Irma Teresa Villanueva Vega
Expediente 78/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 38 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 78/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 06/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Irma Teresa Villanueva Vega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio signado por la apoderada jurídica del Hospital General Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que la quejosa no ha comparecido a las citas de seguimiento en la especialidad de traumatología. Asimismo, la autoridad oficiante solicita que este juzgado requiera a la quejosa a efecto de que acuda al hospital en mención y reagende su cita en traumatología y rehabilitación. En consecuencia, se ordena notificar personalmente a la parte quejosa con la finalidad de que acuda a la cita programada y se le apercibe que en caso de su incomparecencia a las citas programadas, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos que fueron aportados por la autoridad responsable. Por otro lado, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de diez días informen a este juzgado sobre las citas que al efecto se programen, o bien, informe el impedimento legal que tuvo para ello. Con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá de la forma siguiente: 1. Se realizará el pronunciamiento respectivo; 2. Se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con las hipótesis que prevén los artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 238 y 258 del propio ordenamiento, en el entendido que de continuar con la actitud contumaz, se le podrá imponer una diversa por mayor cantidad de acuerdo a las particularidades del caso concreto; y, 3. Se remitirán los autos al tribunal colegiado, a efecto de que determine lo que corresponda en torno al incidente de inejecución respectivo. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2007914, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 06 de octubre de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia en la que se concedió la protección de la Justicia Federal, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente cumpla con la sentencia ejecutoriada de referencia, la cual se concedió para que realice lo siguiente: "En consecuencia, la omisión destacada infringe en perjuicio de la quejosa los derechos fundamentales consagrados en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo que procede es conceder el amparo solicitado para el efecto de que las autoridades responsables, de inmediato, sometan a tratamiento médico a la quejosa, ya sea en el área de traumatología o reumatología y rehabilitación física, o bien el que sea adecuado respecto del padecimiento que la aqueja con motivo de la cirugía de cadera que se le realizó." Con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se les impondrá multa por el equivalente a cien unidades de medida de actualización de conformidad con el artículo 192, segundo párrafo, en relación con los diversos 238 y 258 del ordenamiento legal en cita. Además, se remitirá el expediente al tribunal colegiado competente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto del titular de la autoridad responsable y su consignación ante la autoridad judicial. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 78/2023, promovido por ******************** por su propio derecho; y, RESULTADO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante demanda presentada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, (foja 2), por ******************** por su propio derecho, compareció a la presente instancia a solicitar el amparo y protección de la justicia federal en los términos precisados en el escrito inicial de demanda. Asimismo, estimó que la omisión reclamada vulnera sus derechos contenidos en los artículos 1°, 4°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, se registró con el número 78/2023, mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil veintitrés (foja 19), se admitió a trámite, se requirió el informe justiciado a las autoridades responsables, se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. Finalmente, en proveído de treinta de junio de dos mil veintitrés, se fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado consignado en el acta que antecede; y; CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que la omisión reclamada no requiere ejecución material y la demanda que dio origen al juicio en que se actúa fue presentada en esta ciudad en la cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, así como en observancia obligatoria de la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro: 192097, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena: 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, el acto reclamado por ********************, consiste en: Del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social: *La omisión de verificar que la administración del presupuesto asignado anualmente para el seguro de salud, sea suficiente para cubrir la totalidad de las prestaciones inherentes a dicho seguro, entre las que desde luego, se encuentra la obligación de otorgar atención médica y tratamiento especializado, a través del personal médico especialista y calificado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 28 del Reglamento del Seguro de Salud para la Familia". Del Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social: *La omisión de verificar el cumplimiento de las obligaciones que dentro del marco de sus respectivas competencias, tienen asignadas cada una de las autoridades que señalo como responsables en esta demanda de amparo. Del Director del Hospital General Regional Número 1 en Charo del Instituto Mexicano del Seguro Social: *La negativa verbal de proporcionarle la atención médica y tratamiento especializado de traumatología, ortopedia, rehabilitación que requiere, a través de personal médico especialista y calificado, con motivo de las secuelas postquirúrgicas que le sobrevinieron a partir de la cirugía de artoscopia total de cadera izquierda que se le realizó en el Hospital Regional en el mes de junio de dos mil veintidós. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social, consistentes en la omisión de verificar que la administración del presupuesto asignado anualmente para el seguro de salud, sea suficiente para cubrir la totalidad de las prestaciones inherentes a dicho seguro, entre las que se encuentra la obligación de otorgar atención médica y tratamiento especializado, a través del personal médico especialista y calificado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 28 del Reglamento del Seguro de Salud para la Familia; asimismo la omisión de verificar el cumplimiento de las obligaciones que dentro del marco de sus respectivas competencias, tienen asignadas cada una de las autoridades señaladas como responsables. Lo anterior, por dos aspectos, el primero porque las autoridades que rindieron su informe justificado manifestaron expresamente la inexistencia de los actos a ellas atribuidos; en tanto que, a la que fue omisa en hacerlo, no se está en posibilidad de presumírselos ciertos, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, porque como se demostrará enseguida, las omisiones que se le imputan no están dentro de su marco competencial. Y el segundo aspecto descansa en que, para determinar la certeza o la inexistencia de las omisiones que se atribuyan a las autoridades responsables, en principio se debe identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica. Sustenta