Irma Raquel Cordova Ferra
Expediente 405/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 405/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/06/2021
Partes del expediente
- Irma Raquel Cordova Ferra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa alegara el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue la omisión de dar contestación a la solicitud de pensión presentada el ocho de agosto de dos mil dieciocho. Por resolución dictada el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa Irma Raquel Córdova Ferra, contra los actos del Departamento de Pensiones y Jubilaciones perteneciente a la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales y la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, para los siguientes efectos: ".en el ámbito de sus respectivas atribuciones, deberán realizar todas la acciones necesarias para dar respuesta inmediata a la quejosa en cuanto a su solicitud de pensión, presentada desde el ocho de agosto de dos mil dieciocho." En consecuencia, inconforme con dicha determinación el Coordinador de Oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla interpuso recurso de revisión en contra de dicha sentencia, mismo que por razón de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y determinó confirmar la sentencia recurrida, por lo tanto, mediante auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Posteriormente, el Coordinador de Oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, mediante oficio UAJ/615/2021, recibido en la oficialía de este Juzgado el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, remitió el oficio resolutivo número DG/139-027/2020 de cuatro de noviembre de dos mil veinte, suscrito por el Director General de dicho Instituto, por el cual informó que fue aprobada la solicitud de pensión por jubilación, mismo que fue recibido por la parte quejosa el doce de noviembre de dos mil veinte. Por lo anterior, el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, el cual se notificó a la quejosa el uno de junio de dos mil veintiuno. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Del examen de las documentales exhibidas por el Coordinador de Oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que remitió el oficio resolutivo número DG/139-027/2020 de cuatro de noviembre de dos mil veinte, suscrito por el Director General de dicho Instituto, por el cual informó que fue aprobada la solicitud de pensión por jubilación, mismo que fue recibido por la parte quejosa el doce de noviembre de dos mil veinte; lo anterior, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que se entiende que se cumplió en su totalidad. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]; asimismo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por lo anterior, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa; y, una vez que transcurra el plazo de tres años que aduce el penúltimo párrafo del artículo 18, dentro de los siguientes noventa días posteriores, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; hecho lo anterior, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del multicitado Acuerdo. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo remitido vía electrónica por el Coordinador de Oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, a través del cual remite el oficio resolutivo número DG/139-027/2020 de cuatro de noviembre de dos mil veinte, suscrito por el Director General de dicho Instituto, pro el cual informa que fue aprobada su solicitud de pensión por jubilación, mismo que fue recibido por la parte quejosa el doce de noviembre de dos mil veinte. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias de cuenta por el término de tres días legalmente computado, para que se impongan de su contenido y, en su caso, manifiesten lo que a su interés convenga respecto del aludido cumplimiento dado a la ejecutoria por parte de la autoridad responsable; apercíbase a las partes que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo remitido vía electrónica por el Coordinador de Oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, a través del cual remite el oficio resolutivo número DG/139-027/2020 de cuatro de noviembre de dos mil veinte, suscrito por el Director General de dicho Instituto, pro el cual informa que fue aprobada su solicitud de pensión por jubilación, mismo que fue recibido por la parte quejosa el doce de noviembre de dos mil veinte. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias de cuenta por el término de tres días legalmente computado, para que se impongan de su contenido y, en su caso, manifiesten lo que a su interés convenga respecto del aludido cumplimiento dado a la ejecutoria por parte de la autoridad responsable; apercíbase a las partes que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio número de cuenta, signado por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual remite el cuaderno original del juicio de amparo 405/2020, así como el testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintiocho de abril de dos mil veintiuno dentro del amparo en revisión 303/2020, el cual fue resuelto en los siguientes términos: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Irma Raquel Córdova Ferra, en contra de las autoridades y por los actos señalados en los resultados primero y segundo de esta ejecutoria, en los términos indicados en la sentencia recurrida y en esta ejecutoria, con la corrección oficiosa." Por lo anterior, intégrese a los autos, únicamente, las constancias originales del expedientillo que se formó con motivo de la interposición del citado recurso de revisión, ello a fin de evitar duplicidad de constancias, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y acúsese el recibo correspondiente a la superioridad. Ahora, en virtud de que se confirmó la sentencia recurrida en la que se concedió el amparo, con la corrección oficiosa precisada por el Tribunal revisor; por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Departamento de Pensiones y Jubilaciones perteneciente a la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales y a la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, para que dentro del término de tres días posteriores a la notificación de este proveído, de cabal cumplimiento a la presente ejecutoria, para lo cual deberán ejecutar los actos que fueron precisados en la parte final del considerando sexto de la sentencia dictada el veinticinco de agosto de dos mil veinte, los cuales se indicaron como: "La autoridad responsable Departamento de Pensiones y Jubilaciones perteneciente a la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales y a la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, deberán realizar todas la acciones necesarias para dar respuesta inmediata a la quejosa en cuanto a su solicitud de pensión, presentada desde el ocho de agosto de dos mil dieciocho". Atendiendo a la corrección oficiosa precisada por el Tribunal revisor, señalada como: "De este modo, en corrección oficiosa se indica que, para respetar el derecho de petición violado, el referido instituto cuenta con un plazo de tres días para emitir el acuerdo relativo a la solicitud de pensión; es decir, para dar contestación a la petición de la quejosa". Por lo anterior, se apercibe a la autoridad requerida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo valor diario será de $89.62 [ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos, moneda nacional], atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno y se ordenará remitir el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195, de la Ley de Amparo, se informa que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no las exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se comunica a la autoridad citada con antelación que, en términos del artículo 193, primer párrafo, última parte, de la Ley de Amparo, las personas físicas que ostenten la titularidad de los cargos como autoridades responsables, seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; por lo que el presente requerimiento se entenderá dirigido a dichos substitutos, así como el apercibimiento decretado en el presente auto. NOTIFÍQUESE.
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