a la demandada al cumplimiento del débito.__ Es aplicable al caso, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos setenta y cinco, Tomo cuarenta y nueve, Materia(s) Civil Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, del epígrafe y sinopsis siguientes:__ 'OBLIGACIONES, PRUEBA DE LAS'.__ Por lo demás, debe decirse que en el supuesto caso de que se hubiese opuesto la excepción de pago (lo que no ocurrió en el particular), la obligación de la quejosa hubiera sido demostrar que realizó la solventación del adeudo.__ Si lo anterior resultare ser insuficiente, quepa además agregar, que en la confesional de posiciones a cargo del accionante, se advierte que este negó todos los cuestionamientos que le pudieran haber perjudicado, según se advierte del acta levantada con ese motivo, verificable a fojas mil a mil dos, del subyacente, en tanto las documentales descritas en el punto 8.1, incisos a), b) y c), para nada se relacionan con el sumario génesis del acto reclamado, y es que, en el contrato base de la acción, en ninguna de las cláusulas se imprimió que se hubiese firmado un pagaré en garantía del crédito otorgado, para que este pudiera vincularse con el que fue base de la acción, en el diverso juicio ejecutivo mercantil 44/2012.__ Ello porque es intrascendente o poco importa, que coincida el día en que se haya suscrito dicho título, con la fecha del contrato de préstamo; lo importante sería que de esa posible coincidencia se llegara a establecer un vínculo jurídico entre ambos actos, que lograra crear en el ánimo del juzgador la convicción de que, el pagaré se aceptó en función del mencionado contrato, sea para cubrir intereses o capital, y resulta que, como se dijo, con las pruebas desahogadas (confesional y documentales públicas), no se llegó a demostrar ese extremo, primero, porque como se indicó, la confesional no benefició a las oferentes, en la medida de que el absolvente no reconoció ningún hecho que pudiera llegar a perjudicarle, de manera tal que, dicho elemento de convicción carece de validez, y segundo, en razón de que, como se sostuvo, las constancias del diverso procedimiento jurisdiccional ya identificado, para nada se relacionan con el que es objeto de examen en esta instancia constitucional.__ (.).". De donde en la nueva sentencia que aquí se combate, el Tribunal Unitario no gozó de libertad de jurisdicción para pronunciarse, sino que su actuación se sujetó a los lineamientos que las propias ejecutorias dictadas en el juicio de amparo 209/2016 y 210/2016, establecen, por tanto, debe estimarse que las condenas decretadas en la sentencia controvertida, han quedado firmes, por virtud del referido fallo constitucional, sin que exista posibilidad de una impugnación posterior, puesto que las consideraciones que la sustentan ya fueron motivo de análisis y pronunciamiento en un juicio de derechos previo a la luz de los disentimientos que en su momento expresó la propia quejosa, por lo que las condenas no pueden ser modificadas en un juicio de garantías postrero, porque ello afectaría el principio de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica para las partes. Es aplicable al caso, por su contenido, la jurisprudencia de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en el folio ochenta y nueve, Volumen cincuenta y cuatro, Quinta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro 24934, que establece: "AMPARO DIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL, CONTRA LAUDOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO.". Así como la tesis CCXXVI/2015, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos siete, Libro veintidós, correspondiente al mes de septiembre de dos mil quince, Tomo uno, Materia Constitucional, Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2010008, cuyo tenor es: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL GOBERNADO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. En ese orden de ideas, al actualizarse de oficio la causa de improcedencia prevista por el guarismo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio, en términos del arábigo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal.". Luego, en términos del segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, concediéndole un plazo de tres días a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga. Hecho lo anterior, devuélvanse al Magistrado José Guadalupe Sánchez González los presentes autos, para formular el proyecto de resolución correspondiente. Consideración que tiene apoyo, en la determinación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2014, sustentando la Jurisprudencia consultable con el registro 2008790, en la página 8, del libro 17, abril de 2015, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN.-

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