Irma Oliva Zarate Salazar
Expediente 907/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 907/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/09/2019
Partes del expediente
- Enrique Zarate Salazar
- Irma Oliva Zarate Salazar
- Enrique Zarate Salazar y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México a diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio suscrito por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite copia certificada de lo actuado en el expediente en que se actúa y del testimonio de la ejecutoria de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, pronunciada en el recurso de queja 192/2019, interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, en el que se resolvió: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Atento a lo anterior, realícese el acuse de recibo correspondiente a la Superioridad oficiante y en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro orden, el estado procesal de autos evidencia que el presente juicio se encuentra concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por lo que, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto de referencia. En el entendido que en el presente cuaderno no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Ahora bien, a las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Fielmente, a la autoridad responsable Segunda Sala Civil Regional de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, devuélvase las constancias que remitió como complemento a su informe de cumplimiento, solicitándose a la responsable, para que dentro del plazo de tres días inserto en la fracción II del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acuse recibo de la constancia referida, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá multa de cincuenta a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintidós de agosto de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio signado por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual hace del conocimiento el contenido del proveído de veinte de agosto de dos mil diecinueve, donde se advierte la admisión del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, medio de impugnación que fue registrado con el número de recurso de queja 192/2019. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio de cuenta; y, estese en espera de la determinación que al respecto emita la Superioridad oficiante. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; nueve de agosto de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por los quejosos Irma Olivia y Enrique ambos de apellidos Zarate Salazar, a través del cual interponen recurso de queja contra el proveído de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En conformidad con lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, dese el trámite correspondiente al medio de impugnación de referencia y ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero del ordinal 101 de la legislación invocada. Por ende, con fundamento en el ordinal mencionado en último término del párrafo precedente, remítase el original del medio de impugnación citado, copia simple de este y copias certificadas de la totalidad de constancias que integran el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, a fin de que provea lo conducente en relación al medio de impugnación hecho valer en el presente asunto. En otro orden, téngase por recibido el oficio signado por la Encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en el Estado de México, con residencia en Toluca, por vacaciones del titular, mediante el cual remite el proveído de uno de agosto pasado, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en el que a su vez remite la constancia de abstención de notificación en la que consta la imposibilidad que tuvo la notificadora adscrita al juzgado responsable de emplazar al tercero interesado Arturo Maya Puebla. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta para que obre como corresponda, toda vez que mediante proveído de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, se desechó la demanda de amparo. Notifíquese.
- Principal
I) Toluca, Estado de México; veintinueve de julio de dos mil diecinueve. DESAHOGO DE PREVENCIÓN. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por los quejosos Irma Olivia y Enrique, ambos de apellidos Zarate Salazar, a través del cual desahogan la prevención formulado en auto de veinticuatro de julio pasado; asimismo, solicita la devolución de las copias certificadas del poder notarial en mención. Atento a lo anterior, se tiene por cumplido el requerimiento formulado en auto de mérito y por insubsistentes el apercibimiento con el que se le conminó. DESECHAMIENTO. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". En términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que el acto reclamado en el presente asunto es la resolución de diez de junio de dos mil diecinueve, emitida en el toca de apelación 298/2019, por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, derivado del juicio ejecutivo mercantil 784/2017, en la cual se declaró insubsistente la sentencia recurrida y se ordenó reponer el procedimiento a fin de que se emplace a los codemandados Enrique e Irma Olivia, ambos de apellidos Zarate Salazar, cumpliendo con las formalidades legales establecidas y seguido el juicio por sus trámites legales. Ahora bien de la precisión del acto reclamado hecha con antelación, procede desechar de plano con fundamento en lo dispuesto en 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, toda vez que la determinación reclamada en el presente juicio no es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto porque constituye una cuestión de índole procesal que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, a efecto de evidenciarlo es necesario traer al contexto el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." De conformidad con los numerales transcritos, el juicio de amparo será improcedente cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Carga Magna o bien, de la propia ley que rige la