Irma Teresa Escobedo Sánchez

Expediente 487/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 14 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
487/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
15/12/2017

Partes del expediente

  • Irma Teresa Escobedo Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    El quince de diciembre de dos mil diecisiete, el suscrito Juan García Trejo secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado Certifico: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la quejosa del treinta de noviembre al trece de diciembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintidós de noviembre pasado, dentro del juicio de amparo número 487/2017-7; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; En el incidente de suspensión relativo al juicio que nos ocupa, por una parte se negó y por otra se concedio la suspensión definitiva solicitada por el amparista; La parte quejosa no exhibió billete de depósito por no haberse fijado garantía alguna. No existe en el incidente de suspensión recurso alguno pendiente de resolver. No existen documentos por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, quince de diciembre dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, quince de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintidós de noviembre del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y de igual forma el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, dado que este juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, primera parte, del citado acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN toda vez que por una parte se negó y por otra se concedio la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. FabiMtz*.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 487/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Irma Teresa Escobedo Sánchez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridades responsables: Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas. Actuario adscrito a la mencionada Junta de Conciliación. Actos reclamados: "IV. Acto reclamado. Diligencia de Requerimiento de Pago y/o embargo de fecha 25 de abril del 2017, practicada dentro del juicio laboral de número de expediente 767-768/II/2015, realizada por el Lic. Santos Hernández G. actuario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, como autoridad en la que: a).- Se me hace entrega del auto de Requerimiento y/o Embargo para el Pago de Cantidad Líquida en cumplimiento a Laudo de fecha 29 de noviembre del 2016, emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, dicto auto como autoridad ordenadora, dentro del cual, se despacha auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, para que se requiera a la C. IRMA "N" por el pago de $152,451.50 (ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 50/100 M.N.)." Actos que, a su parecer, son violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete (fojas 23 a 25), se ordenó registrar la demanda con el número 487/2017, y se previno a la promovente para que aclarara si era su deseo señalar como acto reclamado la falta de notificación o emplazamiento al juicio laboral número 767-768/II/2015 y, en caso de ser así, señalara a qué autoridad le atribuía dicho acto, apercibiéndola de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se proveería lo conducente únicamente por lo que se refería a los diversos actos reclamados y autoridades responsables precisados en la demanda. TERCERO. Por auto de cinco de julio del año en curso (foja 26 a 28), al advertir que la quejosa no dio cumplimiento a la prevención que se le había realizado, se le hizo efectivo el apercibimiento y se admitió la demanda únicamente sobre los actos y autoridades que no fueron motivo de prevención; se ordenó solicitar el informe con justificación a las autoridades responsables, emplazar a las terceros interesadas, dar intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV de la Ley de Amparo en vigor y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridades que residen en el territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a realizar tal precisión, es pertinente destacar que, no obstante que la quejosa señaló como autoridad responsable ordenadora a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, cuando el acuerdo reclamado fue dictado por el Presidente de la misma en uso de las atribuciones que le son propias, por tratarse de un acto ordenado en la ejecución del laudo respectivo; esa circunstancia no da motivo para sobreseer en el juicio con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que el imperativo constitucional de dar noticia de la iniciación del juicio de garantías se cumple si se atiende a que el informe relativo fue rendido por el Presidente de que se trata como integrante de la Junta, por lo cual, al hacerlo se está haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado, por tanto, se tiene como autoridad responsable ordenadora al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Resulta aplicable al respecto, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 57/95, consultable en la página 226, Tomo II, Octubre de 1995, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 200702, resultado de la contradicción de tesis 13/95, entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro y texto: "JUNTA LABORAL Y PRESIDENTE