Irma Rivera Sanabria

Expediente 526/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
526/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
07/11/2019

Partes del expediente

  • Irma Rivera Sanabria

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Visto que no fue impugnado en legal término el auto que desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Finalmente, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Notifíquese. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe la Secretaria Nubia Miranda Ramírez.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintidós de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: 1. REGISTRO. Por recibido el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, al que adjunta el cuaderno de amparo directo civil 803/2019, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Irma Rivera Sanabria, contra actos del Juez Tercero Civil de esta ciudad...

  3. Principal

    Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: 1. REGISTRO. Por recibido el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, al que adjunta el cuaderno de amparo directo civil 803/2019, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Irma Rivera Sanabria, contra actos del Juez Tercero Civil de esta ciudad. 1.1 Ahora, de la ejecutoria de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, emitida por la superioridad, se advierte que estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida en la vía directa, en razón de que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva, ni una resolución que sin resolver el fondo del asunto ponga fin al juicio. 1.2 Con apoyo en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo. 1.3 Regístrese la demanda de amparo bajo el número 526/2019. 2. Con la documental que remitió el Juez Tercero Civil de esta ciudad, se ordena formar los cuatro tomos de pruebas por separado. 3. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. De la demanda de amparo, se obtiene que deviene improcedente, lo que impone desecharla de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII párrafo primero, en relación con los diversos artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, porque la demanda se presentó en forma extemporánea. En efecto, de los preceptos transcritos, se desprende que el juicio de amparo debe instarse en el plazo de quince días, a partir del día siguiente al en que: -Hubiere surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame. -El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado. -El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La primera hipótesis apunta a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al quejoso el acto reclamado. La segunda regla para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación del acto reclamado-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de aquél, el cual debe producir la convicción de que el quejoso se enteró del mismo en forma directa, plena y completa. Por su parte, el último supuesto establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que el quejoso "se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución", lo cual implica una expresión exclusiva de este, quien manifiesta que conoce la actuación combatida, conducta que puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. Como característica adicional, debe decirse que las notificaciones practicadas se consideran legales, y por tanto, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras el quejoso no alegue su nulidad o ilegalidad. En ese contexto, se concluye que en el caso se actualiza el primero de los supuestos indicados, el cual, como se indicó, para computar el plazo de quince días para la promoción del juicio, se contará desde el día siguiente al en que "surta efectos la notificación del auto reclamado". En efecto, la quejosa sostiene en su demanda que al consultar el juicio ordinario civil 59/2017, el diez de septiembre de dos mil diecinueve, fue cuando tuvo conocimiento del auto del dos de julio de este año, dictado por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, donde señaló fecha y hora para la entrega real y material del bien inmueble materia del litigio, por medio de la fuerza pública. Sin embargo, de las copias certificadas del juicio de origen remitidas por el Juez responsable, se advierte lo siguiente: -Que el juicio ordinario civil 59/2017, fue promovido por Elizabeth Rivera Zanabria, contra Irma Rivera Sanabria (aquí quejosa), quien compareció durante el juicio a promover sus defensas. -Que el auto de dos de julio de dos mil diecinueve fue listado en su fecha, lo que se corrobora con la certificación secretarial emitida el veinticuatro de septiembre del presente año, por el Secretario de Acuerdos del Juzgado responsable, de la que se desprende que a las partes del juicio de origen les fue notificado dicho proveído por medio de la lista publicada el tres de julio siguiente, y el cuatro del propio mes, empezó a transcurrir el término que la ley señala para promover amparo contra el contenido de tal determinación. Con lo que, se pone de manifiesto que la peticionaria tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado a partir del cuatro de julio de este año, pues como se indica en el párrafo anterior, le fue notificado por medio de lista el pasado tres de julio, al ser la parte demandada del juicio ordinario civil 59/2017. Por lo que, si la quejosa presentó su demanda ante la autoridad responsable, el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, resulta evidente que ésta se interpuso cuando ya había concluido el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para reclamar el acto que tilda de inconstitucional, pues dicho auto que se reclama le fue notificado por medio de lista de tres de julio del año en curso. Por tanto, es extemporánea su demanda, pues como se indicó, fue recibida fuera del plazo mencionado en el párrafo anterior. Máxime, que dicho acto reclamado no encuadra en ninguno de los supuestos de excepción previstos por el en el artículo 22 de la Constitución Federal; por lo que, la quejosa debió presentar su demanda dentro del plazo genérico de quince días. Lo anterior, sustentado con las jurisprudencias XXI.2o.P.A.J/32 y IV.2o.C.J/7, la primera del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, tomo XXXI, Enero de 2010, materia (s) Común. Novena Época página 1931 ; y, la segunda sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de Cuarto Circuito, Tomo XXII, Julio de 2005, página 1035, registro 177995, ambas del Semanario Judicial de la Federación. 4. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda y como autorizados en términos amplios del numeral 12 de la ley en cita, a Jaime Rodríguez Núñez y Pavel Ramírez Mendoza, en virtud de que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se localizó cédula a nombre de los citados profesionistas, que los facultan para ejercer la profesión de licenciados en derecho y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Miguel Ángel Rodríguez Núñez y Joaquín Cendejas Román, hasta en tanto, acrediten encontrarse facultados para ejercer dicha profesión. 5. PUBLICIDAD DE LA SENTENCIA Y DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten; y que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.

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