Irma Muñoz Cericola
Expediente 1693/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1693/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/10/2016
Partes del expediente
- Irma Muñoz Cericola
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se desprende que la quejosa Patricia Torres Sosa, no dio cumplimiento al proveído de tres de octubre de dos mil dieciséis, en el que se le requirió para que compareciera ante este órgano jurisdiccional a ratificar el escrito por el que desiste de la prueba testimonial que ofreció a cargo de la testigo María Eugenia Arriaga Flores, sin que así lo hubiera hecho, no obstante de estar debidamente notificada y de haber transcurrido el término que le fue concedido para ello (fojas 586 y 587); en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en el referido acuerdo y se continúa con el trámite respectivo, a fin de lograr el desahogo de la citada probanza, la que estará únicamente a cargo de la testigo María Eugenia Arriaga Flores. Atento a lo anterior, a efecto del desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la quejosa Patricia Torres Sosa, cítese a María Eugenia Arriaga Flores, y tomando en consideración que el domicilio de la citada persona, se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su ordinal 2º, gírese atento despacho al Juez de lo Civil de Tehuacán, Puebla en turno, para que por su conducto se sirva citar a la testigo María Eugenia Arriaga Flores, en el domicilio ubicado en: Calle Cinco de Mayo, sin número en Chilac, Puebla, a efecto de que comparezca ante este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla, debidamente identificada a las DIEZ HORAS DEL CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, a efecto de desahogar la indicada prueba testimonial, debiendo apercibirla que de no comparecer el día y hora señalados, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero y segundo transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, debiendo remitir a este Juzgado de Distrito a la brevedad posible las constancias certificadas, que acrediten dicha notificación. Se le hace saber a la autoridad que conozca de la presente comunicación, que de no realizar la diligencia ordenada o de no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero y segundo transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, debiendo remitir a este Juzgado de Distrito a la brevedad posible las constancias certificadas, que acrediten dichas notificaciones. Asimismo, no obstante el indicado despacho llegue el día señalado para la audiencia constitucional, se sirva diligenciarlo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a estos autos el escrito de cuenta, signado por Rubén Mario Minor Morales, representante de Aero Motor Mex, visto su contenido, como lo solicita, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, hágase la devolución del documento que exhibió dentro del presente juicio de amparo, directamente al solicitante, quien deberá comparecer ante este juzgado en forma personal y debidamente identificado, en el horario comprendido de nueve a doce horas, de lunes a jueves, por así permitirlo las labores del juzgado; debiendo dejar en consecuencia copia en autos del mismo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de octubre de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°, agréguense a los autos, únicamente para que obren como legalmente corresponda, las copias simples de los oficios signados por la Directora del Centro de Justicia para las mujeres de la ciudad de Puebla y de la Juez de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla. Lo anterior, ya que aunque las autoridades responsables indican que rinden su informe justificado y previo respectivamente, del estado procesal que guardan los autos se desprende que en acuerdo de cinco de octubre de dos mil dieciséis este juzgado: 1) se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Irma Muñoz Cericola por razón de la materia, y; 2) acordó lo relativo a la suspensión de plano. Es así, en razón de que los actos reclamados consisten en la incomunicación, así como la orden de localización, presentación, busca, aprehensión, detención, cateo y aseguramiento de bienes fuera de algún procedimiento emitida en contra de Irma Muñoz Cericola. Asimismo, en acuerdo de siete de octubre del año actual se tuvo a la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla informando que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada; consecuentemente, remítanse los comunicados de cuenta [promociones con número de registro 18968 y 18952] a dicho juzgado, para los efectos legales conducentes. De igual manera, glósese a los autos el oficio del Juez Tercero Especializado en Materia Civil del distrito judicial de Puebla, por medio del cual informa las gestiones que se encuentra realizando para rendir su informe justificado; y atento a los párrafos que anteceden, indíquese a dicho órgano jurisdiccional que deberá rendir su informe de ley ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ya que actualmente es el juzgado que conoce de la demanda de amparo promovida por Irma Muñoz Cericola, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1640/2015, promovido por Rodolfo Vélez Ortiz, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de Puebla y otras autoridades. Pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la notificación de este auto, enviándoles al efecto copia simple