DE LA MISMA. ERROR DEL QUEJOSO AL SEÑALAR COMO RESPONSABLE A AQUELLA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE ESTE. Si bien es cierto que es esencial el correcto señalamiento de la autoridad responsable en la demanda de amparo y que ello es una carga del agraviado, ya que respecto de dichos actos es que versará el juicio y serán motivo de análisis por parte del juzgador; y si bien es cierto, asimismo, que las Juntas laborales y sus presidentes son autoridades distintas, debe considerarse que si en la demanda de amparo el quejoso señala con desacierto como acto reclamado una resolución que atribuye a una Junta como órgano colegiado, cuando ésta fue dictada por el presidente en uso de las atribuciones que le son propias, como la de ordenar la ejecución de un laudo, en estos casos, el error en el señalamiento de la autoridad responsable no da motivo para sobreseer en el juicio con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que el imperativo constitucional de dar noticia de la iniciación del juicio de garantías se cumple al solicitarse y rendirse el informe justificado, ya que éste invariablemente deberá ser emitido por el presidente de dicho órgano colegiado, por ser una atribución que le confiere la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 617, fracción VII, 618, fracción VI, y, 623, por tanto, ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante de la Junta, al hacerlo se está haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado. Sentado lo anterior, se procede a precisar los actos reclamados. Así pues, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos, consisten en: Del Presidente la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad: El auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente laboral 767-768/II/2015, por el que se comisionó al actuario de la mencionada junta para que acompañado del actor, se constituyera en el domicilio de la demandada, ahora quejosa, y requiriera del pago de la cantidad ahí precisada, a la persona con quien entendiera la diligencia, y si no se efectuaba, procediera al embargo de bienes propiedad de dicha demandada, suficientes para garantizar el monto de la condena y sus derivados, que se pondrían en depósito de la persona que bajo su responsabilidad designara el ejecutante. Del Actuario adscrito a la mencionada Junta: Diligencia de requerimiento de pago y embargo de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, practicada dentro del juicio laboral 767-768/II/2015. Cobra aplicación, la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados toda vez que así expresamente lo manifestaron las autoridades responsables en su respectivo informe justificado (fojas 34 y 35). Lo que se corrobora con las constancias que el Presidente y demás integrantes de la mencionada Junta remitieron con su informe justificado, consistentes en legajo de copias certificadas del expediente laboral 767-768/II/2015; documentales que cuentan con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En tal virtud se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado, al tenor de la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes del acto reclamado: 1. Mediante escritos presentados el cuatro de agosto de dos mil quince, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, comparecieron Rocío Jazmín Flores Collazo y Mónica Gardenia Terrones Flores, respectivamente, promoviendo juicio laboral contra Irma "N", por el pago de diversas prestaciones que al efecto señalaron los cuales fueron admitidos y registrados con el número 767-768/II/2015 (fojas 41 a 51 de autos). 2. El siete de abril de dos mil dieciséis, fue emplazada la demandada al juicio laboral de mérito, según se aprecia de la cédula de notificación respectiva, en la que se asentó que se dejó la documentación relativa en poder de César Benjamín de la Torre Escobedo (foja 59) 3. Continuado el juicio laboral por su trámite legal, el trece de octubre de dos mil dieciséis, se dictó el laudo respectivo (fojas 73 a 80), en el que en sus puntos resolutivos se determinó: "PRIMERO. Las actoras CC. ROCÍO JAZMÍN FLORES COLLAZO Y MÓNICA GARDENIA TERRONES FLOES acreditaron sus pretensiones y la demandada IRMA "N", no opuso excepciones ni defensas, en consecuencia. SEGUNDO. Se condena a la demandada IRMA "N"; a pagar a cada una de las actoras las siguientes cantidades PRESTACIONES: [.] TERCERO: El salario que sirvió de base [.] CUARTO: Se concede a la parte demandada un término de QUINCE DÍAS para que voluntariamente de cumplimiento a la presente resolución. QUINTO: NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CUMLÁSE: [.]" 4. Por escrito de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis (foja 82), el apoderado legal de la parte actora solicitó a la autoridad responsable se dictara auto de requerimiento y embargo, toda vez que la demandada no dio cumplimiento al laudo antes mencionado 5. El veintinueve de noviembre citado, el Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje dictó auto en el que en relación con la anterior petición, comisionó al Actuario adscrito a dicho tribunal laboral, para que acompañado del actor, se constituyera en el domicilio de la demandada, y la requiriera por el pago inmediato de $152,451.50 (ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 50/100 M.N.); y en caso no efectuarse, se procediera al embargo de bienes propiedad de dicha parte, suficientes para garantizar el monto de la condena y su derivados (foja 83). 