Irma Vargas Ramos
Expediente 1267/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1267/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Irma Vargas Ramos
Actuaciones
- Principal
... transcurrió el término.. para interponer recurso de queja contra el proveído mediante el cual se desechó la demanda de amparo sin que la parte quejosa lo haya hecho valer... se declara que dicho proveído CAUSÓ ESTADO... archívese este expediente como concluido...
- Principal
... promueve juicio de amparo contra actos del... Se concluye respetuosamente que este juicio es improcedente porque en el caso concreto... promovió este juicio de amparo, contra la resolución antes mencionada en su calidad de trabajadora... carece de legitimación para promover este juicio de amparo, pues reclama actos cuya conexión jurídica solo existe entre la autoridad responsable y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, pues tal acto no es susceptible de afectar derechos individuales de los socios sino que se encuentra vinculado con los derechos colectivos de la organización sindical.... la hoy quejosa como trabajadora individualmente carece de legitimación porque reclama un acto cuya conexión jurídica solamente existe entre la autoridad responsable y el sindicato referido, por lo que al reclamar la negativa de toma de nota de alta de los trabajadores, dicho acto no es susceptible de afectar derechos individuales de los socios o quienes pretenden agremiarse, sino que se encuentra vinculada con los derechos colectivos de la organización sindical; por tanto, en caso de que el acto reclamado tenga vicios de legalidad, la afectación sería en perjuicio de dicha organización y únicamente la representación del sindicato, reconocidos por la ley, se encuentran legitimados para controvertir las cuestiones inherentes a la toma de alta de trabajadores... procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO... se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica... se faculta como sus autorizados... a... solamente para oír notificaciones e imponerse de autos, debido a que no cuentan con cédula profesional registrada... se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: *** promueve juicio de amparo contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 1267/2018 que le corresponde. CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional para desechar de plano la demanda de amparo, si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que el amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la misma Ley de Amparo. Por otro lado, de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo se advierte que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor, o por cualquier persona, en los casos previstos por la Ley de Amparo, salvaguardando dos principios fundamentales que rigen en juicio de amparo: el de instancia de parte agraviada y, el de agravio personal y directo, es decir, el juicio de amparo es improcedente si el acto que se reclama no afecta o perjudica la esfera jurídica del promovente, esto es, sólo se encuentran procesalmente legitimados para promover el juicio de amparo quienes resientan una afectación derivada directamente del acto combatido, en términos del artículo 5° de la Ley de Amparo, como regla general. Ahora bien, las mencionadas autorizaciones y cumplimiento de los requisitos relativos, constituyen una institución procesal que se denomina legitimación procesal activa, la cual se entiende como la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia, es decir, la legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada por aquél que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular, constituyendo un requisito para la procedencia del juicio el contar y acreditar la legitimación. Es aplicable la tesis siguiente: Localización: No. Registro: 196956 Novena Época Instancia: Segunda Sala Tipo de tesis: Jurisprudencia Materia(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Enero de 1998 Tesis: 2a/J. 75/97 Página: 351 LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable. HECHOS En el caso, del análisis íntegro del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa es el siguiente: a) La resolución de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia ciudad, en el expediente ***, relativo al ***, mediante la cual se negó la toma de nota de alta a la aquí quejosa. CONCLUSIÓN Se concluye respetuosamente que este juicio es improcedente porque en el caso concreto, ***, promovió este juicio de amparo, contra la resolución antes mencionada en su calidad de trabajadora; por tanto, carece de legitimación para promover este juicio de amparo, pues reclama actos cuya conexión jurídica solo existe entre la autoridad responsable y el ***, pues tal acto no es susceptible de afectar derechos individuales de los socios sino que se encuentra vinculado con los derechos colectivos de la organización sindical. Es decir, la hoy quejosa como trabajadora individualmente carece de legitimación porque reclama un acto cuya conexión jurídica solamente existe entre la autoridad responsable y el