lo expuesto la tesis asilada 1a. XXIV/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Pag. 53, Novena Época, registro 196080, de texto: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." En el caso, atendiendo a las facultades establecidas competencialmente a las autoridades precisadas en esta consideración, deben tenerse inexistentes las omisiones que se les atribuyen, pues al margen que la quejosa aduzca en su demanda que su derecho a la salud debe de ser garantizado por ellas, de acuerdo a los preceptos que indicó, a saber, 11, 84, 89, 91 de la Ley del Seguro Social, así como el 1º y 28 del Reglamento del Seguro Social. Sin embargo, se estima que esos ordenamientos invocados, no constituyen un parámetro legal idóneo para establecer que dentro de las obligaciones legales de las autoridades precisadas en este apartado, se encuentran las omisiones a que alude, como la de verificar que el presupuesto asignado sea suficiente para cubrir la totalidad de las prestaciones inherentes a dicho seguro, entre las que se encuentran las de otorgar la atención médica que requiere la quejosa con motivo de las secuelas postquirúrgicas que le sobrevinieron a partir de la cirugía de artroscopia total de cadera izquierda, así como la de supervisar que las autoridades médicas del Hospital General Regional Número 1 en Charo del Instituto Mexicano del Seguro Social, le otorgue la atención médica integral a la quejosa; principalmente, porque no establecen con precisión el que ellas tengan a cargo la prestación del servicio de salud en esta entidad federativa, que es finalmente el agravio toral de la peticionaria de amparo. Aunado a ello, porque para determinar las autoridades a las que corresponde el otorgamiento de los servicios de salud en el Estado de Michoacán, el suscrito toma en cuenta que la quejosa comparece a esta instancia de tutela constitucional como derechohabiente del citado Instituto, con número de afiliación ********************. Por su parte, los artículos 268 de la Ley del Seguro Social, dispone lo siguiente: "Artículo 268. El Director General tendrá las siguientes atribuciones: I. Presidir las sesiones de la Asamblea General y del Consejo Técnico; II. Ejecutar los acuerdos del propio Consejo; III. Representar legalmente al Instituto, con todas las facultades que corresponden a los mandatarios generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, y las especiales que requieran cláusula especial conforme al Código Civil Federal o cualesquiera otra ley, así como ante todas las autoridades; IV. Presentar anualmente al Consejo el informe de actividades, así como el programa de labores y el presupuesto de ingresos y egresos para el siguiente período; V. Presentar anualmente al Consejo Técnico el balance contable y el estado de ingresos y gastos; VI. Presentar anualmente al Consejo Técnico el informe financiero y actuarial; VII. Proponer al Consejo la designación o destitución de los trabajadores de confianza mencionados en la fracción IX del artículo 264; VIII. Nombrar y remover a los trabajadores de confianza a que se refiere el artículo 256 de esta Ley, facultad que podrá ser delegada en los términos que establezca el Reglamento Interior del Instituto, que deberá señalar las unidades administrativas del mismo y su circunscripción geográfica. En cualquier caso los trabajadores de confianza a que se refiere esta fracción y la anterior deberán contar con la capacidad, experiencia y demás requisitos que se determinen en el Estatuto a que se refiere el artículo 286 I de esta Ley; IX. Realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para cumplir con los fines del Instituto, y X. Ejercer las funciones en materia de presupuesto, conforme a lo dispuesto en esta Ley; XI. Presentar anualmente al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión los informes a que se alude en la presente Ley, y XII. Las demás que señalen las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. De igual forme el artículo 66 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, dispone: "Artículo 66. El Director General tendrá además de las atribuciones que le confiere el artículo 268 de la Ley, las facultades siguientes: I. Representar legalmente al Instituto como persona moral con todas las facultades que corresponden a los mandatarios generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio y las especiales que requieran cláusula especial conforme al Código Civil Federal incluyendo la facultad expresa para conciliar ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje; II. Otorgar, conforme a las disposiciones aplicables, los estímulos al personal por el desempeño y dedicación en su quehacer institucional; III. Representar al Instituto como organismo fiscal autónomo ante todas las autoridades, con la suma de facultades generales y especiales que establezca la Ley; IV. Proponer al Consejo Técnico las políticas estratégicas para la conducción del Instituto; V. Ejecutar los acuerdos y resoluciones del Consejo Técnico y, en su caso, informar de los resultados; VI. Delegar la representación, incluyendo la facultad expresa para conciliar ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás disposiciones jurídicas aplicables; VII. Vetar los acuerdos del Consejo Técnico cuando impliquen inobservancia a la Ley, a sus reglamentos o no se ajusten a las políticas institucionales; VIII. Resolver bajo su inmediata y directa responsabilidad los asuntos urgentes, a reserva de informar al Consejo Técnico sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos; IX. Presentar anualmente al Consejo Técnico el informe de actividades, así como el programa de labores; el presupuesto de ingresos y egresos para el siguiente período; el balance contable; el estado de ingresos y gastos, así como el informe financiero y actuarial y, en su caso, proponer a dicho Consejo la elaboración de estudios sobre la revisión de la fórmula para el cálculo de la prima del seguro de riesgos de trabajo, de conformidad con lo que establece el artículo 76 de la Ley; X. Presentar a la consideración de la Asamblea General, los documentos a que se refieren los artículos 261 de la Ley y 14, fracción I, de este Reglamento; XI. Someter a consideración del Consejo Técnico para su aprobación, el Manual de Organización del Instituto, de acuerdo con la organización aprobada por dicho órgano colegiado; XII. Ejercer las funciones en materia de presupuesto, conforme a lo dispuesto en la Ley; XIII. Delegar en el Secretario General, titulares de órganos Normativos y de Operación Administrativa Desconcentrada, la facultad de nombrar y remover a los trabajadores de confianza en el ámbito de su competencia. El acuerdo delegatorio se publicará en el Diario Oficial de la Federación; XIV. Designar al encargado del despacho de los órganos Normativos y de Operación Administrativa Desconcentrada en el caso de las vacantes de los titulares de los mismos; XV. Designar a los servidores públicos que deban representar al Instituto ante organismos internacionales, foros, eventos y reuniones nacionales e internacionales, en donde se discutan asuntos en materia de su competencia, y XVI. Las demás que le confieran la Ley, sus reglamentos y los acuerdos del Consejo Técnico. El Director General podrá delegar cualquiera de sus facultades en otros servidores públicos del Instituto, sin perjuicio de ejercerlas directamente, con excepción de aquellas que por disposición legal expresa o determinación de la Asamblea General le correspondan exclusivamente. Para tales efectos, el Director General podrá otorgar poderes generales y especiales con las facultades que le competan, entre ellas las que requieran autorización o cláusula especial, así como sustituirlos y revocarlos. De lo que se sigue, que el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene como atribución la de presentar anualmente al Consejo el presupuesto de ingresos y egresos, así como ejercer las funciones en materia de presupuesto, mas no la de verificar la administración o el gasto presupuesto asignado para tal efecto. De igual forma, respecto del Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social, el precepto 37 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, señala: "Artículo 37.