6. Posteriormente, el veinticinco de abril de dos mil diecisiete, en esta ciudad de Zacatecas, el Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, acompañado del apoderado de la parte actora en el juicio laboral de que se trata, y Rocío Jazmín Flores Collazo, actora en el mismo, se constituyó en el domicilio de la parte demandada, donde la requirió por la cantidad antes mencionada, por conducto de Víctor de la Torre Escobedo, quien dijo ser hijo de la persona buscada, y que no señalaba bien alguno para garantizar el pago de lo reclamado por no ser la persona indicada, por lo cual, el apoderado de la parte actora designó para tal efecto el vehículo, así como el cincuenta por ciento del inmueble, que en el acta respectiva se describieron, habiéndose trabado real jurídico y formal embargo respecto del mueble mencionado del cual se dejó como depositario a quien atendió la diligencia (fojas 85 a 86). 7. Además, el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, la ahora quejosa Irma Teresa Escobedo Sánchez, compareció ante la Junta Local de conciliación y Arbitraje a realizar designación de apoderados y señalar domicilio para oír notificaciones, lo que se le acordó de conformidad el diecinueve del propio mes y año (fojas 88 y 89). El acuerdo y diligencia mencionados en los números 4 y 5 anteriores, constituyen los actos reclamados en la presente instancia constitucional. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo, del artículo 62 de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, el suscrito juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el 61, fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que en contra del acto reclamado no se agotó el principio de definitividad, al no interponerse el recurso procedente. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; El enunciado normativo transcrito contiene el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo. Éste establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues, de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones recurribles. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece cuatro supuestos: 1. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas; 2. cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 3. cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio; 4. cuando se trate de auto de vinculación a proceso; y, 5. cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora, en principio cabe destacar, que la parte quejosa carece del carácter de tercero extraña al juicio laboral, ya que como se observa de constancias de autos, es parte demandada en el expediente 767-768/II/2015, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y si bien no compareció desde el inicio del procedimiento, sí presentó escrito con posterioridad al dictado del laudo y del acuerdo y diligencia reclamados, por el que designó apoderados y señaló domicilio para oír notificaciones, además, no obstante que se le requirió para que aclarara si era su deseo señalar como acto reclamado la falta de notificación o emplazamiento al juicio de que se trata, no hizo manifestación alguna, como quedó precisado en los resultandos segundo y tercero. En tales condiciones, es indudable que la accionante del amparo no tiene el carácter de tercera extraña, puesto que fue emplazada al juicio laboral según se aprecia de la cédula de notificación respectiva, en la que se asentó que se dejó la documentación relativa en poder de César Benjamín de la Torre Escobedo, lo que significa que fue oída y vencida en su oportunidad. Por otra parte, de los antecedentes precisados en párrafos precedentes se desprende que los actos reclamados fueron emitidos en la etapa de ejecución de laudo, pues como quedó asentado, se hacen consistir en el auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, dictado por el Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, por el cual, en atención a la petición de la parte actora, comisionó al Actuario adscrito a dicho tribunal laboral, para que acompañado del actor, se constituyera en el domicilio de la demandada, y la requiriera por el pago inmediato de $152,451.50 (ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 50/100 M.N.); y en caso no efectuarse, se procediera al embargo de bienes propiedad de dicha parte, suficientes para garantizar el monto de la condena y su derivados; toda vez que la propia demandada no dio cumplimiento al laudo dictado en el juicio del que emanan los actos reclamados. Asimismo, en la diligencia de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, el Actuario de mérito, acompañado del apoderado de la parte actora en el juicio laboral de que se trata, se constituyó en el domicilio de la parte demandada a efecto de dar cumplimiento al referido auto. Ahora bien, el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión". De dicho artículo se desprende, que contra los actos de los presidentes y actuarios de las Juntas, realizados en ejecución de los laudos respectivos, procede el recurso de revisión. Lo anterior, permite concluir que de acuerdo con el numeral transcrito, contra el acuerdo y diligencia de mérito, que fueron realizados en ejecución del laudo, tanto por el Presidente de la Junta como por el actuario, procede el recurso de revisión. En consecuencia, la quejosa, al ser parte demandada en el procedimiento laboral del que emanan los mencionados actos, debió agotar el recurso de revisión citado, previamente a la presentación del juicio de amparo, de conformidad con el principio de definitividad que rige la materia, pues además estuvo en posibilidad de hacerlo, ya que con posterioridad a su emisión, con escrito presentado el cuatro de mayo del año en curso, compareció a designar apoderados y señalar domicilio para oír notificaciones. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada I.13o.T.71 L (10a.), visible en la página 3217, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Colegiados de Circuito, con registro 2005397, que dice: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO, SÓLO DEBE AGOTARSE CUANDO HAYA DADO INICIO LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO CON UN ACTO TENDIENTE A SU CUMPLIMIENTO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos y convenios. Ahora bien, la fase ejecutiva en un procedimiento laboral, invariablemente nace a la vida jurídica con el primer acto que tienda a lograr el cumplimiento de una condena. En tal virtud, resulta innecesario agotar el medio de impugnación ordinario mientras no se haya dado inicio a esa etapa de ejecución". Sin que en el caso se esté ante alguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo siguiente: La quejosa, al ser parte demandada en el juicio laboral, no es tercero extraña a éste. El acuerdo y diligencia reclamados no importan riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Los mencionados actos reclamados no consisten en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). Tampoco consisten en auto de vinculación a proceso. La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla. De manera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues previo a promover el juicio de amparo en contra de las referidas actuaciones, la quejosa debió interponer el recurso de revisión que prevé el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de modificarlas, revocarlas o nulificarlas. Por tanto, procede sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa, respecto de los aludidos actos reclamados, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo 487/2017 promovido por Irma Teresa Escobedo Sánchez, contra los actos reclamados de las autoridades responsables, consistentes en el auto que ordenó realizar requerimiento de pago y embargo, y la diligencia respectiva, por las razones asentadas en el último considerando de este fallo. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante María Concepción García Jacobo, secretaria de juzgado, quien autoriza, hoy veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete la secretaria de juzgado María Concepción García Jacobo hace constar: La presente foja corresponde a la parte final de la sentencia autorizada en esta fecha en el juicio 661/2017. Conste.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. "V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 487/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Irma Teresa Escobedo Sánchez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridades responsables: Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas. Actuario adscrito a la mencionada Junta de Conciliación. Actos reclamados: "IV. Acto reclamado. Diligencia de Requerimiento de Pago y/o embargo de fecha 25 de abril del 2017, practicada dentro del juicio laboral de número de expediente 767-768/II/2015, realizada por el Lic. Santos Hernández G. actuario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, como autoridad en la que: a).- Se me hace entrega del auto de Requerimiento y/o Embargo para el Pago de Cantidad Líquida en cumplimiento a Laudo de fecha 29 de noviembre del 2016, emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, dicto auto como autoridad ordenadora, dentro del cual, se despacha auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, para que se requiera a la C. IRMA "N" por el pago de $152,451.50 (ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 50/100 M.N.)." Actos que, a su parecer, son violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete (fojas 23 a 25), se ordenó registrar la demanda con el número 487/2017, y se previno a la promovente para que aclarara si era su deseo señalar como acto reclamado la falta de notificación o emplazamiento al juicio laboral número 767-768/II/2015 y, en caso de ser así, señalara a qué autoridad le atribuía dicho acto, apercibiéndola de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se proveería lo conducente únicamente por lo que se refería a los diversos actos reclamados y autoridades responsables precisados en la demanda. TERCERO. Por auto de cinco de julio del año en curso (foja 26 a 28), al advertir que la quejosa no dio cumplimiento a la prevención que se le había realizado, se le hizo efectivo el apercibimiento y se admitió la demanda únicamente sobre los actos y autoridades que no fueron motivo de prevención; se ordenó solicitar el informe con justificación a las autoridades responsables, emplazar a las terceros interesadas, dar intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV de la Ley de Amparo en vigor y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridades que residen en el territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a