Irma Rivera Sanabria

Expediente 130/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
130/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
08/04/2019

Partes del expediente

  • Irma Rivera Sanabria

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, ocho de abril de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, agréguese el oficio que remite el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso con el que le fue remitido el original del juicio ordinario civil 59/2017 y cuaderno de amparo 37/2018. Cúmplase. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario Ernesto Adame Ruíz.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, dos de abril de dos mil diecinueve. Visto que no fue impugnado en legal término el auto que desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Asimismo, de autos se advierte que obran los autos originales del juicio ordinario civil 59/2017 y cuaderno de amparo 37/2018, que remitió el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, devuélvase a dicha autoridad y solicítese el acuse de recibo correspondiente. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Finalmente, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE. Notifíquese. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario Ernesto Adame Ruíz.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, trece de marzo de dos mil diecinueve. 1. SE ACEPTA COMPETENCIA. Por recibido el oficio del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito en el Estado, con residencia en Morelia, mediante el cual remite el juicio de amparo directo civil 178/2019, informe justificado del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, así como los autos originales del juicio ordinario civil 59/2017, cuaderno relacionado con el juicio de amparo 37/2018, y emplazamiento a juicio de la parte tercera interesada. Con la documental en cita, se ordena formar dos tomos de pruebas. Ahora, de la resolución de ocho de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con residencia en Morelia, se advierte que ese órgano colegiado determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Irma Rivera Sanabria, en razón de que el acto reclamado no constituye una resolución definitiva, o bien, que pongan fin al juicio, y ordenó remitirla al Juzgado de Distrito en el Estado en turno, con sede en Uruapan, Michoacán. En mérito de lo anterior, con apoyo en el artículo 47 último párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese el recibo correspondiente. Regístrese la demanda de amparo bajo el número 130/2019. 2.- IMPROCEDENCIA. Previo a proveer respecto de la admisión de la demanda, se examinará si existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora, la quejosa reclama en esta instancia, el auto de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, emitido por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio ordinario civil 59/2017, promovido por Elizabeth Rivera Sanabria frente a la aquí quejosa, por el que se fijaron las once horas del pasado diecinueve de febrero, a fin de poner en posesión de la actora el inmueble materia del juicio ubicado en calle Cuba número 15, colonia Los Ángeles, de esta ciudad, en cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada en dicho asunto. Así, con relación al acto reclamado, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107 fracción IV (aplicado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo. En efecto, de los citados artículos se advierte que el amparo indirecto es procedente contra actos de los Tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido; sin embargo, tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia, el amparo procederá únicamente contra la última resolución del procedimiento, siendo ésta la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Previamente, conviene destacar que la razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio constitucional sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Con ese motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los procedimientos de ejecución, a la última resolución, entendida como aquélla que la tiene cumplida en su totalidad o que declara la imposibilidad de dicho cumplimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa y además hubieren trascendido al sentido de la resolución. Por tanto, la pretensión del legislador fue evitar que con motivo de la promoción de juicios de amparo se retarde el procedimiento de ejecución, porque le antecede una sentencia ejecutoriada en cuyo cumplimiento está interesada la sociedad en general, a fin de evitar el abuso de la promoción de juicios de amparo en contra de los diversos actos emitidos dentro de esta etapa del procedimiento. Ahora, del acuerdo reclamado se advierte que no tiene el carácter de definitivo en el procedimiento de ejecución, en los términos apuntados, pues únicamente tiene como finalidad que se continúe con el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen, lo anterior, ya que dentro de la etapa de ejecución del juicio ordinario civil sobre acción reivindicatoria 59/2017, únicamente se ordenó la entrega del inmueble, sin embargo, el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Uruapan, Michoacán, no ha declarado cumplida la sentencia emitida en dicho juicio, en su caso, tampoco la imposibilidad material o jurídica para cumplir con la condena. Entonces, se concluye que el acuerdo reclamado al juez responsable constituye solamente una determinación intermedia dictada en dicha etapa del procedimiento. Sustenta lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Además, la determinación combatida en esta vía, no constituye un acto de imposible reparación, pues los aspectos relacionados con la propiedad y posesión del inmueble, fueron dilucidados en el juicio de origen en que la parte quejosa es parte, por lo que fue oída y vencida en éste, por lo que no hay derecho sustantivo afectado materialmente que genere la procedencia del presente al tenor de esa clase de actos. En ese tenor, de conformidad con lo expuesto, es patente la actualización de la causa de improcedencia precisada, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR la demanda de amparo. 3.- DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda; y como autorizados en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a Jaime Rodríguez Núñez, al contar con autorización para ejercer la profesión de licenciado en derecho, no así a las demás personas que se mencionan en la demanda, hasta en tanto acrediten estar facultados para tal efecto. 4.- PUBLICIDAD DE LA SENTENCIA Y DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten; y que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario Ernesto Adame Ruíz.

