Irma Ramirez Perez

Expediente 1592/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1592/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
22/12/2021

Partes del expediente

  • Irma Ramirez Perez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Irma Ramírez Pérez, contra actos del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Registro de la demanda: Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1592/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento: Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13ºA. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, Septiembre de 2004, novena época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda, pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que, de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a lo siguiente: En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, 5, fracción II, de la de la Ley de Amparo, interpretado el último precepto a contrario sensu, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (...)" De los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo no es procedente, cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque tal y como enseguida se observará, tiene el carácter de autoridades aquellas que con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, es importante hacer énfasis en que existen diversos tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y de sus gobernados, a saber: I.- Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de particulares, en la cual estos actúan en un mismo plano, o sea, de igualdad; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, y se requiere de la intervención de un tribunal ordinario, expresa y legalmente facultado para dirimir las controversias que se susciten entre las partes contendientes. II.- Las relaciones de supra a subordinación, que son aquellas que surgen entre los órganos de la autoridad, por una parte; y, por la otra, el gobernado; en dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características: la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que, si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En ese orden de ideas, cabe decir que el juicio de amparo procede únicamente contra actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pues son dichos actos los que revisten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Ahora bien, se estima necesario establecer que se reclama a las autoridades responsables: ".el descuento indebido que realiza la autoridad señalada como responsable de mi salario que me corresponde como maestro mediante descuentos quincenales por la cantidad de $7,542.25 (SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 25/100 M. N.) bajo el concepto CH Descuento de Préstamo de Caja de Ahorro del SNTE y $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) CA Caja de Ahorro del SNTE, siento este un acto autoritario por parte de la autoridad señalada como responsable." De ahí que, al observarse que el acto reclamado del cual la quejosa se duele, deberá ser ante otra instancia en donde se ventile tal problemática y no mediante esta vía constitucional, ello con base en que se encuentran prestaciones derivadas de una relación laboral. En el caso, el artículo 37 de la Ley General del Servicio Civil del Estado de Morelos, establece lo siguiente: Artículo 37.- No se harán retenciones, descuentos o deducciones al salario del trabajador, salvo en los casos siguientes: I.- Cuando el trabajador contraiga deudas por concepto de anticipo de salarios, por errores o pérdidas atribuibles a él; II.- Por pagos hechos en exceso o por error. Cuando el pago en exceso o por error se haya realizado a través de depósito en cuenta bancaria, el Gobierno o el Municipio de que se trate, podrá realizar directamente las gestiones ante la Institución Bancaria para ajustar el pago a la cantidad debida; III.- Cuando se trate del cobro de cuotas sindicales, de aportación a cooperativas y cajas de ahorro, siempre que el trabajador hubiere expresado su conformidad por escrito; IV.- Cuando se trate de descuentos ordenados por la autoridad judicial competente para cubrir alimentos que se hubieren exigido al trabajador; V.- Descuentos derivados de los servicios de seguridad social de los trabajadores; y, VI.- Descuentos derivados de créditos contraídos con las instituciones del Gobierno del Estado o de los Municipios que presten este servicio." Del numeral transcrito se desprende que no se harán retenciones, descuentos o deducciones al salario del trabajador, salvo en los casos que ahí se establecen; de lo que se coligue que los descuentos -como el que aquí se reclama- están regulados en la legislación laboral y por tanto, las controversias que surjan por motivo de su realización en perjuicio de un trabajador, tienen naturaleza eminentemente laboral. De ahí que los conflictos derivados de los descuentos al salario del trabajador, que efectúe el patrón, son competencia de las autoridades laborales, pues a pesar de que esas deducciones obedecen a un crédito contraído por el obrero, con motivo de la adquisición de bienes de consumo o para el pago de servicios, no puede soslayarse que tales descuentos se encuentran regulados por el artículo 37 de la Ley General del Servicio Civil del Estado de Morelos; por lo tanto, cualquier controversia que se suscite sobre el particular, como acontece cuando el trabajador reclama los descuentos realizados a su salario, por concepto de ahorros y pagos de préstamos, corresponde a la materia laboral, y su conocimiento y resolución compete a los tribunales del trabajo respectivos. Encuentra apoyo a lo anterior, por las consideraciones expuestas en su contenido, la tesis IV.2º30 L, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, con número de registro digital 195976, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII, junio de 1998, página 651, de rubro: "FONACOT. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LA RECLAMACIÓN DEL TRABAJADOR, CONSISTENTE EN LA DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES DESCONTADAS A SU SALARIO POR ESE CONCEPTO." En ese sentido, la justiciable se encuentra en posibilidad de alegar lo que es conveniente ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, quien es la autoridad competente para resolver las controversias entre las autoridades estatales y sus trabajadores, de acuerdo con lo estipulado en los numerales 1 y 114 de la ley relativa, que dice: "Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general y obligatoria para el Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Morelos y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio. Artículo 114.