realizar tal precisión, es pertinente destacar que, no obstante que la quejosa señaló como autoridad responsable ordenadora a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, cuando el acuerdo reclamado fue dictado por el Presidente de la misma en uso de las atribuciones que le son propias, por tratarse de un acto ordenado en la ejecución del laudo respectivo; esa circunstancia no da motivo para sobreseer en el juicio con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que el imperativo constitucional de dar noticia de la iniciación del juicio de garantías se cumple si se atiende a que el informe relativo fue rendido por el Presidente de que se trata como integrante de la Junta, por lo cual, al hacerlo se está haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado, por tanto, se tiene como autoridad responsable ordenadora al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Resulta aplicable al respecto, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 57/95, consultable en la página 226, Tomo II, Octubre de 1995, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 200702, resultado de la contradicción de tesis 13/95, entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro y texto: "JUNTA LABORAL Y PRESIDENTE DE LA MISMA. ERROR DEL QUEJOSO AL SEÑALAR COMO RESPONSABLE A AQUELLA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE ESTE. Si bien es cierto que es esencial el correcto señalamiento de la autoridad responsable en la demanda de amparo y que ello es una carga del agraviado, ya que respecto de dichos actos es que versará el juicio y serán motivo de análisis por parte del juzgador; y si bien es cierto, asimismo, que las Juntas laborales y sus presidentes son autoridades distintas, debe considerarse que si en la demanda de amparo el quejoso señala con desacierto como acto reclamado una resolución que atribuye a una Junta como órgano colegiado, cuando ésta fue dictada por el presidente en uso de las atribuciones que le son propias, como la de ordenar la ejecución de un laudo, en estos casos, el error en el señalamiento de la autoridad responsable no da motivo para sobreseer en el juicio con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que el imperativo constitucional de dar noticia de la iniciación del juicio de garantías se cumple al solicitarse y rendirse el informe justificado, ya que éste invariablemente deberá ser emitido por el presidente de dicho órgano colegiado, por ser una atribución que le confiere la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 617, fracción VII, 618, fracción VI, y, 623, por tanto, ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante de la Junta, al hacerlo se está haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado. Sentado lo anterior, se procede a precisar los actos reclamados. Así pues, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos, consisten en: Del Presidente la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad: El auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente laboral 767-768/II/2015, por el que se comisionó al actuario de la mencionada junta para que acompañado del actor, se constituyera en el domicilio de la demandada, ahora quejosa, y requiriera del pago de la cantidad ahí precisada, a la persona con quien entendiera la diligencia, y si no se efectuaba, procediera al embargo de bienes propiedad de dicha demandada, suficientes para garantizar el monto de la condena y sus derivados, que se pondrían en depósito de la persona que bajo su responsabilidad designara el ejecutante. Del Actuario adscrito a la mencionada Junta: Diligencia de requerimiento de pago y embargo de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, practicada dentro del juicio laboral 767-768/II/2015. Cobra aplicación, la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados toda vez que así expresamente lo manifestaron las autoridades responsables en su respectivo informe justificado (fojas 34 y 35). Lo que se corrobora con las constancias que el Presidente y demás integrantes de la mencionada Junta remitieron con su informe justificado, consistentes en legajo de copias certificadas del expediente laboral 767-768/II/2015; documentales que cuentan con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En tal virtud se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado, al tenor de la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes del acto reclamado: 1. Mediante escritos presentados el cuatro de agosto de dos mil quince, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, comparecieron Rocío Jazmín Flores Collazo y Mónica Gardenia Terrones Flores, respectivamente, promoviendo juicio laboral contra Irma "N", por el pago de diversas prestaciones que al efecto señalaron los cuales fueron admitidos y registrados con el número 767-768/II/2015 (fojas 41 a 51 de autos). 