Irma Leticia Uribe Anaya

Expediente 951/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
951/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
18/10/2021

Partes del expediente

  • Irma Leticia Uribe Anaya

Actuaciones

  1. Principal

    ... Del estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se evidencia que la parte quejosa no recurrió el auto de cinco de octubre del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo (artículo 21, inciso d) del acuerdo en cita). A consideración de este órgano jurisdiccional, el presente asunto carece de relevancia documental (pues no encuadra en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General Conjunto). Se comunica a las partes que, de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, se procederá a su destrucción con base en el artículo 21 del Acuerdo General aludido. Una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Asimismo, devuélvase a la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca, Estado de México, las constancias que adjuntó a su informe justificado, esto es, los autos del expediente laboral ********************; solicitándole el acuse de recibo correspondiente, dada la naturaleza de las constancias referidas. ... Notifíquese; y mediante oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    ... Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, por medio del cual, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional el contenido del auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en los autos del amparo directo DT. 481/2021, de su índice; en el que dicho órgano colegiado determinó carecer de competencia para conocer del amparo de mérito, razón por la cual, remite el original de los autos de dicho juicio constitucional y el expediente laboral J.29/984/2015. En su atención, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del presente asunto; con el oficio de cuenta; fórmese el expediente respectivo, regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 951/2021-III. Asimismo, acúsese de recibo a la Superioridad de las constancias antes referidas. Convalida actuaciones. Toda vez que de autos se advierte que el presente sumario se encuentra debidamente integrado, se convalidan las actuaciones emitidas por el Tribunal de Alzada y, en consecuencia, notifíquese a las partes la radicación del presente asunto; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Desechamiento. En esas condiciones, y toda vez que obran las constancias que sirvieron como base de la emisión del acto reclamado, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: ... En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama: La resolución interlocutoria de liquidación de ocho de marzo de dos mil veintiuno, emitida en los autos del expediente laboral 984/2015. Hecha tal precisión, este Juzgador estima que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: ...Con base en lo expuesto, resulta incuestionable que el acto de autoridad que se tilda de inconstitucional -la resolución interlocutoria de liquidación de ocho de marzo de dos mil veintiuno, emitida en los autos del expediente laboral 984/2015-, no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. Además, de la interpretación gramatical y teleológica de la transcripción que antecede se advierte la existencia de tres hipótesis para computar el término de los quince días dentro de los cuales se ha de presentar la demanda de garantías para tenerla como oportunamente recibida, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; y, c) Al día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En la primera hipótesis, debe existir notificación por parte de la autoridad responsable, que denote, sin lugar a duda, que se enteró de la existencia del acto reclamado, por lo que el cómputo iniciará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; la segunda hipótesis, contempla la falta de notificación, en la que, el cómputo del plazo ha de iniciarse a partir de la fecha en que se advierta que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado; y, la tercera hipótesis entraña una confesión expresa por el afectado porque dice la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado. Al respecto, cabe aclarar que el momento a partir del cual comienza a contarse el plazo de quince días dentro del cual la parte quejosa debe presentar su demanda de amparo, no se encuentra al arbitrio de ésta sino que está sujeta a las hipótesis expresamente determinadas por el artículo mencionado, de manera que si bien no basta el dicho del impetrante en el sentido de que tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado en cierta fecha para que a partir del día siguiente se inicie el conteo, el juzgador habrá de verificar que efectivamente sea verídica tal afirmación, o al menos, que de autos no se desprenda una fecha anterior o posterior a la manifestada por el accionante del juicio de garantías. En el caso que nos ocupa, de las constancias que remitió la responsable como complemento a su informe, se advierte que la resolución incidental de liquidación de ocho de marzo de dos mil veintiuno, se notificó de manera personal ante el actuario adscrito a la responsable el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, al ahora autorizado de la promovente de la demanda. En la especie, dada la legislación aplicable, tenemos el numeral 447 de la Ley Federal del Trabajo que contempla que las notificaciones personales surtirán sus efectos el día y la hora en que se realicen. De lo anterior, debe entenderse que la notificación, surte efectos el mismo día que se realiza, luego, la diligencia en la que se hizo del conocimiento el acto reclamado a la parte quejosa por conducto de su apoderado legal, ante fedatario público facultado para ello, fue el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, la cual surtió sus efectos ese mismo día, entonces, es incuestionable que de acuerdo al numeral 18 de la Ley de Amparo el término comenzó a computarse a partir del día hábil siguiente, esto es, el cinco de abril de dos mil veintiuno. Circunstancia que se contrapone con lo manifestado por la parte quejosa, pues en su escrito de demanda refirió que tuvo conocimiento de los mismos el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, sin embargo dicha aseveración no se encuentra debidamente acreditada, por lo que la notificación que debe tomarse en cuenta es la que la autoridad responsable acreditó que se realizó ante fedatario público facultado para ello. En ese orden, se estima que la demanda se encuentra promovida fuera del tiempo previsto en el artículo 17, párrafo primero de la Ley de Amparo, esto es, dentro del término de quince días, toda vez atendiendo a que el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del cinco al veintitrés de abril de dos mil veintiuno; sin contar los días inhábiles establecidos en la Ley de Amparo. Luego, si la demanda se presentó el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, evidentemente se encuentra fuera del término legal para su promoción. En ese sentido, es incuestionable, la demanda se promovió fuera del término previsto en el referido precepto legal invocado; lo cual implica que el acto tildado de inconstitucional y sus consecuencias jurídicas, se tengan como tácitamente consentidos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que se aprecia en la página 235, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XI-Junio, Octava Época, que establece: ... En esas condiciones, si la quejosa consintió de manera tácita los actos reclamados, por no promover el escrito de demanda dentro del término legal, es de estimarse que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, lo que obliga a desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, promovida por Irma Leticia Uribe Anaya, por propio derecho, contra actos del Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca, Estado de México. Domicilio. Acorde con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa la lista que se publica en los sitios oficiales del Consejo de la Judicatura Federal; ello, en razón a que la parte quejosa señaló como domicilio procesal los "estrados", el cual no está contemplado por la Ley de Amparo para la práctica de notificaciones. ...Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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