- El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre un Poder Estatal o Municipio con sus trabajadores; para conocer de los conflictos respectivos que surjan entre el sindicato y un Poder Estatal o Municipio, incluido el procedimiento de huelga; para conocer de los conflictos que surjan entre los diversos sindicatos y para llevar a cabo el registro y cancelación de los sindicatos de trabajadores al servicio de los tres Poderes del Estado o de los Municipios." Conforme lo anterior, toda vez que en la especie el acto reclamado, se trata de orden de embargo y/o desposesión del salario de la quejosa (o como ella lo llama: descuento); es evidente que, en el caso, el juicio de amparo es improcedente, ya que, como puede verse, la actuación de la autoridades señaladas como responsables, es revisable mediante juicio ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje que se promueva en su contra, pues el citado tribunal es la autoridad competente para dilucidar cualquier inconformidad que surja con motivo del embargo del salario; por lo que el juicio laboral es el medio ordinario para resolver cualquier inconformidad que surja. De ahí que deba establecerse que, cuando los trabajadores al servicio del Estado de Morelos, promueven juicio de amparo contra actos del Instituto de la Educación Básica en el Estado de Morelos, en los que controvierte su actuación en relación a la orden de embargo, retención, desposesión (o descuento) del salario quincenal de la impetrante, derivada precisamente de la relación de trabajo que subsiste, como acontece en la especie, el referido juicio resultará improcedente, porque esas acciones o conductas no constituyen actos de autoridad, en términos del artículo 5º de la Ley de Amparo, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo, por lo que corresponde conocer de la demanda relativa al órgano especializado: Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Además, porque el apartado B, del artículo 123, Constitucional, equipara la relación entre Estado y empleado con una relación laboral, y establece las bases para que aquél asuma una posición jurídica similar a la de un patrón, por lo que el Estado, no actúa con la potestad e imperio que derivan de su soberanía y que constituyen las características propias de los actos de autoridad, sino que la evolución del derecho positivo ha hecho que en la relación con diversos servidores se conduzca como si fuera un patrón. En ese orden de ideas, el acto que aquí se reclama no constituye, de acuerdo a su naturaleza, un acto de persona de derecho público o de autoridad, pues la autoridad responsable no obró con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, por lo que es incuestionable que el juicio de amparo en el que se reclama un acto de esta especie, resulta improcedente, por actualizarse la causa de improcedencia, que es concretamente la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, estos últimos interpretados en sentido contrario, de la Ley de Amparo. En efecto, se reitera, el acto que se reclama, atendiendo a las razones por las que está inconforme la parte quejosa, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en razón de que corresponden al vínculo entre patrón y trabajador; caso en el que se insiste, actúan en un plano de igualdad. Y, por tanto, tampoco se está en el supuesto señalado por el artículo 5° fracción II, de la Ley de Amparo, que al respecto señala que un particular tendrá el carácter de autoridad responsable cuando realice actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos, y cuyas funciones estén determinadas por una noma general. En esa tesitura, los actos reclamados en el juicio de amparo, tienen una naturaleza eminentemente laboral, en un plano de coordinación y no de supra subordinación; por tanto, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado, también quedan sometidos a las prevenciones del derecho laboral, como cualquier otro particular, congruentemente con la doble personalidad del Estado. Por ende, el acto de que se duele la peticionaria de derechos humanos no puede ser considerado como de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Luego, es evidente que entre la parte quejosa y la autoridad responsable, subyace un vínculo empleado-patrón, atendiendo a la relación laboral que existe, de ahí que nos encontramos ante una relación de coordinación -no subordinación, (gobierno gobernado)-, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al contenido del artículo 123 Constitucional, ante ello, al emanar los actos reclamados de un organismo público descentralizado actuando como patrón, la parte quejosa tiene expedito su derecho para hacerlo valer ante los tribunales correspondientes (Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje), pues el acto impugnado, no puede ser objeto de examen constitucional, en tanto, ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues como se dijo entre ellos existe una relación de coordinación, obrero patrón, la cual debe ventilarse ante las instancias correspondientes, ya que el juicio de amparo tiene entre otros objetos, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, sin que pueda considerarse actos de autoridad las diferencias de carácter laboral, suscitadas entre aquéllas y sus empleados. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.6ºT. J/28, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes uno de abril de dos mil dieciséis, décima época, materia común, con número de registro 2011343, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." Específicamente respecto a las relaciones entabladas entre los organismos descentralizados, como lo es el Instituto de la Educación Básica en el Estado de Morelos y sus trabajadores, la autoridad jurisdiccional competente para resolver las controversias que se susciten entre ellos es, por regla general, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia PC.XVIII. J/6 L, emitida por el Pleno de Circuito, visible en la página dos mil quinientos quince, tomo III, octubre de dos mil diecinueve, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, décima época, del rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS LOCALES Y SUS TRABAJADORES. POR REGLA GENERAL, CORRESPONDE AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS).". CONCLUSIÓN: Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, estos últimos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Se estima oportuno señalar que, si bien el acto reclamado que nos ocupa no es susceptible de analizarse a través del juicio de amparo, ello no significa que se deje a la parte promovente en estado de indefensión, ya que tiene expedito el derecho de acudir ante la autoridad correspondiente para deducir lo que a través de esta vía pretende. Domicilio, autorizados y notificaciones electrónicas: En términos del artículo 27, fracción I, de la ley reglamentaria, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, así como a las personas que refiere para dichos efectos Asimismo, se tiene por autorizados a los profesionistas que menciona, en términos del artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. En relación, al correo electrónico que proporciona, dada la contingencia sanitaria que prevalece debido al fenómeno de salud pública derivado del virus denominado SARS-CoV2 (COVID-19), se tienen como medio de comunicación en lo referente a este asunto, y sólo en su caso, para agilizar alguna notificación relacionada con el mismo. Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación: Finalmente se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suarez, que autoriza y da fe. Doy fe

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Eloysa Torices Blanco, Presidenta Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certifica de la razón de imposibilidad para emplazar a la parte demandada al juicio natural, siendo omisa la autoridad a dar cumplimiento a los requerimiento formulados por auto de veintinueve de noviembre de da mil veintiuno En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere de nueva cuenta a Eloysa Torices Blanco, Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del momento al que quede legalmente notificado del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Remita copia certificada del acuerdo que recayó a la razón actuarial antes citada, dentro del expediente laboral 01/70/20-1, de su índice en caso de solicitar algún tipo de requerimiento a la parte actora, remita copia de la constancia de notificación realizada. O en su caso informe las demás gestiones que realiza para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que no desconoce los lineamientos de la misma. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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