2. El siete de abril de dos mil dieciséis, fue emplazada la demandada al juicio laboral de mérito, según se aprecia de la cédula de notificación respectiva, en la que se asentó que se dejó la documentación relativa en poder de César Benjamín de la Torre Escobedo (foja 59) 3. Continuado el juicio laboral por su trámite legal, el trece de octubre de dos mil dieciséis, se dictó el laudo respectivo (fojas 73 a 80), en el que en sus puntos resolutivos se determinó: "PRIMERO. Las actoras CC. ROCÍO JAZMÍN FLORES COLLAZO Y MÓNICA GARDENIA TERRONES FLOES acreditaron sus pretensiones y la demandada IRMA "N", no opuso excepciones ni defensas, en consecuencia. SEGUNDO. Se condena a la demandada IRMA "N"; a pagar a cada una de las actoras las siguientes cantidades PRESTACIONES: [.] TERCERO: El salario que sirvió de base [.] CUARTO: Se concede a la parte demandada un término de QUINCE DÍAS para que voluntariamente de cumplimiento a la presente resolución. QUINTO: NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CUMLÁSE: [.]" 4. Por escrito de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis (foja 82), el apoderado legal de la parte actora solicitó a la autoridad responsable se dictara auto de requerimiento y embargo, toda vez que la demandada no dio cumplimiento al laudo antes mencionado 5. El veintinueve de noviembre citado, el Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje dictó auto en el que en relación con la anterior petición, comisionó al Actuario adscrito a dicho tribunal laboral, para que acompañado del actor, se constituyera en el domicilio de la demandada, y la requiriera por el pago inmediato de $152,451.50 (ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 50/100 M.N.); y en caso no efectuarse, se procediera al embargo de bienes propiedad de dicha parte, suficientes para garantizar el monto de la condena y su derivados (foja 83). 6. Posteriormente, el veinticinco de abril de dos mil diecisiete, en esta ciudad de Zacatecas, el Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, acompañado del apoderado de la parte actora en el juicio laboral de que se trata, y Rocío Jazmín Flores Collazo, actora en el mismo, se constituyó en el domicilio de la parte demandada, donde la requirió por la cantidad antes mencionada, por conducto de Víctor de la Torre Escobedo, quien dijo ser hijo de la persona buscada, y que no señalaba bien alguno para garantizar el pago de lo reclamado por no ser la persona indicada, por lo cual, el apoderado de la parte actora designó para tal efecto el vehículo, así como el cincuenta por ciento del inmueble, que en el acta respectiva se describieron, habiéndose trabado real jurídico y formal embargo respecto del mueble mencionado del cual se dejó como depositario a quien atendió la diligencia (fojas 85 a 86). 7. Además, el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, la ahora quejosa Irma Teresa Escobedo Sánchez, compareció ante la Junta Local de conciliación y Arbitraje a realizar designación de apoderados y señalar domicilio para oír notificaciones, lo que se le acordó de conformidad el diecinueve del propio mes y año (fojas 88 y 89). El acuerdo y diligencia mencionados en los números 4 y 5 anteriores, constituyen los actos reclamados en la presente instancia constitucional. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo, del artículo 62 de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, el suscrito juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el 61, fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que en contra del acto reclamado no se agotó el principio de definitividad, al no interponerse el recurso procedente. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; El enunciado normativo transcrito contiene el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo. Éste establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues, de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones recurribles. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece cuatro supuestos: 1. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas; 2. cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 3. cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio; 4. cuando se trate de auto de vinculación a proceso; y, 5. cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora, en principio cabe destacar, que la parte quejosa carece del carácter de tercero extraña al juicio laboral, ya que como se observa de constancias de autos, es parte demandada en el expediente 767-768/II/2015, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y si bien no compareció desde el inicio del procedimiento, sí presentó escrito con posterioridad al dictado del laudo y del acuerdo y diligencia reclamados, por el que designó apoderados y señaló domicilio para oír notificaciones, además, no obstante que se le requirió para que aclarara si era su deseo señalar como acto reclamado la falta de notificación o emplazamiento al juicio de que se trata, no hizo manifestación alguna, como quedó precisado en los resultandos segundo y tercero. En tales condiciones, es indudable que la accionante del amparo no tiene el carácter de tercera extraña, puesto que fue emplazada al juicio laboral según se aprecia de la cédula de notificación respectiva, en la que se asentó que se dejó la documentación relativa en poder de César Benjamín de la Torre Escobedo, lo que significa que fue oída y vencida en su oportunidad. Por otra parte, de los antecedentes precisados en párrafos precedentes se desprende que los actos reclamados fueron emitidos en la etapa de ejecución de laudo, pues como quedó asentado, se hacen consistir en el auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, dictado por el Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, por el cual, en atención a la petición de la parte actora, comisionó al Actuario adscrito a dicho tribunal