materia, conforme a la cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos que sean de imposible reparación, lo que también dispone el Canon Fundamental, con la precisión que conforme al precepto de la ley de la materia, el legislador establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo, debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. De acuerdo a lo anterior, el acto reclamado consiste en resolución de diez de junio de dos mil diecinueve, emitida en el toca de apelación 298/2019, por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, derivado del juicio ejecutivo mercantil 784/2017, en la cual se declaró insubsistente la sentencia recurrida y se ordenó reponer el procedimiento a fin de que se emplace a los codemandados Enrique e Irma Olivia, ambos de apellidos Zarate Salazar, cumpliendo con las formalidades legales establecidas y seguido el juicio por sus trámites legales. Determinación que no tiene efectos de imposible reparación debido a que sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual a la parte quejosa, el ejercicio de un derecho, pues únicamente producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará afectar sus defensas. Máxime que sus efectos pueden ser retrotraídos en caso que obtengan una sentencia favorable al resolverse el juicio ejecutivo mercantil de origen, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que le hubiese causado el acto que reclama; y, de no ser así, dicho acto, así como sus consecuencias, pueden ser impugnados mediante el juicio de amparo directo que en su caso promueva contra la sentencia definitiva que decida dicha controversia, en términos de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Amparo, que establece las hipótesis en las cuales, en los asuntos tramitados ante los tribunales civiles se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas de los quejosos. Sin que pase inadvertido el criterio Jurisprudencia 2a./J. 87/2016 (10a.), publicada en la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Página: 1180, Registro electrónico 2012245, que a la letra dice: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva.". [Lo resaltado es nuestro] Toda vez que la demanda de amparo fue presentada ante la autoridad responsable Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil de Toluca, Estado de México, y está remitió la misma al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito en Turno, como demanda de amparo directo, a la cual adjuntó el toca de apelación 298/2019, el expediente 784/2017 en dos tomos y diversos documentos derivado del juicio de origen, constancias que fueron remitidas junto con el escrito inicial al declararse incompetente el Tribunal Colegiado respectivo; por lo que es evidente que se cuenta con las constancias necesarias para dilucidar la procedencia o no de la demanda de amparo. En este sentido, considerando que al emitir la presente determinación, se cuenta con las constancias necesarias, las cuales han sido valoradas con antelación y se tienen a la vista, es factible afirmar que en el caso particular, los efectos del acto reclamado no inciden de manera directa en algún derecho sustantivo de la parte quejosa tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Sin que sea válido admitir que esa reposición implica una afectación directa a algún derecho sustantivo de la parte quejosa con motivo de la dilación en la impartición de justicia, toda vez que si bien existen garantías elevadas a rango constitucional, como lo es el acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional; ello no implica per se, que cualquier determinación relacionada con esa garantía en concreto, implique una violación directa a derechos sustantivos. De ahí que se insista que la resolución reclamada no tiene efectos de imposible reparación, debido a que sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual a la parte quejosa, el ejercicio de un derecho. Máxime que como se destacó, el único efecto que produce es la continuación del juicio ejecutivo mercantil de origen para emplazar a los codemandados hoy quejosos al juicio de origen. Razón por la cual, se insiste que dicha determinación en forma alguna afecta derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Estimar lo contrario desnaturalizaría la institución del juicio de amparo como un medio de control constitucional extraordinario a los recursos previstos por la leyes ordinarias aplicables, haciéndolo procedente en cualquier caso que la resolución reclamada implique o tenga como efectos la continuación de un procedimiento, lo cual, a juicio del suscrito, no afecta derechos sustantivos, por lo que no puede afirmarse que se trate de un acto de imposible reparación. Máxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el retardo en la impartición de justicia o una dilación en mayor o menor grado, no implica violación al principio de justicia pronta. Circunstancia que opera con mayor razón en el caso que los efectos de la resolución reclamada, implican la continuación del asunto hasta su resolución, a partir de la actuación que originó su reposición. Tal como lo establece la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 23/2008, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia(s): Común, Página: 593, Registro electrónico: 170244, de rubro y texto: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta.".[Lo resaltado es propio] No constituye un obstáculo a lo anterior, el hecho que la jurisprudencia invocada interprete la legislación de amparo abrogada, pues aquélla no es contraria, ni se contrapone con las disposiciones de la actual Ley de Amparo, como tampoco la siguiente jurisprudencia que será citada, que atiende y hace referencia a la Ley de Amparo abrogada; ello, de conformidad con lo establecido en el Sexto Transitorio de la legislación de amparo vigente. Por lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el numeral 63, fracción IV, del cuerpo de leyes en cita, se desecha por improcedente la demanda amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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