de la demanda, apercibidas que de no hacerlo, se presumirá cierto el acto reclamado, y se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización. Se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, para que se lleve a cabo la audiencia en este incidente. En primer término, cabe señalar que de la lectura integral al escrito aclaratorio de demanda se advierte que Rodolfo Vélez Ortiz señala como actos reclamados, los siguientes: "Al Procurador General de Justicia del Estado de Puebla, actualmente Fiscal General del Estado de Puebla, el acuerdo delegatorio A/009/2014, mediante el cual delega al o la Titular de la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, actualmente Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado, atribuciones para la sustanciación del Procedimiento Administrativo incoado en mi contra y que sirve de sustento competencial dentro de la resolución administrativa motivo del acto reclamado en este Juicio de Garantías. A la encargada de Despacho de la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, actualmente Directora General del órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado, la ilegal, falaz y dolosa resolución administrativa de fecha TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, pronunciada dentro del procedimiento administrativo 148/2015, que se instruyó en mi contra. Al Titular del Centro único de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla, dependiente del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema de Seguridad pública, los ilegales exámenes que me fueran practicados por dicha institución. Al titular del Instituto de Seguridad y, Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (ISSSTEP), la inminente suspensión del servicio médico, tanto del suscrito como de mis beneficiarios derechohabientes a dicho instituto. Al Director General Administrativo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, actualmente Oficial Mayor de la Fiscalía general del Estado de Puebla, la anotación en mi expediente laboral de que he causado baja como trabajador en mi carácter de Agente Ministerial en dicha dependencia, en cumplimiento al resolutivo respectivo de la ilegal, falaz y dolosa resolución administrativa de fecha TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, pronunciada dentro del procedimiento administrativo 148/2015, que se instruyó en mi contra y que es motivo del Juicio de Amparo Indirecto que promuevo. Al titular del centro de Información de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, actualmente titular del centro de Información de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la inminente anotación al RESEPU de que he causado baja como trabajador en mi carácter de agente ministerial, en cumplimiento al resolutivo respectivo de la ilegal, falaz y dolosa resolución administrativa de fecha TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, pronunciada dentro del procedimiento administrativo 148/2015, que se instruyó en mi contra y que es motivo del Juicio de Amparo Indirecto que promuevo." Atento a lo anterior, respecto a los efectos y consecuencias de los referidos actos reclamados, se provee: En relación a la destitución del cargo del promovente como Agente Ministerial número 379 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, el suscrito estima procedente negar la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sentido, que establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: (.) II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público." De la fracción transcrita, se desprende que no procede la suspensión del acto reclamado si con dicha medida se ocasiona perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Luego, el cese o remoción de un servidor público es un acto de interés social y público en contra del cual no procede otorgar la suspensión provisional, porque involucra el bienestar del orden social de la población en materia de seguridad pública, pues la sociedad está interesada en que los servidores públicos cumplan eficazmente y con lealtad las disposiciones de orden público para poder salvaguardar la seguridad y el bienestar de la comunidad, por ello, se requiere que existan, en tratándose de servidores públicos, la confianza no sólo de sus superiores, sino de la población. En estas condiciones, si el cese o remoción de un servidor público presupone la falta de confianza para que continúe en el desempeño de sus funciones, es improcedente otorgar la suspensión provisional. Del criterio previamente transcrito deriva lo siguiente: a) En caso de suspensión temporal del cargo de servidor público, es procedente conceder la suspensión provisional del acto reclamado en el juicio de amparo, porque al otorgarse no se afecta de manera directa el interés público, pues la separación provisional del cargo implica que la falta que se imputa al servidor público de que se trate no sea tan grave, como aquellas que ameritan el cese definitivo del funcionario en sus labores; habida cuenta que de no otorgarse la medida cautelar solicitada, se causarían perjuicios de imposible reparación al quejoso en su carácter de servidor público, con relación a su imagen (descrédito), los cuales no se repararían aunque obtuviese sentencia favorable en el juicio de garantías. b) En cambio, debe negarse la suspensión provisional del acto reclamado, cuando se trate del cese, remoción o baja definitiva del cargo