laboral, para que acompañado del actor, se constituyera en el domicilio de la demandada, y la requiriera por el pago inmediato de $152,451.50 (ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 50/100 M.N.); y en caso no efectuarse, se procediera al embargo de bienes propiedad de dicha parte, suficientes para garantizar el monto de la condena y su derivados; toda vez que la propia demandada no dio cumplimiento al laudo dictado en el juicio del que emanan los actos reclamados. Asimismo, en la diligencia de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, el Actuario de mérito, acompañado del apoderado de la parte actora en el juicio laboral de que se trata, se constituyó en el domicilio de la parte demandada a efecto de dar cumplimiento al referido auto. Ahora bien, el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión". De dicho artículo se desprende, que contra los actos de los presidentes y actuarios de las Juntas, realizados en ejecución de los laudos respectivos, procede el recurso de revisión. Lo anterior, permite concluir que de acuerdo con el numeral transcrito, contra el acuerdo y diligencia de mérito, que fueron realizados en ejecución del laudo, tanto por el Presidente de la Junta como por el actuario, procede el recurso de revisión. En consecuencia, la quejosa, al ser parte demandada en el procedimiento laboral del que emanan los mencionados actos, debió agotar el recurso de revisión citado, previamente a la presentación del juicio de amparo, de conformidad con el principio de definitividad que rige la materia, pues además estuvo en posibilidad de hacerlo, ya que con posterioridad a su emisión, con escrito presentado el cuatro de mayo del año en curso, compareció a designar apoderados y señalar domicilio para oír notificaciones. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada I.13o.T.71 L (10a.), visible en la página 3217, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Colegiados de Circuito, con registro 2005397, que dice: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO, SÓLO DEBE AGOTARSE CUANDO HAYA DADO INICIO LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO CON UN ACTO TENDIENTE A SU CUMPLIMIENTO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos y convenios. Ahora bien, la fase ejecutiva en un procedimiento laboral, invariablemente nace a la vida jurídica con el primer acto que tienda a lograr el cumplimiento de una condena. En tal virtud, resulta innecesario agotar el medio de impugnación ordinario mientras no se haya dado inicio a esa etapa de ejecución". Sin que en el caso se esté ante alguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo siguiente: La quejosa, al ser parte demandada en el juicio laboral, no es tercero extraña a éste. El acuerdo y diligencia reclamados no importan riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Los mencionados actos reclamados no consisten en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). Tampoco consisten en auto de vinculación a proceso. La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla. De manera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues previo a promover el juicio de amparo en contra de las referidas actuaciones, la quejosa debió interponer el recurso de revisión que prevé el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de modificarlas, revocarlas o nulificarlas. Por tanto, procede sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa, respecto de los aludidos actos reclamados, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo 487/2017 promovido por Irma Teresa Escobedo Sánchez, contra los actos reclamados de las autoridades responsables, consistentes en el auto que ordenó realizar requerimiento de pago y embargo, y la diligencia respectiva, por las razones asentadas en el último considerando de este fallo. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante María Concepción García Jacobo, secretaria de juzgado, quien autoriza, hoy veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete la secretaria de juzgado María Concepción García Jacobo hace constar: La presente foja corresponde a la parte final de la sentencia autorizada en esta fecha en el juicio 661/2017. Conste.

  4. Principal

    El dos de octubre de dos mil diecisiete, la Secretaria del Juzgado licenciada María Concepción García Jacobo doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dos de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/762/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó que la Comisión de Adscripción en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo, como Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, a partir del uno de octubre del año en curso; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia, 2ª./J.104/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, resultado de la contradicción de tesis 119/2010 entre los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo del Décimo Primer Circuito, actualmente Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del mismo circuito, y Segundo del Quinto Circuito, ahora Primero en Materias Civil y de Trabajo del mismo circuito, consultable en la página 312 del Tomo XXXII, Julio de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Lo proveyó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza.- DOY FE. Megm

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