  4. Principal

    1. SE ACEPTA COMPETENCIA. Por recibido el oficio del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito en el Estado, con residencia en Morelia, mediante el cual remite el juicio de amparo directo civil 178/2019, informe justificado del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, así como los autos originales del juicio ordinario civil 59/2017, cuaderno relacionado con el juicio de amparo 37/2018, y emplazamiento a juicio de la parte tercera interesada. Con la documental en cita, se ordena formar dos tomos de pruebas. Ahora, de la resolución de ocho de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con residencia en Morelia, se advierte que ese órgano colegiado determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Irma Rivera Sanabria, en razón de que el acto reclamado no constituye una resolución definitiva, o bien, que pongan fin al juicio, y ordenó remitirla al Juzgado de Distrito en el Estado en turno, con sede en Uruapan, Michoacán. En mérito de lo anterior, con apoyo en el artículo 47 último párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese el recibo correspondiente. Regístrese la demanda de amparo bajo el número 130/2019. 2.- IMPROCEDENCIA. Previo a proveer respecto de la admisión de la demanda, se examinará si existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora, la quejosa reclama en esta instancia, el auto de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, emitido por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio ordinario civil 59/2017, promovido por Elizabeth Rivera Sanabria frente a la aquí quejosa, por el que se fijaron las once horas del pasado diecinueve de febrero, a fin de poner en posesión de la actora el inmueble materia del juicio ubicado en calle Cuba número 15, colonia Los Ángeles, de esta ciudad, en cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada en dicho asunto. Así, con relación al acto reclamado, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107 fracción IV (aplicado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo. En efecto, de los citados artículos se advierte que el amparo indirecto es procedente contra actos de los Tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido; sin embargo, tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia, el amparo procederá únicamente contra la última resolución del procedimiento, siendo ésta la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Previamente, conviene destacar que la razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio constitucional sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Con ese motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los procedimientos de ejecución, a la última resolución, entendida como aquélla que la tiene cumplida en su totalidad o que declara la imposibilidad de dicho cumplimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa y además hubieren trascendido al sentido de la resolución. Por tanto, la pretensión del legislador fue evitar que con motivo de la promoción de juicios de amparo se retarde el procedimiento de ejecución, porque le antecede una sentencia ejecutoriada en cuyo cumplimiento está interesada la sociedad en general, a fin de evitar el abuso de la promoción de juicios de amparo en contra de los diversos actos emitidos dentro de esta etapa del procedimiento. Ahora, del acuerdo reclamado se advierte que no tiene el carácter de definitivo en el procedimiento de ejecución, en los términos apuntados, pues únicamente tiene como finalidad que se continúe con el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen, lo anterior, ya que dentro de la etapa de ejecución del juicio ordinario civil sobre acción reivindicatoria 59/2017, únicamente se ordenó la entrega del inmueble, sin embargo, el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Uruapan, Michoacán, no ha declarado cumplida la sentencia emitida en dicho juicio, en su caso, tampoco la imposibilidad material o jurídica para cumplir con la condena. Entonces, se concluye que el acuerdo reclamado al juez responsable constituye solamente una determinación intermedia dictada en dicha etapa del procedimiento. Sustenta lo anterior, la siguiente jurisprudencia : "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Además, la determinación combatida en esta vía, no constituye un acto de imposible reparación, pues los aspectos relacionados con la propiedad y posesión del inmueble, fueron dilucidados en el juicio de origen en que la parte quejosa es parte, por lo que fue oída y vencida en éste, por lo que no hay derecho sustantivo afectado materialmente que genere la procedencia del presente al tenor de esa clase de actos. En ese tenor, de conformidad con lo expuesto, es patente la actualización de la causa de improcedencia precisada, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR la demanda de amparo. 3.- DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda; y como autorizados en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a Jaime Rodríguez Núñez, al contar con autorización para ejercer la profesión de licenciado en derecho, no así a las demás personas que se mencionan en la demanda, hasta en tanto acrediten estar facultados para tal efecto. 4.- PUBLICIDAD DE LA SENTENCIA Y DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten; y que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.

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