- Las personas titulares de los Órganos Internos de Control tienen en las Dependencias, incluyendo a sus órganos administrativos desconcentrados, o las Entidades en las que sean designados, las mismas facultades que este Reglamento otorga a los titulares de sus áreas, siempre que estas no sean ejercidas en contravención de lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Responsabilidades. Asimismo, tienen las facultades siguientes: I. Recibir denuncias por hechos probablemente constitutivos de faltas administrativas a cargo de los servidores públicos o de los particulares por conductas sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades y por excepción investigar y calificar las faltas administrativas que detecte, así como llevar a cabo las acciones que procedan conforme a dicha Ley; II. Substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa e imponer las sanciones respectivas, cuando se trate de faltas administrativas no graves, así como remitir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa los procedimientos de responsabilidad administrativa cuando se refieran a faltas administrativas graves y por conductas de particulares sancionables conforme a la Ley de Responsabilidades, para su resolución en términos de dicha Ley; III. Analizar y verificar aleatoriamente las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, así como la constancia de presentación de declaración fiscal de los servidores públicos y, en caso de no existir anomalías, expedir la certificación correspondiente, la cual se anotará en el Sistema de Evolución Patrimonial o habiéndolas, turnar al área de quejas, denuncias e investigaciones para iniciar la investigación que permita identificar la existencia de presuntas faltas administrativas; IV. Dar seguimiento a las observaciones determinadas en las auditorías o visitas de inspección que practiquen las Unidades Administrativas competentes de la Secretaría a las Dependencias, las Entidades y los fideicomisos públicos no paraestatales, mandatos y contratos en los casos en que así se determine; V. Conocer, investigar, substanciar y resolver los procedimientos de sanción a proveedores, licitantes o contratistas; VI. Atender y proporcionar la información y documentación que solicite la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control y demás Unidades Administrativas competentes de la Secretaría, que permita dar cumplimiento a las políticas, planes, programas y acciones relacionadas con el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización; VII. Emitir las resoluciones que procedan respecto de los recursos de revocación que interpongan los servidores públicos; VIII. Emitir las resoluciones que correspondan respecto de los recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por los titulares de las áreas de responsabilidades en los procedimientos de inconformidad, intervenciones de oficio y sanciones a personas físicas o morales, previstos en las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas; IX. Llevar los procedimientos de conciliación previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en los casos en que la persona titular de la Secretaría así lo determine, sin perjuicio de que los mismos podrán ser atraídos mediante acuerdo de la persona titular de la Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción; X. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales, representando a la persona titular de la Secretaría, así como expedir las copias certificadas de los documentos que se encuentren en los archivos del Órgano Interno de Control; XI. Coadyuvar al funcionamiento del sistema de control interno, evaluación y mejora de la gestión gubernamental; vigilar el cumplimiento de las normas que en esas materias expida la persona titular de la Secretaría, y la política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, así como al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos; XII. Verificar el cumplimiento de las políticas que establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, así como los requerimientos de información que, en su caso, soliciten los entes públicos en el marco de dicho Sistema; XIII. Programar, ordenar y realizar auditorías, revisiones y visitas de inspección, e informar de su resultado a la persona titular de la Secretaría, así como a los responsables de las unidades administrativas auditadas y a los titulares de las Dependencias y Entidades, así como apoyar, verificar y evaluar las acciones que promuevan la mejora de su gestión. Las auditorías, revisiones y visitas de inspección a que se refiere esta fracción podrán realizarse por los propios titulares o por conducto de sus respectivas áreas de quejas, denuncias e investigaciones, auditoría interna, de desarrollo y mejora de la gestión pública, o bien, en coordinación con las Unidades Administrativas de la Secretaría u otras instancias externas de fiscalización; XIV. Coordinar la formulación de los proyectos de programas y presupuesto del Órgano Interno de Control correspondiente y proponer las adecuaciones que requiera el correcto ejercicio del presupuesto; XV. Presentar denuncias por los hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o, en su caso, ante sus homólogos en el ámbito local; XVI. Requerir a las unidades administrativas de las Dependencias o Entidades en las que se encuentren designados, la información necesaria para cumplir con sus atribuciones, incluyendo aquella que las disposiciones jurídicas en la materia consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión de las faltas administrativas a que se refiere la Ley de Responsabilidades, con la obligación de mantener la misma con reserva o secrecía, conforme a dichas disposiciones, así como brindar la asesoría que les requieran dichos entes públicos en el ámbito de sus competencias; XVII. Atender y proporcionar la información que les sea requerida por la Dirección General de Transparencia y Gobierno Abierto, en términos de las disposiciones jurídicas en materia de transparencia, acceso a la información y de datos personales que genere, obtenga, adquiera, transforme o conserve por cualquier causa; XVIII. Llevar a cabo programas específicos tendentes a verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los servidores públicos de las Dependencias y Entidades, conforme a los lineamientos emitidos por la Secretaría; XIX. Implementar los mecanismos internos que prevengan e inhiban actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas, en los términos establecidos por el Sistema Nacional Anticorrupción; XX. