Irma Valero González y Otros.
Expediente 848/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 848/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Irma Valero González y Otros.
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, remitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el juicio de amparo 848/2015, del índice de este juzgado de Distrito, y copia certificada de la ejecutoria dictada en el toca 117/2015 de su estadística, de la que se advierte que el órgano colegiado de su adscripción declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la quejosa, en contra del proveído por el cual se desechó la demanda de amparo, dictado en este asunto. Acúsese recibo. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Agréguese el escrito signado por la quejosa, a través del cual, interpone recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, 98, 99, 100, 101 de la Ley de Amparo, y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese trámite al recurso de queja que interpone en contra del auto de desechamiento dictado en este asunto. Asimismo, ríndase el informe respectivo, en el sentido de que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO. Por otra parte, fórmese cuaderno de antecedentes y envíese este expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, de conformidad con el Acuerdo General 15/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la fecha de inicio de la nueva denominación y competencia de los Tribunales Colegiados del Séptimo Circuito, con residencias en Boca del Río y Xalapa, Veracruz; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los mencionados Tribunales Colegiados, para los efectos de la substanciación del medio de impugnación, debiendo acompañar el original del escrito de expresión de agravios y la copia correspondiente destinada al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tribunal Colegiado que conozca del mencionado recurso. No es obstáculo que de la interpretación conjunta de los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo en vigor, se concluya que cuando el recurso de queja se interponga en forma impresa, la parte recurrente debe señalar las constancias que en copia certificada deben remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver del recurso, y que una vez notificadas las demás partes del medio de impugnación interpuesto, debe otorgárseles el término de tres días para que, igualmente, indiquen las constancias que, en copia certificada, consideren deben remitirse al Tribunal Colegiado correspondiente; sin embargo, atendiendo al auto que se combate por el recurso de queja, como lo es el desechamiento de la demanda, se considera que tal tramitación resulta innecesaria.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO QUE SEÑALA LO SIGUIENTE: Agréguese el escrito signado por Irma Valero González, mediante el cual cumple la prevención realizada en autos; por tanto, este órgano jurisdiccional emite el siguiente pronunciamiento: PROPUESTA DEMOSTRATIVA Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte la actualización manifiesta e indudable de diversas causas de improcedencia, que conllevan al desechamiento de plano de la demanda de amparo, como se explica a continuación. RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO Y AL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO, A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ (En relación a la Circular número 15 de cinco de diciembre de dos mil catorce). Del escrito de aclaración y de la demanda de amparo, se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo invocado, en su parte relativa, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" Del artículo transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del término legal establecido. Al respecto, se toma en cuenta que el artículo 17 de la Ley de Amparo prevé: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De dicho artículo se advierte que el término para la promoción de la demanda de amparo es de quince días, salvo los casos de excepción precisados. Por otra parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo prevé: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De dicho artículo se advierte la forma en que se computaran los plazos para la interposición del amparo. HECHOS En el caso, la parte quejosa en el escrito mediante el cual desahoga la prevención realizada en autos, manifiesta que el acto que reclama al Poder Judicial de Estado de Veracruz y del Consejo de la Judicatura del Estado, a través del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, es la circular número 15, de cinco de diciembre de dos mil catorce, emitida por el Consejo de la Judicatura del Estado, en la que se ordenó al Juzgado Sexto de Primera Instancia, remitir el expediente 977/2013/IV al Juzgado Cuarto de Primera Instancia, para que siguiera conociendo del mismo; una vez recibido se radicó con el número 230/2015 de su índice, no obstante estar turnado para resolver, evitando de esa manera se dictara la resolución respectiva; sin que dicha situación se notificara a la parte quejosa. Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que la quejosa manifestó que el nueve de febrero de dos mil quince, en cumplimiento de la circular 15 de cinco de diciembre de dos mil catorce, emitida por el Consejo de a Judicatura del Estado, se le notificó que el Juez Sexto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, ya no podía seguir conociendo del juicio de origen, por las razones expuestas en dicho oficio, y que en consecuencia se enviaron los autos del expediente 357/2013 del Juzgado Sexto de Primera Instancia, al Juzgado Cuarto de Primera Instancia, por ser este órgano jurisdiccional competente para conocer, radicándose con el número 230/2015. Adicionalmente, se establece que la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hasta el veinticinco de mayo del presente año. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye respetuosamente que la demanda es extemporánea, al haberse presentado con posterioridad a los quince días a que se refiere el artículo 17, en relación con el 18, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior se afirma, debido a que atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad realizadas por la quejosa, se advierte que ésta tuvo conocimiento de la Circular 15 de cinco de diciembre de dos mil catorce, desde el nueve de febrero del año en curso, en que se le notificó el contenido de la misma, por lo que transcurrieron más de quince días desde esa fecha hasta el veinticinco de mayo de este año, en que presentó su demanda. Por tanto, los actos reclamados mencionados en este apartado fueron consentidos tácitamente por la parte quejosa, al no haber presentado su escrito de demanda dentro del término legal. Tiene aplicación al caso, la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 163172 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 115/2010 Página: 5 "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En las narradas condiciones, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo; por el acto que reclama al Poder Judicial del Estado y del Consejo de la Judicatura del Estado, por conducto del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS AL JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA. HIPÓTESIS NORMATIVAS. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, como a continuación se expone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)." "Artículo 107. El amparo indirecto procede (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." El primero de los artículos, refiere que el juicio de amparo es improcedente, en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley; por su parte, el segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que procederá el juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio, limitativamente cuando exista una afectación a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que sea parte el Estado Mexicano. Así, una interpretación a contrario sensu del artículo indicado en segundo término, permite establecer que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución imposible reparación. Cabe destacar que esta última disposición establece que por dichos actos de imposible reparación se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.", con lo cual el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas; es decir, el legislador secundario dispuso diversas condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva; por lo que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados dentro de juicio solamente opera cuando se afecten materialmente derechos sustantivos. Tienen aplicación al caso, las tesis siguientes: "Registro No. 2006589 Localización: Décima Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación 06 de junio de 2014. Tesis: P. /J. 37/2014 Jurisprudencia Materia(s): Común PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. "Registro No. 205651 Localización: Octava Época Instancia: Pleno Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 56, Agosto de 1992 Página: 11 Tesis: P./J. 24/92 Jurisprudencia Materia(s): Común EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." HECHOS En el caso, del análisis de la demanda, se advierte que los actos reclamados consisten básicamente en: a) La resolución de veintiuno de abril del año en curso, dictada en los autos del Juicio Ordinario Mercantil número 230/2015, por el Juez Cuarto de Primera Instancia de este Distrito Judicial, en la que el juez se abstuvo de entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1409 del Código de Comercio, ordena la reposición del procedimiento para que los accionantes deduzcan su controversia conforme al capítulo de los contratos específicamente la compraventa, y daños y perjuicios como consecuencias legales. b) El auto de once de mayo de dos mil quince, en el que el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, desechó por improcedente del recurso de revocación interpuesto en contra de la referida sentencia. CONCLUSIÓN De lo anterior se concluye respetuosamente que los actos aquí reclamados, por su naturaleza y carácter procesal, no constituyen actos de imposible reparación, pues la cuestión de formalidad con que están relacionados no afecta directamente algún derecho sustantivo del quejoso reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en tratado internacional signado por el Estado Mexicano. Lo anterior, porque la determinación de reponer el procedimiento para el efecto de que los accionantes dedujeran su controversia conforme al capítulo de los contratos, específicamente la compraventa, y daños y perjuicios como sus consecuencias legales; así como prevenir a la parte actora para que exhibiera copias de la demanda, documentos base y en la vía correcta para emplazar a los demandados, apercibiéndose que de no hacerlo, se tendría por no interpuesta la demanda, en términos del artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz; no traería como consecuencia necesaria que obtendrá una resolución desfavorable a sus intereses, aunado a que, en su caso, el perjuicio que haya sufrido pudiera ser reparado en la sentencia que se dicte en el juicio de origen. No pasan inadvertidas las omisiones e irregularidades procesales que menciona la parte quejosa en los conceptos de violación; sin embargo, no tienen relación con la afectación a un derecho sustantivo y se considera respetuosamente que las mismas podrán ser materia de análisis como infracciones procesales, en el medio de defensa que, en su caso, haga valer en contra de la sentencia que se dicte en el juicio de origen, de resultar adversa a sus intereses. En consecuencia, procede declarar actualizada de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada y DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO QUE DICE: Xalapa, Veracruz, veintiséis de mayo de dos mil quince. Analizada la demanda de amparo promovida por Irma Valero González por sí, y como representante legal de Abundio Hernández Aguilar, personalidad que tiene acreditada en el juicio ordinario mercantil 230/2015, radicado en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, que allega para tal efecto, contra actos del Poder Judicial del Estado de Veracruz, a través del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; por tanto, regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 848/2015. PREVENCIÓN PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del contenido de la demanda de amparo, se advierten irregularidades que deben ser subsanadas, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVAS Los artículos 108, fracción IV y V, 110, 112, 113 y 114, fracción II de la Ley de Amparo vigente, establecen: "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. (.)" "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán las copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. (.)" "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: (.) II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley". De los artículos y fracciones trascritos, se advierte la facultad del juez de Distrito de prevenir a la parte quejosa para que realice las aclaraciones pertinentes, cuando dentro del escrito de demanda encuentre alguna irregularidad; se hubiere omitido alguno de los requisitos que señala el artículo 108 de la Ley de Amparo; o bien, no se exhiban las copias para el traslado de las partes. Adicionalmente, el precepto enunciado en el párrafo anterior dispone que la demanda de amparo deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley autorice, en la que se expresará la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; asimismo, el quejoso manifestará, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Por otra parte, el artículo 110 de la Ley de Amparo establece que, de no presentarse la demanda de amparo a través de medios electrónicos, se acompañarán a su escrito las copias para correr traslado a cada una de las partes del juicio de amparo. HECHOS La parte quejosa señaló como autoridades responsables a las siguientes; 1) Poder Judicial del Estado de Veracruz, a través del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; y, 2) Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad. Sin embargo, del capítulo de acto reclamado, se observa lo siguiente; a) La violación a su derecho humano establecido en el artículo 17 de la constitución, que prevé una justicia pronta y expedita, ya que el juez responsable dictó la resolución, después de más de seis meses de haberse turnado el juicio de origen para resolver. b) La Sentencia de veintiuno de abril de año en curso, dictada en los autos del Juicio Ordinario Mercantil número 230/2015, por el Juez Cuarto de Primera Instancia de este Distrito Judicial, la cual carece de fundamentación legal y motivación lógica. c) El auto de once de mayo de dos mil quince, en el que el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, desechó por improcedente del recurso de revocación interpuesto en contra de la sentencia dictada, en el expediente ordinario mercantil 230/2015 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Xalapa, Veracruz, que vulnera lo preceptuado por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los numerales 1324,1325 y 1194 del Código de Comercio. d) Que la resolución dictada es incongruente, pues el Juez Cuarto de Primera Instancia, en la sentencia relativa llamó a juicio a una tercera persona de la cual se ignora quien es, dónde vive y qué relación tiene en el juicio de origen. De lo anterior, no se advierte cuál es el acto u omisión que se atribuye al Poder Judicial del Estado, a través del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y qué le reclama en concreto. CONCLUSIÓN De todo lo anterior, se concluye respetuosamente que la demanda de amparo es irregular e imprecisa, pues la parte quejosa no señaló con precisión cuáles son los actos que reclama, al Poder Judicial del Estado, a través del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, ni qué relación guardan éstos con las resoluciones que reclama, dictadas el veintiuno de abril y once de mayo, ambas del año en curso. REQUERIMIENTO En mérito de lo anterior, con el objeto de permitir el efectivo acceso a la jurisdicción en favor de la parte quejosa, conforme con lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 parte final, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE A LA PROMOVENTE para que por escrito y dentro del término de CINCO DÍAS legalmente computado, cumpla con lo siguiente: a) Precise cuál es el acto o actos que pretende impugnar en esta vía; para facilitar lo anterior, deberá destacar qué actos reclama al Poder Judicial del Estado, a través del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ambos con residencia en esta ciudad. Del escrito mediante el cual dé cumplimiento al inciso que antecede, deberá allegar las copias que resulten necesarias para cada una de las partes en este asunto, de conformidad con el artículo 110 de la Ley de Amparo. Lo que se considera necesario para la tramitación o desechamiento de este asunto; es decir, que sin la aclaración solicitada por este Juzgador no sería posible fijar la litis correctamente en este asunto, ni la procedencia del juicio de amparo. Tiene aplicación al caso, la tesis siguiente: Registro No. 175345 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Abril de 2006 Página: 990 Tesis: I.7o.A.100 K Tesis Aislada Materia(s): Común "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Asimismo, se hace saber a la promovente que el cumplimiento al requerimiento efectuado únicamente podrá realizarlo quien promueve este asunto, por constituir un acto de carácter personalísimo. Resulta aplicable, la tesis siguiente: Registro No. 174745 Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, Julio de 2006 Página: 348 Tesis: 2a./J. 88/2006 Jurisprudencia Materia(s): Común "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes". Se hace del conocimiento de la parte quejosa del delito en que pudieran incurrir quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial en un juicio de amparo, previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo mismo que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta de a trescientos días: I.- Al quejoso, a su abogado autorizado o ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." (.) APERCIBIMIENTO Lo anterior, con el apercibimiento siguiente: ? En caso de no dar cumplimiento a cualquiera de lo requerido, se tendrá POR NO PRESENTADA la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rubén Hernández Vásquez, debido a que tiene inscrita su cédula profesional en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; y, únicamente para imponerse de autos a Amador Espinosa Sánchez, por no tener registrada su cédula profesional en el sistema computarizado indicado; así como a los restantes profesionistas por así haberlo solicitado expresamente. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la promovente, con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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