como funcionario público, pues es tal caso, al considerarse como el resultado de una conducta ilícita grave del gobernado, es improcedente otorgar la indicada medida cautelar, ante la posibilidad de que, con la continuación del desempeño en el cargo, se sigan afectando disposiciones de orden general que previenen el correcto y legal desarrollo de la función pública, por lo que la sociedad está altamente interesada en que no prosiga con tal desempeño; y aunque los daños y perjuicios ocasionados a la peticionaria de amparo con la ejecución del acto reclamado, sean irrestituibles, está privilegiado el interés social en los términos expuestos. Por lo tanto, los efectos de esta suspensión provisional no podrían prever que el peticionario continuara desempeñando sus funciones como Agente Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, porque ocasiona perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Por otra parte, por lo que respecta al efecto del acto reclamado consistente en que se prive al quejoso de los servicios de salud que presta el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que no se le prive del servicio de salud que se le brindaba como prestación del cargo que desempeñaba como Agente Ministerial a él y a sus derechohabientes. En efecto, el otorgamiento de la suspensión provisional solicitada, resulta procedente porque en el caso se encuentran satisfechos los requisitos a que se refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues la medida cautelar fue solicitada por el propio quejoso, con el otorgamiento de la suspensión no se contravienen disposiciones de orden público ni el interés social, y de negarse al peticionario de garantías la medida solicitada, se le causarían perjuicios de imposible reparación que de ninguna manera podrían ser restituidos con la probable concesión del amparo. De conformidad con el criterio sustentado en la tesis de mérito, es dable conceder la suspensión, en contra de la orden de no proporcionar el servicio médico que se suministraba al quejoso y a sus derechohabientes, pues ello no vulnera el interés social ni contravienen disposiciones de orden público, ya que la medida así otorgada no se relaciona con el cumplimiento eficaz en el ejercicio de las funciones que el servidor público tenía encomendadas. Y, si bien el servicio médico es una consecuencia directa de la permanencia o no del servidor público en su función, lo cierto es que en tanto no se resuelva en definitiva el juicio de amparo, el derecho de salud debe seguir siendo proporcionado, al ser un derecho fundamental consagrado en el artículo 4 de la Constitución Federal, aun cuando el quejoso ya no esté en funciones, porque de lo contrario se causarían daños de difícil reparación que de ninguna forma pueden ser restituidos con la probable concesión del amparo. De ahí que resulte procedente conceder la medida cautelar solicitada para que no se prive al quejoso y a sus derechohabientes de los servicios de salud que le brindaba el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Del mismo modo, respecto a que no se lleve a cabo la inscripción de la sanción que fue impuesta a Rodolfo Vélez Ortiz, con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de ordenar a quien corresponda el registro de la referida sanción; lo anterior, hasta que las responsables reciban notificación sobre lo que se resuelva en la suspensión definitiva dictada en el presente incidente de suspensión. Lo anterior, en atención a que de no otorgarse la medida cautelar y permitir que ésta se ejecute, se causarían al promovente daños y perjuicios de imposible reparación que incidirían en su imagen, en el ámbito personal y profesional, aspecto que no se repararía ni aun obteniendo sentencia favorable en el juicio de amparo, de ahí que se considere que se cumplen con los requisitos previstos en las fracciones I y II, del artículo 128 de la Ley de Amparo. Lo anterior, siempre y cuando la sanción impuesta derive de la resolución reclamada dictada en el expediente de responsabilidad administrativa número 148/2015, pues de no ser así, la suspensión concedida no surte efecto alguno. Sin que haya lugar a fijar garantía para que surta efectos la presente suspensión, pues en la especie no existe alguna persona a la que deba garantizarse algún daño o perjuicio con motivo de su otorgamiento. Finalmente, cabe precisar que la presente suspensión surte efectos desde el momento mismo en el que se concede, por lo que se hace del conocimiento de las autoridades responsables que los actos cuya suspensión se ordenó y hayan sido ejecutados antes de la notificación de este auto, deben ser revocados para retrotraerlos al momento del otorgamiento de la suspensión, siempre que la naturaleza del acto lo permita, pues la eficacia de esta medida cautelar, cuya finalidad es detener inmediatamente en el tiempo una circunstancia para que la litis no se vea afectada en el fondo, no puede estar supeditada al acto formal de la notificación. En diverso aspecto, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en supletoriedad a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada por duplicado del presente proveído, teniendo por autorizadas para recibirla a las personas que menciona, previa toma de razón que de su recibo obre en autos, quienes deberán comparecer con identificación oficial y vigente y una copia simple de la misma.
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