sindicato referido, por lo que al reclamar la negativa de toma de nota de alta de los trabajadores, dicho acto no es susceptible de afectar derechos individuales de los socios o quienes pretenden agremiarse, sino que se encuentra vinculada con los derechos colectivos de la organización sindical; por tanto, en caso de que el acto reclamado tenga vicios de legalidad, la afectación sería en perjuicio de dicha organización y únicamente la representación del sindicato, reconocidos por la ley, se encuentran legitimados para controvertir las cuestiones inherentes a la toma de alta de trabajadores. En ese sentido, si lo que en este asunto se reclama es la negativa de incluir a un trabajador como miembro del sindicato, quien sufrió un perjuicio con motivo de dicha negativa, al ser el propio sindicato quien hizo la solicitud correspondiente al tribunal responsable, sólo éste podría acudir al amparo por conducto de sus representantes legales impugnando la resolución que negó su petición. Máxime que sería incongruente que la representación del sindicato estuviera sujeta a la consideración que cada agremiado tuviera respecto de los actos y acuerdos de la Directiva, lo que sería contrario a la certeza jurídica que se pretende en cuanto a que los intereses colectivos se encuentran debidamente representados. Son aplicables las tesis siguientes: Localización: No. Registro: 165371 Novena Época Tipo de tesis: Jurisprudencia Instancia: Segunda Sala Materia(s): Laboral Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Enero de 2010 Tesis: 2a./J. 252/2009 Página: 317 TOMA DE NOTA DEL CAMBIO DE LA DIRECTIVA SINDICAL. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN I, DE LOS ESTATUTOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, NO CONFIERE LEGITIMACIÓN A LOS TRABAJADORES EN LO INDIVIDUAL PARA IMPUGNARLA EN EL JUICIO DE AMPARO. Aunque el artículo 376 de la Ley Federal del Trabajo dispone que la representación del sindicato puede ejercerla la persona que se designe en los estatutos, del artículo 49, fracción I, de los Estatutos del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, al establecer que son obligaciones de los socios en general, conocer, interpretar, cumplir y hacer cumplir el Acta Constitutiva y los presentes Estatutos, así como los Reglamentos Interiores y denunciar ante quien corresponda el incumplimiento de los mismos; oponiéndose a cualquier acuerdo que contravenga nuestras disposiciones estatutarias. no deriva que los trabajadores en lo individual estén legitimados para promover juicio de amparo contra la toma de nota del cambio de la directiva sindical, pues dicha disposición estatutaria es insuficiente para considerar que un trabajador pueda acudir en representación del interés colectivo. Lo anterior es así, porque conforme a los artículos 356, 357, 359, 364 a 366, 368, 371, 374 y 376 de la Ley Federal del Trabajo, el sindicato actúa por conducto de sus representantes y a través de ellos ejerce derechos y adquiere obligaciones, de ahí la importancia del registro y la toma de nota del cambio de la directiva sindical, pues pone en manos de quien o quienes en su beneficio la reciben, no sólo el patrimonio del sindicato, sino también la defensa de sus agremiados y aun la suerte de los intereses sindicales, de manera que la mencionada norma estatutaria no otorga la representación del ente colectivo, sino más bien impone la obligación (y el derecho) de los socios para denunciar y oponerse a los actos y acuerdos contrarios a los estatutos, en tanto sólo refleja que los socios instrumentaron un medio extraordinario interno de vigilancia que les permite ejercer acciones entre ellos ante las instancias ordinarias para denunciar u oponerse respecto de los actos contrarios a los estatutos, sobre todo ante las autoridades del propio sindicato, como pudiera ser un consejo de vigilancia u otro similar, pero no confiere a un trabajador legitimación para acudir al juicio de amparo o significa que pueda oponerse a actos de autoridad. En consecuencia, los trabajadores individualmente considerados del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana carecen de legitimación para reclamar un acto cuya conexión jurídica sólo existe entre la autoridad responsable y el sindicato o la sección sindical, como lo es la toma de nota del cambio de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional o Local de una de sus Secciones, pues dicho acto no afecta derechos individuales de los socios sino que se encuentra vinculado con los derechos colectivos de la organización sindical; luego, en caso de que el acto de la elección adolezca de vicios de legalidad, la afectación sería en perjuicio de dicha organización, por lo que únicamente los representantes del sindicato reconocidos por la ley están legitimados para controvertir las cuestiones inherentes a tal registro. Localización: No. Registro: 230956 Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de tesis: Aislada Materia(s): Administrativa Fuente: Semanario Judicial de la Federación I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988 Página: 95 