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales, según corresponda, en el ámbito de su competencia; XXI. Coadyuvar en el seguimiento de estrategias para la Ciudadanización de los esquemas de Contraloría Social que determine el Ejecutivo Federal en las Dependencias y Entidades en las que se encuentran designados; XXII. Admitir y substanciar los recursos de reclamación y dar cuenta al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que este emita la resolución correspondiente; XXIII. Determinar la abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa, o de imponer sanciones a un servidor público, cuando se advierta que se cumplen los requisitos que establece la Ley de Responsabilidades; XXIV. Recibir y dar trámite a las impugnaciones presentadas a través del recurso de inconformidad, sobre la abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa o de imponer sanciones; XXV. Vigilar que las Dependencias, incluyendo a sus órganos administrativos desconcentrados, o las Entidades en las que sean designados, den cumplimiento a las medidas de austeridad republicana; XXVI. Atender los exhortos, oficios de colaboración o solicitudes de diligencias requeridas por las Unidades Administrativas de la Secretaría conforme a las instrucciones solicitadas, y XXVII. Las demás que les confieran otras disposiciones jurídicas y aquellas funciones que les encomienden la persona titular de la Secretaría y la persona titular de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control. Las personas titulares de las Unidades de Responsabilidades tienen las facultades a que se refieren las fracciones I, II, VII, X, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXVI y XXVII de este artículo. Las personas titulares de los Órganos Internos de Control y de las Unidades de Responsabilidades en el ejercicio de las facultades que se les confieren en este artículo, atenderán los objetivos, políticas y prioridades que dicte la persona titular de la Secretaría a través de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control o de las personas titulares de las Subsecretarías. Las personas titulares de las Unidades de Responsabilidades atenderán también el régimen especial aplicable a las empresas productivas del Estado. De lo que se sigue, que las facultades de la autoridad en comento son esencialmente fiscalizadoras, ejercidas por medio de procedimientos que el propio precepto señala, es decir existen mecanismos específicos normativamente para verificar su cumplimiento. Además, no tiene asignada alguna función o atribución de acceso o protección al derecho a la salud, ni tampoco al Derecho Humano a la atención médica y tratamiento especializado; dado que del estudio íntegro de la demanda se aprecia, que los actos que reclama, son esencialmente de naturaleza médica y de seguridad social, y por tanto, ese órgano no tiene competencia para dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir, ninguno de los actos a que alude. Bajo el panorama expuesto, la atención de la quejosa en su carácter de derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, con número de afiliación ********************, quien recibe atención médica en la Unidad Médico Familiar Número 80 de esta ciudad de Morelia y la especializada en el Hospital General Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Charo, corresponde exclusivamente al Director del Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social. Consecuentemente, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades señaladas en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, única y exclusivamente por lo que respecta a los actos reclamados al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Certeza del acto reclamado. El Director del Hospital General Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, negó el acto que se le reclama consistente en: *La negativa verbal de proporcionarle la atención médica y tratamiento especializado de traumatología, ortopedia, rehabilitación que requiere, a través de personal médico especialista y calificado, con motivo de las secuelas postquirúrgicas que le sobrevinieron a partir de la cirugía de artoscopia total de cadera izquierda que se le realizó en el Hospital Regional en el mes de junio de dos mil veintidós. Al margen de tales manifestaciones, deben tenerse como ciertos los actos que se atribuyen a dicha autoridad, lo anterior, en primer término, porque su simple afirmación sobre la inexistencia de esos actos, es insuficiente para revertir la carga probatoria, ya que no se trata de una negativa lisa y llana, sino que conlleva implícito un hecho positivo consistente en la prestación adecuada y eficiente del servicio médico; y, en el caso, el análisis que se realice respecto a la prestación del servicio médico brindado a la peticionaria de amparo, será materia de estudio en el apartado en el que se analice el fondo de este asunto. Sustenta lo expuesto la tesis aislada: IV.2o.A.23 A (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Pag. 2467, Décima Época, registro 2001893, que dice: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. LA SIMPLE AFIRMACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SOBRE LA INEXISTENCIA DE LOS ACTOS EN SU INFORME JUSTIFICADO, RELATIVOS A OTORGAR INCAPACIDADES Y MEDICAMENTOS, ES INSUFICIENTE PARA REVERTIR LA CARGA DE LA PRUEBA Y, POR TANTO, DICHA ACTUACIÓN CONTRAVIENE AQUÉL. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos coincidentemente, entre otros tratados internacionales, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, consagra el derecho humano a la salud, que se traduce en la obligación del Estado de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población, entendiéndose por tales servicios, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona. Por tanto, si la quejosa demuestra ante la instancia constitucional, mediante los documentos relativos que ha presentado un padecimiento de salud que está siendo atendida en la institución de salud pública correspondiente, y le atribuye a ésta la negativa de otorgarle las incapacidades y medicamentos necesarios; entonces la simple afirmación de las autoridades responsables sobre la inexistencia de esos actos en su informe justificado, es insuficiente para revertir la carga probatoria, ya que no se trata de una negativa lisa y llana, sino que conlleva implícito un hecho positivo consistente en la prestación adecuada y eficiente del servicio médico, pues por estar de por medio el irreductible derecho humano a la salud del derechohabiente, la discrecionalidad en la prescripción de incapacidades y medicamentos a ella, no puede convertirse en una arbitrariedad libre de control de constitucionalidad. En tal virtud, si las citadas autoridades no esclarecen y justifican la constitucionalidad de la negativa que se les atribuye, no obstante que tienen a su alcance los medios documentales adecuados para ello, su actuación contraviene el referido derecho humano a la salud." En segundo término, porque cuando el juzgador de amparo advierta que la norma general, acto u omisión reclamada de la autoridad responsable vulnera derechos humanos de la quejosa, debe abordar el estudio de esa violación, con independencia de que las partes invoquen o no, dicha infracción en sus conceptos de violación o agravios, pues de esa manera se favorece el acatamiento de los principios señalados y se resguarda el efecto útil del juicio de amparo como medio para proteger y garantizar los derechos fundamentales, sin soslayar, los presupuestos necesarios para suplir la deficiencia de argumentos, tales como que el juzgador tenga competencia, que el juicio sea procedente y que se respete la litis planteada. Aunado a ello, cuando los actos reclamados son de naturaleza omisiva, esto es, cuando implican un no hacer o