Irma Leticia Canales Rodríguez y Otros.
Expediente 903/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 903/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/05/2019
Partes del expediente
- Irma Leticia Canales Rodríguez
- Director de Archivo de Instrumentos Públicos en el Estado de Jalisco
- Víctor Horacio García Canales
- Irma Leticia Canales Rodríguez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, que establece: Zapopan, Jalisco, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. I. Estado procesal. Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose del contenido de la certificación supraindicada que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, dentro del plazo establecido por el artículo 98 de la citada ley, en contra del auto diez de mayo de dos mil diecinueve, emitido en el presente juicio de amparo, en el cual tuvo por no presentada la demanda de amparo; con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. II. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. III. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo quinto del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) Toda vez que hay documento original de la parte promovente, en acatamiento al artículo Vigésimo, párrafo último, del Acuerdo General invucado, se le previene para que acuda a este Juzgado de Distrito dentro del plazo de noventa días, a recoger el documento que exhibió en este expediente, apercibida que, en caso de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente.
- Principal
Visto el oficio proveniente del Enlace de Control de Confianza del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, mediante el cual, exhibe copia certificada de del acuse de recibo del oficio FORTASEG/CC/2019/234; por tanto, de conformidad con el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad informante en vías de cumplimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Director Jurídico adscrito a la Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco, para que dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dicte una resolución en la que se exprese, de acuerdo a la información ministrada por el Centro Estatal de Evaluación y Confianza del Estado de Jalisco, cuáles son o cuál es la infracción que se le imputa al quejoso, expresando de manera precisa y exhaustiva, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos que lo constituyen, y respecto de los cuales se seguirá el procedimiento administrativo, lo cual, se contrae a que se le precise los exámenes que no aprobó y las razones particulares o causas inmediatas que sustentan tales resultados no aprobatorios. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, se requiere al Director Jurídico Contencioso de la Sindicatura del Municipio de Zapopan, Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico, para que le ordene a éste, cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo a este juzgado de Distrito, constancia fehaciente que lo acredite, apercibido que de no hacerlo así, esto es, de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable.
- Principal
Visto el contenido del oficio de cuenta, signado por el Secretario Técnico de Asuntos Periciales y de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual, informa que se autorizó el pago del monto de honorarios al perito oficial José Arturo Saldaña Madrigal, para que esté en aptitud de rendir su dictamen con relación a la prueba pericial en materia de topografía ofrecida por la parte quejosa; agréguese a los autos. Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al perito de referencia, para que dentro del plazo de diez días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, emita su dictamen pericial, el que deberá estar ratificado ante la presencia judicial. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos los artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente.
- Principal
Por este medio se notifica a al parte quejosa el proveído de nueve de mayo de dos mil diecinueve, que establece:Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de treinta de abril de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el dos de mayo de dos mil diecinueve . Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el dieciocho de enero de dos mil diecinueve, se negó la protección federal; sin embargo, dicha resolución fue recurrida por la parte quejosa, habiendo conocido de tal recurso de revisión el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, y registrado con el número de amparo en revisión 89/2018, de su índice, respecto del cual determinó revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión para los siguiente efectos: [.] para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción emita uno nuevo, donde prescinda de los argumentos que aquí se consideraron ilegales. [.] En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable Presidente de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, mediante proveído de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 663/2014, ordenó dejar insubsistente el acuerdo de veinte de abril de dos mil dieciocho, en el que desechó el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la parte actora; asimismo, que el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, con libertad de jurisdicción, dictó la sentencia interlocutoria relativa al incidente de nulidad de notificaciones, prescindiendo de los argumentos considerados como ilegales en la ejecutoria de amparo dictada en los presentes autos. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Anotaciones y archivo. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que se negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión; sin embargo, dicha resolución fue recurrida por la parte quejosa, habiendo conocido de tal recurso de revisión el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, y registrado con el número de amparo en revisión 89/2018, de su índice, respecto del cual determinó revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo.
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