AMPARO, LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO. (AGRAVIO INDIRECTO). No debe confundirse la falta de legitimación en causa, derivada de no tener el quejoso la titularidad de los derechos o posesiones que dice se afectan con motivo del acto que reclama, a que se refiere el artículo 4o. de la Ley de Amparo, con la cuestión relativa a si el propio acto es susceptible de originarle perjuicio, por infringir alguna garantía constitucional, toda vez que esto último atañe al fondo del asunto y sirve para conceder o negar el amparo. Por tanto, si se reclama la orden de clausura de un establecimiento comercial, la circunstancia de que el quejoso sea el titular del contrato colectivo de trabajo y el que los trabajadores puedan resentir una lesión patrimonial, como consecuencia o repercusión de la clausura, no da base para la interposición del amparo, que sólo puede ser promovido por el directamente afectado, en el caso el propietario del establecimiento. Localización: No. Registro: 232899 Séptima Época Instancia: Pleno Tipo de tesis: Aislada Materia(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 76, Primera Parte Página: 45 LEGITIMACION PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo. Acorde con lo anterior, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido que en casos similares se han admitido las demandas de amparo; sin embargo, se considera pertinente cambiar dicho criterio para quedar como se precisó en este auto, pues de considerarse que un trabajador cuenta con legitimación para reclamar en amparo indirecto el acuerdo mediante el cual se negó la toma de nota de alta para que pertenezca a un sindicato en específico, conllevaría a permitir que cualquiera de los trabajadores miembros de ese sindicato pudieran concurrir en reclamo de garantías en contra de esa determinación, en lo particular, situación que corresponde únicamente a los representantes del ente sindical. Tiene aplicación la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 164880 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Marzo de 2010 Materia(s): Laboral Tesis: 2a./J. 36/2010 Página: 1041 TOMA DE NOTA DE LA DIRECTIVA DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE ASOCIACIONES DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. SU NEGATIVA SÓLO AFECTA DERECHOS COLECTIVOS DEL SINDICATO, PERO NO LOS INTERESES PARTICULARES DE SUS ASOCIADOS, POR LO QUE ÉSTOS NO PUEDEN CONSIDERARSE TERCEROS PERJUDICADOS EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE IMPUGNE. El artículo 5o., fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo dispone que pueden intervenir en el juicio de garantías como tercero o terceros perjudicados, la persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el que se pide la protección constitucional, cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo; o que, sin haberlo gestionado, tengan interés directo en su subsistencia. Partiendo de ello, si el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, conforme al artículo 374 de la Ley Federal del Trabajo y a sus estatutos, es una persona moral, la inscripción de una nueva directiva sindical únicamente trasciende a sus derechos colectivos, es decir, a los del sindicato y no a los de los trabajadores en lo particular. En esa virtud, los trabajadores asociados a dicho sindicato, individualmente considerados, no reúnen las características para ser estimados terceros perjudicados en el juicio de amparo en que se impugne la negativa a tomar nota de la directiva sindical por parte de la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, puesto que no podría considerarse que tienen interés directo en la subsistencia del acto reclamado, en tanto éste solamente corresponde a la organización sindical de que se trate. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, se faculta como sus autorizados en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, esto es, solamente para oír notificaciones e imponerse de autos, debido a que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte promovente que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. USO DE LENGUAJE INCLUYENTE PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Los artículos 1 y 4 constitucionales establecen los principios de igualdad y no discriminación hacia las personas. Ahora bien, debido a que el lenguaje legal debe ser acorde a dichos principios, se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente, es decir, un lenguaje que no establezca discriminaciones injustificadas de género ni desconozca las opciones de vida que se fundan en el principio de dignidad humana y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; lo anterior de conformidad con las herramientas proporcionadas en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponibles en www.equidad.scjn.gob.mx. Acorde con lo anterior, se exhorta respetuosamente a las partes para que utilicen dicho lenguaje en las promociones que realicen en este juicio de amparo. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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