abstención de las autoridades responsables, en perjuicio de los derechos fundamentales de la parte quejosa, su acreditamiento queda sujeto a que no obre en autos algún medio probatorio del que se advierta el hecho positivo que la desvirtúe. Así, en el caso sometido al conocimiento del suscrito, se advierte, específicamente, del documento denominado referencia-contrareferencia, expedido a nombre de la quejosa ********************, con número de seguridad social 5397 78 7003, consultorio 5, turno matutino, lo siguiente: "(.) FEMENINA DE 68 AÑOS DE EDAD, VIUDA, ADMINISTRATIVO, TRABAJA EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PERO EL SEGURO LO TIENE SU HIJA, TABAQUISMO DESDE LOS 17 AÑOS 5 CIGARROS AL DÍA, ALCOHOLISMO NEGADO, NO REALIZA EJERCICIO, 3 CESAREAS Y APENDICECTOMÍA, PROTESIS DE CADERA IZQUIERA 18/06/22, REFIERE HASTA EL MES COMENZÓ A CAMINAR DESPUÉS DE LA CIRUGÍA Y ACTUALMENTE CON DOLOR EN CADERA IZQUIERDA, QUE SE INCREMENTA AL ESTAR YA SEA SENTADA O PARADA IRRADIADO A TODA LA EXTREMIDAD PÉLVICA, SE ENVÍA A REVALORACIÓN, LABORATORIO DEL 12/01/22 CON HB 14.8 HT 43.7 PLAQ 252 LEUC 5.4 GLUC 85CR Q.27 AC U 67 CTY 226 HDL 49 LDL 131 TG 212, CITA A TRAUMATOLOGIA 115/11/22 IMC 23.4 CON PESO NORMAL, NO PLETORA YUGULAR, NO ACANTOSIS NIGRICANS, TIROIDES NORMAL, CARDIOPOLMUNAR ABDOMEN Y EXTREMIDADES SIN DATOS PATOLOGICOS, NO EDEMAS De lo anterior, el que ahora resuelve, advierte una violación al derecho fundamental de la quejosa (salud), que está obligado a estudiar, incluso aunque la peticionaria de amparo no hubiera esgrimido conceptos de violación al respecto; de ahí que, en el caso proceda tener como ciertos los actos reclamados a la autoridad precisada. Apoya lo expuesto, la tesis: I.3o.C.110 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Abril de 2011, Pag. 1195, Novena Época, registro 162441: "ACTOS RECLAMADOS DE NATURALEZA OMISIVA. SU ACREDITAMIENTO QUEDA SUJETO A QUE NO SE ALLEGUE AL JUICIO DE GARANTÍAS EL MEDIO PROBATORIO POR EL QUE SE ACREDITE EL HECHO POSITIVO QUE DESVIRTÚE LA OMISIÓN. En los actos reclamados de naturaleza positiva, esto es, los que implican un hacer de la autoridad, la carga de la prueba respecto de su existencia cierta y actual recae en la parte quejosa, ya que es ella quien afirma el perjuicio que le irrogan los mismos. En cambio, cuando los actos reclamados son de naturaleza omisiva, esto es, implican un no hacer o abstención de las autoridades responsables, en perjuicio de los derechos fundamentales de la parte quejosa, su acreditamiento queda sujeto a que no obre en autos algún medio probatorio del que se advierta el hecho positivo que la desvirtúe, esto es, la carga de la prueba se revierte a las contrapartes del quejoso, a efecto de que demuestren que las autoridades responsables no incurrieron en las omisiones que se les atribuyen." Quinto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, corresponde, examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Sexto. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo, que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". En este punto es preciso señalar que de conformidad con el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, en suplencia de la queja deficiente, verificará el estudio del auto reclamado, al margen de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Lo anterior, porque constituye obligación del juzgador de amparo, de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, analizar las disposiciones legales aplicables y atender al mayor beneficio que pudiera corresponder al quejoso. El artículo 4°, párrafo cuarto, en su última reforma efectuada el ocho de mayo de dos mil veinte y el 123 fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto al derecho a la salud establecen: "Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social." "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. [.] XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. De la anterior transcripción se advierte: Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud; La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Así, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece para toda persona la protección al derecho a la salud, pero también se advierte la participación de diversas dependencias que forman partes integrantes de ese derecho como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Al respecto es de citar por analogía jurídica substancial la tesis aislada I.1o.A.71 A (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, materia común, Décima Época, registro 2006452, que dice: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA OMISIÓN O NEGATIVA DE SUMINISTRAR MEDICAMENTOS. Los actos del organismo descentralizado en su carácter de ente asegurador, por regla general, son inimpugnables mediante el juicio de amparo, ya que actúa en un vínculo de coordinación con los particulares, derivado de una relación contractual y en sustitución del patrón, que involucra diversos derechos, como los de jubilación, guarderías o licencias por enfermedad. Sin embargo, si se atiende al concepto amplio de autoridad establecido en el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, se concluye que, en los casos en los que el acto reclamado se hace consistir en la negativa u omisión del instituto de suministrar un medicamento a uno de sus asegurados, esa entidad sí tiene el carácter de autoridad, en virtud de que dicho instituto es responsable de proporcionar ese servicio, que forma parte integrante del derecho de acceso a la salud, consagrado en el artículo 4o. constitucional y, en consecuencia, la omisión o negativa de hacerlo constituye un acto que tiene las características atinentes a los actos de autoridad. Lo anterior se corrobora con la circunstancia de que, como el derecho de acceso a la salud, aunque forma parte del grupo de beneficios que comprende la seguridad social, está en un plano distinto a otros rubros del servicio que brinda el instituto, pues su entidad es superior debido a la relación que guarda con la preservación y calidad de vida de los gobernados en un ámbito sensible en su desarrollo, aunado a las nuevas reglas en el reciente diseño constitucional sobre la protección de derechos humanos y el enfoque que se asignó a los actos de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, establecido en la Ley de Amparo, por lo que es necesario darle congruencia al sistema jurídico y permitir que impugnaciones de esa naturaleza, en que coincide con un organismo público, sean susceptibles de ser examinadas desde una perspectiva de que es precisamente el Estado el obligado de hacer realidad el derecho a la salud a quien se le atribuye la afectación, por lo que en estos casos, debe considerarse como autoridad para efectos del juicio de amparo, sin perjuicio de la demostración de diversa causa de improcedencia o del examen que se efectúe en el fondo." Ahora, en la especie conviene tener en cuenta lo resuelto en la ejecutoria relativa al amparo en revisión 173/2008, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que al tenor de lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional, determinó que "toda persona tiene derecho a la protección de la salud". Indicó que, el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Que el derecho a la salud protegido constitucionalmente incluye, entre otras cosas, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. Igualmente, que el contenido de esta norma constitucional y la interpretación que de ésta ha realizado esta Suprema Corte, son