Irma Rodríguez Sarmiento
Expediente 1162/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1162/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 02/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Irma Rodríguez Sarmiento
- Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta Y Tres de la Junta Federal de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de Zacatecas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
En dos de enero de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, CERTIFICA: Que la sentencia de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, fue notificada por lista a la parte quejosa el quince siguiente, por lo que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del diecinueve al treinta de dicho mes y año, sin que haya sido recurrida la mencionada resolución. Asimismo se certifica lo siguiente: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión, por lo que no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, dos de enero de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha el Secretario, da cuenta a la Secretaria encargada del despacho, con el estado de autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dos de enero de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta se provee: toda vez que de la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia de catorce de diciembre de dos mil dieciséis; con apoyo en lo previsto por el citado numeral y el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. En tales condiciones, al no requerir ejecución material el fallo de que se trata, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, mismo que entro en vigor el veintiséis de noviembre del dos mil nueve; se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud a que se decretó el sobreseimiento. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por lista a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable y a la diversa con carácter de tercero interesado. Así lo proveyó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/7984/2016, signado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Zacatecas, Zacatecas, a las ONCE HORAS CON TRES MINUTOS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1162/2016-2, presentes en audiencia pública la licenciada ISAURA ROMERO MENA, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistida del Secretario de Juzgado licenciado Jorge Martín Zamora González, con quien actúa y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Acto seguido, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, la Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Guadalupe, Zacatecas (fojas 16-17), en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; asimismo, se da cuenta con la constancia del emplazamiento del tercero interesado Delegado en Zacatecas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Guadalupe, Zacatecas, que obra a foja 15 de autos. Acto seguido, en el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 119, del ordenamiento legal invocado, se tienen por ofrecidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales acompañadas por la autoridad responsable tanto a su informe justificado como a su oficio con registro 19857 (f. 18-27 y 42), las primeras relativas al laudo definitivo de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis y las segundas a la notificación del mismo, siendo los únicos medios de convicción aportados por las partes. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el que se da cuenta con el escrito de alegatos presentado por el autorizado de la parte quejosa, y sin pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por lo que, se cierra el período relativo. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se pasa a dictar la siguiente sentencia. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1162/2016-2; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Irma Rodríguez Sarmiento, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto del Presidente de la Junta Especial número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Guadalupe, Zacatecas, que consideró violatorio del derecho fundamental previsto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que su Titular mediante proveído de cuatro de noviembre del presente año, ordenó su admisión bajo el registro de expediente 1162/2016-2; se pidió informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó el emplazamiento por oficio al tercero interesado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos omisivos atribuidos a una autoridad que tiene su residencia en la demarcación territorial asignada a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados, para lo cual se examinan la demanda de amparo, los conceptos de violación y demás constancias de autos, a fin de resolver la cuestión planteada; de lo que se deduce que la quejosa reclamó de: Presidente de la Junta Especial número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Guadalupe, Zacatecas: La omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral número 684/2010. Sobre este punto se invoca el criterio jurisprudencial número mil trescientos cuarenta y siete, sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil quinientos once del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, del Apéndice 1917 a septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con registro electrónico 1003226, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En el mismo sentido, rige lo considerado el criterio aislado P.VI/2004 emitido por el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco del Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, con registro electrónico 181810, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Presidente de la Junta Especial número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Guadalupe, Zacatecas, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado (fojas 16-17). CUARTO. Causales de improcedencia. Respecto del acto consistente en la omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral número 684/2010, este juzgado advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El juicio de amparo tiene por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental vulnerado; así, cuando el acto reclamado es de carácter positivo, su finalidad será restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y, cuando es de naturaleza negativa, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y cumplir lo que éste exige. Esta causal se actualiza cuando la responsable deroga o revoca el acto combatido y con ello las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación reclamada; o bien, se constituya una situación jurídica que destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental vulnerado. Así, la cesación de efectos significa que la autoridad dejó de trastocar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica la desaparición total de los efectos del acto reclamado, puesto que la razón que justifica la improcedencia del juicio no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de éste, en razón de que la nueva situación jurídica creada por la responsable tiene el mismo efecto que si se hubiera concedido el amparo y protección de la justicia federal, puesto que el acto reclamado no dejó huella alguna en la esfera jurídica del peticionario. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora bien, la quejosa reclama de la autoridad responsable, la omisión de dictar laudo en el expediente laboral 684/2010, por lo que su pretensión en este juicio constitucional es obtener un fallo protector mediante el cual se vincule a ese órgano jurisdiccional a respetar el contenido del normativo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho fundamental de todo gobernado a que se le administre justicia dentro de los plazos y los términos previstos legalmente y, en consecuencia, a que pronuncie la resolución que corresponda en el juicio laboral de origen. Ahora, el Tribunal responsable exhibió en este juicio constitucional copia certificada del laudo de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis dictado en el juicio laboral 684/2010 de su control, así como la notificación respectiva a la actora aquí quejosa y que se tienen a la vista para resolver; documental que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los cardinales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su normativo 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, página ciento cincuenta y tres, previamente citada cuyo rubro es: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.". Lo anterior evidencia que la autoridad judicial responsable ha dictado la resolución correspondiente en el juicio laboral 684/2010 de su índice y procedió a notificarlo a la parte actora Irma Rodríguez Sarmiento, a través de una notificación fijada en la puerta del domicilio ubicado en calle Tepozán número 107, colonia Centro, de esta ciudad, por lo que ante esa situación es inconcuso que se patentiza el supuesto de inejercicio de la acción de amparo invocada, ya que con la emisión de ese fallo han cesado los efectos del acto omisivo reclamado. Efectivamente, el hecho de que la responsable haya remitido copia certificada del laudo pronunciado en el controvertido laboral de origen evidencia que los efectos del acto omisivo que le fue reprochado han desaparecido, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación al artículo 17 Constitucional. Es así, porque la conducta omisiva ejercida por la autoridad laboral que motivó la promoción del juicio de amparo cesó al haber dictado el laudo respectivo en el que se pronunció sobre las pretensiones de las partes; por tanto, la violación al derecho fundamental previsto por el arábigo 17 de la Carta Magna, que correlativamente impone a los órganos y a las autoridades encargadas de administrar justicia la obligación de resolver las controversias planteados ante ellas dentro de los plazos y los términos previstos legalmente, que en determinado momento pudo haberse cometido en perjuicio de la quejosa fue reparada por la propia Junta Especial número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Guadalupe, Zacatecas, con la emisión de ese fallo. Desde esa perspectiva, si en este juicio de amparo está demostrado que el órgano jurisdiccional responsable pronunció el laudo correspondiente es incuestionable que las consecuencias jurídicas de la conducta omisiva atribuida a la citada autoridad han cesado, ya que con tal resolución se destruyeron sus efectos de manera inmediata, absoluta e incondicional, es decir, se eliminó de manera total, completa, definitiva y permanente el resultado que producía esa omisión, lo que propició que se restablecieran las cosas al estado en que se encontraban antes de la promoción del juicio de amparo y, en esa medida, se repuso a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Por tanto, si la resolución dictada en el juicio natural indicado provocó que el acto omisivo combatido en este juicio de amparo ya no produjera consecuencias jurídicas en sentido negativo, ni causa afectación alguna a la esfera de derechos del inconforme ante la cesación de sus efectos es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia establecida por el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que conduce a sobreseer en el presente juicio constitucional respecto del acto impugnado consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 684/2010 atribuido al Presidente de la Junta Especial número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Guadalupe, Zacatecas, en términos de lo dispuesto por el cardinal 63, fracción V, de la propia legislación. Cabe agregar que el no sobreseer implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes de la génesis del acto reclamado, ya que resultaría contrario a la naturaleza del juicio que éste se siguiera sin alguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto combatido. Las consideraciones anteriores tienen respaldo en la jurisprudencia 2a./J. 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, Materia Común, página doscientos diez, que indica: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También se invoca en respaldo de la decisión adoptada la tesis P. CL/97, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, Materia Común, página setenta y uno, que reza: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia 509, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, página trescientos treinta y cinco, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado en los artículos 94, 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 61, 63, 65, 74, 75, 76, 107, 119, 124, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Irma Rodríguez Sarmiento contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando cuarto de esta sentencia, por las razones ahí expuestas. Notifíquese por lista y por oficio a la autoridad responsable y tercero interesado. Así lo resolvió y firma la licenciada ISAURA ROMERO MENA, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza.- DOY FE. L'JMZG.
- Principal
En veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Juez con un oficio registrado con el folio 19857.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el oficio de la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, por medio del cual, en lo que aquí interesa y en cumplimiento al requerimiento de veintidós del presente mes y año, allega copia certificada de la constancia de notificación del laudo de once de noviembre de dos mil dieciséis respecto de la aquí quejosa Irma Rodríguez Sarmiento. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. /manuelcc
- Principal
En veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las nueve horas con veinte minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; asimismo se hace constar que el auto de veintidós de noviembre del año en curso fue notificado a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas el veintitrés siguiente (foja 31). Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. Lic. Jorge Martín Zamora González. En la misma fecha, el Secretario da cuenta a la Juez la certificación que antecede, con el estado de autos y con el escrito registrado con el folio 19763. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos se advierte que en proveído de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, con motivo del informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, se requirió a éste para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos dicha notificación, informara si notificó a la quejosa Irma Rodríguez Sarmiento el laudo de once de noviembre de dos mil dieciséis; y, en caso de ser afirmativo, allegara la constancia de notificación de esa resolución; acuerdo que le fue notificado a esa autoridad el veintitrés de noviembre actual, por lo que dicho término, a la fecha en que se actúa sigue transcurriendo; consecuentemente, a fin de dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para su verificativo. Finalmente, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por Raúl García Sánchez, autorizado de la quejosa Irma Rodríguez Sarmiento, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación nuevamente en la audiencia constitucional. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. /manuelcc
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