Irma Marchan Huerta

Expediente 1011/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1011/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
12/12/2018

Partes del expediente

  • Irma Marchan Huerta

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite el Actuario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual acusa recibo del expediente de amparo 1011/2018 del índice de este juzgado, e informa que se avocó al conocimiento del asunto. En virtud de lo anterior, se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto totalmente concluido y conforme al Acuerdo General 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace notar que el mismo es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses contado a partir de esta propia fecha, de conformidad con el punto vigésimo, fracción I, de dicho acuerdo. Además de conformidad con el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del Acuerdo General en cita, el suscrito considera que el presente asunto NO es de relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de seis de noviembre de dos mil dieciocho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/5669/2018 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; ante la licenciada Adela Rodríguez González, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Irma Marchan Huerta, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1011/2018. Ahora bien, al tratarse de un presupuesto procesal para la válida tramitación y resolución del juicio de amparo, este Juzgado de Distrito examina su competencia por razón de territorio para conocer del presente asunto, de conformidad con las reglas previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo. El referido artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para la competencia: a) Es competente el juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En tal virtud, a efecto de delimitar la competencia para conocer del presente asunto se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, esto es, si el acto tiene ejecución material, es competente el juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto. En relación con lo anterior, apreciada íntegramente la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: ".Al C. Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, en cuanto autoridad ejecutora, le reclamo, la diligencia de desalojo, solicitada por la primera responsable mediante EXHORTO 120/2018, mismo que intentó ejecutarlo el día 22 veintidós de noviembre del año en curso, desconociendo su contenido por no ser parte en el juicio principal, además de que se pretende ejecutar en nueva fecha, desconociéndola así como la hora en que se llevará a cabo." En ese contexto, se tiene que los actos reclamados por la parte quejosa, consisten en la diligencia de desalojo ordenada por el Juez Segundo en Materia Civil del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante exhorto 120/2018, en el domicilio ubicado en la calle Número Cinco, número 123, de la unidad habitacional Copalac, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Por tanto, es evidente que dicho acto tiene ejecución material en Lázaro Cárdenas, Michoacán. En esas condiciones, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo, es claro que la competencia se surte a favor del Juez de Distrito del Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, ya que de acuerdo a la regla contenida en el primer párrafo del citado precepto, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar donde se ejecute, se haya ejecutado o deba tener ejecución el acto reclamado. Considerar lo contrario, equivaldría dejar al arbitrio de la parte quejosa la competencia para conocer de los juicios de amparo, lo cual no es acorde con los lineamientos que sobre el tema ha establecido el Máximo Tribunal del País. Sustenta lo anterior por analogía la jurisprudencia de la Primera Sala visible en la página 182, mayo de mil cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dice: "AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO CONTENIDA EN EL AUTO DE EXEQUENDO, CUYA DILIGENCIACIÓN ES SOLICITADA POR MEDIO DE EXHORTO. SU CONOCIMIENTO COMPETE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE AQUÉL SE EJECUTE. Conforme a las reglas de competencia contenidas en el artículo 36 de la Ley de Amparo, si en una demanda de garantías se reclama la orden de embargo contenida en el auto de exequendo, cuya diligenciación ha sido solicitada a otro Juez, por medio de exhorto, facultándolo para que dicte las medidas pertinentes para la consecución de lo ordenado, el competente para conocer de dicha demanda será el Juez de Distrito que corresponda a la jurisdicción donde se diligencie dicho exhorto, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto y jurídicamente relevante es que la autoridad ejecutora desempeña una función fundamental, porque se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición es quien enfrenta directamente al particular afectado, pues aunque el Juez exhortante ordene la remisión del exhorto, no implica que con esa actuación comience a ejecutarse el acto reclamado, pues en todo caso la ejecución material de la orden de embargo corresponde al Juez exhortado, ya que el envío del exhorto sólo constituye una solicitud de apoyo que se dicta en una fase previa a los actos propiamente de ejecución, por esa razón será competente para conocer del juicio, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado." En tal virtud, se concluye que los actos reclamados tendrán ejecución en Lázaro Cárdenas, Michoacán, lugar donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, conforme a lo establecido en el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal declara carecer de competencia para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa y la declina a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno. Una vez que se notifique el presente acuerdo a la parte quejosa, mediante atento oficio que al efecto se gire, se ordena remitir el expediente en que se actúa formado con la referida demanda de amparo, así como sus anexos, al juez que se considera con competencia legal por territorio, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas determine si acepta o no la competencia que se le plantea y se le solicita que haga del conocimiento de este juzgado la resolución que al respecto pronuncie, conforme a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo. Por otra parte, resulta innecesario proveer sobre la suspensión de los actos reclamados solicitada por la parte quejosa, toda vez que no se está en presencia de los actos mencionados por el artículo 48 de la Ley de Amparo que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Con copia certificada fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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