compatibles con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, tal y como se observa: a) Del párrafo 1o. del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios); b) Del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y que los Estados deberán adoptar las medidas a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho); c) Del artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" (toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social); d) De lo establecido por la Comisión de Derechos Humanos, así como también en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 y en otros instrumentos internacionales. En congruencia con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la ejecutoria de amparo en comento, determinó que la protección del derecho a la salud, depende de la forma como son reguladas las condiciones de acceso a los servicios médicos y la regulación de todas aquellas peculiaridades que incidan en la calidad de ésta. Asimismo, que la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de los Estados de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con la salud proporcionados por terceros; velar porque la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de atención de la salud; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia. Concluyó señalando que, el derecho a la salud, entre varios elementos, comprende: el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, y condiciones sanitarias adecuadas. Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Tomo XII, página siete, define el derecho a la salud como "el conjunto de normas de derecho público que regulan las actividades de las instituciones del Estado y los sujetos públicos, privados y sociales que tengan por objeto común proteger la salud.". Por tanto, ese derecho subjetivo implica un cúmulo de facultades de los órganos estatales cuyo ejercicio permite, entre otras cosas, garantizar las condiciones necesarias para que la salud de los gobernados esté protegida a través de la emisión y aplicación de reglas de carácter general. En ese sentido, el contenido de la norma constitucional y la interpretación que de ésta ha realizado esta Suprema Corte, son compatibles con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, tal y como se observa: Declaración Universal de Derechos Humanos "Artículo 25, párrafo 1o.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios ." Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. "Artículo 12.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad". Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos y familiares de la comunidad; [.] La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables." Ahora bien, en esta instancia se reclama como ya se dijo, la omisión de proporcionarle la atención médica y el tratamiento especializado de traumatología, ortopedia y rehabilitación que requiere, a través del personal médico especialista y calificado, con motivo de las secuelas postquirúrgicas que le sobrevinieron a partir de la cirugía de artroscopia total de cadera izquierda que se le realizó en el Hospital Regional en el mes de Junio de 2022. Esto, pues la quejosa aduce que el actuar de las responsables resulta violatorio de su derecho humano a la salud y consiguientemente a la vida, toda vez que es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social con número ********************; que es una persona que fue sometida a cirugía, siendo dada de alta el diecisiete de junio de dos mil veintidós, citándola para a las cuatro semanas siguientes, con su médico tratante. Que fue hasta el veinticinco de octubre de la citada anualidad, en que fue atendida, aunque por médico distinto, reagendando la cita para el veinticinco de noviembre siguiente, en la que acudió pero no se le entregó nota médica. Añade, que desde el mes de junio en que se le realizó la cirugía, han pasado meses y no se le ha dado seguimiento a la evolución de la lesión y menos aún, los médicos se han percatado de las secuelas que persisten, ni le han dado ninguna rehabilitación. Que ante la falta de atención médica especializada y debido al incesante dolor que persistía, así como a la imposibilidad de caminar y recuperarse de la cirugía, tuvo que recurrir a servicios médicos privados, en donde incluso se le ha dicho que requiere de una nueva cirugía porque la primera no quedó bien, y se le recomendó además buscar ayuda de rehabilitación para aliviar un poco el dolor. También precisa, que a pesar de la urgencia y necesidad constante que tiene de recibir medicamento, las responsables no le han brindado la atención médica especializada que requiere. Conforme a lo anterior, el debate central en esta contienda constitucional, estriba en determinar que se le brinde a la quejosa la atención médica especializada que requiere, con motivo de las secuelas postquirúrgicas que le sobrevinieron a partir de la cirugía de artoscopia total de cadera izquierda que se le realizó. En efecto, de la referencia-contrareferencia expedida por ********************, médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, aportada por la quejosa en su escrito inicial de demanda (foja 14), así como de las diversas notas médicas que obran en su expediente clínico que remitió la responsable (fojas 39-53 y 98-109) deriva que el quince de junio de dos mil veintidós, la amparista fue intervenida quirúrgicamente para artoplastía total de cadera; que fue dada de alta el diecisiete siguiente, para que continuara en su domicilio con la recuperación y manejo de analgésico, dándole cita en cuatro semanas. Por su parte, en su informe justificado las autoridades responsables se limitaron a señalar que no son ciertos los actos reclamados, en razón de que sí han otorgado a la impetrante de amparo la atención médica que requiere y se limitaron a remitir copia certificada del expediente clínico del peticionario de amparo, del que se desprenden las siguientes constancias: Nota médica expedida el dos de febrero de dos mil veintidós, en la que se asentó como plan la valoración por traumatología, para descartar lesión tendinosa, que explique el dolor intenso no causado por la hernia inguinal no complicada (foja 39); Nota médica expedida el cuatro de febrero de dos mil veintidós, en la que se asentó como diagnóstico coxartrosis primaria izquierda, (foja 42); Nota médica expedida el trece de marzo de dos mil veintidós, en la que se asentó como diagnóstico, Coxartrosis no especificada y se solicitó diverso estudio de radiodiagnóstico (foja 43); Nota médica expedida el catorce de marzo de dos mil veintidós, en la que se asentó que acudía sin protocolo completo, cita de anestesiología para el día siguiente (foja 45); Nota médica inicial de dieciséis de junio de dos mil veintidós, en la que se asentó que se decidió su intervención quirúrgica para artoplastia total de cadera, la cual se realizó el quince de junio de dos mil veintidos (foja 46); Alta (nota de egreso) de diecisiete de junio de dos mil veintidós, en la que se asentó: su ingreso, coxartrosis grado IV izquierda; egreso: Coxartrosis Grado IV izquierda + Po Artropplastía total de cadera izquierda; con indicación de alta en su domicilio, con cita en cuatro semanas con el doctor Toledo (foja 48); Nota médica de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en la que se asentó como plan: se envía a rehabilitación con médico tratante, se da receta por aines (foja 50); Oficio ********************, de quince de marzo de dos mil veintitrés, suscrito por el Director del Hospital General Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual hizo constar que el seis de marzo de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la valoración médica de la quejosa en la especialidad de Traumatología, donde es dada de alta en esa especialidad y enviada a continuar manejo por reumatología y rehabilitación física (foja 106); Nota médica de seis de marzo de dos mil veintitrés, en la que se asentó como plan: envío a reumatología para valoración de pb fibromalgia, envío de rehabilitación física hasta máximo beneficio, alta de esa consulta y pronóstico reservado a evolución (foja 106 vuelta); Nota médica de nueve de marzo de dos mil veintitrés, del servicio de reumatología, en la que se asentó como plan, la solicitud de estudios para descartar enmi reumatología (foja 107 vuelta); Nota médica de quince de marzo de dos mil veintitrés, en el que se asentó como Plan: Terapia física, termoterapia, electroterapia. No obstante los aludidos documentos por sí solos no demuestran que las autoridades responsables hayan cumplido con la carga probatoria de acreditar que la atención médica otorgada a la promovente del amparo, en ese momento y de acuerdo a los síntomas que presentaba, era la adecuada para tratar el padecimiento por el cual acudió y restaurar su estado de salud. En efecto, de los documentos anteriores, ninguno es suficiente para acreditar que contrario a lo que aduce la peticionaria de amparo, se le ha otorgado el tratamiento oportuno y apto para el padecimiento que le aqueja con motivo de las secuelas postquirúrgicas que le sobrevinieron a partir de la cirugía de artoscopia total de cadera izquierda que se le realizó; pues al darla de alta a su domicilio -diecisiete de junio de dos mil veintidós- se le citó en cuatro semanas, sin embargo desde aquélla data a la presentación de la demanda -veinticinco de enero de dos mil veintitrés- se le atendió únicamente en una ocasión, siendo aproximadamente cuatro meses después de la cirugía -veinticinco de octubre de dos mil veintidós-; esto es, no se le realizó un seguimiento de su cirugía, no obstante que padecía de secuelas, como dolor y la imposibilidad de caminar. Lo anterior, dado que las autoridades responsables no allegaron material probatorio para sustentar sus afirmaciones, es decir, que antes de la presentación de la demanda, se hubiese otorgado la atención a la quejosa, lo cual pudieron demostrar, con las notas médicas con data posterior a la cirugía, que pese a que hubiese sido citada la quejosa no hubiese asistido. Sino que, de las notas que se remitieron, se advierte que la quejosa fue atendida solo en una ocasión de la data de la cirugía a la fecha de presentación de la demanda, no obstante que se le había citado para las cuatro semanas siguientes. De modo que, era necesario que las autoridades responsables ofrecieran otra prueba que fuera idónea y eficaz para tener por corroborada la supuesta atención médica que brindaron a la peticionaria de amparo, y al no haberlo hecho así, lleva a concluir que los actos reclamados contravienen en perjuicio de la quejosa, sus derechos humanos de acceso a la salud, reconocidos por el artículos 4º, párrafo tercero de la Constitución Federal. Consecuentemente, si al rendir su respectivo informe justificado las autoridades responsables se limitaron a negar la existencia de los actos reclamados, sin aportar al juicio de amparo justificación alguna que sustente una causa razonada para ello, tal circunstancia se traduce en un acto arbitrario que violenta en perjuicio del quejoso el derecho humano a la salud. Estimar lo contrario, sería desproporcional ya que ello exigiría la carga de la prueba al derechohabiente de justificar la necesidad de tales servicios médicos, cuando precisamente acudió para tal efecto a esas dependencias, a quienes corresponde la ineludible obligación de proporcionar los servicios de prevención, curación y rehabilitación que les solicitó. Esto, pues no obstante que demostraran que la quejosa ha sido atendida por el área de traumatología y ortopedia (el tres de febrero, seis de marzo de dos mil veinte) y que fue dada de alta en esta especialidad y enviada para continuar manejo de reumatología y rehabilitación física, en la que ha sido atendida con terapia física, termoterapia, electroterapia, diariamente en diez cesiones y se le ha citado con data posterior a dicha terapia, tratamiento del que por cierto, la quejosa no se hubiese inconformado, no obstante la vista que se le otorgó en proveído de veinte de junio de la citada anualidad. Lo cierto es, que ello aconteció con fecha posterior a la presentación del juicio de amparo que nos ocupa, es decir, las autoridades demostraron la atención de la quejosa empero con data posterior a que la amparista acudió a esta instancia constitucional. De ahí que, la simple negativa de los actos que se les atribuye a las autoridades responsables en sus respectivos informes, no basta para justificar la constitucionalidad del acto, pues como se precisó, la discrecionalidad que tienen no debe ser arbitraria, sino que debe sustentarse razonadamente en las pruebas que tienen a su alcance inmediato, tales como los controles clínicos que están obligados a llevar de cada paciente y las opiniones técnicas experticiales de la planta médica de ese organismo de salud, los que lleven a la convicción de que dicha negación de los servicios médicos solicitados fue porque la derechohabiente no los requería. En consecuencia, la omisión destacada infringe en perjuicio de la quejosa los derechos fundamentales consagrados en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo que procede es conceder el amparo solicitado para el efecto de que las autoridades responsables, de inmediato, sometan a tratamiento médico a la quejosa, ya sea en el área de traumatología o reumatología y rehabilitación física, o bien el que sea adecuado respecto del padecimiento que la aqueja con motivo de la cirugía de cadera que se le realizó. Sustenta lo anterior, la tesis: 1a. CCLXVII/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Pag. 895, Décima Época, registro 2013137, que dice: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que legítimamente puede perseguir el Estado, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras." Así como la tesis: XXI.2o.P.A.18 A (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV Pag. 2725, Décima Época, registro 2012832, que dice: "ACCESO A LA SALUD. CORRESPONDE AL ESTADO PROTEGER ESE DERECHO HUMANO Y, POR TANTO, AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INCUMBE LA CARGA DE PROBAR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL QUE SE LE DEMANDE UNA NEGLIGENTE ATENCIÓN MÉDICA, QUE SU PERSONAL MÉDICO OTORGÓ AL PACIENTE LA ADECUADA A SU PADECIMIENTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 173/2008, el 30 de abril de 2008, entre otras consideraciones sostuvo, en relación con el derecho humano de acceso a la salud, reconocido por el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entre varios elementos, comprende: el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, y condiciones sanitarias adecuadas. Asimismo, que para garantizar la calidad en los servicios de salud como medio para proteger el derecho mencionado, el Estado debe emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin. En ese orden de ideas, corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social, en su calidad de parte demandada en el juicio contencioso administrativo, la carga de probar que su personal médico otorgó al paciente una atención médica adecuada a su