Irma Patricia Hernandez Gomez

Expediente 79/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
79/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
28/07/2016

Partes del expediente

  • Irma Patricia Hernandez Gomez
  • Congreso del Estado de Morelos
  • Viviana Cruz Ortega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obra la cedula de notificación personal del proveído que antecede en el presente asunto; atento a lo anterior, y en obvio de dilaciones procesales, instrúyase al actuario de la adscripción para que lleve a cabo la formalidad procesal encomendada en el auto que antecede; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con trece minutos del veintiuno de junio de dos mil dieciséis, día y hora señalados para que tenga lugar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 769/2016, Guillermo Amaro Correa, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, en unión de Víctor Hugo Hiram Magallanes Martínez, secretario que da fe, declaró abierta la audiencia. Sin asistencia de las partes, la secretaría da cuenta con la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, con el informe justificado rendido por la autoridad responsable y con las demás constancias que obran en autos. ABIERTO EL PERÍODO PROBATORIO el juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las pruebas documentales ofrecidas por las partes, procediendo a cerrar dicho periodo. ABIERTO EL PERÍODO DE ALEGATOS Se tiene que las partes no formularon alegatos, atento a lo anterior el juez declara visto el expediente para dictar la siguiente resolución. Doy fe. VISTO, para resolver el juicio de amparo 769/2016, promovido por ELIZABETH RAMIREZ MORALES, contra actos de la Junta Especial 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el tres de mayo de dos mil dieciséis, en la oficina de correspondencia común a los juzgados de distrito en el Estado de Morelos, Elizabeth Ramírez Morales solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Junta Especial 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Actos reclamados. "(.) La omisión de dictar el acuerdo correspondiente respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio natural (.)" SEGUNDO. Por auto de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda interpuesta por la parte quejosa, se requirió a las responsables su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, y 107 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en relación con el numeral 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo 3/2013, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito. SEGUNDO. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;(.)" El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. El criterio señalado se plasmó en la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En cumplimiento a lo anterior, debe precisarse, que la lectura de la demanda de amparo y el análisis de las constancias que integran el presente sumario, evidencían que los actos que de manera destacada se reclaman son los siguientes:  La omisión de la autoridad señalada como responsable de dictar acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas dentro del juicio 01/770/15-I, de su índice administrativo. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable denominada como Junta Especial 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, pues así se advierte del contenido de su informe justificado y de las constancias que acompañó; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, de la Ley de Amparo. Apoyado lo anterior, en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia publicada en la página 262, del Apéndice de fallos de 1985, parte VIII, que al rubro dice: "IMPROCEDENCIA." Sobre el particular, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece como sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal aserto, ya que de las constancias que obran en autos, se advierte que la autoridad señalada como responsable el veintidós de abril de dos mil dieciséis, emitió un acuerdo en donde se pronunció respecto de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio de origen, mismo que fue notificado el veinticinco de mayo del año en curso. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues el aquí quejoso reclama en la presente instancia constitucional la omisión de la autoridad señalada como responsable de dictar acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas dentro del juicio 01/770/15-I, de su índice administrativo, sin embargo, con la emisión del auto señalado en el párrafo que antecede, la omisión reclamada quedó superada, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos al pronunciarse sobre su ejecución, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa tesitura, es evidente que en el presente caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que al momento de la presentación de la demanda de amparo, (tres de mayo de dos mil dieciséis), a la parte quejosa no se le había notificado la determinación de la autoridad señalada como responsable. Por tanto, si de manera posterior, se realizó dicha notificación, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y por tanto, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII - febrero de 1998, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el juez Guillermo Amaro Correa, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Víctor Hugo Hiram Magallanes Martínez Doy fe. En esta fecha se generó el oficio 23997

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, para que dentro del plazo de tres días, de cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de mayo de dos mil dieciséis. SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En tal virtud, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir del momento al en que quede notificada del presente auto, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, informando en ese lapso sobre su cumplimiento. Notifíquese.

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