padecimiento, con el objeto de restaurar su salud, cuando la pretensión deducida por el actor es, por ejemplo, obtener el reembolso de los gastos extrahospitalarios generados, debido a una negligente atención médica durante el tiempo que estuvo internado en un hospital de dicho organismo. Sin que obste a lo anterior, lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el sentido de que, como regla general, las resoluciones y actos administrativos se presumirán legales y, como excepción, que las autoridades deberán probar los hechos que los motiven cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho. Ello, tratándose de los casos en que a las autoridades demandadas en el juicio de nulidad se les atribuya un hecho negativo, como es la omisión de otorgar servicio médico diligente y de calidad; caso en el cual, se repite, es a éstas a quienes corresponde la carga de demostrar que la atención médica otorgada al paciente, en el momento en que estuvo internado en uno de sus hospitales y de acuerdo a los síntomas que presentaba, era la adecuada para tratar el padecimiento por el cual fue hospitalizado y restaurar su estado de salud." Y la tesis aislada 1a. CCXXV/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Pag. 507, Décima Época, registro 2012509, que dice: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA. CONTENIDO DEL DEBER DE INFORMAR AL PACIENTE EN MATERIA MÉDICO-SANITARIA. De la Ley General de Salud y el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, se infiere que el profesionista médico tiene una obligación de aportar al paciente todos los elementos necesarios para que éste tome una decisión libre e informada sobre su tratamiento o ausencia del mismo. En ese sentido, ante la insuficiencia de regulación normativa sobre este supuesto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entiende que el otorgamiento de información para cumplir con el deber de informar consiste, como mínimo y dependiendo de cada caso concreto, en el estado de salud del paciente, el diagnóstico de su padecimiento, el tratamiento o intervenciones necesarias para tratar el mismo y sus alternativas, así como los riesgos inherentes y los efectos que puedan tener tales tratamientos o intervenciones; de ahí que el contenido que debe satisfacer este derecho no es inmutable, sino que se actualiza supuesto a supuesto. Por su parte, el sujeto de tal deber es, por regla general, el médico responsable del paciente y, en particular, aquellos profesionistas médicos que ejecuten un acto médico concreto (proceso asistencial, técnica o procedimiento invasivo, interconsulta, etcétera) que pueda incidir en la esfera de derechos del paciente. El destinatario de esta información debe ser el propio paciente o las personas unidas al mismo por vínculos familiares, de hecho o legales que jurídicamente puedan tomar una decisión sobre su atención médica. Adicionalmente, debe destacarse que el deber de informar no se agota en una etapa en específico ni su cumplimiento se actualiza siguiendo ciertos pasos previamente identificados. Dependerá de cada caso concreto y de su contexto fáctico, teniendo como premisa fundamental que la información deberá ser continuada, verdadera, comprensible, explícita, proporcionada al momento en que el médico lo considere viable, previo a cualquier tratamiento o intervención y su otorgamiento podrá ser oral o escrito. El grado y temporalidad del otorgamiento de la información penderán de la capacidad del paciente, los deseos de información del mismo (no se le puede obligar a recibir la información si no es su voluntad; es decir, si rechazó su conocimiento de manera expresa), el nivel de riesgo y la concurrencia de un estado de urgencia. Asimismo, tal como sucede con el consentimiento informado, un supuesto de excepción de este derecho a ser informado tiene lugar cuando los sucesos fácticos no permiten una demora ante la posibilidad de que se origine un daño grave o irreversible al paciente." Al igual que la tesis: 1a. CC/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo I, Pag. 323, Décima Época, registro 2012112: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA. EL DEBER DE INFORMAR Y SU RECONOCIMIENTO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. En atención a lo previsto en los artículos 51 de la Ley General de Salud y 48 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, esta Primera Sala considera que el profesionista médico tiene una obligación de aportar al paciente todos los elementos necesarios para que éste tome una decisión libre e informada sobre su tratamiento o ausencia del mismo, lo cual tiene sustento directo en el respeto y protección de los derechos a la integridad corporal, salud, conciencia, intimidad y vida de todo paciente; es decir, toda vez que estos derechos no pueden ser afectados o incididos más que por voluntad expresa de una persona, en el ordenamiento jurídico se reconoce el deber de informar, que radica en un derecho de todo usuario de la atención médica y una obligación del respectivo profesionista médico-sanitario de otorgar los elementos informativos necesarios a fin de que tales usuarios tomen una determinación adecuada a sus intereses en relación con su propio cuerpo." Sustenta lo anterior, la tesis: II.1o.23 A (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, Pag. 2941,Décima Época, registro 2012854, que dice: "INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD. PARA DAR DE ALTA A UNA PERSONA HOSPITALIZADA POR VARIOS PADECIMIENTOS GRAVES, DEBEN JUSTIFICAR CON LOS ESTUDIOS MÉDICOS NECESARIOS QUE SU MEJORÍA ES INTEGRAL. En principio, si bien la mejoría de la persona internada en alguna institución pública de salud es justificación para darla de alta, la dependencia a cargo del cuidado del paciente debe realizar, previamente, los estudios médicos necesarios para hacer constar que la recuperación en la salud es integral, esto es, en todos los padecimientos graves del enfermo, pues si éste fue hospitalizado por causa de varios trastornos mentales y/o físicos graves, entonces para darlo de alta se requiere, necesariamente, que la institución justifique que la mejoría del enfermo ha sido total y, en consecuencia, no amerita más la asistencia y los cuidados médicos que su condición de salud originó, ya que si es únicamente en uno o varios de sus padecimientos, no se justifica el alta médica a la luz de los derechos humanos a la protección de la salud y de la asistencia social tutelados por el Estado Mexicano en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución General." Finalmente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página sesenta y uno del Tomo XXVIII, Octubre de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que sostiene: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4º, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso." Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que, aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley referida, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que señala el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información en mención. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103 fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 73, 74, 75, y 79 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : Primero. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, el amparo se concede para los efectos precisados en la consideración sexta de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
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